No se ve la “limpia” en la Fiscalía General

El fiscal general, Eduardo Almaguer, afirma que gracias a la limpia iniciada desde que él llegó al cargo, no hay mandos policiacos sin certificar en el estado.  Sin embargo, cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubican a Jalisco, hasta el cierre de 2015, en el lugar 17 de acreditación de los exámenes de control y confianza. A su vez, la organización civil Causa en Común señala que las deficiencias del estado en desarrollo policiaco son mucho más graves.

Con la amenaza de encarcelar a 16 jefes de policías municipales que no acreditaron las pruebas de control de confianza, el lunes 8 la Fiscalía General del Estado (FGE) presionó a nueve directivos tras comprobarse que no cumplían los requisitos para ejercer su cargo, dijo a este semanario el titular de la dependencia estatal, Eduardo Almaguer Ramírez.

Hasta entonces, a punto de cumplirse el plazo legal, Jalisco apenas había acreditado a 106 de sus 125 mandos policiacos municipales. Almaguer precisa cómo se resolvieron los otros casos: “Quedaban únicamente 16 el día de ayer (lunes 8). De ellos, nueve entregaron y faltaban siete. A esos siete los mandamos revisar ayer mismo. Nos dicen que allá en los municipios entregaron sus armas, ya no vinieron a Guadalajara. De acuerdo a la información que hoy tenemos, yo le confirmaría que están todos completos”.

Almaguer Ramírez señaló que, de mantenerse en sus puestos personas o agentes que reprobaron los exámenes, pueden ser sancionadas o hasta encarceladas porque no cumplen las disposiciones legales para desempeñarse como directores o agentes de seguridad.

Entre las alcaldías que iniciaron su administración en octubre pasado y tuvieron problemas con la certificación de sus mandos policiacos se encuentran Bolaños, Concepción de Buenos Aires, El Limón, Encarnación de Díaz, El Grullo, Huejuquilla El Alto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, Mexticacán, San Juan de los Lagos, Sayula, Tonaya, Jesús María, San Julián, San Marcos y Tala.

En el caso de El Grullo, las autoridades estatales reconocen que es uno de los territorios en donde tiene amplia influencia el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

En otros municipios cuyos jefes no aprobaron los exámenes de confianza también se ha reportado fuerte presencia del crimen organizado o en ellos fueron detenidos presuntos cabecillas del CJNG durante 2015.

Por ejemplo, el 22 de septiembre Yhovani Castro Urbano,  El Duende, identificado como lugarteniente del Mencho, fue capturado en los límites de Tala y Ameca tras un tiroteo de militares y policías federales contra supuestos miembros del CJNG (Proceso Jalisco 569).

Este semanario solicitó entrevistas con las autoridades de los municipios que no pudieron acreditar a sus jefes policiacos. En El Grullo, la oficina del ayuntamiento encabezado por el alcalde priista Jesús Chagoyán Hernández no respondió e incluso el personal dejó de contestar los teléfonos.

En Sayula, el alcalde perredista Jorge Campos Aguilar negó que su jefe de Seguridad Pública haya reprobado los mencionados exámenes y enfatizó que todo el cuerpo de policía está plenamente acreditado. Descartó que exista inseguridad en su municipio y agregó que actualmente la Fuerza Única está reforzando a la corporación por el carnaval. Con la certeza de ofrecer tranquilidad al turismo, dice, el ayuntamiento prepara una gran convocatoria para los entusiastas de la obra de Juan Rulfo el próximo año, por el centenario de su natalicio.

En San Marcos, gobierno que encabeza el priista Baltazar Curiel García, aclara que en el área de Seguridad Pública sólo había un encargado del despacho, pero se separó al no superar las pruebas de control y confianza.

En Encarnación de Díaz se informó que hace varios días el alcalde panista Refugio Quesada Jaso removió al director del área, Gerardo Germán López Serrano.

Rezago en certificación

Para el fiscal de Derechos Humanos, Dante Haro Reyes, garantizar la acreditación de todos los policías y los mandos de las corporaciones en la entidad es un paso fundamental para el desarrollo de la cultura del respeto a los derechos humanos desde las instituciones. Advierte que es un camino obligado para evitar la filtración del hampa.

“Decantar las manzanas podridas de las manzanas buenas es una labor de primordial importancia para Jalisco y los municipios. Por eso los exámenes de control y confianza son estratégicos para la transformación de los cuerpos de seguridad, aunque hace falta afinar los procesos”, expresa.

Agrega: “Yo lo realicé en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Es duro; estás sujeto a esas pruebas por más de tres días, se trata de evaluaciones psicológicas, de razonamiento… el socioeconómico, la prueba del polígrafo, el de salud, el de sangre, donde se detecta si consumes algún tipo de droga, y el análisis de la concordancia entre tu sueldo y tus bienes, y los datos de tu currículum”.

Para él, estos procedimientos permiten “decantar el trabajo de los funcionarios” y lo ideal sería que “todos los funcionarios de todos los niveles se sometieran a esos exámenes, y no solamente los que están en asuntos de seguridad. Yo iría al Poder Judicial, al Ejecutivo, al Legislativo y a toda una serie de funcionarios de alto nivel antes de que pudieran desempeñar una alta responsabilidad”.

Sobre los resultados del examen vigente, el fiscal general Almaguer Ramírez indica que en sus siete meses de gestión se han dado de baja a más de 240 elementos, entre ellos decenas de mandos medios que renunciaron a sus cargos, ya sea porque no pasaron los exámenes de confianza, se les comprobaron vínculos con el crimen organizado o no estaban capacitados para sus funciones.

El funcionario destaca la salida de Francisco Solorio Aréchiga, considerado como la mano derecha del exfiscal Luis Carlos Nájera (Proceso Jalisco 579).

El 2 de febrero pasado también se dio de baja al comisario de la Fuerza Única Regional (FUR), Enrique Alzaga Ruelas, para “refrescar el puesto de quien supervisaba las operaciones de la agrupación de élite al interior del estado”, dijo Almaguer Ramírez. Alzaga Ruelas fue acusado por sus subordinados de exigir “20 mil pesos mensuales para enviarnos a una buena área” (Proceso Jalisco 563).

También se sustituyó a otros mandos en la Dirección de Control de Procesos Penales y en algunas delegaciones regionales.

Almaguer Ramírez insiste en que ya todo el personal de la fiscalía está acreditado. “Desde que llegamos, 189 (agentes) no acreditaban. 814 están siendo reevaluados, que es lo que nos permitía la ley, y prácticamente ya no tenemos ninguno que no haya sido evaluado satisfactoriamente”.

–¿Cuántos funcionarios de la FGE han sido dados de baja? –se le pregunta.

–En total han sido dados de baja 243, 42 de ellos fueron consignados y los otros removidos de sus cargos.

–¿Qué opina de los comentarios de organizaciones civiles como Causa en Común, entre otras organizaciones que consideran que el trabajo de la FGE no va bien?

–Habría que ver un poco los datos, esos no mienten. En la Fiscalía no estamos cerrados. Ellos hablaban de 24 o 25 primeros mandos. Todos los mandos están evaluados al 100%; desde que yo llegué inicié con esa revisión, a lo mejor habría que ver qué datos tendrían, de qué fecha, y con mucho gusto nos reunimos con ellos.

En cuanto a las observaciones de Causa en Común sobre la falta de un área de asuntos internos en la corporación estatal, así como de permitir el escalafón conforme a la preparación y capacitación del policía, el fiscal general admite las críticas y asegura que esto les permite ubicar las necesidades de la dependencia.

Y añade: “Todo lo que hacen estas organizaciones aporta mucho para la seguridad. Nosotros reconocemos, valoramos su trabajo, y yo estaré muy abierto a que revisemos los datos. Si tuviéramos algún error, inmediatamente lo corregimos. Yo tengo una instrucción muy clara, y la estoy llevando adelante, que vamos a ir hasta el fondo (contra la delincuencia), no solamente hacia afuera, sino primero en el interior”.

Por otro lado, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), al cierre de 2015, 15% de los aproximadamente 9 mil policías estatales reprobaron los exámenes de control y confianza que exige la nueva Ley de Seguridad Pública. Con ello, Jalisco se ubica en el lugar 17 del país en acreditación de policías.

Los primeros lugares en ese rubro los ostentan Baja California, con nivel de reprobación de 4.6%; Aguascalientes, con 5%; así como Guanajuato y Campeche con 6.03%. En cambio, Jalisco reportaba un nivel de aprobación de sólo 41.21% de sus policías, mientras que Veracruz tenía 39.5% y Sonora, 39.17%.

Durante la glosa ciudadana que se realizó el miércoles 3, en el marco del tercer informe de actividades de Aristóteles Sandoval, Miroslava Ortiz Flores, representante de Causa en Común, cuestionó que decenas de integrantes de los cuerpos de seguridad en la entidad se mantengan en sus puestos aunque reprobaron los exámenes de confianza.

El secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, respondió que se ha dado de baja a mil 573 elementos por ese motivo. Sin embargo, no se refirió concretamente a los jefes policiacos, que pueden ser sancionados incluso con penas de cárcel por ejercer el puesto sin cumplir los requisitos.

Sobre el combate a la corrupción, Mauricio Merino Huerta, director de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señaló: “No observo todavía en el informe ninguna estrategia, ninguna política de cómo se sumaría Jalisco al Sistema Nacional Anticorrupción”.

Otro de los expertos que participaron en la glosa ciudadana, Alfonso Hernández Barba, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), advirtió que no hay grandes avances en ese rubro y mostró su preocupación por que el problema no se veía reflejado en el informe. l