Toman rectoría de la BUAP; exigen liberación de siete estudiantes

Estudiantes toman las instalaciones de la rectoría de la BUAP.
Foto: Especial

PUEBLA, Pue. (apro).- Integrantes de la Liga de Estudiantes Democráticos (LED) tomaron por tres horas y media las instalaciones de la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) para reclamar justicia por la agresión que sufrieron el 8 de febrero y exigir la liberación de siete jóvenes que fueron detenidos está madrugada.

Mientras los estudiantes se encontraban dentro del edificio, autoridades de la rectoría ordenaron el cierre de todos los accesos al Centro Universitario (CU), la suspensión de actividades en todas las facultades, el desalojo de las instalaciones y cortaron la energía eléctrica.

Guillermo López Mayo, profesor de la BUAP, pidió a los jóvenes suspender la manifestación en la que participaba un representante de la Normal de Ayotzinapa ante la tensión que se vivía con un centro universitario desalojado y con la posibilidad de que entraran grupos de choque a desalojarlos por la fuerza.

Embozado, uno de los jóvenes explicó que decidieron tomar el edificio luego de la detención de siete estudiantes universitarios a los que se les trata de responsabilizar por los ataques con explosivos a edificios públicos, lo que consideran un montaje por parte del gobierno estatal.

Pero además para reclamar que hasta ahora no se ha detenido a los responsables del ataque ocurrido el 8 de febrero, cuando integrantes de la LED realizaban un plantón en el zócalo y, en presencia de la policía, ocho de ellos fueron secuestrados por un grupo de porros que los golpearon, desnudaron y abandonaron en un lote baldío.

Igual volvieron a pedir a la rectoría una respuesta a su demanda de que se les permita utilizar las instalaciones universitarias para impartir cursos gratuitos propedeuticos a los aspirantes a ingresar a la casa de estudios.

En una asamblea, los jóvenes acordaron desalojar el edificio alrededor de las 19:40, para lo cual fueron escoltados por maestros y otro grupo de estudiantes.

Operativo de la PGJE

Esta madrugada la PGJE allanó al menos seis viviendas y detuvo sin orden de aprehensión a siete estudiantes de la BUAP, a los que acusa de haber participado en los ataques con explosivos caseros que se registraron el 27 de marzo y el 1 de junio en esta ciudad.

De acuerdo con los padres de los jóvenes, entrevistados a las afueras de la dependencia, la Procuraduría busca levantarles cargos por terrorismo y motín, delitos por los que podrían fincarles hasta 60 años de cárcel.

El catedrático de la BUAP, Miguel Ángel Rosas Bourgess, padre de uno de los jóvenes, denunció que alrededor de las cuatro de la madrugada los policías llegaron a su casa ubicada en la 21 Poniente #1914- A, y se introdujeron sin mostrar orden judicial para catear el domicilio y llevarse detenido a su hijo Carlos Arafat Rosas Villegas, estudiante de sociología.

Los jóvenes detenidos fueron Ana Rosa Zilli Colorado y Dulce Carolina Parra Escalona, de la Facultad de Medicina; Carlos Arafat Rosas Villegas, Juan Carlos Tepde Ixtacua, Axel Jiménez Morillo, Shariff Guerrero Contreras y Erick López Cruz, de la Facultad de Sociología.

En el caso de Arafat Rosas, de 24 años, es integrante del Comité para la Libertad de los Presos Políticos y el Cese a la Represión Social en Puebla, del que además forman parte intelectuales como la escritora Elena Poniatowska, Jesusa Rodríguez, el actor Daniel Giménez Cacho, y los artistas Gustavo Monroy, Alberto Castro Leñero y Gabriel Macotela, entre otros.

Carolina González Barranco, representante de este comité, dio su voto de confianza a Arafat, al indicar que el joven es un activista que se relaciona con proyectos de apoyo a las comunidades, pero que no se vincularía con un ataque “anarquista”, como trata de implicarlo la Procuraduría poblana.

La madrugada del lunes de esta semana fueron atacados con bombas molotov y explosivos caseros instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), de la delegación de la Secretaría de Energía y un paradero de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) en esta ciudad, sin que ningún grupo se adjudicara el atentado.

Rosas Bourgess denunció que la Procuraduría trata de implicar a su hijo y a los otros seis jóvenes en esos ataques, sólo por el hecho de ser activistas políticos, pero rechazó que haya elementos para relacionarlos con los ataques.

El catedrático narró que al ingresar a su domicilio los policías supuestamente buscaban gasolina y químicos que sirvieran para elaborar explosivos, pero nada de eso fue localizado. “Espero que no nos hayan sembrado algo”, reclamó.

“Se llevaron unas matrices con las que los muchachos a veces hacen volantes, pero contra el Ruta metrobús, del #Yosoy132, yo inclusive les dije a los del MP que si era ahora delito hacer propaganda contra el gobierno”, expresó.

Luego agregó que los policías llevaron computadoras, celulares, ipads, e incluso 15 mil pesos que tenía en efectivo en su casa. “Fue una atrocidad la que vivimos”, declaró.

“No hay ninguna evidencia, pero el gobierno no necesita evidencia, tiene el poder para hacer todo lo que quiera y ya se está viendo cuántos presos y procesados hay, estamos viviendo un momento de arbitrariedad terrible, que yo a mis 62 años no lo había vivido. Cuando era joven creía que había vivido ya lo peor, pero no es cierto, estamos en una situación terrible”, alertó.

También indicó que a los siete jóvenes se les empezó a tomar declaración sin contar con la presencia de un abogado, con el argumento de que no están en calidad de detenidos, sino de presentados.

“Pero es claro que les están preguntando cosas para indiciarlos, es una infamia lo que están haciendo con estos muchachos”, advirtió el catedrático del Instituto de Ciencias Sociales de la BUAP.

Anastasia Escalona, madre de una de las jóvenes, con lágrimas en los ojos pidió al gobierno que no cometa una injusticia. “Ellos son estudiantes, no delincuentes”, exclamó.

Otros estudiantes denunciaron que de igual forma la policía llegó a las casas de los otros jóvenes y, tras romper puertas y ventanas, sometió a las familias para después llevarse computadoras, celulares y otras pertenencias.

Rosas Bourgess aseguró que aunque su hijo y los otros jóvenes son activistas políticos, siempre se han manifestado en contra de las acciones violentas.

“Lo hemos platicado en distintas ocasiones, de que uno de esos petardos no sólo daña cosas, sino que puede herir a la gente, mi hijo jamás haría algo así”, aclaró.

Por la tarde, la BUAP emitió un boletín para informar que había enviado a abogados para apoyar a los jóvenes y sus familias.

“La Universidad exige que las autoridades correspondientes realicen las investigaciones en estricto apego a derecho, salvaguardando en todo momento la integridad física y respeto a los derechos humanos de nuestros estudiantes”, asentó en el comunicado la BUAP.

Hasta las instalaciones de la Procuraduría llegó una marcha de alumnos y maestros de la Facultad de Medicina para respaldar a sus compañeros, quienes aseguraron “tratan de ser inculpados injustamente de algo que no cometieron”. Incluso, señalaron que las dos jóvenes detenidas participaron en las fechas que se les acusa en la organización de un foro estudiantil.

Indagan “ataques vandálicos”

En un comunicado, la PGJE confirmó que los jóvenes son investigados en torno a los “ataques vandálicos” ocurridos el 27 de marzo en oficinas del INE y por los tres artefactos explosivos detonados el 1 de junio, aunque no especifica las pruebas con las que cuenta para incriminarlos.

“De acuerdo con los datos de Inteligencia obtenidos, se ha podido establecer la posible participación de varias personas”, se limita a señalar la Procuraduría.

Por otra parte, asegura que los cateos se llevaron a cabo por orden judicial y que siete personas, sin dar sus nombres, fueron presentadas ante el MP, y que su situación jurídica se definirá en un lapso de 48 horas.

“Para deslindar responsabilidades, prevalecen diligencias a cargo de la PGJ Puebla, a través de la Dirección General de Servicios Periciales y de la Policía Ministerial. En tanto que, respetando en todo momento sus derechos humanos, las siete personas permanecen a disposición de las autoridades”, confirmó la dependencia.