Nuevas autoridades, el mismo narco

Guerrero está inmerso en varias crisis concéntricas al parecer insolubles: la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que si bien permea el aspecto político, también toca el problema del narcotráfico, pues algunos  alcaldes –los que acaban de salir y los que llegan– presumiblemente tienen vínculos con el narco, que supo aprovechar los comicios de junio pasado para reconfigurarse. Luego están los diputados locales, conocidos por su cercanía con las bandas criminales que operan en la entidad…   

CHILPANCINGO, GRO.- Así como los comicios del 7 de junio reconfiguraron el mapa electoral en el estado de Guerrero, también se advierte una recomposición en la geografía del narco.

Algunos de los integrantes de la nueva LXI Legislatura y varios de los 81 alcaldes llegaron con señalamientos públicos sobre sus presuntos nexos con el narco. Y en Iguala, el priista Esteban Albarrán Mendoza nombró entre sus colaboradores a policías igualmente señalados por su eventual cercanía con las bandas criminales que operan en la zona.

Cercano al grupo del exgobernador Rubén Figueroa Alcocer, Albarrán nombró como síndico de la comuna y responsable de la Seguridad a Julio César Catalán Rendón, hijo de Julio César Catalán Flores, quien estuvo en el ayuntamiento igualteco de 1984 a 1986.

Después de abandonar la alcaldía, Catalán Flores fue recluido en la entonces recién construida cárcel de Tuxpan –ubicada en las inmediaciones de la laguna del mismo nombre que se encuentra en Iguala– acusado de peculado y malversación de recursos públicos. Reportes oficiales consultados por el corresponsal indican que el entonces gobernador, José Francisco Ruiz Massieu, ordenó el encarcelamiento de su correligionario priista Catalán Flores.

El nuevo síndico es dueño del hotel Santa Lucía y de negocios de lavado de autos. Es conocido por su afición a las peleas de gallos, que son criados en su rancho La Ráfaga, ubicado en el poblado de Zacacoyuca, a unos cuantos kilómetros de Iguala.

Según la información consultada, a finales de julio de 2011 nueve presuntos sicarios que se encontraban en un palenque clandestino fueron abatidos en esa comunidad por tropas del 27 Batallón de Infantería asentado en la zona.

Catalán Rendón es considerado el brazo derecho de Albarrán Mendoza. Uno de sus hermanos, Erick Catalán, actual delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Guerrero, perdió la alcaldía en los comicios del trienio anterior frente al perredista José Luis Abarca Velázquez.

Las fibras del narco

El 29 de septiembre, la agencia Apro informó que Albarrán Mendoza presentó la lista de su gabinete en una conferencia realizada en el restaurante Arroyo, en el centro de Iguala, un día antes de rendir protesta como alcalde.

Según los documentos oficiales consultados, su hijo Jorge Albarrán, director del periódico local Diario 21, había propuesto a Crisóforo Tinoco Bahena como encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública; a Timoteo Mata Cruz, El Fibras, en la dirección de la Policía Auxiliar, y a Martín Ocampo Arteaga, en Tránsito.

El plan no se concretó. De acuerdo con las versiones citadas, Albarrán Mendoza intentaba formar un triunvirato en el área de Seguridad Pública de Iguala con personajes señalados por sus ligas con el narcotráfico.

El Fibras, quien fue capitán del Ejército, es originario del municipio de Huitzuco de los Figueroa. Entre 2005 y 2008, durante la administración perredista de Silvano Blanco de Aquino en Zihuatanejo, se desempeñó como subdirector de Seguridad Pública. Hoy, Blanco es diputado local.

El 23 de diciembre de 2008, soldados del 19 Batallón de Infantería con sede en el municipio de Petatlán realizaron un operativo en un palenque en Zihuatanejo y detuvieron al Fibras y a Luis Antonio Romero de los Santos, El Chavo, presunto jefe de plaza y responsable del tráfico y venta de cocaína y mariguana.

En esa redada fueron arrestadas otras 20 personas, entre policías municipales, agentes ministeriales y civiles, acusados de brindar protección al jefe policiaco y al narcotraficante y presunto operador de los hermanos Beltrán Leyva en Guerrero.

Un reporte de la Procuraduría General de la República (PGR) indica que los 22 detenidos fueron acusados de los delitos de delincuencia organizada, portación de armas de fuego y posesión de granadas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, por lo que el 9 de marzo del año siguiente fueron enviados al penal federal del Rincón, en la capital nayarita.

Añade que tras la detención del Fibras y los operadores de los Beltrán Leyva, la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA), adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), aseguró 10 inmuebles y 30 embarcaciones que utilizaba el grupo delictivo para el trasiego de narcóticos en las costas de Zihuatanejo.

La investigación federal contra El Fibras se extendió hasta su natal Huitzuco, donde el 13 de enero de 2009 el Ejército detuvo a seis policías municipales de este municipio por sus supuestas ligas con el exjefe policiaco.

En tanto, a Tinoco Bahena y Ocampo Arteaga se les vincula con el grupo delictivo Guerreros Unidos. Ambos ocuparon puestos en áreas de Seguridad Pública desde la administración del priista Raúl Tovar y la del perredista Abarca Velázquez, quien está preso en el penal del Altiplano de la Ciudad de México bajo cargos de delincuencia organizada.

El mismo 29 de septiembre por la noche, después de ser exhibido públicamente, Albarrán Mendoza reculó en los casos de Tinoco Bahena y Ocampo Arteaga, pero mantuvo al Fibras como director de la Policía Auxiliar municipal y a Catalán Rendón como síndico, a pesar de su cuestionada calidad moral y falta de probidad.

Al día siguiente, durante su toma de protesta, Albarrán Mendoza ratificó al policía estatal Carlos Uri Arcos Calderón, quien se desempeñó como titular de la dependencia durante la administración del interino Silvano Mendiola Pérez. También comentó a los reporteros que la noche del 29 de septiembre decidió excluir a Tinoco Bahena.

No obstante, el alcalde lo defendió. Tinoco, dijo, fue investigado por autoridades federales, aunque no tuvo responsabilidad en cuanto a los señalamientos que se le imputan, entre éstos presuntos nexos con Guerreros Unidos y la agresión a los normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 y desaparición de 43 compañeros suyos.

Poco después, el nuevo alcalde igualteco difundió un comunicado para informar que Carlos Corona Sánchez es el director de Tránsito en lugar de Ocampo Arteaga, líder de los transportistas.

El temor de las víctimas

El grupo Los Otros Desaparecidos –que de noviembre de 2014 a mayo pasado documentó 350 desapariciones forzadas en la entidad– advirtió a los enviados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los riesgos que implican los nombramientos de Albarrán Mendoza en Seguridad Pública.

Reunidos en la iglesia de la colonia San Gerardo, los integrantes de la organización se enfocaron en dos puntos “críticos”: el de los personajes de negro historial incluidos en el área de Seguridad y la inacción de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación. Eso, dijeron, es un mensaje macabro para la sociedad, porque se inhibe la denuncia ciudadana.

La presidenta de la CIDH, Rose Marie Belle, asegura que es grave que el colectivo Los Otros Desaparecidos no confíe en las autoridades municipales que entraron en funciones el pasado 30 de septiembre.

Añade que lo peor es que los familiares de las víctimas, en su búsqueda de justicia y verdad, sólo hayan encontrado “miedo y desconfianza” en el sistema de gobierno que debe protegerlos.

La violencia, impunidad y corrupción en Iguala se repite en otros municipios y en el Congreso local, donde varios diputados también han sido señalados por sus presuntos nexos con el narco.

Entre los presidentes municipales cuestionados en la región de la Costa Grande se encuentra Leopoldo Soberanis Hernández, postulado por el PRI en Tecpan de Galeana. Mandos del Ejército indican que es el presunto operador financiero del grupo Los Granados.

En julio de 2013, el comandante de la IX Región Militar, Genaro Fausto Lozano Espinoza, advirtió que el grupo de autodefensa de la Costa Grande fue encabezado por Soberanis Hernández, un exportador de mango supuestamente subsidiado por la delincuencia organizada, que, además, contó con el aval de entonces gobernador Ángel Aguirre.

En esa época, Soberanis organizó un bloqueo carretero por más de 30 horas y anunció que habitantes de las comunidades de San Luis, San Pedro y La Loma, del municipio de Tecpan de Galeana, conformarían un grupo de autodefensa para contener a Los Caballeros Templarios.

Según Lozano Espinoza, ese grupo de autodefensa estaba auspiciado por la delincuencia:

“Un día antes de que tomaran la carretera, una organización delictiva que está en San Luis La Loma y San Luis San Pedro salió a perifonear en las comunidades que fueran a apoyar ese movimiento y quien lo estaba haciendo era de la delincuencia organizada. Entonces, evidentemente, hay un respaldo de estas organizaciones.”

Poco después, Los Caballeros Templarios desplegaron mantas en Atoyac en las que afirmaban que Soberanis Hernández estaba al servicio de Los Granados, y exigieron al gobierno estatal mantenerse al margen de la disputa por el control de ese corredor de drogas.

Informes oficiales indican que la banda de Los Granados es dirigida por los hermanos Salvador y Rubén El Nene Granados. Este último estuvo preso en 2009 acusado por el gobierno federal de ser operador del cártel de los hermanos Beltrán Leyva y de encabezar la disputa por el control de la Costa Grande con sicarios al servicio del cacique Rogaciano Alba Álvarez, quien incluso fue alcalde de Petatlán, impulsado por el PRI; hoy se encuentra encarcelado en Jalisco y se le vincula con el Cártel de Sinaloa.

Vínculos sospechosos

El corredor de la Costa Grande que conecta con el estado de Michoacán es controlado por células de Los Granados y de Rogaciano Alba, quienes pactaron una tregua y ahora están al servicio del Cártel de Jalisco Nueva Generación, según los reportes federales consultados por el corresponsal.

En Tierra Caliente destaca el alcalde de Coyuca de Catalán, el priista Abel Montúfar Mendoza, hermano de Erit, exjefe policiaco y subdelegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Guerrero.

En diciembre de 2014, agentes federales detuvieron a Ramiro Montúfar Burgos en este municipio de Tierra Caliente por sus presuntos nexos con una banda, Las Moscas, dirigida por los hermanos Ramiro y Ricardo Torres, a quienes la PGR señala como responsables del trasiego de droga de esta franja guerrerense hacia el sur de Estados Unidos.

Ramiro es hermano de Cuauhtémoc Montúfar, exalcalde perredista de Coyuca de Catalán y primo de Abel Montúfar, el actual presidente municipal de Coyuca de Catalán, donde prácticamente se vivió una contienda electoral familiar.

Otro caso es el del alcalde de San Miguel Totolapan, el perredista Juan Mendoza Acosta, quien a principios de agosto fue exhibido en un video, titulado Alcalde electo de San Miguel apoyado por la delincuencia, que apareció en Youtube.

Mendoza Acosta aparece con una persona a quien las autoridades federales identificaron como El Tequilero, líder de una célula delictiva al servicio de Guerreros Unidos que opera en la región de Tierra Caliente. “Yo estoy con ustedes; tú sabes, wey. Jamás voy a jalar con otros cochos. Ustedes son los buenos pa’mí”, dice el alcalde a su interlocutor.

Poco después, Mendoza declaró que había sido interceptado por un grupo armado que, tras alcoholizarlo, lo obligaron a pactar con el líder delincuencial que sigue operando impunemente en San Miguel Totolapan.

Por lo que atañe al Congreso local, sobre algunos diputados de la LXI Legislatura recaen los mismos señalamientos, incluido el coordinador del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez; dirigente de la corriente Nueva Izquierda en la entidad, es conocido como uno de los principales impulsores del exalcalde igualteco Abarca Velázquez. Sustituyó en la Comisión de Gobierno del Congreso a Bernardo Ortega Jiménez, hermano de los líderes del grupo Los Ardillos.

También están los hermanos Carlos y Crescencio Reyes Torres, del PRD, acusados por Servando Gómez, La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios, de estar coludidos con las bandas del narcotráfico que operan en la región de Costa Grande desde enero de 2014. l