Familiares piden intervención de la CIDH por la salud de Mireles

El fundador de autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles.
Foto: Germán Canseco

MÉXICO, D.F. (apro).- Familiares de José Manuel Mireles, preso en el penal federal de Hermosillo, Sonora, desde el 30 de junio del año pasado, enviaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que solicitan su intervención para presionar a las autoridades mexicanas a brindar atención médica al exdirigente de las autodefensas en Michoacán.

La misiva fue dirigida a Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo del organismo internacional, y en ella precisan que Mireles no sólo tiene una ulcera diabética que le provocó la pérdida de dos uñas, sino que la caída de una escalera en el penal federal le dejó lesiones en la columna que lo mantienen en una silla de ruedas.

Asimismo, consignan que el exlíder de las autodefensas de Tepalcatepec fue diagnosticado por un hospital externo, y menciona que tiene dos opciones: vivir con analgésico toda su vida o someterse a una cirugía para tratar el problema de su columna, que tiene 50% de probabilidades de éxito.

Sin embargo, se quejan de que el acusado se encuentra en aislamiento y no se ha podido ni permitido actuar en tiempo y forma para atenderlo.

En el texto enviado a Álvarez Icaza, la familia solicita que Manuel Mireles reciba la mejor atención médica por especialistas calificados y que se permita que otros médicos especialistas den su opinión al respecto, para garantizar que la decisión que tome el exlíder de autodefensas en relación a los procedimientos para su enfermedad sea información especializada.

Asimismo, que en dado caso que se proceda a la intervención quirúrgica, se realice por personal altamente calificado del hospital que garantice que dicho procedimiento y sus derivados puedan ser atendidos, y que se considere el proceso de rehabilitación al que será sometido después de la intervención quirúrgica, garantizando bienestar físico y emocional.

Desde el pasado 26 de mayo, la esposa y la hija del acusado, Ana Valencia y Briana, respectivamente, señalaron que la salud de aquel se deteriora cada día, y demandaron al gobierno federal que permita su salida del penal para que pueda someterse a una operación urgente.

En aquella ocasión, Briana dijo que el 23 de mayo visitó a su padre en el penal y lo encontró postrado en una silla de ruedas, visiblemente decaído, con suero y antibiótico suministrado en las venas.

Vía telefónica confirmó que el fundador y exvocero de las autodefensas de Tierra Caliente –quien enfrenta cargos por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como delitos contra la salud– sufrió una inflamación de un disco de la vértebra, luego de que por varios días tuvo que dormir en el suelo y al levantarse tuvo cargar algunas de sus cosas y se lastimó.

Por su parte, Ana Valencia manifestó que probablemente las lesiones que tienen prácticamente postrado a Mireles son consecuencia del accidente aéreo que sufrió el 4 de enero de 2014, y urgió a las autoridades para que permitan el acceso de un médico ajeno al penal, con el fin de que haga un diagnóstico y posteriormente se le realice una operación en un hospital externo.

La familia denunció que la salud de Mireles Valverde se ha deteriorado a falta de una atención médica y el suministro adecuado de insulina para seguir su tratamiento de diabetes.

“Vi a mi padre muy desesperado. Me dijo que de acuerdo a la ley ya podría salir de manera condicional o por lo menos que fuera trasladado a Guadalajara para que su familia lo viera de manera fácil. Lo que nosotros queremos es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos actúe y permita la entrada de un médico para que lo revisen y luego lo operen de urgencia en un hospital”, destacó Briana.

E informó que habían solicitado varios amparos y la mayoría fueron admitidos. De acuerdo con los abogados, agregó, su padre ya podría salir libre, pero eso –apuntó– sólo podría pasar hasta después de las elecciones del próximo 7 de junio, porque a Mireles el gobierno lo ve como un peligro.