Entre escándalos, se va Robles Peiro

La derrota del PRI en los municipios metropolitanos descobijó al alcalde saliente, Héctor Robles Peiro, quien desde el principio se caracterizó por su autoritarismo, los manejos dudosos de licencias y permisos de construcción, y el desdén a los derechos de ciudadanos y trabajadores. Aún está por evaluarse el costo financiero y político de su gobierno.

El periodo del priista Héctor Robles Peiro como alcalde de Zapopan llega a su fin con insistentes señalamientos de corrupción en el otorgamiento de licencias para nuevos proyectos urbanos, manejo inadecuado de las finanzas de la comuna y la violación de los derechos laborales de empleados y funcionarios.

Tan sólo las demandas laborales han obligado al ayuntamiento a pagar más de 61 millones de pesos en laudos contra él, sin tomar en cuenta los que se están acumulando en los últimos meses de esta administración.

Uno de esos casos es el de la exdirectora de Control de Ordenamiento Territorial, arquitecta María Fernanda Jimena Bosch Berlanga, quien en abril de 2013 fue cesada e inhabilitada ilegalmente de la función pública por dos años.

La exfuncionaria afirma que la despidieron a causa de los manejos turbios del síndico, Armando Morquecho Ibarra: “Le estorbé al síndico, porque estando yo en el puesto (él) no podía negociar nada y todo mundo lo sabe: detiene licencias para luego negociarlas”.

Señala que con el impedimento para ocupar cargos públicos desde enero de 2013 hasta 2015, se dañó su imagen y su prestigio, ya que en algunas denuncias en su contra sugerían que no tenía el título de arquitecta.

Por tal motivo, dice, tuvo que promover demandas y amparos ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), que finalmente le dio la razón y le ordenó a Robles Peiro y sus colaboradores que la reinstalen de inmediato en Ordenamiento Territorial.

El pasado 14 de julio, la Cuarta Sala Unitaria del TAE fijó su postura y advirtió que varios funcionarios zapopanos pueden ser arrestados hasta por 36 horas si el ayuntamiento no reinstala a Bosch Berlanga, como se establece en la resolución del caso 400/2015.

El abogado José Pablo Ramos Castillo, defensor de la funcionaria despedida advierte que “la medida (de arresto administrativo) corre en contra del alcalde Héctor Robles Peiro; el secretario general del ayuntamiento; el síndico Armando Morquecho Ibarra; Ian Paul Otero Vázquez; el director general de Obras Públicas, José Carmelo Muñoz Fernández; y la responsable de Oficialía Mayor Administrativa, Blanca Noelia Caro Chaparro”.

Agrega que la administración de Robles Peiro se niega a reconocer sus errores y no ha reinstalado a su cliente, por lo que el arresto se hará efectivo cuando se superen las consecuencias de una caída del sistema del TAE ocurrida la semana anterior.

“Se trata de una medida de apremio ejercida por la Fiscalía General del Estado (FGE) y prevista por la Ley de Justicia Administrativa, en la cual deben quedar resguardados los implicados en una celda prevista. Cabe destacar que no es un acto criminal propiamente dicho, pero con esa medida el magistrado hace cumplir sus resoluciones”.

Al respecto, la demandante comenta que en caso de aplicarse la medida de apremio, es posible que Robles Peiro ingrese a prisión, pero “si se entiende que el síndico y el alcalde fueron designados en una elección popular es un proceso menos rápido y se tiene que dar parte a la FGE, pero del secretario general para abajo, la ordenanza aplica en forma directa”. Su abogado confirma que, en el caso citado, al síndico y al alcalde tendrían que ser sometidos a juicio político para retirarles el fuero.

Ramos Castillo dice que, al conocer la resolución del TAE, el actual director de Ordenamiento Territorial, Miguel Cervantes, interpuso un amparo para no ser removido del puesto, asunto que la autoridad municipal tendría que resolver lo más pronto posible. Sin embargo, admite que no ve la intención de reinstalar a su cliente.

Maniobra municipal

En la pasada administración, con Ramón Aguilar al frente de Ordenamiento Territorial, se expedían dos legajos de los expedientes sometidos a esa dirección, sobre el acuse de recibo original, uno era el expediente original y otro una copia que Aguilar guardaba en un archivo privado dentro de la propia dirección, argumenta el abogado de María Fernanda.

Después del proceso de entrega-recepción, se le sugirió a Bosch Berlanga que continuara con ese trámite, y se percató de que faltaban las copias de 27 expedientes en el archivo de esa dirección, por lo que en octubre de 2012 se hizo la denuncia ante la Contraloría del Estado para iniciar la investigación correspondiente y determinar las responsabilidades.

Sin embargo, en abril de 2013, cuando aún no cumplía un año en la dirección de Ordenamiento Territorial, ella fue acusada de mal manejo de la oficina y sancionada como responsable de actos cometidos en la administración anterior. Y el 13 de junio siguiente, en una sesión de cabildo, se determinó por unanimidad retirar del cargo definitivamente a Bosch Berlanga.

El litigante Ramos Castillo sostiene que, de manera imprecisa, Robles Peiro responsabilizó a la arquitecta de avalar la construcción del centro comercial Bosque Strip, en la zona de El Bajío, cercana al estadio de futbol Chivas de Guadalajara, en la zona de amortiguamiento del bosque de La Primavera.

“Vamos a entrar con toda la fortaleza para deslindar responsabilidades. Si hay necesidad de una limpia de la dependencia, la vamos a hacer. No nos va a temblar el pulso e iremos hasta las últimas consecuencias”, dijo el alcalde.

Según él, el proyecto tenía varias irregularidades en la aprobación de la licencia municipal y responsabilizó a la entonces directora de Ordenamiento Territorial de autorizar su construcción en esa zona de recarga de mantos freáticos, de donde se extrae agua para abastecer la zona metropolitana.

No obstante, Bosch Berlanga indica que el propio Robles Peiro le pidió integrarse a su equipo como directora de Ordenamiento Territorial, y que al salir ella se empezaron a autorizar desde esa oficina proyectos urbanos de gran impacto, como enormes edificios verticales, centros comerciales y cambios de uso de suelo, entre otros.

“El problema nunca fue el extravío de los 27 expedientes –comenta–; el problema que vio sindicatura fue el de no poder llegar conmigo para negociar con los interesados en la promoción de licencias que no gozaran de total legalidad”.

Su abogado, Ramos Castillo, aclara que la demanda laboral se sustenta en que se le separó del cargo antes de que se conociera la sanción, y luego se le inicio el juicio de nulidad sobre la acción de la autoridad que actualmente se encuentra en el TAE, pero en ninguno de esos dos casos se ha dictado la sentencia definitiva.

Por eso, señala, no se ha especificado el monto del daño ocasionado a su cliente, pero adelanta que éste debe cubrir “los perjuicios y daño moral, el sueldo que ha dejado de percibir, la parte proporcional de vacaciones y otras prestaciones”.

Pero si la administración de Robles Peiro no hace caso de la resolución judicial favorable a la arquitecta, Ramos Castillo indica que procederán penalmente contra los funcionarios implicados.

Tráfico de influencias

El síndico de Zapopan, Armando Morquecho Ibarra, arrastra señalamientos por presuntos actos de corrupción desde que era director de Catastro en la administración pasada, que encabezó el también priista Héctor Vielma.

Morquecho ostentó el cargo entre abril de 2011 y octubre de 2012. En febrero de 2014, tras una auditoría ordenada por la contralora municipal, Teresa Brito Serrano, se descubrió que 23 computadoras utilizadas en las oficinas de catastro no correspondían al equipo del ayuntamiento y con ellas se hacían manejos extraños de los trámites institucionales.

El análisis de los auditores puso en evidencia un desfalco de 10 millones de pesos, como tuvo que reconocer Robles Peiro.

En un resumen técnico, Brito Serrano indicó que en el equipo descubierto y confiscado se descubrieron inconsistencias en 383 procedimientos administrativos que implicaban a 16 usuarios y cuentas de internet.

La contralora dijo que cuatro de ellos eran nombres de usuarios falsos o de personas que dejaron de trabajar en Catastro tres años antes. Según publicó el diario Mural el 27 de febrero de 2014, el uso de nombres de usuarios falsos fue posible por omisiones de los jefes de área, que serán consideradas como responsabilidades sancionables.

El periódico también entrevistó a Augusto Valencia, regidor de Movimiento Ciudadano, quien señaló que Morquecho
–síndico en la administración de Robles Peiro– debía excusarse de conocer el asunto para permitir que las investigaciones llegaran hasta las últimas consecuencias.

Sin embargo, el tema quedó en suspenso. En tanto, se acumularon nuevos señalamientos contra Morquecho.

Hace meses María Fernanda Morquecho Camacho, hija del síndico, reveló en las redes sociales que trabajaba en el ayuntamiento con un sueldo de 10 mil pesos quincenales. El portal Fisgón Político denunció que cobraba en la nómina del ayuntamiento de Zapopan sin acudir a trabajar (https://fisgonpolitico.com/jalisco/4888/).

En el portal de transparencia de Zapopan, hasta julio pasado Morquecho Camacho aparece, en efecto, con plaza de coordinadora “A” en la Oficialía Mayor Administrativa.

“Lo único bueno de todo esto es que estoy como me gusta, como princesa y sin mover un solo dedo”, presumió la joven, según la información exhibida por Fisgón Político. El regidor y diputado local electo Augusto Valencia declinó comentar sobre esa publicación en internet.

Sin embargo, entrevistado por Proceso Jalisco, señala que un grupo de empresarios de la construcción prepara denuncias contra la administración de Robles Peiro por varias irregularidades, además de que en el cierre de su administración se ha evidenciado el tráfico de influencias.

Los predios

Vecinos de El Colli denunciaron que un particular edificó un inmueble que obstruyó la que iba a ser una calle para conectar la zona ubicada entre el Anillo Periférico y la avenida Ecónomos.

Según el oficio DU-001/2013, fechado el 14 de enero, Robles Peiro, el secretario del ayuntamiento, Xavier Marconi Montero Villanueva, y el síndico, Morquecho Ibarra, firmaron un convenio con Ricardo Muñoz Mariscal, representante de la empresa Transmisiones y Cardanes Especiales, S.A. de C.V., “para la utilización del predio que se encuentra afectado por un área de destino” (Proceso Jalisco 451).

El 21 de septiembre de 2012, seis días antes de que el pleno del cabildo declarara que el terreno iba a ser afectado para dar solución vial a la avenida Ecónomos, la empresa presentó el oficio 000750 ante la Dirección Jurídica Consultiva para celebrar un convenio.

Robles Peiro hizo a un lado el interés de la ciudadanía y aceptó ese acuerdo para ampliar un local comercial y “establecer el giro de venta de refacciones para camiones” en el predio mencionado.

Ante los reclamos vecinales, el gobierno municipal respondió con simulaciones. La reportera Gloria Reza comprobó que los automovilistas circulan por una calle improvisada, paralela a Emiliano Zapata, detrás de la bodega de la empresa, para poder salir al Periférico.

En las cortinas metálicas del negocio hay sellos de clausura con fecha del 12 de junio de 2013, acta 190102. Una cartulina en la pared muestra los datos de la obra: permiso C/D-1086-13/M. Perito, arquitecto César E. Lozano, clave DRZ-0043, Emiliano Zapata número 1, Manzana 3, Lote 13.

Al lado de la cartulina, una manta amarilla con letras rojas anuncia: “Se vende”, y como referencia el celular 333 400 8374. Al marcar ese número respondió Ricardo Muñoz, quien se identificó como propietario del predio, que mide 287 metros y el cual vende en 4 millones de pesos con todo y construcción. “Como puede ver, toda la construcción es nueva”, recalcó Muñoz.

En el convenio del municipio con Transmisiones y Cardanes se dice que ésta se constituyó el 18 de mayo de 1990 mediante la escritura 7698, expedida por el notario público 29, Javier Herrera Anaya, y en la cual aparece como apoderado general Ricardo Muñoz Mariscal.

En el sitio web de la empresa, Muñoz Mariscal también aparece como gerente de Grupo T&C (Transmisiones y Cardanes) en la sucursal de Marcelino Barragán 1639, colonia Universitaria. Se aclara que también es proveedor del gobierno del estado y para tal efecto exhibe el domicilio del Grupo T&C, aunque ya como vendedor de computadoras y accesorios al menudeo.

Al inicio de su gestión municipal, A Robles Peiro se le veía como aspirante a la gubernatura y contrató a un despacho para promover su imagen. Pero antes de las elecciones del pasado 7 de junio, en las que el PRI perdió Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque, las aspiraciones del presidente municipal se hundieron.

Sin embargo, su equipo parece dispuesto a beneficiarse hasta el último día, advierte el regidor Valencia. Añade que en el tramo final de Robles Peiro habrá una restricción de la nómina, a fin de destinar más de 60 millones de pesos al pago de policías, pues se esperan problemas y demandas laborales.

Recientemente se conoció la intención de vender el predio del Lienzo Charro La Generala, que actualmente disputa un particular, y del cual el ayuntamiento pretende sacar al menos 100 millones de pesos para cumplir sus compromisos aplazados.