Exige el PT auditar base de datos de comicios del 7 de junio

Pedro Vázquez y Francisco Gárate en el INE.
Foto: Octavio Gómez

MÉXICO, D.F. (apro).- El coordinador nacional del PT, Alberto Anaya, y el representante de este partido ante el INE, Pedro Vázquez, acompañados de legisladores petistas, denunciaron irregularidades en la base de datos utilizada para el conteo de votos de los comicios del 7 de junio, por lo que exigieron auditar el sistema de cómputo para “limpiar” el proceso electoral federal.

En rueda de prensa, Vázquez recordó que el INE admitió públicamente la existencia de dos bases de datos de los conteos distritales, una pública y otra exclusiva para los consejeros, pero al hacer el comparativo de ambas encontraron información adicional sobre incidencias en las casillas y diferencias en la hora de instalación y cierre de las mismas.

Además, detectaron el registro de funcionarios emergentes que ese día fueron enrolados de la fila frente a las casillas porque los elegidos y capacitados previamente no se presentaron a su labor.

“Al escuchar que se han encontrado irregularidades en la base de datos pública, decidimos ver si sucedía lo mismo en la base de trabajo. Para ello entramos a la información disponible en la Intranet del INE y encontramos que hay dos formas de observar la información de los cómputos distritales”.

Una de ellas, señaló, es “obtener la información mediante el Sistema de Generación de Bases de Datos, en donde se puede bajar la información de todas las casillas del país”.

Y la usada para verificar los datos fue la última disponible con fecha del 15 de junio a las 21:07 horas. Por ello, compararon si existía información distinta en las dos bases de datos, pero detectaron que se cuenta con la misma información: 39 millones 723 mil 480 votos de mayoría relativa, de los cuales un millón 105 mil 384 son del PT, más 51 mil 241 de la coalición con el PRD y deben dividirlos.

Sin embargo, “la información obtenida por medio del Sistema de Generación de Bases de Datos nos arroja resultados diferentes. El total de votos de mayoría relativa es de 39 millones 708 mil 178 votos”, es decir; 15 mil 302 votos de diferencia.

Es por ello que los petistas denuncian que les restaron 37 mil 37 votos, ante lo cual el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, avaló que se hiciera una auditoría al sistema pero, afirmó el diputado Oscar González Yáñez, ésta no se ha realizado.

Las irregularidades encontradas, prosiguió Vázquez, fueron casillas sin el dato de boletas sobrantes, casillas que reportan cero boletas sobrantes, más votos que personas registradas en la lista nominal, lista nominal mayor a 750 personas, lo que prohíbe la ley electoral, y no existe el dato sobre el número de ciudadanos que acudieron a votar y tampoco existe información sobre el número de boletas extraídas.

Anaya comentó que hubo una “caída del sistema” en esa elección durante más de media hora, a las cuatro de la mañana del lunes 8 de junio, lo que provocó que hubiera un “reacomodo” de las cifras de votos de todos los partidos “para favorecer a los partidos oficiales”.

González Yáñez confió en que mantendrán el registro y cuestionó al INE sobre sus motivos para no realizar la auditoría a las bases de datos para darle certeza y legalidad al proceso antes de intervenir financieramente al partido.

“No queremos abonar a la descalificación del INE porque se descalifica por sí mismo”, señaló.

Luego comentó que han impugnado más de cien distritos en cinco salas regionales en todo el país; además, anunciaron que este jueves 2 de julio, a las cinco de la tarde, tomarán de manera simbólica todas las sedes regionales de los estados “por la falta de claridad y certeza” en el proceso electoral organizado por el INE.

Tribunal Electoral da luz verde a interventor

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó por unanimidad el recurso de apelación interpuesto por el PT para impugnar la designación de un interventor, quien se hará cargo de los recursos del partido ante la posibilidad de pierda su registro al no alcanzar 3% de la votación general en los comicios del 7 de junio.

Esta decisión se da 15 días después de que la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) designó, como medida preventiva y mediante insaculación, a los interventores responsables del control y vigilancia de los recursos de los partidos del Trabajo y Humanista.

La determinación de los magistrados electorales también se consuma horas después de que representantes del PT denunciaron irregularidades detectadas en la base de datos del conteo de votos de la pasada elección del 7 de junio.

En rueda de prensa, el representante del PT ante el INE, Pedro Vázquez, indicó que este organismo admitió públicamente la existencia de dos bases de datos de los conteos distritales, una pública y otra exclusiva para los consejeros.

Sin embargo, al hacer el comparativo entre ambas detectaron información adicional sobre incidencias en las casillas, diferencias en la hora de instalación y cierre de las mismas y funcionarios que ese día fueron captados de la fila porque los elegidos y capacitados por el INE no se presentaron.

“Al escuchar que se han encontrado irregularidades en la base de datos pública, decidimos ver si sucedía lo mismo en la base de trabajo. Para ello entramos a la información disponible en la Intranet del INE. Encontramos que hay dos formas de observar la información de los cómputos distritales.

“No queremos abonar a la descalificación del INE porque se descalifica por sí mismo”, señaló para enseguida comentar que han impugnado más de cien distritos en cinco salas regionales en todo el país; además, anunciaron que este jueves 2 de julio, a las cinco de la tarde, tomarán de manera simbólica todas las sedes regionales de los “por la falta de claridad y certeza” en el proceso electoral organizado por el INE, indicó el diputado petista Oscar González Yáñez.

El proyecto del  TEPJF destaca que el interventor del PT es el contador público Gerardo Sierra Aráosla, y el del Humanista, Dionisio Ramos Zepeda.

El proyecto elaborado por el magistrado Constancio Carrasco Daza, presidente del Tribunal, resalta que los procedimientos de liquidación, en cualquiera de sus fases, sólo pueden iniciar cuando las autoridades electorales tienen la plena certeza de que se incumplió con el 3% de la votación válida emitida, acotó González Yáñez.

“No como ocurre ahora cuando aún se está en litigio, es decir, en la incertidumbre, el porcentaje de votos que obtuvimos en la pasada elección”, resaltó.

Además, acotó, “los procedimientos preventivos de liquidación limitan nuestros derechos constitucionales como asociación política porque gravitan o gravitarán sobre nuestra participación en próximas elecciones, como la que se celebrará en el estado de Chiapas”.

No obstante, la magistrada María del Carmen Alanís señaló que esta es una medida de cuidado, de prevención a cargo de un independiente técnico, pero designado por la propia autoridad administrativa electoral.

“Es una medida de prevención, como lo dice el proyecto, para garantizar que los recursos de que se dispone, que son además de origen preponderantemente públicos, se administren debidamente hasta que haya una determinación definitiva”, apuntó.

Luego rechazó los argumentos del PT de que se le colocó en una situación de inequidad ante la elección chiapaneca, prevista para el próximo 19 de julio.

“Este aspecto, en particular, a mí me llamó mucho la atención, de hecho tuve serias dudas porque la argumentación esencial en cuanto a esta posible afectación se hace a la luz de que los votantes o de pensar que los votantes pudieran interpretar por la difusión, por las decisiones que se han tomado en el seno del Consejo General (del INE), de que el Partido del Trabajo ya perdió en definitiva su registro, cuando tiene un registro local y está participando con todos sus derechos en la entidad federativa”, agregó.

El magistrado Flavio Galván Rivera consideró que el interventor debe tener también mucho cuidado en el ejercicio de su función porque durante el periodo de prevención el partido sólo podrá pagar gastos relacionados con nóminas e impuestos, por lo que deberá suspender cualquier pago a proveedores o prestadores de servicio.

De igual forma, serán nulos los contratos, compromisos, pedidos, adquisiciones u obligaciones celebradas, adquiridos o realizados durante el periodo de prevención.