Un costoso y opaco proyecto: los cuarteles rodantes de la Gendarmería

Las casa rodantes de la Gendarmería.
Foto: Miguel Dimayuga
La División de Gendarmería, gran proyecto peñanietista para mantener la gobernabilidad en el campo, ha resultado ineficaz, costosa y opaca: ejemplo de ello es un contrato ventajoso a una empresa especializada en escuelas prefabricadas para la creación de seis cuarteles móviles, cuya utilidad aún está por verse. Más de 535 millones (250 millones era el presupuesto original) se embolsó esa compañía. Y quien autorizó la concesión es un viejo conocido del presidente de la República, un hombre que manejaba los dineros de la seguridad pública del Estado de México.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El gran “proyecto presidencial” creado para mantener “la gobernabilidad” en zonas rurales y periurbanas y garantizar el destino de la producción agrícola, el tránsito de mercancías y el paso de inmigrantes, la División de Gendarmería, ha resultado millonariamente caro y peligroso, aunque por “seguridad nacional” su costo se mantiene “bajo reserva”.

Formada por cinco mil jóvenes de entre 18 y 25 años, la Gendarmería terminó siendo un cuerpo de seguridad “errante”. Dentro de su estrategia, el gobierno de Enrique Peña Nieto le concesionó a una empresa –con experiencia en el armado de aulas prefabricadas para primarias y jardines de niños– la construcción de “6 cuarteles móviles”. Un trabajo considerado de “seguridad nacional”.

Según el contrato SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C108/2014, fechado el 14 de noviembre de 2014, la Policía Federal (PF) firmó con la empresa Desarrolladora M, S. A. de C. V. el acuerdo para que “proporcione la adquisición de 6 cuarteles móviles para la Nueva División Gendarmería”, por 535 millones 54 mil 883.97 pesos.

El instrumento legal cuenta con la leyenda de “reservado” y para ello se acoge a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en sus artículos 13, fracciones I y V, y 14, fracción I, según los cuales la información es “reservada y confidencial” cuando pueda “comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional” o “pueda causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesarles en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado”.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2018 de la revista Proceso, ya en circulación.