Sedena deberá entregar partes militares de matanza en Tlatlaya

La bodega en Tlatlaya donde militares ejecutaron a civiles.
Foto: Miguel Dimayuga

MÉXICO, D.F. (apro).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá entregar ahora versiones públicas de los partes militares de los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, donde al menos 12 personas fueron ejecutadas por militares.

La instrucción se da dos días después de que el pleno del INAI rechazó –por cuatro votos contra tres— pedir la apertura de la averiguación previa realizada por la Procuraduría Militar en el caso Tlatlaya y sólo se limitó a reducir de 12 a dos años la reserva invocada por la Sedena.

Este viernes, el órgano de transparencia informó que resolvió otro recurso de revisión en el que ordena a la dependencia militar entregar versiones públicas de los siguientes partes informativos: Del comandante a cargo de los soldados que participaron en los hechos de Tlatlaya; del superior jerárquico que era encargado de estos soldados; y del comandante de la 22 Zona Militar a su superior jerárquico.

En su respuesta inicial, la Sedena indicó a la requirente que no existían tales partes militares y la orientó a presentar su solicitud a las procuradurías General de la República (PGR) y de Justicia del Estado de México (PGJEM), así como consultar boletines de prensa emitidos por la misma Secretaría, sobre el caso Tlatlaya.

Posteriormente, en respuesta ampliada, reconoció la existencia de los partes, pero indicó que estaban clasificados como reservados por estar integrados a una causa penal, en periodo de instrucción, en el Juzgado Sexto Militar por delitos y faltas contra la disciplina militar, “que no constituyen violaciones graves a los derechos humanos”. El mismo argumento que esgrimió para no abrir la averiguación previa de la Procuraduría Militar.

Inconforme con la respuesta, la solicitante interpuso recurso de revisión, turnado a la ponencia del comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford, quien propuso modificar la respuesta de la Sedena, debido que los partes militares requeridos “fueron preexistentes a las diligencias” en el juzgado militar.

Además, sostuvo, “la difusión de los partes informativos no causan un serio perjuicio a la impartición de justicia; tampoco afectan las estrategias en procesos judiciales o administrativos, ni, mucho menos, constituyen expedientes judiciales o de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio pendientes de causar estado”.

Dicha información, abundó, no es susceptible de clasificarse como reservada porque “su contenido da cuenta del ejercicio de las funciones sustantivas del ahora sujeto recurrido respecto de un acontecimiento relevante en materia de Derechos Humanos, donde hubieron decesos por causa de un enfrentamiento entre el personal militar y un grupo de delincuentes en el municipio de Tlatlaya, México, el 30 de junio de 2014”.

Por ello propuso al pleno del INAI modificar la respuesta de la Sedena e instruirle a proporcionar los partes informativos solicitados en versión pública, es decir que deberá omitir los datos personales que se incluyan en los mismos.