Essentium, el eslabón corrupto España-México

El consorcio de la construcción Grupo Essentium.
Foto: Especial

Una de las empresas españolas que mayor expansión ha tenido en América Latina es Grupo Essentium, que mediante sus subsidiarias ha conseguido millonarios contratos en México, Venezuela, Panamá y Brasil. La presidenta de ese consorcio, Susana Monje, ha aparecido en algunas de las tramas de corrupción más sonadas en su país, pero eso no evitó que, en México, recibiera concesiones hospitalarias y contratos con Pemex y BBVA-Bancomer.

MADRID (Proceso).- Susana Monje, la presidenta del consorcio de la construcción Grupo Essentium, es una ejecutiva que nació en Asturias pero creció e hizo su carrera profesional en Barcelona, donde demostró que sabe moverse en los círculos del poder y que el éxito de sus negocios está directamente vinculado a los favores que recibe de la clase política para obtener proyectos de obra pública. Así lo hace en España y en el extranjero.

En su país echa mano de sus amigos socialistas o del Partido Popular (PP), aunque parece que sus lazos más estrechos los tiene con un destacado miembro de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), la principal corriente de Convergencia i Unió (CiU), el partido gobernante en Cataluña.

En CDC hizo mancuerna con el exdipu­tado Oriol Pujol Ferrusola, hijo del patriarca de la política catalana, el expresidente Jordi Pujol Soley. En la actualidad ambos viven las horas más bajas de su dinastía, acosados por investigaciones de corrupción.­

Pujol Ferrusola tuvo que renunciar a su acta de diputado al Parlament catalán en julio pasado, un año después de que la justicia lo imputara por tráfico de influencias y cohecho para manipular un contrato de servicio de la Generalitat de Cataluña. La posición de Pujol Ferrusola le permitió a Monje sortear prácticamente cualquier obstáculo.

Monje ocupó otro cargo. Cuando Sandro Rosell ocupó la presidencia del Futbol Club Barcelona (FCB) en julio de 2010, la nombró como responsable de la tesorería del Barça, uno de los equipos más ricos del mundo.

Esa posición también le permite acceder a casi cualquier despacho. “Si eres de la directiva del Barça, ¿dime quién no te recibe una llamada?, o ¿quién no atiende una petición suya, en España y en cualquier otro país? Y eso, para los negocios privados de esos ejecutivos que están en la Primera Liga, es como oro molido”, explica un abogado que trabaja para un club español, y habla a condición del anonimato.

Como sea, los nombres de Monje y de sus sociedades –que tienen un origen familiar– no están exentos de escándalos: A su empresa Assignia Infraestructuras se le vincula con el caso Bárcenas. Supuestamente es una de las sociedades que financió al PP a cambio de contratos. El nombre de Monje también salió a relucir en la operación Campeón, referida antes, por sus vínculos con Oriol Pujol.

En este último asunto se le indaga por presuntas relaciones financieras en el extranjero con Oriol Pujol. Sin embargo, la presidenta de Essentium manifestó al diario digital El Confidencial que no conocía ni había coincidido con Pujol.

Asimismo, Essentium y la filial Assignia Infraestructuras aparecieron en las investigaciones iniciadas por el Ministerio de Economía que derivaron en la intervención del Banco Madrid –filial de Banca Privat d’Andorra–, porque supuestamente pagaron millonarias comisiones ilegales a la élite política del gobierno de Hugo Chávez para conseguir importantes adjudicaciones en Venezuela.

La secesionista

Un informe de la policía española fechado el 12 de octubre de 2012 (Proceso tiene una copia) contiene la conclusión de las investigaciones sobre el “plan independentista” en Cataluña puesto en marcha en 2011. En el expediente se señala a Monje como una de las principales “colaboracionistas” con la estrategia del grupo político de los Pujol y del delfín del patriarca, Artur Mas, actual presidente de Cataluña.

De acuerdo con esa nota informativa, Monje, en su calidad de tesorera del Barça, fue la responsable de realizar “tareas de propaganda”, con la compra de casi 100 mil cartulinas que se distribuyeron en las gradas del estadio Camp Nou entre los asistentes a un partido contra el Real Madrid, para que formaran un enorme mosaico con la senyera –la bandera catalana que es símbolo del soberanismo.

Pese a formar parte de ese plan para independizar a Cataluña, la empresaria es tan pragmática que también participó en las reuniones con empresarios que solía encabezar el rey Juan Carlos I antes de su abdicación.

El informe de la policía española está fechado en octubre de 2012, el mes en que el entonces monarca realizó una visita oficial a la India con una comitiva de ejecutivos de una veintena de empresas –entre ellas Assignia Infraestructuras– para promover las inversiones en España y las adjudicaciones a consorcios hispanos en aquel país.

El informe señala que Valentín Monje Tuñón, padre de la empresaria y constructor de un imperio comercial, tiene antecedentes penales por estafa, falsedad y apropiación indebida, pero lo cataloga como un “hábil conseguidor de gangas, gracias al uso de información privilegiada obtenida de sus relaciones con determinados políticos de distintos signos”.

En marzo de 2014, el periodista Manuel Cerdán dio a conocer en El Confidencial que suman 20 procesos policiales y judiciales contra Monje Tuñón, la mayoría correspondientes a denuncias presentadas en Madrid, País Vasco, Valencia y Cataluña.

Los procedimientos contra este potentado se extienden de 1984 a 2002. De hecho, el 30 de enero de 1998 ingresó a la prisión de Barcelona por un delito de estafa en relación con una causa seguida en el Juzgado de Instrucción número 17 de aquella ciudad. No obstante, sólo permaneció recluido cuatro meses y quedó en libertad el 30 de mayo de aquel año.

Respecto de las relaciones políticas, el informe policial menciona a José Blanco, uno de los hombres más cercanos al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y quien ocupó el Ministerio de Fomento, posición desde la que ayudó a los Monje a adquirir la Constructora Hispánica del empresario Alfonso García Pozuelo, a quien luego le escamotearon el pago.

García Pozuelo cayó en desgracia porque el juez Baltasar Garzón lo citó como parte de la trama Gürtel, el otro proceso de investigación contra la cúpula del PP y de constructores españoles.

En ese contexto, según publicó el periodista Manuel Cerdán, Blanco citó a García Pozuelo a mediados de 2009 para reprocharle que hubiese financiado al PP mediante grandes sumas que entregó a Francisco Correa, el cabecilla de la trama corrupta, cuando había obtenido suculentos contratos de obra por parte del gobierno socialista.

Entonces le planteó que lo mejor que podía hacer era “vender Constructora Hispánica”, y que él le acercaría compradores. Los interesados fueron los Monje, quienes finalmente adquirieron esa sociedad, que cambió su nombre por el de Assignia Infraestructuras.

El informe asienta que, en el “plan independentista”, Susana Monje debía “conseguir presionar al antiguo propietario de Hispánica, con el argumento de que no le pagarán la deuda pendiente y pactada con la compra, si antes no denuncia a los dirigentes del PP a los que sobornaba para conseguir obras, lo que dio lugar a ser imputado en el sumario Gürtel, con especial interés en el antiguo tesorero Luis Bárcenas”.

Los investigadores advierten que Monje pretendía que “la desesperación por cobrar lleve finalmente (a García Pozuelo) a aceptar el paso de denunciar los pagos realizados, con el consiguiente escándalo mediático”.

Contrasta que, a pesar de su afinidad con el secesionismo de Cataluña, Monje abrió oficinas en Madrid y se rodeó de influyentes políticos del PP y del PSOE como lobistas de Assignia Infraestructura, para echar mano de sus contactos y conocimientos del entramado político.

Cerdán identificó que para el área de negocio sanitario contrató, de entre las filas del PP, a Manuel Lamela, quien fue director de Gabinete de Rodrigo Rato (exvicepresidente económico de José María Aznar y exsecretario general del Fondo Monetario Internacional) y exconsejero de Transporte y Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Contrató a Luis Vicente Moro, exdelegado del gobierno central en Melilla. También incluyó en su nómina a Carlos Velasco de Mingo, excoordinador financiero federal del PSOE, y a José Antonio Alonso Conesa, diputado socialista durante dos legislaturas y exalcalde de Cartagena.

A raíz de la crisis en España y la sensible baja en inversión de obra pública, Grupo Essentium incrementó sus esfuerzos de internacionalización y diversificación de actividades, concentrándose en la infraestructura petrolera.

Así, las subsidiarias del grupo arribaron a 25 países, incluidos algunos de África. En América llegaron a Venezuela, Panamá, Brasil y México, que desde 2013 se convirtió en una de sus mayores apuestas –unos meses después de la llegada de Enrique Peña Nieto al poder.

En México, además de construir y gestionar hospitales (como el de Ixtapaluca), el consorcio consiguió un contrato por 29.5 millones de euros con Pemex en junio de 2013, para edificar plataformas y delinear la logística en pozos de extracción de petróleo en la zona de Villahermosa, Tabasco.

En el sector privado, en 2013 obtuvo un contrato para remodelar 16 sucursales de BBVA-Bancomer en Guadalajara, Jalisco.

Influyentismo

El 31 de mayo de 2013, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz emitió un auto judicial pidiéndole a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) española toda la información relacionada con las donaciones ilegales hechas al Partido Popular (PP) a cambio de contratos públicos.

Esta causa abierta –parte de los llamados “Papeles de Bárcenas”, que es la mayor trama de corrupción política en España por la Contabilidad B del PP– enlistaba una treintena de empresas involucradas, una de las cuales es Assignia Infraestructuras, S.A.

En dicha solicitud se pedía a la Agencia Tributaria la declaración de operaciones de las sociedades señaladas. El juez Ruz emitió un requerimiento para que también las sociedades enlistadas presentaran la documentación de las concesiones y adjudicaciones públicas que hayan recibido, tanto como licitantes individuales o como Unión Temporal de Empresas (UTE).

La Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional fue la encargada de hacer cumplir la orden

Así, las cosas se le volvieron a complicar al grupo de los Monje, porque fue identificado en el informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre Banco Madrid, filial española de la Banca Privat d’Andorra (BPA), institución intervenida por el Banco de España.

El Sepblac intervino Banco Madrid cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos denunció que BPA es una entidad que blanquea dinero para el crimen organizado.

Derivado de otro informe de inteligencia de la policía española, fechado en junio de 2013, se señala que Grupo Essentium y su filial Assignia Infraestructuras pagaron comisiones ilegales a altos funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro para conseguir adjudicaciones públicas en Venezuela.

Coincidentemente, son los mismos altos cargos venezolanos que recibieron fondos opacos a través de Banco Madrid.

El informe español identifica entre los clientes de la filial española de BPA al viceministro de Energía de Venezuela, Nervis Gerardo Villalobos; al viceministro de Desarrollo Eléctrico, Javier Alvarado Ochoa; y al empresario de seguros Omar Farías, próximo al equipo de Chávez y a quien se atribuyen operaciones turbias del régimen en el exterior.

Igualmente se incluye a Carlos Luis Aguilera Borjas, exdirector de Seguridad del régimen, en quien la investigación española centra su examen por la relación de Aguilera con las empresas españolas que en 2008 recibieron la adjudicación de la obra de remodelación de una línea del metro de Caracas: las compañías CAF, Cobra y Constructora Hispánica (entonces propiedad de García Pozuelo)

El diario El Mundo señaló a otro miembro del aparato de Seguridad de Chávez como cliente de BM, el exviceministro Alcides Rondón, y a Francisco Rafael Jiménez Villarroel, exfuncionario de la petrolera gubernamental PDVSA, cuando era dirigida por Rafael Ramírez.

El informe policial, fechado en junio de 2013 –que se dio a conocer a la par del estallido del escándalo BPA-Banco Madrid, difundido por El Confidencial–, asevera que “el Grupo Essentium ha logrado sorprendentemente en plena crisis recibir fuertes inyecciones de capital de origen difuso, con lo que se expande en los mercados internacionales (su cartera de pedidos ascendía en junio de 2013 a mil 400 millones de euros, 75% de los cuales proceden del exterior).

El documento señala que el espectacular crecimiento de Essentium es consecuencia de los contratos que la tesorera del Barça logró en Venezuela a través de “un capítulo de adjudicaciones de emergencia implantado por Hugo Chávez, que se utilizó para financiar proyectos energéticos y sociales calificados como ‘urgentes’ con miles de millones de dólares procedentes de la exportación de petróleo, sin ser sometidos a ningún tipo de controles”.