Rebelión tlajomulquense

Desde hace dos años, alrededor de 300 tlajomulquenses dejaron de pagar al ayuntamiento encabezado por el emecista Alberto Uribe Camacho los servicios de predial y consumo de agua por considerar excesivos los cobros.

El movimiento lo encabeza José Aarón Montes Orduña, quien proporciona asesoría legal a los inconformes a través de la asociación civil Alianza Ciudadana de Tlajomulco, mientras el abogado Pablo César Sánchez Torres les ayuda a tramitar las diligencias de consignación ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE).

El sueldo promedio de los habitantes del municipio no supera los 5 mil pesos mensuales, que les resulta insuficiente para sus gastos familiares y el pago de esos servicios, de ahí que algunos adeudan 25 mil pesos. Ellos se quejan, dice Montes Orduña, de que la tesorería les cobra desde que comenzaron a edificarse sus viviendas, no cuando las recibieron.

Molestos por el abuso, los colonos optaron por depositar sus cuotas –debidamente certificados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado– en las salas del TAE para liberarse de la obligación que tienen con el ayuntamiento.

El año pasado, durante los últimos meses de gestión de Ismael del Toro Castro (dejó el cargo el 30 de septiembre pasado y hoy es coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local) las autoridades colgaron mantas en fraccionamientos como La Fortuna, en las que amenazaron a los colonos con un embargo si no pagaban el predial, comenta Montes a Proceso Jalisco.

El problema se agudizó el 31 de diciembre pasado, cuando Uribe Camacho reiteró la amenaza de su antecesor. Esta vez el ayuntamiento sí procederá con los embargos porque, dijo, de los más de 100 mil contribuyentes que están registrados en el padrón, 20% no ha saldado su deuda, según informó Notisistema, explica el entrevistado.

El abogado Sánchez Torres asegura que el TAE ya ha emitido resoluciones a favor de los inconformes. El magistrado de la Quinta Sala Unitaria, Adrián Joaquín Miranda Camarena, por ejemplo, aplicó una multa de 60 días de salario mínimo al síndico de la administración pasada, Luis Octavio Vidrio Martínez, por no responder a la demanda de los afectados.

En lugar de acatar las disposiciones del magistrado, Vidrio recurrió al juez de Distrito en Materia Civil del Tercer Circuito del Estado de Jalisco para ampararse contra la multa por considerarla “excesiva e inconstitucional”.

Montes Orduña menciona que en 2004 adquirió una casa en el fraccionamiento Hacienda Santa Fe y desde entonces no hay mejoría en los servicios básicos. Tal parece que los gobiernos únicamente “se embolsan el dinero”, dice.

También se queja del transporte, la falta de seguridad y de los servicios públicos deficientes. El agua potable, dice Montes, no sólo está contaminada, sino que la tandean, por lo que algunos días no llega; y en materia de salud, la falta de hospitales es notoria.

Los problemas

Muchos vecinos no tienen recursos para pagar, por lo que Montes propone al alcalde condonar los adeudos –la cartera vencida por el predial asciende a 880 millones de pesos, según las autoridades–. Dice que en 2006 asumió la defensa de los colonos de Hacienda Santa Fe, quienes denunciaron a la empresa Proyectos Inmobiliarios de Culiacán (PICSA), mejor conocida como Homex, por las viviendas defectuosas que construyó.

En esa ocasión, recuerda, el entonces presidente Vicente Fox viajó a Jalisco para cortar el listón, justo cuando se entregó la casa número 9 mil (Proceso Jalisco 48).

Sobre el agua contaminada en Tlajomulco, dice que todo comenzó en 2004, aunque el año pasado el gobernador Sandoval Díaz y su partido, el PRI estatal, realizaron una campaña para denostar al candidato de MC a la alcaldía de Guadalajara, Enrique Alfaro, quien entre 2010 y 2012 fue alcalde de Tlajomulco.

Aquel año, según el entrevistado, las autoridades tlajomulquenses encargaron al Laboratorio Ambiental LAAIF GOMCO un estudio físicoquímico del agua. La empresa concluyó que la cantidad de coliformes, aluminio, fierro, fenoles, fluoruros, manganeso y sodio rebasaban los límites permisibles, por lo que el agua no cumplía con la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA-1994 (Proceso Jalisco 68).

Los colonos mandaron a hacer su propio estudio. Contrataron al Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, el cual arrojó que no había ningún problema con el agua.

Según Montes, ese diagnóstico estuvo manipulado, aunque el gobierno estatal aprovechó para deslindarse de la contaminación de agua que aqueja a los habitantes de Tlajomulco.

Sin embargo, las autoridades no pueden negar, dice, el caso de un menor al que la doctora María del Carmen Contreras le diagnosticó el 28 de septiembre de 2005 dermatitis atópica causada por “hongo y agua contaminada”.

Según el representante vecinal, en julio de 2014 los vecinos volvieron a solicitar la ayuda al gobierno estatal para encontrar una solución a la contaminación del agua. El director de Asuntos Agrarios, Mario Vladimir Avilés Márquez, les respondió por escrito (oficio 172/2014) que la instancia competente para tratar ese asunto es la Comisión Estatal del Agua.

El funcionario expuso también que el ayuntamiento de Tlajomulco ya estaba atendiendo el problema. Lo cierto es el agua sigue contaminada.  l