El cura abusador que permanece impune

El padre López Valdés. El protegido.
Foto: Especial

El defensor del joven Jesús Romero Colín insiste en que el cardenal Norberto Rivera debe sujetarse a las leyes y denunciar ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal al sacerdote Carlos López Valdés, quien abusó de su cliente. De no hacerlo, dice, habría un problema de soberanía. Y lamenta las argucias del abogado del cardenal, Armando Martínez, quien argumenta que “desde el punto de vista canónico” la situación está finiquitada.  Por lo pronto, el caso será llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- A pesar de que el tribunal eclesiástico de la arquidiócesis de México determinó que su ­sacerdote Carlos López Valdés abusó sexualmente del menor Jesús Romero Colín, la arquidiócesis se niega a denunciarlo ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF); también se muestra renuente a colaborar en el proceso que esta instancia lleva.

Esa actitud viola las leyes civiles y ha permitido que el pederasta continúe en libertad, afirma el abogado de la víctima, Luis Ángel Salas, quien ya estudia la posibilidad de acudir a los tribunales internacionales.

Sin embargo, para el abogado de la arquidiócesis, Armando Martínez, ésta no se ve obligada a denunciar penalmente al pederasta porque ya lo hizo la víctima. Y asegura que la Iglesia cumplió con su obligación de inhabilitarlo como sacerdote en 2011. Y si canónicamente resultó culpable –argumenta–, el expárroco continúa en libertad porque para la procuraduría capitalina sigue siendo inocente, aunque pueda parecer paradójica esta situación.

El defensor de Romero Colín asegura tajante:

“En cuanto lo halló culpable, la arquidiócesis de México estuvo obligada a denunciar penalmente a su sacerdote ante la procuraduría, como lo marca la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la cual estipula claramente que ninguna creencia podrá negar las leyes del país porque entonces habría un problema de soberanía.

“El arzobispo de México, Norberto Rivera Carrera, no puede decir: ‘Yo sólo me baso en las leyes canónicas’. ¡No! Debe sujetarse a las leyes mexicanas. Incluso el mismo Papa Francisco está pidiendo denunciar a los curas pederastas ante las autoridades civiles, en su actual política de ‘tolerancia cero’.”

De acuerdo con la legislación civil, dice el abogado Salas, López Valdés cometió por lo menos tres delitos: violación equiparada, corrupción de menores y pornografía infantil.

Y asegura que la arquidiócesis lleva años negándose a cooperar en el proceso que le lleva la PGDF al hoy expárroco:

“En 2008 nosotros le empezamos a pedir a la arquidiócesis los primeros documentos. Y desde entonces se ha estado negando a cooperar. Varias veces también llegamos a solicitar audiencia con el cardenal Rivera. Y hasta febrero pasado nos recibió, comprometiéndose a apoyarnos. Pero en los hechos todavía no vemos nada”.

–¿Qué documentos eclesiásticos están pidiendo actualmente?

–Pedimos una relación de las parroquias donde estuvo oficiando el padre Carlos López de 1993 a 2013, pues siguió oficiando durante y después del proceso eclesiástico que lo condenó. También pedimos que la arquidiócesis nos diga quiénes eran sus superiores inmediatos durante el tiempo en que cometió sus abusos sexuales, para así ir delimitando responsabilidades. Y, por supuesto, necesitamos documentación de su expediente en el tribunal eclesiástico, como su declaración de culpabilidad.

Castigo de papel

El denunciante Romero Colín era un niño de 11 años cuando, en 1994, entró a ayudar como acólito al padre Carlos López en la parroquia de San Agustín de las Cuevas, ubicada en Tlalpan. Desde entonces y hasta 1999 –un periodo de cinco años– el sacerdote estuvo abusando sexualmente del menor.

Avergonzado y confundido, Romero Colín no se atrevía a revelar tales hechos a sus padres, quienes eran muy cercanos al párroco. Lo hizo hasta 2007. Inmediatamente, su familia denunció al cura tanto en la arquidiócesis como en la PGJDF. Ante lo irrefutable de las pruebas –como fotografías donde aparece el religioso abusando de menores–, la Iglesia lo declaró culpable y lo suspendió como sacerdote en 2011.

Pero el castigo eclesiástico quedó en el puro “papel”, pues el pederasta –a decir del joven– siguió oficiando durante los cuatro años en que se le sometió a juicio; aun lo sigue haciendo en el estado de Morelos. Romero Colín también asegura que Jonás Guerrero y Marcelino Hernández, entonces obispos auxiliares del cardenal Rivera, tenían pleno conocimiento de sus abusos desde años antes de que se le sometiera a juicio, y pese a ello decidieron encubrirlo (Proceso 2004).

El abogado Salas insiste en que, por lo pronto, debe presentarse a declarar Jonás Guerrero, actual obispo de Culiacán, ya que entonces era encargado de la Sexta Vicaría de la Arquidiócesis y superior inmediato del pederasta.

“Nosotros ya antes habíamos requerido a Jonás Guerrero, pero fue justo cuando lo sacan de la arquidiócesis de México y lo hacen obispo de Culiacán. Marcelino Hernández (actual obispo de Colima) también estaba al tanto de los delitos del padre Carlos porque intentó ayudarlo psicológicamente para que no siguiera delinquiendo”, comenta.

El único subalterno del cardenal al que la procuraduría citó a declarar fue Alberto Pacheco, a cargo entonces del Tribunal Eclesiástico. “En su comparecencia, Pacheco incurrió en falsedad porque negó los hechos contra el padre Carlos que le imputó su propio tribunal. Desgraciadamente, Pacheco murió el año pasado”, dice el abogado Salas.

–¿Debe también comparecer el cardenal Rivera?

–Primero trataremos de que haya orden de aprehensión contra Carlos (López) Valdés. Y esperamos que el cardenal nos aporte elementos para obtenerla, como nos lo prometió en la reunión que tuvimos con él.

Alude al encuentro que, el pasado 18 de febrero, sostuvo él y Romero Colín con el cardenal. Ahí también estuvieron Armando Martínez, abogado del cardenal, y el vocero de la arquidiócesis Hugo Valdemar.

Ese día, comenta el entrevistado. “entregamos al cardenal 16 anexos del caso. Él prometió apoyarnos y designó a su abogado como enlace con nosotros. Yo me he comunicado telefónicamente con Armando Martínez y él me ha dicho que después me regresa la llamada. No lo ha hecho. En esas estamos. Hasta hoy la arquidiócesis no ha querido cooperar”.

Y respecto a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales de la PGJDF, a cargo de las indagatorias, Salas señala que “ha actuado de manera negligente en el proceso. Lleva ocho años con las mismas diligencias por practicar, al grado de que ni siquiera ha podido localizar a López Valdés. En fin, ha mostrado una clara negación de acceso a la justicia”.

Indica que incluso la instancia que lleva el caso –el Juzgado 55, en Materia Penal, del Distrito Federal– “le ha dicho a la procuraduría que necesita perfeccionar su investigación porque es muy deficiente y omisa, pues a partir de ella no se puede determinar ningún tipo delictual”.

–¿Han acudido a otras instancias para conseguir justicia?

–Sí, el año pasado interpusimos una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Al parecer pronto emitirá una recomendación tanto a la procuraduría como a la arquidiócesis, por sus violaciones a los derechos humanos cometidas durante el proceso de Romero Colín.

Las justificaciones

El abogado Salas refiere que, en caso de que definitivamente se cierren todas las puertas en México, acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para ver si ésta canaliza el caso a la Corte ­Interamericana.

Por lo pronto, dice, el Comité de Derechos del Niño, de la ONU, le dio entrada al caso de Romero Colín, junto con otros dos casos de pederastia sacerdotal en México: el de Marcial Maciel y el del padre Nicolás Aguilar, quien, por cierto, también fue ­sacerdote de Rivera Carrera.

A diferencia del defensor de la víctima, el abogado del cardenal, Armando Martínez, señala categórico que la arquidiócesis no denunció penalmente a su ­sacerdote pederasta porque no estuvo obligada a hacerlo. Argumenta:

“Nosotros no teníamos por qué denunciar debido a que ya había una denuncia presentada ante la procuraduría. Es decir; la noticia criminis ya la había dado la propia víctima al Ministerio Público.”

De esta manera –indica–, no se infringió el artículo 12 bis de la Ley de Asociaciones Religiosas, el cual ordena textualmente a las distintas iglesias que “deberán informar en forma inmediata a la autoridad correspondiente la probable comisión de delitos, cometidos en ejercicio de su culto o en sus instalaciones”.

El también presidente del Colegio de Abogados Católicos desmiente cualquier acusación de encubrimiento o de falta de cooperación contra el cardenal Rivera, pues, enfatiza, el purpurado cumplió con su obligación de someter a juicio eclesiástico al pederasta. Dice:

“Es absolutamente falso que la arquidiócesis no quiera cooperar. Desde el punto de vista canónico, la situación del padre Carlos está finiquitada. Ha sido reducido al estado laical absolutamente. Tuvo suspensión ad divinis, significa que está suspendido para siempre del ejercicio sacerdotal. Es un civil más. Esto quedó establecido por decreto e inscrito en la Santa Sede. ¿Si esto no es cooperar, entonces cómo puede llamarse?”

–La defensa de la víctima señala que ustedes no quieren aportar las pruebas de su tribunal eclesiástico para utilizarlas en la procuraduría.

–Nosotros no podemos abrir, a instancias de ningún particular, los archivos de la arquidiócesis. Sólo los abriremos a petición de la autoridad. Pero hasta el momento no nos ha pedido nada la autoridad, en este caso la Procuraduría del Distrito Federal, que es quien ejercita la acción penal. Si nos hace esa petición, nosotros inmediatamente le llevamos nuestros archivos. Estamos plenamente dispuestos.

“En este caso queremos seguir cooperando, incluso coadyuvar en la investigación. Durante la reunión con el joven Jesús y sus abogados, nosotros claramente les dijimos que estamos dispuestos a coadyuvar. Pero no estamos acreditados en el expediente para la coadyuvancia. No tenemos personalidad jurídica. En este momento sólo la tienen la víctima, el acusado y el Ministerio Público. Quiero ayudar a Jesús, pero, por respeto, no puedo meterme oficiosamente en un asunto que no me corresponde.”

–Sin embargo, a la procuraduría llegó a comparecer Alberto Pacheco, del tribunal eclesiástico. Se dice que ahí declaró que no le constaba la culpabilidad del padre Carlos…

–En esa ocasión yo acompañé al padre Pacheco, quien era el vicario judicial de la arquidiócesis. Hará unos tres o cuatro años, no recuerdo con precisión porque no tengo el expediente. Él respondió a todas las preguntas que le hizo el Ministerio Público. No recuerdo que haya cometido una falsedad de declaración. Tampoco recuerdo si ya entonces se había dado la sentencia eclesiástica. Pero bueno, él ya murió, y la acción penal se extingue con la muerte.

–Si se les requiere, ¿también irían a declarar los obispos Jonás Guerrero y Marcelino Hernández, así como el cardenal Rivera Carrera?

–¡Claro! Y el cardenal se lo dijo personalmente a Jesús: “Lo que me pidan, eso haré”. El cardenal ya ha declarado otras veces ante el Ministerio Público. Esta no sería la primera vez. Decían que al obispo Jonás se le había movido a Culiacán para evitarle esta situación. ¡Por Dios! Culiacán también está en México y mediante un exhorto puede ser citado. Yo mismo le he dicho: “Monseñor Jonás, necesito que usted declare si es requerido”. Y él me ha contestado: “A la hora que sea, lo que necesiten”. Los tres son ciudadanos mexicanos, tienen domicilio fijo y están ejerciendo.

–Pese al castigo eclesiástico, se comenta que el pederasta oficiaba misas durante el tiempo que duró su proceso eclesiástico y actualmente lo sigue haciendo en el estado de Morelos. ¿Es cierto?

–Durante su proceso, en efecto, el padre estuvo oficiando indebidamente en los velatorios del ISSSTE que están en la avenida San Fernando. También tuvimos conocimiento de que lo hacía en algunos lugares privados, como centros de retiro y cosas así. Ante esto, la arquidiócesis le envió cartas al director de los velatorios para decirle que el padre Carlos había perdido sus licencias ministeriales y no debía oficiar. También se mandaron cartas a la gente. Se dieron los avisos correspondientes.

“Y actualmente, que yo sepa, no está oficiando en Morelos. Me comentan que trabaja de ‘cerillo’ en un centro comercial de Villa Coapa, que anda por esos rumbos. Todas las diócesis están notificadas para impedirle ejercer el sacerdocio. Es todo lo que podemos hacer. La Iglesia no tiene policías ni tampoco la autoridad del Estado para arrestarlo.

“En lo personal me duele mucho este caso, pues el padre Carlos fue mi párroco y conocí a la gente que trabajaba con él. A Jesús lo conocí de monaguillo. También conozco a sus papás. Es una lástima que el muchacho haya caído en manos de abogados que no tienen ninguna estrategia jurídica. Yo estoy dispuesto a asesorarlos.”

–¿Para las autoridades civiles no es válida la sentencia de culpabilidad del tribunal eclesiástico?

–¡No! Porque nuestra Constitución prohíbe los tribunales especiales. Para las autoridades mexicanas, todo tribunal eclesiástico es absolutamente inexistente. Sus fallos no tienen ninguna repercusión. ¡No existen!

–¿Un mismo acto puede ser delito para la Iglesia y no serlo para el Estado?

–Por supuesto. El ejemplo más claro es el del aborto, que está prohibidísimo por la Iglesia, merece la pena de excomunión, y, sin embargo, es permitido por varias legislaciones civiles.

–Y en el caso del padre López Valdés, ¿resultó culpable para la Iglesia e inocente para la procuraduría capitalina?

–Así es. No han podido adecuar su conducta a ningún tipo penal. Por desgracia, en ese ámbito civil la Iglesia no puede hacer nada, está atada de manos.