Juicio por feminicidio implica a narcos, policías y soldados

Familiares de mujeres desaparecidas en el Arroyo del Navajo, Ciudad Juárez.
Foto: Ricardo Ruíz
Pese a la conmoción que causaron hace años los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, apenas en abril pasado se abrió el primer juicio por ese delito en la entidad. Se acusa a 11 personas por el secuestro y asesinato de igual número de mujeres de entre 15 y 20 años, con casos bien documentados. Los testimonios de algunos delincuentes y de sus víctimas que sobrevivieron pueden hundir a los asesinos. Sin embargo, también ofrecen evidencia de la corrupción que corroe a las corporaciones policiacas e incluso a militares.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- “A la edad de ocho años me fui a vivir con mi tío Poncho –actualmente usa el nombre de Raúl Ramírez–, no sé cuál es su verdadero nombre. Tiene varios años de pertenecer a La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez. Su función es levantar muchachas en el centro de Juárez, a mí me utilizaba como carnada frente al mercado Reforma o en el Cuauhtémoc. ‘Trabajé’ con él tres años”, narra Luis Jesús Ramírez Loera. Entonces le decían El León.

Continúa: “Mi tío me señalaba a la muchacha a la que quería que me acercara con el pretexto de que me cambiara un billete, o que pareciera que andaba solo para darles lástima. Cuando estaba con ella le decía que andaba perdido, que me llevaran atrás del mercado o a una tienda de nombre Econotienda, en la calle Mina. Cuando ya las tenía allí, mi tío y su gente las abordaban, las amenazaba con dañar a sus familiares y las trasladaban al hotel Verde. Algunas las vendían a los soldados que están en Chihuahua y a narcotraficantes foráneos; a otras las prostituían en el centro de Juárez o en otros estados”.

Su narración, junto a testimonios de víctimas sobrevivientes y de integrantes de la organización que levantaron y prostituyeron jóvenes para después matarlas, dejó al descubierto que esa red delictiva no sólo gozaba de la protección de soldados y policías, tanto municipales como federales (Proceso 2012), sino que también opera en los Centros de Readaptación Social (Ceresos).

También puso en evidencia que el periódico local PM es el medio que utilizan las redes de trata para ofrecer servicios sexuales en locales establecidos o a domicilio. Todos los que anuncian una “sala” en este impreso reciben la llamada de una persona que los obliga a pagar una “cuota” por dejarlo “operar”, según se indica en varias declaraciones reunidas en el expediente de más de 70 mil fojas…

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2017 de la revista Proceso, ya en circulación.