Claroscuros de los comicios

"Los ganones". Cartón de Rocha

MÉXICO, D.F. (Proceso).- En las elecciones intermedias de 2015 el anhelo democrático se vio enturbiado por la ilegalidad y corrupción prevalecientes en los partidos políticos, sobre todo por la voracidad de la trinca PRI-PVEM-televisoras, aunada a la vacilante reacción de las autoridades electorales. Aún así, haber tenido una jornada comicial bien organizada y en relativa paz –a pesar de los actos de violencia y las amenazas de evitar por la fuerza la realización de los comicios en varios estados– representa un desenlace favorable en el lento e intrincado camino hacia una todavía muy distante democracia de calidad.

Destaco tres resultados sobresalientes de las elecciones: el triunfo del candidato independiente en Nuevo León, el ascenso de Morena, y la imposición de la mayoría absoluta del PRI, con la ayuda de sus aliados, en la Cámara de Diputados.

El repudio más claro a la partidocracia se dio en Nuevo León con la victoria de Jaime Rodríguez, El Bronco, primer gobernador independiente en la historia del país, quien obtuvo el 48.864% de los votos, el mayor porcentaje en la historia del estado y superior a la suma de los sufragios de los candidatos del PRI y el PAN. Jurídicamente, ello se debió a que las candidaturas independientes fueron incluidas en la reforma electoral de 2012, como resultado de la presión ejercida por los promotores del voto nulo en 2009. Tras haber sido un buen candidato, el reto es convertirse en un buen gobernante, cosa que no siempre ocurre. El golpe contra el bipartidismo neoleonés es un claro mensaje que debieran interpretar con autocrítica los partidos políticos nacionales, considerados corruptos por el 91% de los ciudadanos (Transparencia Internacional, 2013).

El caso de Rodríguez, así como los de Enrique Alfaro y Pedro Kumamoto, en Jalisco, demuestran que un buen candidato cercano a la ciudadanía, dotado de un sólido programa político y de una inteligente estrategia de comunicación, puede vencer a las estructuras anquilosadas de los partidos, que suelen escoger no a los aspirantes más capaces y honestos, sino a los más cercanos y maleables. Dado que ya no será posible registrar a ningún partido político para el proceso de 2018, las candidaturas independientes representan un elemento de frescura y esperanza ante un sistema de partidos que está muy lejos de cumplir con el mandato constitucional de ser entidades de interés público y organizaciones de ciudadanos. Por el contrario, sabemos que los partidos casi siempre funcionan como cárteles en busca del poder para beneficio de los dirigentes y camarillas que los integran. Será necesario garantizar la equidad a los candidatos independientes, asegurándoles el acceso a recursos del Estado y a medios de comunicación, además de regular con precisión el origen de los recursos privados.

El otro resultado que impactará la política nacional durante los próximos tres años, así como la sucesión presidencial, es la importante victoria de Morena al obtener el 8.37% de la votación para la Cámara de Diputados federal, colocándose como la cuarta fuerza política a nivel nacional, además de haber conseguido la mayoría en la Asamblea Legislativa y, por lo menos, siete delegaciones en el Distrito Federal. El triunfo de Morena es equivalente al derrumbe del PRD. Se profundiza la división de la izquierda y Andrés Manuel López Obrador afianza su candidatura hacia el 2018.

El PRI tiene prácticamente garantizada la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, algo que el electorado mexicano no otorgaba a ningún partido desde hace 18 años. Se trata de una representación inmerecida y riesgosa. ¿Cómo entender que vaya a disfrutar de esa mayoría un presidente con el nivel más bajo de popularidad del pasado reciente, involucrado en conflictos de interés no aclarados y con resultados negativos en casi todos los ámbitos de su administración? Parte de la respuesta es un electorado engañado por las triquiñuelas del Verde, avaladas por el gobierno y apoyadas por la manipulación de las televisoras donde se mal-informa más de tres cuartas partes de la ciudadanía. La supresión de la voz crítica de Carmen Aristegui en la radio, con un alto nivel de penetración y credibilidad, fue parte de la estrategia de censura velada.

De acuerdo con el PREP, el PRI obtuvo el 29.10% de los votos, el resultado más bajo desde la época de Roberto Madrazo. Sin embrago, con menos de una tercera parte de los sufragios emitidos por el 47% del electorado –a lo que habría que restar el 4.88% de los votos nulos–, es decir, con el apoyo expreso de sólo una sexta parte de la ciudadanía, el PRI obtendrá la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, misma que perdió en 1997. Ello significa una regresión que vulnerará a la ya de por sí endeble división de poderes y le dará al presidente y su partido un amplio margen para aprobar el presupuesto base cero anunciado para 2016, con toda la complejidad y riesgos que ello implica. Asimismo, podrá diseñar una ley reglamentaria del Sistema Nacional Anticorrupción a modo, que permita vulnerar la autonomía de la nueva institución, introducir ambigüedades o suavizar sanciones para quienes delincan a costa del erario. Adicionalmente, estará en posibilidad de satisfacer la demanda de su socio verde –con el apoyo de las televisoras– de comprar espacios en radio y televisión para las campañas políticas, lo cual representaría una inadmisible regresión. El presidente neoautoritario tendrá carta abierta para nombrar a quien presidirá la nueva Fiscalía General de la República, quitándole también a esa institución la autonomía indispensable para regenerar nuestro descompuesto sistema de justicia, que ocupa el sótano a nivel internacional de acuerdo con el más reciente informe del World Justice Project, correspondiente a 2015.

Dicha representación inmerecida será posible gracias a la alianza del partido del gobierno con su nuevo sector o apéndice, la franquicia verde, que obtuvo 7.06% de la votación, y con el Partido Nueva Alianza (3.74%), así como a la cláusula de sobrerrepresentación –introducida por presión de Enrique Peña Nieto, precisamente para facilitar la construcción de mayorías legislativas–, lo cual permite a un partido obtener hasta 8% más curules de las ganadas en las urnas.

Si el presidente Peña Nieto no aprovecha esa mayoría para reformar el sistema de justicia e instituir un verdadero estado de derecho en la segunda mitad de su mandato, perderá una oportunidad histórica para realmente transformar al país. Si opta por reforzar su vocación autoritaria en beneficio del reducido grupo que lo rodea, podría conducir a una escalada en los niveles de corrupción aprovechando los contratos multibillonarios que traerán las inversiones privadas, nacionales y extranjeras, en el sector energético, además de los tradicionales delitos de concusión (enriquecimiento ilícito) en los sectores de infraestructura, salud y educación. El ridículo protagonizado por los secretarios de Educación y Gobernación en sus reculadas “negociaciones” con la CNTE exhiben a un gabinete frágil y frívolo que no puede sostenerse sino a costa del desarrollo nacional.

Como sea, en el estrecho círculo presidencial no se ve nadie con posibilidades de triunfo en la elección presidencial de 2018.