España: El doble rasero de la política exterior

El expresidente de España, Felipe González, con la madre del líder opositor Leopoldo López, Antonieta Mendoza.
Foto: AP

MADRID (apro).- Las relaciones diplomáticas entre España y Venezuela parecen vivir en permanente tensión. El nuevo capítulo lo protagonizó el viaje del expresidente Felipe González para apoyar a los opositores presos por el gobierno de Nicolás Maduro.

La visita alcanzó mayor visibilidad en medios de comunicación internacionales por la ofuscada reacción del presidente venezolano ante la presencia del exmandatario español, y puso el foco, una vez más, a la realidad de quienes critican a su gobierno. A eso se sumó una campaña en medios de comunicación proclives a Maduro y manifestaciones de repudio a González, que no tenían el cariz de ser espontáneas.

El heredero de Hugo Chávez insistió en acusar a Felipe González de formar parte de la estrategia de lo que denomina el “eje Florida-Madrid-Bogotá” que busca “derrocarlo”. Maduro lo dice en momentos en que sus apoyos internacionales parecen mermar día a día y con un malestar a nivel interno por la grave situación económica que afecta a amplios sectores de la población, así como ataques a la libertad de expresión y de información.

Este capítulo desempolvó anteriores episodios en los conflictos diplomáticos hispano venezolanos, como las acusaciones de Hugo Chávez por los indicios de participación de España tras el frustrado golpe de Estado contra su gobierno, en abril de 2002, o el reproche del rey Juan Carlos I al líder venezolano –“por qué no te callas”– en la Cumbre Iberoamericana de Chile, en 2007.

También los reclamos a Venezuela por convertirse en un refugio de importantes miembros de la banda armada ETA, algunos incluso que ocupan cargos de responsabilidad pública. Y ahora la nueva intervención española en la crisis venezolana, con el viaje de González.

El expresidente español colabora como “asesor técnico” con la oposición venezolana, en concreto con la defensa de los dirigentes encarcelados Leopoldo López y Daniel Ceballos, así como del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, que permanece bajo arresto domiciliario.

La “gestión”

A su regreso a Madrid, tras salir de Caracas en un avión dispuesto por el gobierno de Colombia, Felipe González declaró que “frente a una dictadura, uno sabe a qué atenerse, pero no frente a una democracia traicionada. Venezuela es el reino de la arbitrariedad y el presidente Maduro lleva al país hacia la destrucción”.

En su opinión, la situación venezolana es “insostenible”, y refirió que en toda América Latina hay “una creciente preocupación por lo que está pasando. Todo el mundo está preocupado, menos Maduro”.

En una conferencia de prensa celebrada en la Asociación de Prensa de Madrid, el jueves 11, González dijo que “Venezuela es un país destruido en todos los sentidos. Desde el punto de vista económico y desde la seguridad, Maduro es el responsable de la catástrofe en términos de crisis social y económica y en términos de libertades básicas”.

Se quejó de que “no haya talante de diálogo” y reconoció: “He vuelto muy triste y preocupado, me preocupa que un país tan rico camine hacia un proceso de destrucción”.

En su estancia desde el domingo 7 al martes 9, Felipe González pudo reunirse con los familiares de los líderes presos, dialogó con Antonio Ledesma y Leopoldo Carriles, y le entregó al periodista Teodoro Petkoff el premio Ortega y Gasset que le otorgo el diario ‘El País’ en su más reciente edición.

La conferencia de prensa fue convocada por la Asociación de Periodistas Venezolanos en España y contó con la presencia del director del periódico ‘El Nacional’, Miguel Enrique Otero, cuyo diario fue denunciado por el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, por reproducir información de agencias informativas internacionales sobre la investigación que Estados Unidos inició contra el político venezolano por presunto tráfico de drogas y lavado de dinero.

Felipe González salió de Venezuela después que el gobierno de Maduro le impidió visitar en prisión al líder opositor Leopoldo López. Ese gesto Maduro lo tradujo como que el exmandatario español “salió huyendo” al percatarse de que su viaje había sido un error.

Para esta estancia en el país sudamericano, González tuvo todo el apoyo del gobierno de Mariano Rajoy. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, aseguró que el expresidente tenía el respaldo pleno del gobierno para esa gestión y dispuso la embajada española en Venezuela para que pernoctara en ella.

El expresidente del gobierno español rechaza “las teorías conspiratorias” del presidente de Venezuela y equiparó sus críticas con las que en su día llevaron al dictador Francisco Franco a hablar de “una conspiración judeo-masónica y comunista contra España”.

“Si no fuera dramática la situación, sería ridícula”, dijo en una entrevista en la emisora colombiana W Radio, del Grupo Prisa, aliado de González en esta iniciativa.

Pronunciamientos incómodos

En abril pasado, en el marco de la Cumbre de las Américas, más de 20 expresidentes de Latinoamérica y España signaron la Declaración de Panamá, en la que denuncian la “alteración democrática” que vive Venezuela, abogan por la liberación de los presos políticos y la restitución de la autonomía de los poderes, de cara a las elecciones parlamentarias que se prevé se celebren este año.

Entre los firmantes estaban el mexicano Felipe Calderón y, aunque inicialmente por España sólo la firmaba el expresidente José María Aznar, de último momento se sumó Felipe González, siendo esta la primera vez que ambos coincidían en algo, luego de años de antagonismos en la política nacional e internacional.

En esa cumbre quedó claro que las estrecheces económicas de Venezuela ya no le permiten seguir siendo el generoso subsidiario petrolero de los países de la región, escenario en el que Washington se apresta a ofrecer alternativas energéticas a los países de la zona, restando el protagonismo para el gobierno de Maduro.

También en el mismo marco, organismos de derechos humanos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Transparencia Internacional y la Comisión Internacional de Juristas se pronunciaron para que Venezuela deje de hostigar a los defensores de los derechos humanos y pidieron a los países de la cumbre “exigir al gobierno de Nicolás Maduro que asegure que los defensores puedan realizar su labor sin temor a represalias”. Activistas que en el discurso de Maduro califica como la “comitiva de la CIA”.

La firma de González a esta declaración se produjo después de su viaje a Washington, donde participó en la entrega del premio a la democracia de la Fundación Nacional de la Democracia que otorgó a los presos López y Ledezma, galardón que recogieron sus esposas Lilian Tintori y Mitzy Capriles. Acto en el que también fue premiada la abogada y activista Tamara Sujú.

En ese marco el gobierno de Maduro anunció a la embajada española en Caracas que “no considera bienvenido” al expresidente.

En el mes de febrero también la ministra de Exteriores Delcy Rodríguez instó a su par español, José Manuel García-Margallo, a preocuparse por “los problemas sociales de su país, en lugar de rendirle pleitesía a la tiranía mediática a la que pretende doblegarnos”.

La ministra respondía así al llamado que hizo García-Margallo al gobierno venezolano para respetar la libertad de opinión y de prensa como principio “irrenunciable”.

Estas declaraciones tuvieron lugar cuando trascendió una reunión privada a la que fueron citados en Caracas los directivos de importantes empresas españolas, a las que representantes oficiosos de Maduro les pedían intervenir ante lo que consideraban una supuesta campaña de la prensa española en contra del gobierno venezolano.

En esa cita se les habría hecho patente una amenaza del gobierno de Venezuela con expropiar algunas de las empresas que operan en el país, en caso de continuar la presunta campaña de desprestigio. Algunos de los detalles se filtraron a la prensa española, que destapó la presión de la nación sudamericana ante las continuas publicaciones sobre el tema venezolano.

Otras políticas exteriores

Casi todos los medios de comunicación en España se sumaron para apoyar el papel de Felipe González en externar sus opiniones sobre Venezuela y su apoyo a las familias de los líderes opositores presos.

En medio de la efervescencia electoral que vive España, el tema de Venezuela está muy presente y, aún a estas alturas, se insiste en la vinculación de algunos líderes de Podemos, la fuerza política emergente de España, con el gobierno de Hugo Chávez, porque en su época cobraron estudios que realizaron para ese gobierno o para la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA).

Carlos Floriano, vocero del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, anunció su apoyo a Felipe González en el país sudamericano, porque está haciendo “un gran servicio a la democracia”.

Las únicas excepciones fueron Izquierda Unida y Juan Carlos Monederos, miembro destacado de Podemos, quien dijo que le “encantaría” que el expresidente también estuviera en China o en Egipto, “donde están asesinando a gente”.

En su crítica señaló que sería mejor que el exmandatario estuviera “en otros países donde están asesinando a gente con juicios falsos. Creo que sus razones para estar en Venezuela son otras de las que cuentan”.

Agregó: “Las minorías del piso de arriba han sido capaces de convencernos de que sus intereses son los intereses de la mayoría y de que estemos discutiendo acerca de lo que ha hecho un consejero de Gas Natural yendo a un país a 7 mil kilómetros de distancia”.

El líder de IU, Cayo Lara, criticó al expresidente por “su injerencia” en Venezuela y por considerar que éste cree estar aún en la “época colonial” y no respeta al Estado del país sudamericano.

“Creo que se le ha parado el reloj y se ha situado en el período colonial, pero ese tiempo ya ha pasado”, dijo Lara, quien criticó también que viaje a Venezuela “y no, por ejemplo, a México, donde han sido asesinados una veintena de candidatos a las elecciones al Congreso y locales”.

En su rueda de prensa en Madrid, González no quiso entrar a valorar las críticas a su activismo en Venezuela, pues señaló que prefería “contestar a Maduro antes que contestar a los monaguillos”.

Otra lectura en clave nacional sobre el viaje del expresidente socialista y el apoyo que obtuvo del gobierno de Mariano Rajoy, es que éste ofreció el protagonismo a Felipe González y no a José María Aznar, con quien el actual presidente mantiene claras diferencias.

El mismo domingo 7 que González aterrizó en Caracas, en Madrid el diario ‘La Razón’ publicó una amplia entrevista con el expresidente José María Aznar, en la que fue cuestionado sobre si tenía constancia de que Venezuela haya intentado exportar su “ideología populista” en España.

A ello respondió que “el populismo es un peligro para cualquier país porque desprecia el orden legal, pretende eliminar los contrapesos institucionales de la democracia liberal, enmascara los desastres que provoca, doblega la crítica, corrompe y degrada el espíritu público”.

La entrevista fue publicada en medio de las arduas negociaciones que los partidos políticos realizaban para conformar gobiernos municipales y de comunidades, en los que tienen un importante peso fuerzas emergentes como Podemos, a la que el PP y la prensa afín insisten en vincular a Venezuela.

Aznar aseguró que “cada vez es mayor la toma de conciencia acerca de los atropellos a las libertades individuales y los derechos fundamentales del régimen de Nicolás Maduro”.

Consideró más necesario que nunca que los demócratas de la región y del mundo unan esfuerzos para “exigir la inmediata puesta en libertad de los presos políticos en Venezuela”.

E insistió que “existe una política oficial dirigida a atemorizar e inhibir la expresión democrática de la sociedad venezolana, concertada entre el gobierno de Nicolás Maduro y el resto de los poderes del Estado, como explicamos en la Declaración de Panamá y ahora de nuevo en la de Caracas”, en el marco del Club de Madrid, a fines de abril, en la que entre las decenas de expresidentes firman los mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox.

Como una casualidad, el martes 9 que Felipe González visitaba a los familiares de los opositores venezolanos, en Madrid, la Audiencia Nacional tuvo que archivar la causa en la que se investigaba la muerte del camarógrafo de Telecinco, José Couso, en la guerra de Irak.

Aunque son hechos inconexos, puestos frente a frente dan una idea clara que mientras el expresidente –con el apoyo pleno del gobierno español– exige democracia en otro país, el caso de un camarógrafo español asesinado a manos de militares estadunidenses en suelo iraquí queda impune como consecuencia de la reforma a la Ley de Justicia Universal que modificó el PP.

El semanario Proceso publicó en febrero de 2014 un reportaje sobre las motivaciones políticas del gobierno de Rajoy para modificar la mencionada ley —que por años prestigió a la justicia española— con el propósito de ceder ante las presiones de China, Israel y Estados Unidos, indignados porque la justicia en España mantenía abiertas causas penales que afectaban directamente a militares y cargos públicos.

El gobierno español impulsó esa modificación legal para archivar causas penales contra dirigentes políticos y militares de China, de Israel y de Estados Unidos, en aras de suavizar sus relaciones diplomáticas con estas naciones. Casualmente, China es uno de los principales tenedores extranjeros de la deuda soberana española, es decir, en auxilio de España le ha comprado hasta 20% de su deuda, según lo reveló el ministro García-Margallo en una intervención en Televisión Española, en el verano de 2014.

Frente a ello, el juez Santiago Pedraz emitió su auto de archivo de la causa, tras 12 años de investigaciones en el sumario que mantenía procesados a tres militares del Ejército de Estados Unidos por los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, en concurso con delito de homicidio.

Pedraz explica en su auto que tras la reforma de la Ley de Jurisdicción Universal y sobre todo después de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Tíbet, no hay margen para continuar la investigación

El juez lamenta que los procesados no podrán ser buscados ni investigados en España ni en otros países, puesto que la nueva norma impide la persecución de cualquier crimen de guerra cometido contra un español, salvo en el muy remoto supuesto de que los presuntos criminales se hayan refugiado en España.

Sobre estos temas, ni González, ni el gobierno español, emitieron una sola opinión sobre esta otra política internacional de España. González sí se centró en Venezuela, y advirtió que Cuba ya no está cómoda con Maduro. “Incluso los Castro consideran al régimen (de Nicolás Maduro) un estorbo”, señaló.