Prisiones son espejo de la inseguridad en México: experta

Reos en el Reclusorio Oriente.
Foto: Octavio Gómez

MÉXICO, D.F. (apro).- Las prisiones en México son un espejo del problema de seguridad que azota al país, y en al menos 65% de éstas prevalecen los autogobiernos, aseguró Elena Azaola, una de las expertas más reconocidas en el estudio de la criminalidad y violencia en el país, en el marco de la conferencia “Situación y retos del sistema penitenciario en México y América Latina”, que ofreció para el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

Categórica, la investigadora aseguró: “Mientras no resolvamos los múltiples problemas que existen en las prisiones, tampoco se van a resolver los problemas de la seguridad.

La inseguridad y las falencias en la impartición de justicia, dijo, forman parte de una misma cadena que se refleja en la situación de las cárceles, cuyos problemas principales son la sobrepoblación, las condiciones de vida indignas e infrahumanas a las que son sometidos los internos, el uso irracional de la prisión preventiva, las fallidas políticas contra las drogas, la ausencia de políticas criminológicas integrales, la criminalización de la pobreza, el populismo punitivo y la falta de rendición de cuentas.

En los últimos dos puntos, abundó la doctora Azaola, “existe una gran indiferencia de la sociedad en general hacia los presos. Persiste el mensaje de que hay una gran inseguridad y se crea la percepción de que es mejor mientras haya más gente en la calle, que no salgan. Castigarlos pensando que no los van a volver a ver. Pedir penas más altas. No se piensa en la reinserción social”, dijo al abarcar la figura que denomina populismo punitivo.

Continuó: “Por otra parte las prisiones, como cualquier institución que está solventada con fondos públicos, tendría que rendir cuentas y tendrían que evaluarse sus resultados: el porcentaje de reincidencia nos estaría indicando que no son exitosas en su objetivo primario”.

Sobre los factores que fomentan la sobrepoblación de las prisiones, enumeró: el endurecimiento de las penas de delitos no graves, la duración de los procesos judiciales, falta de medidas alternativas previstas en la ley (trabajo en la comunidad, tratamiento contra adicciones, órdenes de restricción), entre otras.

Hoy México alcanza los 260 mil presos en poco más de 400 penales, siendo el sexto país con mayor población penitenciaria en el mundo, detrás de Estados Unidos, China, Rusia, India y Brasil.

“De esos 260 mil hay que sumar a cuántas personas afecta que ese más de cuarto de millón de personas estén en prisión”, apuntó la investigadora.

De los internos en el país, 95% son hombres y 5% mujeres. Sin embargo, en los últimos diez años la cifra entre los varones aumentó 40%, mientras que en el caso de las mujeres se duplicó.

De los delitos cometidos en México, reveló Ezaola, 81% son del fuero común (robo, secuestro, homicidio), y 90% de los homicidios en el país no han sido sancionados. “(Desde el gobierno de Felipe Calderón) todos los días nos hablan de que el problema de seguridad está relacionado con el crimen organizado, como si ese fuera el principal problema en el país. Esto demuestra que no es así. Sólo 19% de las personas que están en prisión están por esos delitos más graves, del fuero federal (delitos relacionados con autoridades, contra la salud, relaciones entre países, tráfico de personas, crimen organizado)”.

Además de 406 centros de readaptación social estatales y municipales, Azaola remarcó el fenómeno entre los centros federales, que hoy suman 21, más cuatro en construcción, que funcionan bajo Contrato de Prestación de Servicios (CPS), con participación de la iniciativa privada.

“Esta es una discusión importante que tendría que darse en el país. No tenemos suficiente información sobre esto, salvo que son contratos sumamente onerosos y son recursos del Estado que van a parar a manos privadas. Y los resultados internacionales, de los países que han entrado a estos sistemas, no dan buenos resultados.

“Muchos países incursionaron en este modelo y han ido de regreso porque se dan cuenta de que los servicios que ofrece la iniciativa privada comienzan a decrecer en calidad, porque es solamente un negocio, una cuestión económica”, denunció la especialista, acusando un tema de corrupción y negocios que inició el gobierno de Felipe Calderón.

“Desafortunadamente nuestro gobierno ha imitado mucho las políticas norteamericanas, que no son las mejores. Hay muchos modelos mejores que imitar en el mundo. El plan Mérida puso esto en la mesa.

“Aislar así a la gente tiene resultados muy destructivos. Se daña la capacidad de socialización de las personas. Es muy contradictorio porque la Constitución dice que a los presos hay que reinsertarlos en la sociedad y estos modelos los aíslan. Sólo 255 de los reclusos en centros federales participa en actividades laborales”, dijo.

Y agregó un dato: en las cárceles del Estado se pagan 150 pesos de manutención diaria por reo, mientras que en las prisiones privadas el costo se eleva a 2 mil pesos cada día, que van a parar a manos de las empresas que construyeron los centros.

“Se debe de revisar el costo beneficio de las cárceles privadas. Porque el dinero va a la bolsa de esas empresas privadas, porque éstas construyeron la prisión. Están cobrando al Estado por preso y por prestar servicios por contratos de alrededor de 20 años. Uno se pregunta cuál es la racionalidad de que estemos pagando 150 pesos por preso en cada prisión de los estados y en otras 2 mil”.

Pero ese no fue el mayor problema que trajo la última administración panista, según la doctora Azaola, sino las “consecuencias” de su política antidrogas.

“No podemos desvincular el tema de las cárceles de las políticas de seguridad. Uno de los problemas más graves que se cometió en el sexenio anterior fue que se pensó que el tema de la inseguridad estaba directamente relacionado al crimen organizado y no es así. La seguridad es un tema amplísimo que se redujo a la delincuencia organizada sin que haya sido posible armar una política de seguridad completa, mejor articulada y no solamente centrarse en la persecución del delito. La delincuencia no obedece a una sola causa”.

El saldo: 120 mil muertos, 26 mil desaparecidos, 350 mil desplazados, miles de torturados, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. “Todo eso al corte de la administración de Calderón”.