En riesgo, una de cada cinco secciones electorales

Focos rojos Fuente INE

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral son optimistas. No perciben grandes riesgos en los comicios del próximo 7 de junio. Pero las cifras del propio organismo son menos alegres: de las más de 68 mil secciones electorales, casi en 13 mil ha habido problemas debido a la inseguridad. Las entidades con más puntos conflictivos son el Distrito Federal, Nuevo León, Sonora y Guerrero, y eso que, técnicamente, dicho análisis no considera la violencia producto del crimen organizado.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- A poco más de un mes de que se realicen las elecciones intermedias, en las que se renovarán las 500 curules del Congreso federal, 641 diputaciones en 17 entidades, las 16 jefaturas delegacionales del Distrito Federal, nueve gubernaturas y 993 ayuntamientos, el Instituto Nacional Electoral (INE) reporta 12 mil 976 “Secciones de Atención Especial (SAE) para Capacitación Electoral con Problemática 14” (inseguridad pública). Esto significa que en una quinta parte de las 68 mil 383 secciones electorales que hay en el país, el riesgo de violencia ya dificultó la instrucción de funcionarios de casilla.

La Problemática 14 es la clave para identificar las secciones en zonas de alta inseguridad pública, sea por pandillerismo, vandalismo o presencia de personas armadas.

En estas áreas el INE tiene conflictos para cumplir con el Programa de Capacitación Electoral e Integración de Mesas Directivas de Casilla.

Un reporte interno obtenido por Proceso desglosa por estado las SAE con Problemática 14 (SAE-14).

Hasta el 24 de abril, las entidades con mayor cantidad de SAE-14 eran Baja California (535), Chihuahua (842), Coahuila (691), Distrito Federal (1,782), Guerrero (906), Estado de México (867), Michoacán (506), Nuevo León (1,517), Sonora (952) y Tamaulipas (838).

El resto de las entidades presentaron las siguientes cifras: Aguascalientes, 142; Baja California Sur, 172; Campeche, 33; Chiapas, 100; Durango, 228; Guanajuato, 173; Jalisco, 231; Morelos, 184; Nayarit, 62; Oaxaca, 166; Puebla, 89; Querétaro, 437; Quintana Roo, 434; San Luis Potosí, 105; Sinaloa, 291; Tabasco, 122; Tlaxcala, 42; Veracruz, 216; Yucatán, 168; y Zacatecas, 145.

Según el INE, en las elecciones de 2006 a 2009 se reportaron 5 mil 55 SAE-14. De 2009 a 2012 fueron 4 mil 759. Así, en este proceso electoral la cifra se disparó casi 200%.

En su edición 1727 Proceso publicó que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) tiene este mapa sobre territorios peligrosos desde 2007. Originalmente fue elaborado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y se tituló Opinión para el Programa de los 100 municipios más pobres del país.

Las zonas más conflictivas de la nación, según dicho análisis, son Chihuahua, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Guerrero Durango y Nayarit.

En tanto, en el estudio Producción, tráfico de estupefacientes y microrregiones prioritarias, elaborado por la Sedesol en 2001, se mencionan como enclaves del narco las zonas de Tierra Caliente y La Montaña, en Guerrero; La Mixteca y Los Chimalapas, en Oaxaca; Las Cañadas y Zona Selva, en Chiapas; La Huasteca y Zongolica, en Veracruz; La Sierra Tarahumara, en Chihuahua, y Las Quebradas, entre Durango y Sinaloa.

Las complejidades del INE

El INE siempre ha sostenido que el reporte sobre los SAE-14 no es un mapa de riesgo sino que sólo se elabora para brindar seguridad a los capacitadores y lograr la instalación de casillas.

En el estudio se hacen diversas catalogaciones. Respecto de la cantidad de funcionarios, el INE clasifica a las secciones en A, B o C. El primer conjunto se refiere a las SAE que tienen todo el personal necesario para capacitar; en “B” se catalogan aquellas con menos trabajadores que los requeridos, y en “C” entran las que carecen de más de la mitad de los instructores.

Desde esta perspectiva, el INE establece que 27% de las SAE no tienen suficiente personal.

En lo que atañe a la complejidad de una SAE, hay tres divisiones. El “nivel 1” se refiere a las secciones en las que existe “dificultad extrema” para localizar, notificar y capacitar a los ciudadanos insaculados. Aquí se cuentan 4 mil 728 casos SAE-14. En el “nivel 2” están las áreas donde no se puede localizar a los preseleccionados, por lo que se deberá elegir al azar a los integrantes de las mesas directivas de casilla. En esta situación se hallan 2 mil 350 secciones inseguras. El “nivel 0” alude a las zonas sin problemas. Ahí entran 5 mil 898 SAE-14.

En el Lineamiento para aprobar Secciones de Atención Especial (SAE) del INE se contemplan otras 20 clasificaciones: geográficas, demográficas, problemáticas por fenómenos ecológicos o desastres naturales, sitios donde rigen los usos y costumbres, nivel de analfabetismo, presencia de lenguas indígenas, zonas donde se impide el acceso al personal del INE, y regiones con conflictos comunitarios, entre otras.

Respecto de “inseguridad pública o descomposición social”, el manual se refiere, con palabras cuidadosas, “a lugares donde se presentan hechos presuntamente violentos, de diversa naturaleza: fenómenos como pandillerismo, vandalismo, áreas y caminos con personas armadas y asaltos; zonas donde se identifica alcoholismo, drogadicción, prostitución y enfermedades endémicas”.

Nunca se mencionan las palabras narcotráfico o crimen organizado, pese a que son flagelos que, hasta 2012 y de acuerdo con un estudio de la asociación civil italiana Libera, habían cobrado la vida de 136 mil personas.

Problemas en aumento

En la sesión ordinaria del INE del 29 de abril, el consejero Ciro Murayama admitió que el rechazo de los ciudadanos a participar como funcionarios de casilla “ha sido mayor, casi el doble en comparación de 2009 y 2012”.

Dijo que trabajadores del instituto visitaron a 10 millones 960 mil 912 personas de las 10 millones 982 mil 804 insaculadas, es decir, tres millones más que en 2009 y 2 millones 800 mil más que en 2012.

Murayama apuntó que se requerirán, en total, un millón 210 mil 83 ciudadanos para integrar las 148 mil 935 casillas previstas, y aún no se consigue esa cantidad. Por lo tanto, casi 10 millones de mexicanos rechazaron colaborar en las mesas recolectoras de votos el próximo 7 de junio.

Al presentar el Sexto Informe de Seguimiento del Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral 2014-2015 (PCIPEF), el consejero indicó que en todas las entidades, con excepción de Guerrero y Tamaulipas, la causal de rechazo “por miedo” fue menor que en 2012.

Paralelamente, afirmó que al finalizar la primera etapa de capacitación, sólo 0.09% de las secciones fue clasificada como “C”, es decir, zonas que registraron menos de la mitad de los nueve funcionarios requeridos para instalar las urnas.

“Ni Guerrero ni Oaxaca o Tamaulipas registraron secciones tipo ‘C’, y en Michoacán sólo se contabilizaron siete. De hecho, la entidad con mayor número de secciones de ese tipo, donde más dificultad se tuvo, fue el Distrito Federal, con 19 secciones”, explicó.

En el reporte más reciente se indica que el INE ya cumplió con 293 de las 603 acciones previstas para el cierre de la elección.

Sin problemas…

Pese al número de las SAE-14, para el presidente del INE, Lorenzo Córdova, los procesos electorales federal y locales “van por buen camino”, sin ninguna anomalía que “nos saque de ruta”, declaró en la sesión pública del 28 de enero.

No obstante, reconoció, el INE deberá estar atento y tener cierta “capacidad de adaptación” en las semanas por venir.

En aquella sesión, en la que se discutió el Tercer informe mensual del seguimiento al plan y calendario integral del proceso electoral federal 2014-2015, Córdova solicitó a los partidos políticos, al gobierno federal y a los estatales, así como a medios de comunicación, generar las condiciones necesarias para realizar los comicios en todos los lugares previstos.

Esa tarde, el representante ante el INE del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Horacio Duarte, puso en duda el reporte expuesto por Murayama.

“¿Todo va bien? Viento en popa, no pasa nada. Funciona como reloj, ingeniería de reloj, maquinaria perfecta, pero me da la impresión de que no se está abordando el proceso electoral revisando lo que está pasando, sino que solamente se ven los números, los grandes números, porcentajes de cumplimiento, y se siguen soslayando asuntos fundamentales”, señaló.

Posteriormente, el 9 de febrero, Córdova admitió que la inseguridad es “particularmente recurrente” en muchas secciones electorales, pero no tanto como para poner en riesgo la elección.

De hecho, apenas el 6 de abril, a un día del inicio de las campañas para diputaciones federales, Córdova reconoció que la carrera por un cargo de elección popular “se inició en un ambiente adverso para la vida democrática” del país y entre cuestionamientos contra los comicios.

“Las elecciones son la vía privilegiada, pacífica, para procesar la conflictividad. No son la vía para resolver los problemas que aquejan a la sociedad mexicana, pero sí la ruta para solucionar pacíficamente las diferencias y encauzar la solución”, dijo entonces.

Guerrero, señal de alerta

Debido a la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa hace siete meses, en Guerrero se gestó un movimiento –encabezado por los padres de los alumnos– que pidió al INE cancelar las elecciones en esa entidad azotada por el crimen organizado.

El 26 de marzo, los inconformes se reunieron con los consejeros del INE para solicitar por escrito la designación de gente reconocida en su comunidad como autoridades gubernamentales. Doce días después, el INE respondió con una negativa a la petición de suspender los comicios, pero le encargó al Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Guerrero que las realizara bajo el sistema de usos y costumbres.

Aun en enero pasado, los consejeros proyectaban un escenario tranquilo en la entidad, pese a que la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) había tomado las instalaciones del instituto electoral estatal y había retenido a funcionarios nacionales y locales.

Otro hecho desmintió el optimismo de los funcionarios electorales: La encuestadora Parametría publicó un informe de los municipios de “alto riesgo” en Guerrero, donde esta compañía no pudo levantar encuestas debido a la inseguridad.

Se trata de Coyuca de Catalán, Pungarabato, Ajuchitlán del Progreso, Arcelia, General Heliodoro Castillo, Cutzamala de Pinzón, San Miguel Totoloapan, Leonardo Bravo, Zirándaro, Cocula, Tlalchapa, Coayutla de José María Izazaga, Apaxtla, Cuetzala del Progreso y General Canuto A. Neri.

También difundió los de “riesgo moderado” –donde sólo se puede trabajar en la cabecera municipal o en función de recomendaciones de pobladores y autoridades.

En esta lista están Tepecoacuilco de Trujano, Metlatónoc, Malinaltepec, Olinalá, Ahuacuotzingo, Acatepec, Alcozahuaca de Guerrero, Coanatoyac, Huamuxtitlán, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán, Zapotitlán Tablas, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Pedro Ascencio Alquisiras, Cualac y Atlamajalcingo del Monte.