Detecta Auditoría Superior faltante de 61 mdp en Holbox

Habitantes de la Isla Holbox, en Q. Roo.
Foto: Gerardo González

CANCUN, Q. Roo (apro).- La Auditoría Superior del Estado (Aseqroo) inició un procedimiento por un faltante de casi 61 millones de pesos en el ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, correspondiente al ejercicio fiscal de 2013.

Dichos recursos corresponden a impuestos de las empresas de los inversionistas yucatecos Fernando Ponce García y Ermilo Castilla Roche por terrenos adquiridos a ejidatarios en la isla de Holbox.

El Congreso estatal aprobó el informe del Aseqrooo que determinó que el ayuntamiento de Lázaro Cárdenas “no presenta de forma razonable la situación financiera” derivada de la cuenta pública 2013, que en ese año tuvo ingresos por 165 millones 372 mil 820 pesos.

Así, el dictamen del Aseqroo revela que “se detectaron presuntos daños o perjuicios en el patrimonio del municipio por la cantidad de 67 millones 178 mil 508 pesos, de los que 60 millones 794 mil pesos corresponden a auditoría en materia financiera, y 6 millones 384 mil 97 pesos a la revisión en materia de obra pública”.

Es por ello que la Aseqroo citó para deslindar responsabilidades a cinco funcionarios de la actual administración municipal.

Cabe recordar que la actual administración municipal, que preside el priista Luciano Sima Cab, asumió el 30 de septiembre de 2013.

Sima Cab recibió la administración municipal de Lázaro Cárdenas, en donde se ubica la isla de Holbox, del panista José Arnulfo Bacelis Ordaz.

Trinidad García Argüelles, diputada panista y exalcaldesa de Lázaro Cárdenas, señaló que las observaciones de la Aseqroo por casi 61 millones corresponden al pago de predial que realizaron las empresas de Fernando Ponce, y su ahora exyerno Ermilo Castilla Roche.

La legisladora precisó que el pago por impuestos lo realizó Ermilo Castilla Ponce, hijo de Ermilo Castilla Roche y nieto de Fernando Ponce García, por la adquisición de unas 3 mil hectáreas.

Los inversionistas, agregó, pretendieron hacer el pago al exalcalde Bacelis Ordaz, pero éste optó por no realizar el cobro debido al conflicto entre los inversionistas y los ejidatarios derivado de la venta de los terrenos.

La legisladora indicó que la Aseqroo requirió a los funcionarios de la actual administración municipal a fin de que esclarezcan el uso de los casi 61 millones de pesos. Incluso, afirmó, “tuve acceso a las notificaciones de la Aseqroo”.

La diputada panista detalló que los funcionarios requeridos por la Aseqroo son el oficial mayor Edgar Kumul Tah; el tesorero Ysmael Moguel Canto, y la contralora Martha Balam Euán, así como el contador general Santiago Kumul Chan y la síndico Alicia Couoh Xijum.