España condecora a Peña y guarda silencio sobre Ayotzinapa

Peña y Rivera. Condecoración en España.
Foto: Miguel Dimayuga

MADRID (apro).- Transcurridos nueve meses desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el 26 de septiembre pasado, ninguna instancia gubernamental o partido político en España ha hecho el más mínimo pronunciamiento sobre el caso, ni el más mínimo posicionamiento ante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Por el contrario, en el mismo periodo desde esos trágicos hechos, España sólo se ha dedicado a otorgar sus más altos galardones a los miembros del gobierno de México. Así, aprobó conceder al presidente Peña Nieto el Collar de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, y la Gran Cruz de la misma orden a su esposa Angélica Rivera; otra condecoración oficial recibirá en breve el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Monte Alejandro Rubido.

El 1 octubre pasado, cinco días después de la desaparición de estudiantes, le fue otorgada la Medalla de Plata en grado honorífico al comisionado de la Policía Federal, Francisco Enrique Galindo, quien viajó a España acompañado del mariachi de su institución. En una sesión casi secreta, el 5 de mayo, Ignacio Cosidó, director de la Policía Nacional española, impuso la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco a la agregada legal de la PGR para Europa, Érica Cervantes, en una ceremonia que tuvo lugar la víspera de que llegara a Madrid la Euro-Caravana por los 43 estudiantes desaparecidos.

A su vez, el gobierno de Portugal autorizó concederle una de sus más altas distinciones al exprocurador Jesús Murillo Karam, primer responsable de la fallida investigación sobre el caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero.

Carta al Rey Felipe VI

En entrevista con Apro, Esteban Beltrán, director general de Amnistía Internacional-España (AI), califica este silencio de España como el “más brutal y vergonzante”.

Aprovechando la visita de Estado del rey Felipe VI a México, AI-España hizo llegar una carta al monarca en la que le pide interceder ante las autoridades mexicanas por los estudiantes desaparecidos, además de promover la liberación de Adrián Vázquez y Yesenia Armenta Graciano, ambos presos e inculpados mediante tortura.

La misiva pide también que el rey interceda para que se cumplan las recomendaciones del relator especial contra la tortura, se investigue el paradero de los migrantes centroamericanos desaparecidos y se apliquen los mecanismos de protección a defensores de derechos humanos y periodistas.

En el caso de Ayotzinapa, le pide interesarse por “las medidas efectivas para determinar el paradero de los 42 estudiantes de Ayotzinapa que continúan desaparecidos”, debido a que sólo un cadáver fue identificado.

Le demanda que “preste su pleno apoyo al grupo de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), garantizando que pueda llevar a cabo su revisión sin obstáculos y comprometiéndose públicamente a cumplir sus recomendaciones”.

Amnistía Internacional solicita a Felipe VI que interceda para que se lleva a cabo una “investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre todas las violaciones de derechos humanos cometidas en este caso, y que se haga comparecer a los responsables ante la justicia”.

En la entrevista con este medio, Esteban Beltrán critica que en la relación bilateral España y México centren “sus prioridades” sólo en “los temas comerciales” y la cooperación en el renglón de seguridad.

“Ese brutal y vergonzante silencio en la desaparición forzada de los estudiantes a manos del propio Estado mexicano, es un claro ejemplo de que los intereses económicos de corto plazo ignoran las graves violaciones a los derechos humanos en México”, acusa.

Complicidades

Román Hernández, miembro del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, uno de los tres integrantes de la Caravana que visitó Madrid y otras 16 ciudades europeas entre abril y mayo, dice en entrevista que en este viaje “hemos detectado que los gobiernos de la Unión Europea, como Francia, España y Portugal, están enfocados en galardonar o dar menciones honoríficas a funcionarios mexicanos, en especial a Peña Nieto, lo cual interpretamos como un acto de franca complicidad con las violaciones de los derechos humanos que se cometen en el país”.

“Es contradictorio que países que se presentan como la avanzada democrática del mundo, que presumen de las garantías sociales que dan a sus habitantes, hagan mutis y estén ayudando al Estado mexicano a limpiar su rostro manchado de sangre, a limpiar su imagen internacional en aras de fomentar las inversiones privadas de estos países en México”, dice.

No obstante, consideró alentador que las organizaciones civiles con las que se reunieron en su periplo europeo “ya se están manifestando en contra de esa complicidad de sus gobiernos con México. Actualmente en Francia existe una campaña para exigir a Francois Hollande que retire la invitación especial que hizo a Peña Nieto para asistir a la conmemoración de la revolución francesa el 14 de julio próximo”.

“Para nosotros es alentador que la sociedad civil europea esté tomando conciencia de la gravedad de los hechos que se viven en México, como el caso de Ayotzinapa, que esté dispuesta a denunciarlo aquí y se dé cuenta que tiene que exigir a sus gobiernos que dejen de ser cómplices de México y que exijan revisar su agenda bilateral en materia de derechos humanos por encima de la referente a las inversiones privadas”, apuntó.

La Caravana aclaró en todo momento que no tenía intención de reunirse con ninguna autoridad, ni española ni mexicana, sino con los organismos de la sociedad civil, con quienes enfocaron su agenda.

Sin embargo, sí fueron “monitoreados” por Juan Manuel Sánchez, titular del Cisen para Europa que, como en otras ocasiones, fotografió a los manifestantes. Los corresponsales mexicanos lo pudieron detectar, a unos 50 metros de la embajada mexicana, con una gorra para tratar de pasar desapercibido.

“No se debe ignorar”

En la entrevista con Apro, Beltrán, de Amnistía Internacional, dice que es muy grave el nivel de complicidad de los gobiernos europeos, como el español, porque “no es algo que en el terreno de las relaciones diplomáticas puedas o debas ignorar”.

“No se puede dejar de lado que la investigación gubernamental sobre la desaparición de los 43 normalistas adolece de los estándares internacionales; no se puede negar que la policía participó en la comisión de esa desaparición; que hay indicios de la participación de otras fuerzas del Estado en la desaparición de los jóvenes estudiantes; que los familiares de las víctimas no se fían de las prácticas forenses del Estado, por lo tanto, México no debería ser ignorado en materia de derechos humanos por parte del gobierno español o cualquier otro país europeo”, dice.

“No es ético ni democrático” mantener ese “brutal silencio” y que la política exterior de España ignore esas “graves violaciones de los derechos humanos del Estado mexicano, porque eso a la larga daña las relaciones bilaterales y las propias inversiones, que es el tema prioritario para los gobiernos”.

El responsable de AI en España denuncia que en los últimos años “la relación bilateral dio pasos atrás en la discusión de los derechos humanos”.

“Existe un retroceso en años recientes, porque antes existía un espacio común de discusión sobre temas de derechos humanos, tanto mexicanos y españoles, pero convenientemente ese espacio se eliminó precisamente cuando más se agrava la situación en México”.

“España mantiene silencio a pesar de que no sólo el narcotráfico o los grupos irregulares abusan de los derechos humanos. Muchos de los sucesos a gran escala registrados y documentados son perpetrados por parte del gobierno mexicano. ¿Y en España?—se pregunta y responde— … silencio sepulcral”.

Amnistía Internacional, recuerda, presentó en febrero su informe anual, que llamaron “el libro negro”, “porque 2014 fue un año negro para los derechos humanos en el mundo”.

En el apartado sobre México este informe confirma sus dichos, porque se documentaron “abundantes” desapariciones forzadas, tema en el que el gobierno peñista incurre en “declaraciones contradictorias” y nunca ofreció información sobre la metodología para arribar a la cifra de 22 mil 611desaparecidos hasta agosto pasado.

El informe critica la respuesta gubernamental al caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala, al caso Tlatlaya y a la versión oficial que pretende minimizar los homicidios violentos. Existe un apartado sobre la tortura generalizada por parte de la policía, otro sobre sistema de justicia, sobre ataques y amenazas contra defensores de derechos humanos y periodistas.

En opinión de este activista, España y México tienen una ventaja por su estrecha relación bilateral. “Se podría entender que como gobiernos aliados les sea más fácil hablar de un tema incómodo como los derechos humanos”.

Lamentó que mejor el Parlamento alemán o el Europarlamento, en Bruselas, discutan el tema de Iguala, antes que España, donde se presume que existe una gran relación con México. “Lamentamos profundamente que aquí estos casos, el caso Ayotzinapa, sean temas ausentes de la agenda bilateral.

Y cuando se abordó el tema fue para dar el espaldarazo al gobierno de México. Como lo hizo la socialista española Elena Valenciano, presidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento europeo, quien el 2 de diciembre aseguró que el gobierno mexicano “está haciendo todo lo que puede para aclarar la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa”.

En una declaración a la agencia de noticias EFE, Valenciano dijo que el gobierno de Peña Nieto “ha puesto muchos recursos en la investigación de los hechos, ha detenido a 73 personas, ha traído a equipos forenses prácticamente de todo el mundo, ha convocado a la OEA para que esté encima de ello, a las Naciones Unidas”. Su declaración indignó y en las redes sociales fue duramente criticada.

El líder de Podemos, el eurodiputado Pablo Iglesias, se hizo una fotografía de apoyo a la presentación de los 43 estudiantes, acompañando a un grupo de manifestantes en Bruselas.

La marca España

Luego de Estados Unidos, España es el mayor inversor en México y, a nivel de la Unión Europea, ocupa el primer sitio, según datos de la Secretaría de Economía en México, que registró en 2014 una Inversión Extranjera Directa (IED) de 22 mil 568 millones de dólares, de los cuales poco más de 4 mil millones son inversión española.

En México operan más de 5 mil empresas de origen español.

Esta es en buena medida la razón por la que “el tema comercial sea una de las prioridades, sobre todo en plena crisis económica en España”, dice en entrevista Pedro Ramiro, coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).

En su más reciente libro Marca España. ¿A quién beneficia? (Icaria Editorial, 2014), sostiene que con el impulso de esta doctrina económica, la Marca España –que Peña Nieto ya copió como Marca País—, el gobierno español busca crear un relato de “la recuperación” ante la crisis, donde las empresas españolas son las protagonistas de esa narrativa que mezcla la “parafernalia de ser español” con una doctrina basada en “la expansión internacional de los negocios, donde las grandes beneficiarias son las élites empresariales”.

En entrevista, Ramiro sostiene que los derechos humanos no son un tema de atención en la política exterior española, porque existe un criterio empresarial de lo que conoce como la seguridad jurídica de las inversiones.

“Cuando España se refiere a la internacionalización de sus empresas, se habla de la seguridad jurídica, es como un mantra a la hora de justificar los contratos de estas compañías, y se convierte en una prioridad de gobierno para blindar la seguridad jurídica de los contratos de esas empresas”.

“Entienden el concepto de seguridad jurídica –puntualiza— como el derecho de las empresas por encima de cualquier cosa. Pero si abrimos el prisma y le damos el sentido más amplio al término, entonces México no sería un ejemplo de seguridad jurídica como hoy se repite, sino todo lo contrario, un país cuyo gobierno incurre en violaciones constantes a los derechos humanos. Y en muchos casos con corresponsabilidad directa o indirecta de grandes multinacionales”.

“Por eso el silencio de España ante las violaciones graves a los derechos humanos, como el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, reduce el concepto a un asunto meramente comercial”, acusa el coordinador de OMAL.

Por último, advierte que “los países latinoamericanos que más defienden esa idea de la seguridad jurídica son “los que tienen los gobiernos más neoliberales y los que siguen esta misma doctrina económica, especialmente México, Colombia, Chile o Perú, estoy hablando de los países que forman la Alianza del Pacífico, pero no sólo éstos”.