Un (mal) funcionario para el caos urbano

De manera inopinada, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz “descongeló” a su amigo Servando Sepúlveda Enríquez y lo puso al frente de la Semov. Los detractores del recién designado, un empresario de infausta memoria por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, protestaron de inmediato, en particular el panista Alberto Cárdenas Jiménez, quien duda que Sepúlveda pueda con el paquete. Otro más, César Octavio Pérez Verónica, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, se pregunta si el mandatario realmente está viendo con detalle los perfiles de las personas a las que invita a trabajar con él.

El gobernador Aristóteles Sandoval Díaz decidió sacar de la “congeladora” a su amigo Servando Sepúlveda Enríquez y lo nombró titular de la Secretaría de Movilidad (Semov), pese a las protestas de algunos panistas e investigadores que lo consideran un personaje controvertido, por sus antiguos vínculos con el fallecido general Jesús Gutiérrez Rebollo, de quien fue abogado.

El pasado 27 de julio –apenas sustituyó Sepúlveda a Mauricio Gudiño Coronado–, el exgobernador panista Alberto Cárdenas Jiménez cuestionó la decisión de Sandoval Díaz por los antecedentes del nuevo funcionario. Es fundamental que Sepúlveda cumpla con todos sus exámenes de control de confianza, dice.

Y agrega: “Ojalá esta vez sí haya pasado todos los exámenes; ojalá dé resultados, porque se espera mucho del área a la que llega. Está pendiente la reorganización de las rutas del transporte público y atender los problemas que afectan a comerciantes, automovilistas y vecinos derivados de la construcción de la Línea Tres del Tren Ligero”.

Para Cárdenas Jiménez, actual regidor en el ayuntamiento tapatío, los cambios en la Semov; la Fiscalía General del Estado, donde Eduardo Almaguer sustituyó a Luis Carlos Nájera, y la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis), a la cual llegó Miguel Castro Reynoso, deben equilibrar la administración estatal, luego del gran descalabro electoral del pasado 7 de junio, donde los principales perdedores fueron Sandoval y su partido.

“El PRI perdió el Congreso, la zona metropolitana, los municipios más importantes, pero sobre todo la credibilidad y hasta el rumbo. Da la impresión de que estaban jugando al estilo de la Selección mexicana: pareciera que sólo avientan balonazos a todas partes y fallan todos los pases”, asegura.

Tanto él como el PAN esperan que los cambios sean benéficos. “Parece que el gobernador ya vio eso y con los cambios que se dan intenta levantar banderas y hacer mejor las cosas.

“En la primera fase de su gobierno, Sandoval dejó mucho que desear, pero debemos conceder el beneficio de la duda. No obstante debe admitirse que a la administración se le fue de las manos la inseguridad, el crecimiento económico fue deficiente y la generación de empleos no fue la esperada”, expone Cárdenas Jiménez.

Gudiño Coronado dejó la Semov sin resolver los problemas más acuciantes de la zona metropolitana. Hoy, como dice la ciudadanía, las principales avenidas están “atrofiadas”; se redujeron las zonas de rodamiento en las principales arterias de la ciudad; impuso también un esquema recaudatorio que afecta al automovilista, pues la instalación de cámaras para sancionar a los que excedan los límites de velocidad generan millones de pesos a las autoridades.

Sin embargo, nadie llamó a cuentas a Gudiño. Ni siquiera cuando golpeó a uno de sus escoltas en una reunión privada, según testimonios recabados por Proceso Jalisco.

Enrique Alfaro Ramírez, quien asumirá como alcalde el próximo 1 de octubre, optó por nombrar al activista Mario Silva Rodríguez como encargado del área de Movilidad de Guadalajara. Su propósito, dice, es retomar algunas facultades que ahora tiene la Semov.

Silva Rodríguez, exintegrante del Colectivo Ecologista de Jalisco, trabajó cerca del gobierno durante la administración del panista Emilio González Márquez. Él fue uno de los promotores del Macrobús, un sistema antiecológico inaugurado en marzo de 2009 que sustituyó a los trolebuses eléctricos por camiones diesel.

Si bien ese sistema no ha dado los resultados óptimos en movilidad de personas, sí redujo la fluidez vehicular en el eje norte-sur por el que circula –Calzada Independencia-Gobernador Curiel–, donde se suprimieron dos carriles.

Antes de su arranque, el Macrobús se concesionó a una empresa privada en una licitación cuestionada que promovieron Herbert Taylor Arthur, en su calidad de coordinador de Innovación y Desarrollo, y Diego Monraz, director del Sistema Tren eléctrico Urbano (Siteur) durante la gestión de González Márquez (Proceso Jalisco 233, 234 y 256).

Turbio pasado

César Octavio Pérez Verónica, representante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), considera que Sepúlveda Enríquez carece de experiencia para ocupar la titularidad de la Semov.

Recuerda su paso por la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Guadalajara cuando su amigo Aristóteles Sandoval era el alcalde. Sepúlveda, dice, dejó una estela de denuncias por violaciones a los derechos humanos y sospechas de sus presuntos nexos con el crimen organizado. En 2012 salió de la institución por negarse a presentar los exámenes de control de confianza.

Pérez Verónica pide a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) pronunciarse sobre el caso Sepúlveda, en particular sobre la denuncia que tiene por la presunta violación a las garantías constitucionales de varios detenidos durante su gestión en la Secretaría de Seguridad Ciudadana tapatía.

En su expediente 6/2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos incluye una recomendación a 14 municipios de Jalisco en la que pide atender los reclamos por tratos inhumanos a los detenidos y eliminar la tortura contra ellos. Ese caso involucró a la Policía de Guadalajara, en cuyos separos, según el documento, las personas arrestadas eran sometidas a un trato humillante.

Y en la queja 27/2010, interpuesta el 27 de marzo de 2010 ante la CEDHJ se solicita al ómbudsman Álvarez Cibrián interceder por un adulto y dos menores, quienes protestaron porque policías tapatíos desnudaron en la vía pública a una persona durante una “revisión de rutina”.

El representante de la Cepad sostiene: “Nosotros esperamos que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos cuestione al gobernador Aristóteles por ese nombramiento, porque las violaciones a los derechos humanos han sido muy claras y se espera que ningún caso quede en la impunidad. Sin embargo, la responsabilidad de investigarlos corre a cargo del gobierno de Jalisco”.

Sin embargo expresa sus dudas sobre si el mandatario realmente está viendo con detalle los perfiles de las personas a las que invita a trabajar con él.

“Vemos –dice– que (Sepúlveda) no tiene la experiencia para la Secretaría de Movilidad. Este dato llama mucho la atención por el estado caótico en que se encuentra la zona metropolitana justo cuando se anunció ese cambio.”

Hoy, en la ciudad influyen de manera negativa los trabajos de la construcción de la Línea Tres del Tren Ligero y las nuevas obras viales. En general, hay una atrofia en la mancha urbana, con un transporte público desordenado, que es parte de la corrupción en esa área del gobierno estatal.

Más de 40% de las vialidades de Guadalajara son caóticas debido a las obras viales, dice Pérez Verónica. E insiste: es difícil saber si Sepúlveda tiene la capacidad para enfrentar y solucionar el problema.

Además, aún persisten las dudas sobre la presentación de exámenes de confianza de Sepúlveda. Por desgracia –afirma– no se sabe si tiene vínculos o no con el crimen organizado; tampoco se sabe en que quedaron las denuncias en su contra por las violaciones a los derechos humanos durante su gestión en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara.

Se separó del cargo después de que tropas del Ejército capturaron al líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, Érick Valencia Salazar, El 85. Autoridades federales investigaban la actuación de la Policía de Guadalajara el 8 de marzo de 2012, pues la corporación apagó de manera intencional las cámaras de videovigilancia en la ciudad ese día.

Eso ocurrió cuando presuntos sicarios de esa banda criminal organizaron cerca de una veintena de narcobloqueos en diferentes vialidades de Guadalajara (Proceso Jalisco 384).

Y aunque el alcalde interino Francisco Ayón López –quien hoy es el titular de la Secretaría de Educación de Jalisco– trató de exonerar a los uniformados, éstos no pudieron mostrar una sola imagen sobre los narcobloqueos, como sí lo hizo Seguridad Pública de Zapopan, que incluso ofreció a los medios de comunicación imágenes sobre el incendio de un camión de la Línea Turquesa el mismo día de los hechos.

El espaldarazo de Aristóteles

En la presentación de Servando Sepúlveda como titular de la Semov, el gobernador explicó que el nuevo funcionario tiene un plazo de 60 días para dar respuesta a los principales problemas que enfrenta esa institución, pero a juicio de Cárdenas Jiménez la ciudadanía sólo espera buenos resultados, sin tiempo para improvisaciones:

“Quienes ya hemos pasado por esa encomienda (la gubernatura del estado) sabemos que el gobernador no se puede equivocar, por eso es tan delicado hacer los cambios necesarios”, sentencia el panista.

Otro de los detractores de Sepúlveda como titular de la Policía de Guadalajara es el presidente de Conciencia Cívica, Salvador Cosío Gaona.

En marzo de 2012, dice Cosío, Sepúlveda era empresario y aprovechó su cargo para surtir a la dependencia con material de su negocio de seguridad privada denominada Centurión. Él hizo compras irregulares y a precios inflados de chalecos antibalas y uniformes para la Policía de Guadalajara, comenta Cosío Gaona.

Cuando se le cuestionó sobre los sobreprecios, Sepúlveda no supo explicarse, sólo comentó que el beneficiario había sido una persona llamada José (Joel Castro Caro, presunto familiar del narcotraficante Rafael Caro Quintero). Por lo que incluso se presentó una denuncia penal contra él.

A partir de entonces, comenta Cosío, “nos llegaron anónimos de que José estaba casado o vivía en unión libre con una de las hijas de Servando Sepúlveda; nos indicaron incluso que tenía un parentesco cercano a Caro Quintero” (Proceso Jalisco 388).

Centurión también le proporciona servicios de policías privados a la Universidad de Guadalajara. Además, Sepúlveda era socio del exrector de la UdeG Raúl Padilla López en el restaurante Butcher Shop en Chula Vista, California. Ambos pagaron 2.4 millones de dólares (más de 31 millones de pesos por el negocio en 2010, según informó el diario San Diego Union-Tribune.

Sepúlveda inició su carrera política en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a principios de los noventa, al lado del entonces gobernador Guillermo Cosío Vidaurri, padre de Cosío Gaona, quien renunció a raíz de las explosiones del 22 de abril de 1992 en los ductos de drenaje en Guadalajara que dejaron 210 muertos. (Con información de FCR.)