Operación Jalisco, las fallas

La violencia desatada en la entidad durante el mes pasado –cuando comenzó a aplicarse la Operación Jalisco– obliga a las autoridades federales y estatales a modificar su estrategia de combate al crimen organizado, en particular al cártel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, sostiene un académico del ITESO. Y advierte: la cuota de sangre es elevada y es factible que la agrupación criminal se fortalezca si no se ataca su estructura financiera.

La violencia que envolvió a la entidad a partir del día en que se inició la Operación Jalisco obliga a las autoridades federales y estatales a revisar a fondo esa estrategia de combate al crimen organizado, sostiene el académico Guillermo Zepeda Lecuona.

El derribo de un helicóptero en Villa Purificación el 1 de mayo, donde murieron por lo menos nueve militares, el enfrentamiento en el cual cayeron 43 civiles y la posterior ejecución de otros 42 presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Rancho del Sol, ubicado entre Tanhuato y Ecuandureo, en Michoacán, son los primeros resultados de ese operativo federal.

Sobre los 43 civiles caídos el 1 de mayo en Villa Purificación, dice, sus familiares descubrieron los cadáveres amontonados y a la intemperie. Así estuvieron durante 15 días, dicen, custodiados por los militares.

El investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) cita a la investigadora Leticia Pérez Correa, quien asegura que por cada miembro del Ejército asesinado al menos 17 civiles son abatidos; y cuando cae un marino la cuota sube a 34.

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando hay una desproporción tan grande en la letalidad, como sucedió en el Rancho del Sol, en Michoacán –donde 42 civiles fueron ejecutados el pasado 22 de mayo–, la autoridad debió iniciar una investigación.

Zepeda Lecuona alude a los casos de Tlatlaya, en el Estado de México, donde hubo 22 ejecuciones el 30 de junio de 2014, y la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre pasado. En ambos, subraya, se quebrantó el derecho a la vida y se conculcaron los acuerdos internacionales, entre ellos el Tratado de Ginebra.

Gran parte de la política criminal federal no pasa por el sistema de justicia. “Por cada tres presuntos delincuentes que reciben una sanción de más de siete años –dice–, al menos dos han sido abatidos por el Ejército en los últimos ocho años”.

Los organismos internacionales llaman la atención sobre el aumento de ese tipo de crímenes en México. Así lo hizo, por ejemplo, Christof Heyns, relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, cuando presentó en Ginebra, Suiza, el informe final de su misión a México en junio de 2014.

Sin embargo, comenta el investigador, lejos de atender las observaciones hechas el año pasado, hay nuevos casos que obligan a la intervención local e internacional de organismos defensores de los derechos humanos.

Existen graves fallas en materia de administración e impartición de justicia, asegura, por lo que la impunidad crece: “En delitos federales es de 98%; en el caso de los homicidios intencionales fue de 83% durante 2013 y 2014, según los datos alusivos a Jalisco”.

Sobre la crisis de seguridad pública en la entidad, Zepeda Lecuona considera que después de los comicios de este domingo 7 las autoridades estatales deben convocar de manera urgente a una revisión de las políticas públicas de combate a la delincuencia y al crimen organizado.

Deberán plantear modificaciones profundas y quizás hasta cambios en los puestos principales del Gabinete de Seguridad y en la administración de Aristóteles Sandoval Díaz. Considera factible la remoción del fiscal general Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco.

Una lucha desigual

En Jalisco, la amenaza a la seguridad incluye a los municipios de la Costa Sur; y aun cuando en El Grullo, Autlán y otros municipios haya mucha presencia militar, “no se descarta ese posible escenario de amenaza”, comenta Zepeda Lecuona.

Hoy, según reportes institucionales consultados por el entrevistado, en 30 o 40 municipios operan las bandas del crimen organizado. Es posible que busquen controlar la vida económica y social de esas poblaciones; es factible, también, que intenten colocar a sus hombres en los cargos de representación popular.

La infiltración de las bandas criminales, agrega, ocurre en la zona metropolitana de Guadalajara. “Les interesa tener el dominio en los municipios, donde trabajan para el trasiego y producción de droga o para instalar sus narcolaboratorios”.

Critica la falta de una política de tolerancia cero: “En Jalisco no se han aplicado sanciones en los altos niveles de las instituciones ante el crecimiento desbordado de un grupo criminal como el CJNG”.

A diferencia de Costa Rica y Chile, donde se han aplicado exitosos planes para combatir la corrupción, “aquí sólo se aplican en los niveles más bajos de las estructuras de poder”, sostiene.

Y aunque considera que la presencia de las Fuerzas Armadas en Jalisco se traducirá en la reducción de la presencia del CJNG, insiste en la necesidad de combatir los cuatro pilares en los que descansa la delincuencia organizada:

Uno es su capacidad de movimientos logísticos y la gran magnitud de sus embarques y las conexiones con organizaciones criminales internacionales, lo que les permite intercambiar, por ejemplo, minerales extraídos de la región por recursos químicos y donde tiene conexión con personas de nacionalidad china.

El segundo es el combate a la violencia y capacidad de fuego; otro es el asunto financiero, la estructura empresarial de lavado de dinero que debe ser diluida, y el cuarto es el contubernio con representates de las instituciones.

“Por desgracia –dice Zepeda Lecuona–, en el caso de los últimos pilares se percibe que las estructuras del CJNG están intactas.”

Sobre el desmantelamiento de las policías municipales, considera que se trata del eslabón más débil de la red de contubernio del hampa con gobiernos o autoridades. E insiste: La capacidad de fuego del CJNG es muy peligrosa, por el tipo de armamento que utilizan sus sicarios, incluidos los explosivos.

La reacción

Para algunos analistas, el caso de Villa Purificación fue “una reacción suicida” por parte de las fuerzas federales. “Hacer de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, el enemigo público número uno y que sea él quien encabece la agenda de las detenciones deseables es algo altamente riesgoso”, sostiene el investigador del ITESO.

Según esa lógica, el CJNG trataría de hacer un recuento de los daños sufridos y recomponerse, pero ha manejado una acción marcada por la sangre y la violencia. Eso hace que el futuro inmediato resulte incierto en la entidad.

El brote de violencia en Jalisco, dice, inició en marzo pasado, luego de la detención, el 28 de febrero, del presunto operador financiero del CJNG: Abigael González Valencia, El Cuini, en Puerto Vallarta. Junto con él fueron capturados Gilberto Mendoza González, los colombianos Óscar Betancourt Bermúdez y Laura Sánchez Ruiz, así como el venezolano Miguel José Leone Martínez.

Antes de esas capturas se consideraba que en Jalisco había un registro a la baja de las ejecuciones, lo que se interpretó como “un éxito” en la aplicación de las políticas públicas implementadas por el gobierno estatal, similar a lo que ocurría en Zacatecas y San Luis Potosí.

“En esos estados bajaron las ejecuciones y homicidios relacionados con el crimen organizado, no por el avance en materia de seguridad, sino por la hegemonía lograda por el grupo criminal que controla la plaza. Consideramos que ese era el caso de Jalisco, debido al fortalecimiento del CJNG”, comenta Zepeda Lecuona.

Sin embargo, la detención de González Valencia detonó una airada reacción del cártel del Mencho. A partir de entonces comenzaron los ataques: la ejecución de un director de policía, la emboscada a 15 agentes estatales en San Sebastián del Oeste; el operativo fallido para exterminar al comisario de Seguridad, Alejandro Solorio Aréchiga; la emboscada a los integrantes de la Gendarmería Nacional en Ocotlán, el 19 de marzo, y la ejecución de 42 presuntos sicarios en el Rancho del Sol –34 de los cuales eran ocotlenses–, en Michoacán, el 22 de mayo.