Un homicidio con múltiples interrogantes

El homicidio del delegado del ISSSTE, Javier Galván, detonó las preguntas sobre la gestión de Aristóteles Sandoval y sus colaboradores. Columnistas y académicos se preguntan por qué en Jalisco la violencia afecta de manera directa a colaboradores cercanos al mandatario priista, y siembran dudas sobre la presunta participación del narco en el proceso electoral, donde el PRI fue el gran perdedor. Hablan también de la necesidad de cambios de fondo en el gabinete estatal, mientras las autoridades que investigan el caso Galván siguen despistadas.

El homicidio del delegado del ISSSTE, Javier Galván Guerrero, causó confusión entre la gente e incertidumbre en las autoridades estatales y federales que hasta ahora sólo investigan una pista: la presunta disputa del funcionario con el particular José Luis Barajas Fernández por la propiedad de la residencia de la calle Luis Pérez Verdía número 20, en la colonia Ladrón de Guevara, donde vivía el funcionario.

El presunto enredo se inició en agosto de 2012, cuando Barajas Fernández intentó poner el inmueble a nombre de su hijo y “se percató de que había un aviso cautelar de compraventa firmado en una notaría del Estado de México”, según informó el periódico Mural el pasado 10 de mayo.

Al descubrir que se habían utilizado pasaportes apócrifos de él y su esposa y se le había dado poder sobre la propiedad a un general llamado Óscar Aréchiga Quintero, Barajas reportó el fraude. La anotación fue cancelada en aquella entidad en octubre de 2012, añadió Mural.

Poco después Barajas se dispuso a hacer el aviso cautelar de la cesión de la residencia a su hijo en la notaría 25 de Guadalajara, a cargo de María de Lourdes Chanes Reynoso. Sólo que la anotación preventiva fue cancelada con un documento en el que se falsificaron el sello y la firma de la fedataria. Finalmente, en noviembre de ese mismo año, se concretó la presunta compraventa.

“Supuesta suplantación de identidad, falsificación de pasaportes, adulteración de sellos y firmas de una notaría, así como una orden judicial desacatada aparecen en la trama del despojo”, destacó Mural en su nota.

Entrevistado sobre el asesinato de Galván Guerrero, el regidor de Movimiento Ciudadano en Guadalajara, Salvador Caro Cabrera, asegura que la delincuencia tocó las entrañas del PRI Jalisco desde 2011.

Exmilitante de ese partido, Caro Cabrera declina hablar sobre Galván, de quien fue compañero cuando ambos fueron diputados y militaban en el PRI, aunque se muestra escéptico sobre la versión oficial de la disputa por una finca.

El fiscal central Rafael Castellanos sólo habló de una casa –la de la calle Luis Pérez Verdía– en litigio como una de las principales líneas de investigación, cuyo verdadero dueño es José Luis Barajas Fernández, según informó Mural el pasado 10 de mayo.

Tres días después del asesinato de Galván, un priista de la Ciudad de México, Emilio Serrano Jiménez, ocupó la delegación del ISSSTE sin que Sandoval Díaz pudiera hacer nada.

Ese movimiento orquestado desde el centro no es el primero. Mes y medio antes de los comicios del domingo 7, las autoridades federales decidieron la salida de José Manuel Carrillo de la delegación de Gobernación y nombraron a Juan Molina Arévalo, un priista mexiquense cercano al presidente Enrique Peña Nieto.

En esa ocasión, los medios locales informaron que Molina Arévalo suele ser enviado a las entidades con “problemas de gobernabilidad”. Contrario a Carrillo, quien mantenía un bajo perfil, Molina no se apega a ese protocolo, como lo mostró el viernes 19, al acompañar al secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, cuando confirmó en rueda de prensa la muerte de Galván y anunció que la investigación correría a cargo de la PGR.

El mensaje de López Lara duró dos minutos y lo emitió en el momento en que el joven Sergio Miguel Martín Castellanos ratificaba su denuncia contra Roberto López Rivera, La Parca, hijo del secretario de Gobierno, por un supuesto intento de homicidio ocurrido el pasado 25 de abril.

La madre del muchacho agredido, Patricia Castellanos, ha enfrentado desde hace tres semanas amenazas en su contra por la denuncia promovida contra La Parca. Ella dice que le advirtieron que “pueden levantarla o sembrarle algo para que se ponga en paz”.

Las otras pistas

Los posibles móviles en torno a la muerte de Galván Guerrero, exalcalde de Autlán y expresidente estatal del PRI, apuntan hacia otros lados y salpican a la clase política de la entidad. Los detractores de Galván en ese municipio sostienen que durante las campañas electorales recientes él desvió 5 mil despensas del ISSSTE para apoyar a su chofer y protegido Fabricio Corona Vizcarra, quien fue postulado por el PRI a la presidencia municipal.

Según comentan a los reporteros, Galván Guerrero fue pupilo de Javier García Paniagua y contemporáneo de su hijo Javier García Morales. Comenzó a enriquecerse, aseguran, cuanto estuvo al frente del ayuntamiento de Autlán (1998-2000), incluso compró varias propiedades en ese municipio, en la capital y en Puerto Vallarta.

Durante su gestión como alcalde, Galván se destacó por la compraventa de candidaturas municipales y diputaciones estatales y federales para favorecer a su partido, el PRI. Ya como delegado del ISSSTE, cargo que asumió en mayo de 2013, fue señalado por el tráfico de plazas y el acomodo de amigos, compadres y parientes en distintos puestos.

Poco antes de su muerte, Galván fue acusado por empleados del ISSSTE de apropiarse una camioneta Mercedes Benz Printer placas JDH-4911 adscrita a la dependencia, cuyo valor estimado era cercano al millón de pesos, y ponerla a nombre de su sobrino Érick Ricardo Ruiz Galván. El vehículo, según los quejosos, apareció en la campaña de Corona Vizcarra aunque con otro número de placa: la JLS-4721.

Con el de Galván, los homicidios de servidores públicos registrados durante la administración de Aristóteles Sandoval Díaz suman 108, e incluyen a por lo menos tres funcionarios de alto nivel ligados a él, así como otros de distintos niveles y policías.

El primero fue el de José de Jesús Gallegos Álvarez, secretario de Turismo, ejecutado por presuntos sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación el 9 de marzo de 2013, a ocho días del arribo de Sandoval a Casa Jalisco. Meses después, el 27 de julio, fue tiroteado en Nextipac, municipio de Zapopan, Jaime Navarro Martínez, uno de los operadores de la campaña de Sandoval y excompañero suyo en la Federación de Estudiantes Universitarios.

Otro asesinado fue el diputado federal por el Distrito XVIII, Gabriel Gómez Michel. Él y su chofer fueron ultimados el 22 de septiembre de 2014. Nunca se supo cuál fue el móvil; algunos dijeron que por presuntos nexos con el crimen organizado; otros, que el legislador fue callado por denunciar presuntos hechos relacionados con el crimen organizado.

En su columna “Puntos y contrapuntos”, publicada en Mural el domingo 21, Pedro Mellado aludió a las muertes de Gallegos, Gómez Michel y Galván:

“La pregunta es obligada: ¿No sería acaso razonable investigar si los tres crímenes contra políticos, que impactaron a la sociedad de Jalisco en los tres recientes años, pudieran estar relacionados y que detrás de ellos estuviera la misma mala sombra? ¿Tendrían esas muertes algún significado especial o algún mensaje cifrado?”

Otro crimen fue el del empresario Antonio Diocleciano Molina de la Puente, uno de los “mecenas” de la campaña de Sandoval Díaz en 2012, quien se perfilaba para sustituir a Luis Carlos Nájera en la Fiscalía General del estado. El pasado 26 de abril Molina y su amigo Luis Cortés Villaseñor, un empresario del ramo inmobiliario presuntamente implicado en lavado de dinero, fueron acribillados cuando regresaban a Guadalajara. Venían de Zacatecas, donde fueron de cacería (Proceso Jalisco 547).

En su columna “En tres patadas” del lunes 22 en El Informador, Diego Petersen escribió que la violencia tiene una característica singular en la entidad, pues afecta de manera directa a la clase política.

“El grupo de Javier Galván, conocido como el grupo de Los Javieres, fue muy cercano al abogado asesinado a fines de abril en Zacatecas, Antonio Molina, quien estuvo inscrito como candidato a síndico en Zapopan en la planilla de Héctor Vielma por este grupo político y posteriormente sustituido… El que dos personajes vinculados políticamente hayan sido ejecutados en un periodo tan corto, ¿no amerita una línea de investigación?”

Hace dos años, el 30 de junio, el diario Mural publicó que Jaime Navarro había sido un personaje muy cercano al magistrado Leonel Sandoval Figueroa, padre del gobernador Aristóteles: “En el año 2003, Navarro Martínez fue secuestrado y luego liberado por agentes antisecuestros. Sus captores fueron detenidos y condenados en 2010”.

Los rumores

Al cierre de edición, algunos colaboradores de Sandoval Díaz comenzaron a hablar de la posible remoción de Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco como fiscal general. Según esa versión extraoficial, el cargo sería ocupado por Juan Martín Godoy Castro –hijo de Alonso Godoy Pelayo, titular de la Auditoría Superior del Estado–, quien fue procurador en Michoacán durante la estancia del comisionado presidencial Alfredo Castillo Cervantes.

Algunos reporteros trataban de indagar también si era cierta la versión de que Felicitas Velázquez, identificada con el senador priista Arturo Zamora, saldría de la Procuraduría Social.

Hay gran hermetismo en el gobierno estatal, sobre todo a raíz de la captura de Rubén Oseguera González, El Menchito, la madrugada del martes 23 en un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la colonia Altamira, en Zapopan.

Considerado el segundo hombre más importante del Cártel de Jalisco Nueva Generación, liderado por su padre, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, Oseguera González es acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y secuestro. Su captura se dio sin avisar a la autoridad estatal.

Oseguera González había sido capturado por elementos de la Sedena el 30 de enero de 2014 junto con otras cuatro personas en la colonia Patria Universidad. En esa ocasión se le aseguraron 16 millones de pesos, así como 13 armas de diferente calibre, mil cartuchos y una granada de fragmentación. No obstante, el 25 de diciembre del mismo año quedó en libertad porque, según las autoridades, los cargos que se le imputaban carecían de sustento legal.

El martes 23 por la tarde, el comisionado de Seguridad Nacional, Monte Alejandro Rubido, destacó que Oseguera González fue detenido con su cuñado Alberto Castillo Rodríguez en un operativo militar en el que también participaron elementos de la Policía Federal.

Ambos estaban en la finca número 18 del coto privado Villazul de la calle Esparta 250, donde la golfista Lorena Ochoa y empresarios de la firma Caterpillar tienen sus departamentos, según informó el diario Reporte Índigo.

Entrevistado sobre los cuestionamientos a Sandoval Díaz, la violencia de las últimas semanas y la caída del PRI en los comicios del domingo 7, Fernando Espinoza de los Monteros, catedrático de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, comenta que el gobernador ha dado malos resultados; y en materia de seguridad pública, dice, ha permitido el cacicazgo de Nájera Gutiérrez.

Hoy, Sandoval parece acorralado. Ante el asesinato de Galván es posible que haga cambios de fondo en su gabinete, aunque no debe descartarse que sea el gobierno federal el que los realice, ante la sospecha de financiamiento a las campañas políticas con presunto dinero sucio que manchó al PRI y a otros partidos. l