100 días de asedio

Mientras sus compañeros de Movimiento Ciudadano empiezan a gobernar la mayoría de la zona metropolitana de Guadalajara, con sus avances y tropiezos la alcaldesa de San Pedro Tlaquepaque tiene que lidiar con la serie de acusaciones formales que interpuso el regidor priista Luis Córdova Díaz. Y aunque ella replica que se trata de una revancha a nombre del cacique Alfredo Barba Hernández y de señalamientos misóginos, su punto débil es el nombramiento de parientes en puestos relevantes.

A penas cumplió poco más de 100 días al frente de la administración de San Pedro Tlaquepaque, la alcaldesa María Elena Limón García enfrenta acusaciones y denuncias que interpuso el coordinador de los regidores priistas, Luis Córdova Díaz, por presuntos actos de corrupción.

A diferencia de otras administraciones de la zona metropolitana de Guadalajara que encabeza el partido Movimiento Ciudadano (MC), como Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga y la capital jalisciense, la de Limón García está prácticamente paralizada.

En entrevista con este semanario, la funcionaria anunció que su primera acción de gobierno sería tomar medidas para ahorrar 300 millones de pesos que se destinaban a gastos superfluos (Proceso Jalisco 553). Por el contrario, según el regidor Córdova Díaz, una de sus primeras acciones fue incrementar su sueldo, el de los regidores y su gabinete hasta en 47%.

Esto sucedió, dice el priista, el 17 de diciembre del año pasado, cuando el cabildo aprobó el presupuesto de egresos para 2016, por un total de mil 506 millones 478 mil 907 pesos, es decir, 74 millones menos que el año pasado.

No obstante, la dieta de los 21 regidores pasó de casi 10 millones de pesos en 2015 a poco más de 14 millones en 2016. La partida para salarios se lleva 65% del presupuesto: 983 mil 572 mil 969 pesos, 55 millones más que el recurso inicial de 2015. En contraste, el municipio sólo etiquetó 72 millones de pesos para obra pública y 204 millones para servicios generales.

Asimismo, aunque la deuda de San Pedro Tlaquepaque asciende a mil 83 millones de pesos, sólo se pagarán 51 millones  para cubrir los pasivos de 2016.

En entrevista con este semanario, el coordinador de los regidores del PRI dice que Limón García ha violado tanto reglamentos municipales como leyes estatales, y como no ha tenido disposición a un diálogo, él recurrió a instancias legales.

Empezó por impugnar el presupuesto de egresos de este año ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) por considerar que se aprobó ilegalmente, ya que no les entregaron el anteproyecto con el plazo mínimo de 15 días que marca la ley.

De esa forma “no se contaba con toda la información para analizar y discutir cada uno de los capítulos que deben integrar el presupuesto de ingresos y egresos”, señaló Córdova Díaz en la demanda de nulidad 0061/2016, que fue turnada al magistrado de la Quinta Sala Unitaria, Adrián Joaquín Miranda Camarena.

Asimismo, el regidor priista interpuso tres denuncias más ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y una más en la delegación Jalisco de la Procuraduría General de la República (PGR) por hechos que considera ilícitos.

Una de las querellas fue presentada ante la FGE el 27 de noviembre de 2015 por nombrar a su hermano José Luis Limón García como director de Panteones del Municipio, y promover a su sobrino, Francisco Javier Reynoso Mercado, a la Dirección de Pavimentos.

La alcaldesa declaró, en una entrevista que el diario Mural publicó el 30 de diciembre pasado, que su hermano ya tenía 20 años trabajando en el municipio, aunque acepta que ella lo subió de rango. Córdova Díaz señala que eso es ilegal, y cita los numerales VIII y IX del artículo 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en los cuales se establece el impedimento que tiene la funcionaria para designar a sus parientes.

El numeral IX señala que todo servidor público debe “abstenerse de intervenir en el nombramiento, contratación o promoción, por sí o por conducto de otro servidor público, a personas que tengan parentesco consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado”.

Las otras dos denuncias contra Limón García fueron presentadas el 12 de enero pasado. Una de ellas fue por haber nombrado de manera presuntamente ilegal al director general del Registro Civil de Tlaquepaque, Francisco Morales Zárate, quien según el regidor priista no tiene la edad mínima legal para ostentar ese cargo. El artículo 19 de la Ley del Registro Civil de la entidad indica que al menos debe tener 27 años.

A decir de Córdova Díaz, el funcionario cuestionado sólo tiene 25 años, como se ve en su acta de nacimiento número 07572, libro 332, que se encuentra en la Oficialía del Registro Civil número 1 de Guadalajara.

En la segunda denuncia se impugna el nombramiento del oficial del Registro Civil número 3 de Tlaquepaque, Fernando Alonso Macías, quien tampoco alcanza la edad mínima para el puesto: según el acta de nacimiento número 1225, Libro 7, que se levantó en la Oficialía del Registro Civil 16 de Guadalajara, el funcionario tiene 26 años.

Por esos hechos, el coordinador de los regidores del PRI interpuso sendas quejas ante el Congreso del estado, a fin de que se finque a la alcaldesa un procedimiento de responsabilidad administrativa.

Además, presentó ante la Contraloría del Estado una denuncia de responsabilidad administrativa.

Cerco de acusaciones

La denuncia que Córdova Díaz interpuso ante la PGR el 11 de diciembre pasado se basa en un supuesto robo de energía eléctrica que la alcaldesa supuestamente cometió para remodelar su casa. El regidor se basa en un artículo publicado el 9 de ese mes en el diario El Occidental, en el que se retoman señalamientos que hicieron vecinos de Limón García, quien vive en los límites con el municipio de Guadalajara.

Según los quejosos, la alcaldesa se apropió de la energía mediante “diablitos” para hacer los trabajos de remodelación en lo que suponen será un casino o salón de eventos, pues en el exterior de la vivienda no están los permisos de obra.

El regidor también dio parte de ese hecho al gerente divisional de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Mario Alberto Silva Díaz, para que ponga una querella ante la PGR por esos presuntos delitos.

Por otro lado, el 12 de enero se dio a conocer que la alcaldesa se apropió de 15 metros de calle para hacer un estacionamiento exclusivo afuera de su casa sin pagar el derecho correspondiente a la Secretaría de Movilidad. Por ello, uno de sus vecinos la denunció ante la FGE por abuso de autoridad, específicamente por aprovechar su cargo público para satisfacer un interés particular.

Aparte, Córdova Díaz también la acusa de haber realizado ya varios cambios en su gabinete. Por ejemplo, la Dirección de Aseo Público ha tenido tres titulares: Magdalena Judith Vázquez Muñoz, José Socorro Villa y Benjamín Hijuelas Zaldívar.

En la Dirección del DIF Municipal, Margarita Romero fue sustituida por Eunice Paredes. María Eugenia Jiménez fue relevada como titular de Comunicación Social por María Patricia Huerta, quien trabajó antes en La Covacha Gabinete de Comunicación, la agencia que produce toda la imagen de Enrique Alfaro Ramírez (Proceso Jalisco 584). A Huerta se le pidió una entrevista con la alcaldesa desde hace tres semanas pero la joven se limitó a decir que Limón García tiene una “agenda llena”.

Asimismo sustituyó al director de Servicios Médicos Municipales, Fernando Gómez González, por Álvaro Germán Salcedo Núñez.

A la alcaldesa también se le han hecho señalamientos de opacidad. Proceso Jalisco detectó que en materia de transparencia el portal de Tlaquepaque no reúne la información básica sobre los cheques de nómina y pagos a proveedores. El reportero constató que el directorio de funcionarios no está completo y que la presidenta ni siquiera difunde su agenda.

La nómina de Limón García se encuentra revuelta junto con la de más de 2 mil 600 empleados municipales en una tabla de Excel, por lo que no es de fácil acceso.

Según esa información, la alcaldesa cobró en la primera quincena de enero su salario con aumento: 46 mil pesos brutos, cuando hasta diciembre del año pasado percibió 26 mil mensuales.

Durante la campaña electoral, los entonces candidatos a las alcaldías de la zona metropolitana por MC se comprometieron a no aumentarse el salario, pero la funcionaria lo negó en entrevista con el diario NTR, publicada el pasado 18 de diciembre: “Nunca hablamos de bajar el sueldo, siempre dijimos que iba a haber una reestructuración, un ajuste salarial”.

Incluso el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Itei) tuvo que intervenir para que la Unidad de Transparencia de San Pedro Tlaquepaque respondiera a la petición de información de un ciudadano sobre los costos de un ritual de paz que organizó Limón García el 7 de octubre de 2015, en el cual participó una mujer indígena y se liberaron palomas y globos de helio.

Córdova Díaz también señala que Limón García emprendió una “cacería” de trabajadores que ella identifica como simpatizantes del expresidente municipal y dirigente de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (FROC), el priista Alfredo Barba Hernández, y les recortó su salario con el afán de cansarlos para que se vayan.

Pero el priista dice que varios de esos empleados no llegaron con Barba Hernández sino que tienen varios años en el ayuntamiento. Además, critica que mientras la regularización de asentamientos urbanos es una prioridad del municipio, Limón García carece de proyecto de gobierno.

“Es violencia de género”

El 18 de enero, al finalizar el acto en el Museo Pantaleón Panduro del Centro Cultural El Refugio, donde Alfaro Ramírez anunció una inversión de 730 millones de pesos en programas sociales, los reporteros se acercaron a Limón Rojas y preguntaron si ya la “dejaban trabajar”. Ella respondió que ya estaba en proceso de interponer una denuncia.

“Es una denuncia de género –explicó–, una violencia de género la que están haciendo algunos actores políticos que no entienden que una mujer está gobernando. Ustedes lo han visto, principalmente yo denuncié ante ustedes al señor Alfredo Barba y también denuncié a Luis Córdova porque es un hostigamiento permanente, una violencia política de género y la tenemos tipificada como tal.”

Antes, el 5 de enero, Mural publicó declaraciones similares de la alcaldesa, quien se dijo víctima de “bullying político” por parte de un “cacicazgo que murió y que quiere todavía dar sus últimas patadas de ahogado”.

Se refería a que en la elección del 7 de junio de 2015 sorprendió al derrotar al PRI en el bastión de Barba Hernández, el eterno líder de la FROC acostumbrado a imponer a familiares y adeptos en la alcaldía. Ese resultado fue parte de la “ola naranja” que provocó Alfaro Ramírez en la zona metropolitana y que repercutió también en Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga, con las victorias de Pablo Lemus y Alberto Uribe.

Córdova Díaz rechaza que sus cuestionamientos sean misóginos y afirma que la funcionaria “mete mucho el género; yo creo que debería dejar de hacerlo porque hay muchas mujeres que también se han acercado, como las trabajadoras, y se sienten defraudadas y no se sienten representadas por una persona que tiene un cargo público de primer nivel y se maneja con escándalos y frivolidad”. l