Logran amparo de libertad Bryan y Jacqueline, acusados de robar 500 pesos a un policía

Bryan Reyes Rodríguez y Jacqueline Santana López, detenidos arbitrariamente por federales.
Foto: Tomada de Facebook

MÉXICO, D.F. (apro).- Siete meses tardó la justicia mexicana en reconocer que las acusaciones del Ministerio Público contra Bryan Reyes y Jacquelin Santana carecían de sustento: la juez novena de Distrito de Amparo en Materia Penal, María Catalina de la Rosa Ortega, otorgó hoy un amparo a los dos jóvenes para obtener su libertad.

Ambos “deberán pisar la calle la semana que viene, si es que el Ministerio Público no apela la decisión”, comentó el abogado Sergio Soto en entrevista con Apro.

El pasado 15 de noviembre, en medio de las repetidas manifestaciones en repudio a la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Bryan y Jaquelin –asiduos participantes en las marchas–, fueron “levantados” por policías vestidos de civil y posteriormente acusados de robar 500 pesos a una integrante de la División de Inteligencia de la Policía Federal.

Desde entonces, Bryan Reyes se encuentra detenido en el Reclusorio Varonil Norte y Jacquelin Santana en el Femenil de Santa Martha. Ambos están bajo auto de formal prisión por el delito de “robo agravado contra el legítimo ejercicio de la autoridad a través de la violencia moral”.

Testimonios absurdos

De salir libres Bryana y Jaquelin, se derrumbaría la causa penal 241/2014, la cual justificó su encarcelamiento con base en los testimonios falsos de la agente Lidia Zárate Herrera y sus colegas José Montiel González y Luis Alberto Castillo Gordillo, los tres integrantes de la División de Inteligencia de la Policía Federal, como lo reportó entonces esta agencia de noticias.

De acuerdo con lo que contó Zárate Herrera al Ministerio Público, aquel día a las tres de la tarde los agentes realizaban “labores de prevención del delito” frente a la delegación Venustiano Carranza. Al terminar de comer, sus dos compañeros se adelantaron unos ocho metros en la calle. Ella iba contando su dinero –un billete de 500 pesos– cuando Reyes y Santana llegaron con cuchillos “de cocina y de mesa” en la mano y le gritaron: “¡Presta el dinero pinche vieja!”. Le robaron el billete que traía en la mano derecha.

Y no sólo esto: bajo juramento de decir la verdad, Zárate Herrera aseveró que tras robarle el dinero, Jaquelin se tomó tiempo para acercarse a ella y la amenazó. “No la hagas de pedo si no quieres que te dé unos piquetes”, le dijo según el testimonio de la uniformada.

Cuando Castillo y Montiel, los colegas de Zárate, se dieron cuenta de que un músico y una estudiante –quienes solían vender hamburguesas vegetarianas– estaban asaltando a su compañera, intervinieron “con la fuerza necesaria”, sometieron a los jóvenes, les leyeron sus derechos constitucionales (sic) y los trasladaron ante el Ministerio Público para que se cumpliera la justicia.

Tan de acuerdo entre sí estuvieron Castillo y Montiel, que a 40 minutos de diferencia proporcionaron exactamente la misma declaración ante el Ministerio Público. Así, por ejemplo, sin cambiar ni una coma, y con el mismo error ortográfico en el medio, ambos declararon:

“BRYAN REYES RODRÍGUEZ en su mano derecha un cuchillo con mango envuelto con cinta de aislar color negro con la leyenda ‘Ilko desing (sic) stainless Steel’ y en la bolsa delantera del lado de izquierdo de su pantalón un billete de $500 y a JACQUELINE SANTANA LOPEZ le encontramos en su mano derecha un cuchillo con el mango envuelto de cinta canela”.

De hecho, el propio Castillo aseveró que durante el día se encontraba “en compañía de mis compañeros Lidia Zárate Herrera y Luis Alberto Castillo Gordillo”, es decir, él mismo.

Al juez interino Trigésimo Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales, Rafael Ángel Jiménez Abundez, no le llamó la atención encontrarse ante una probable declaración de “testigos sospechosos” –es decir, con idénticos términos– por parte de agentes federales.

El impartidor de justicia ignoró totalmente las versiones de los dos jóvenes, las cuales concordaban aunque fueron interrogados de manera separada.

Ambos afirmaron que habían sido levantados por un grupo de entre 10 y 15 personas vestidas de civil: ella fue subida a un taxi Tsuru; él, a un Chevy Monza de color plateado.

Pocos metros después de arrancar, los carros fueron detenidos por un agente de la policía del Distrito Federal, quien creyó que se trataba de un secuestro. Los ocupantes de los autos le dijeron: “Policía Federal, no te metas”.

En el Ministerio Público, Bryan Reyes apareció con equimosis y lesiones que “tardan en sanar menos de 15 días”, según el peritaje médico.

Ante los hechos, denunció tanto la “fabricación de un delito” como una “detención extrajudicial”. Afirmó que “los policías judiciales estuvieron preguntando sobre mi actividad política, insistiendo que yo era un anarquista y que había participado en los incidentes de Palacio Nacional”.

Reyes Rodríguez formó parte del grupo de jóvenes detenidos durante las protestas que estallaron durante la investidura de Enrique Peña Nieto como presidente de la República el 1 de diciembre de 2012.

Si bien la Dirección General de Operaciones e Infiltración de la Coordinación de Operaciones Encubiertas, parte de la División de Inteligencia de la Policía Federal confesó que los tres uniformados formaban parte de sus efectivos, afirmó que “los multicitados elementos no estaban comisionados” para investigar a los jóvenes.

El 21 de noviembre siguiente, la misma dependencia “filtró” una lista de presuntos vándalos a los medios de comunicación.

Bryan Reyes exigió al Ministerio Público tomar como prueba de lo dicho los videos de las cámaras de seguridad de la zona y le hizo notar la obvia falsedad de las declaraciones de los policías.

Jacquelin Santana narró la misma historia que la de Bryan, pero al juez no le pareció “procedente concederles valor probatorio alguno” a las versiones de los jóvenes, ya que “niegan los hechos de los cuales se les acusa, sin embargo se ubican en circunstancias de tiempo y lugar” y “no existe en la presente causa algún medio de prueba que se relacione directa y fehacientemente con sus dichos y que permita hasta este momento desvirtuar el dicho de la pasiva”.

El 22 de noviembre, el juez Jiménez firmó el acta de formal prisión y esta decisión fue confirmada el 15 de diciembre siguiente por el juez Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, Carlos López Cruz.

En febrero pasado, según la defensa de los jóvenes, “desapareció” de manera extraña de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) el billete de 500 pesos, supuesta prueba del robo. Además, no fue encontrada ninguna huella en los cuchillos registrados ante el Ministerio Público a las 9:40 de la noche del aquel 15 de noviembre.

Al conocer del caso, la jueza de amparo María Catalina de la Rosa Ortega, reconoció que la narrativa de los policías no correspondía con los videos de la cámara de seguridad que grabó la “detención” en el cruce de las avenidas Francisco del Paso Troncoso y Fray Servando Teresa de Mier a las horas indicadas.

Asimismo, de acuerdo con el abogado Sergio Soto, la jueza afirmó que la cadena de custodia de las pruebas –el billete y los cuchillos– no fue debidamente realizada y que Zárate Herrera no podía realizar “funciones propias de su cargo” en el lugar del “asalto”, debido a que los policías federales sólo pueden operar en zonas federales.

Por lo anterior, decidió que el cuerpo del delito de robo “no se encuentra comprobado” y llamó a los tribunales a dejar insubsistente el acta de formal prisión.

Detenciones arbitrarias

La detención de Bryan Reyes y Jaquelin Santana ocurrió en el contexto de múltiples detenciones arbitrarias en las principales calles de la Ciudad de México, donde miles se manifestaron en contra de la desaparición de los 43 normalistas los días 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, con la demanda “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

El 8 de noviembre de 2014, al llegar al Zócalo capitalino, una manifestación pacífica en solidaridad con los padres de los estudiantes desaparecidos terminó en hechos delictivos:

Un grupo de encapuchados golpeó e incendió la puerta principal del Palacio Nacional, lo que provocó el violento desalojo de la Plaza de la Constitución por miles de granaderos.

Con cascos, escudos y toletes, los uniformados detuvieron de manera arbitraria a 18 personas y las transfirieron a la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), instancia encargada de investigar a las redes de crimen organizado, entre otros delitos. Todos salieron libres la noche siguiente por falta de pruebas.

Días después, el 20 de noviembre –a cinco días de la detención de Bryan y Jacquelin–, hubo otra marcha que terminó, de nuevo, en un desalojo violento del Zócalo capitalino, cuando aún humeaba el esqueleto quemado de un muñeco colosal del presidente Enrique Peña Nieto.

Los granaderos detuvieron a 11 personas de manera arbitraria, a quienes trasladaron a la SEIDO y posteriormente a penales de máxima seguridad en Nayarit y en Veracruz.

Con una copia de la averiguación previa, Proceso reportó en ese momento que la PGR justificó el traslado de los detenidos a los reclusorios con base a las declaraciones incoherentes –falsas, pues– de algunos granaderos.

Luego de manifestaciones sociales que demandaron la libertad de los 11 detenidos, éstos fueron liberados una semana después, ante la “ausencia de pruebas” en su contra.

El 28 de noviembre Sandino Bucio, otro estudiante activo durante las marchas, fue “levantado” a plena luz del día y la zona de Copilco, por policías vestidos de civil.

Sin embargo, como la “detención” fue grabada por gente que pasaba por el lugar, de inmediato el video apareció en YouTube y generó presión sobre las autoridades. El joven fue liberado esa misma noche.