Una controvertida postulación

Apenas se supo que el panista Gustavo Macías Zambrano era el “favorito” para sustituir al magistrado Miguel Ángel Estrada Nava en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, legisladores, académicos y los otros aspirantes elevaron su protesta. Cada uno, con sus matices, descalifica al exdiputado y exdirigente del PAN por considerar que no reúne el perfil para el cargo, pero sobre todo porque, dicen, su probable nombramiento obedece a una componenda del gobernador Aristóteles Sandoval con las cúpulas partidistas.

La postulación del expresidente del Comité Estatal del PAN, Gustavo Macías Zambrano, para suceder al magistrado Miguel Ángel Estrada Nava en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJE) provocó descontento en algunos legisladores.

Algunos, como el emecista Augusto Valencia López, consideran que la sucesión de Estrada Nava, quien el próximo 6 de marzo cumple 70 años, por lo que deberá retirarse, está planchada y obedece a presuntos favores partidistas.

El martes 2 el Congreso del estado lanzó la convocatoria respectiva y la cerró el día siguiente. En ese lapso se registraron 47 aspirantes, aunque uno de ellos –el abogado Roberto de la Torre González– se retiró por motivos personales.

Los siete integrantes de la Comisión de Justicia del Poder Legislativo aprobaron la lista y organizaron una sesión de entrevistas para conocerlos, pero las cosas no salieron bien, según Valencia López, pues ese procedimiento coincidió con la glosa ciudadana del tercer informe de gobierno de Sandoval Díaz.

Las comparecencias con los candidatos fueron desiguales, pues algunos comparecieron cinco minutos; otros, siete, 10, 12, pero fue Macías Zambrano quien concitó la presencia de más legisladores. Al final, los integrantes de la comisión omitieron elaborar el dictamen correspondiente, por lo que se desconoce cuántos de los 46 son realmente elegibles.

En las redes sociales algunos usuarios manifestaron su rechazo a la candidatura del panista Macías. Unos especularon incluso que la sucesión del magistrado Estrada Nava se adelantaría para el jueves 18, lo que no sucedió; otros comentaron que el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz presuntamente había acordado la designación de Macías con las dirigencias del PRI, del PAN y del MC.

Consultada al respecto, una fuente cercana al PAN –quien pidió omitir su nombre– comentó que ese arreglo presuntamente se dio a principios de octubre de 2015, cuando Sandoval envió a los diputados de la LX Legislatura –que estaba por terminar su trienio– una solicitud de endeudamiento por 3 mil 800 millones de pesos.

Según esa versión, los integrantes del MC votaron a favor de ese crédito a cambio de que les etiquetaran 400 millones de pesos para obras de infraestructura en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, que ganaron en los comicios del 7 de junio pasado.

El Comité Estatal del PAN, presidido en esa época por Macías, “negoció la plaza de magistrado”, mientras que José Luis Munguía, quien fue integrante de la LX Legislatura, ocuparía una plaza en el Consejo de la Judicatura.

Macías pertenece a la corriente que encabeza Eduardo Rosales Castellanos y en la que también están Miguel Ángel Monraz Ibarra, coordinador de la bancada panista en la LXI Legislatura, y Miguel Ángel Martínez Espinosa, actual presidente estatal del PAN.

A diferencia de otros aspirantes a ocupar la plaza de magistrado que han hecho una carrera judicial, Macías sólo tiene la licenciatura en derecho por la Universidad de Guadalajara, y si bien ha ocupado cargos públicos, éstos han sido disímbolos.

Entre 1995 y 1997, por ejemplo, fue delegado de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Sistema Nacional del DIF; de 2001 a 2003, gerente subrogado del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana; de 1998 al 2000, alcalde de Tequila, luego síndico y más tarde oficial del Registro Civil en esa misma entidad.

Dentro del PAN, Macías ha sido secretario de Atención Ciudadana y de Comunicación Social, consejero estatal, así como diputado local y federal.

En abril de 2012, Macías fue destituido como diputado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por desacatar una orden del Poder Judicial que le prohibía expresamente tomar protesta a cuatro magistrados del STJE. Incluso fue desaforado y sometido a un proceso penal que libró mediante el pago de una fianza.

No obstante, Macías tenía que acudir cada dos semanas al Centro Penitenciario de Puente Grande a firmar su libertad condicional, hasta que, en septiembre pasado, el juez quinto de Distrito en Materia Penal emitió una resolución a su favor, por lo que se anularon los cargos en su contra.

Un aspirante sin méritos

Durante su entrevista con los integrantes de la Comisión de Justicia, Macías relató que ese proceso penal le dio la oportunidad de estar en ambos lados –en el Legislativo y en el Judicial– para conocer el procedimiento. Y lo esgrimió como argumento para suceder al magistrado Estrada Nava.

Según Valencia, el expresidente del PAN le mostró una copia de la resolución que lo absuelve de todo cargo, sin embargo dice que no sería conveniente llenar al STJE con perfiles partidistas como el de Macías. Le llama la atención, dice, que muchos de los participantes en la convocatoria se quejen del proceso de selección, pero no cuestionen el papel que juega el padre del gobernador, Leonel Sandoval Figueroa, en el Poder Judicial.

Valencia recuerda el descrédito en que cayó Sandoval Figueroa cuando el Grupo Reforma reveló el 13 de abril de 2015 una grabación en la que se le escucha cuando pide a militantes del PRI apoyar con su voto al entonces candidato de ese partido a la alcaldía de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí.

Ante el escándalo, el propio gobernador ordenó a su padre solicitar una licencia temporal como magistrado, que se hizo efectiva del 20 de abril al 8 de junio, precisamente el día siguiente de la jornada electoral en la que el PRI perdió las alcaldías de la zona metropolitana.

Las inconformidades por la postulación de Macías Zambrano comenzaron la segunda semana de febrero y al menos uno de los aspirantes –el juez mercantil Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, según informó el diario Mural en su edición del domingo 14– ya se amparó contra el proceso de elección por considerar que se hace a un lado a quienes han hecho carrera judicial.

Cárdenas Rodríguez habló de violaciones al artículo 116 de la Constitución Mexicana, así como al 60 de la Constitución Política de Jalisco y a la Ley Orgánica del Poder Judicial en el proceso de selección del sustituto del magistrado Estrada Nava, por lo que solicitó a la justicia federal que se detenga el proceso.

De acuerdo con Mural, el presidente de la Asociación de Jueces del Estado, Guillermo Siordia Romero, también opinó sobre el caso y propuso que sea el propio Poder Judicial el que se encargue del nombramiento de sus magistrados y no el Congreso local.

Diana Arredondo Rodríguez, una de las aspirantes a suceder a Estrada Nava, comenta a Proceso Jalisco que el panista Macías Zambrano ni siquiera cumple con el artículo 59 de la Constitución Política de Jalisco, relativo a los requisitos para ser elegible como magistrado.

En su fracción cuarta, dice, la norma alude a la importancia de gozar de buena reputación “y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión”. Y añade: “si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro (ilícito) que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo (al aspirante a magistrado), cualquiera que haya sido la pena”.

Con 25 años de carrera en el Poder Judicial y actual secretaria de acuerdos de la Séptima Sala del STJE, Arredondo Rodríguez asegura que la inclusión de Macías en la convocatoria “le pega al espíritu del capital humano de la institución y le pega a los deseos de superación de la gente, a su apuesta por profesionalizarse y a tener una conducta intachable para ascender en el escalafón”.

Según Arredondo, la descomposición en el seno del Poder Judicial se debe a la politización en la designación de jueces, magistrados y consejeros. Recuerda que antes de la década de los ochenta aún se privilegiaba la carrera judicial. Hoy, quienes son designados mediante componendas políticas, sólo sirven a intereses del grupo que los coloca en la silla.

Refiere también que los tribunales están rebasados por las cargas de trabajo. No se ve cómo puedan salir adelante, pues tan sólo en los juzgados de primera instancia en materia familiar y mercantil se registran alrededor de 4 mil asuntos por año. Es imposible que un juez pueda desahogarlos, puntualiza la entrevistada.

Y advierte: “La politización de cargos públicos impedirán a México alcanzar los objetivos del Desarrollo Sostenible del Milenio suscritos en 2015 por los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos; es probable que tampoco cumpla con los acuerdos internacionales relacionados con la igualdad y género firmados en 1995 en el marco de la Plataforma de Acción de Beijing”.

Según esos acuerdos, para 2030 los mandos medios y superiores de las instituciones públicas deberán estar representados en porcentajes iguales por hombres y mujeres. “Estamos en 2016 y en Jalisco hay 40 magistraturas –34 en el STJE y seis en el Tribunal Administrativo del Estado–, en las cuales sólo hay cuatro mujeres”.

Los candidatos

Entre los aspirantes al cargo que dejará el magistrado Estrada Nava hay varios panistas, además de Macías, entre ellos el senador José María Martínez Martínez, su hermano Roberto y su cuñado Víctor Hugo Huerta, quien está casado con Livier Martínez Martínez. Roberto y Víctor Hugo trabajan en el Poder Judicial como jueces.

También figura en la lista Marissa Vargas Castolo, juez sexta de lo civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, quien ha sido acusada de entorpecer acciones civiles.

El 20 de junio de 2007, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos demandó a Vargas y al gobierno estatal por ordenar la expropiación de la casa y el terreno de la ambientalista Guadalupe Lara Lara, quien se negó a abandonar su predio, cercano a la barranca de Huentitán, afectado por el proyecto de la presa de Arcediano.

Asimismo, el especialista en derecho privado Luis Ignacio Navarro sostiene que la juez Vargas ha beneficiado a sus contrarios en un litigio relacionado con una disputa por una vivienda (Proceso Jalisco 585).

Para el académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Jesús Ibarra Cárdenas, es urgente reformar el Poder Judicial para convertirlo en un tribunal constitucional e instaurar la carrera judicial de manera que los cargos de jueces y de magistrados respondan al mérito y a la capacidad profesional y no a componendas políticas.

Este episodio –el de Macías–, asegura, le da la razón porque, como dijo hace ocho meses con respecto al escándalo protagonizado por el magistrado Sandoval Figueroa, padre del gobernador (Proceso Jalisco 555), “vuelve a mostrar cómo el Poder Judicial es un botín político para los partidos y la clase política local, en vez de ser un contrapeso que pudiera imponer el estado de derecho.

“Es un Poder Judicial cómodo, pues no garantiza que casos de interés público sean resueltos con criterios de imparcialidad y apegados al estado de derecho, lo cual es muy grave para los jaliscienses. Ojalá no suceda (el nombramiento de Macías como magistrado), pues así cualquiera puede tener un asunto en el Poder Judicial”, comenta el académico del ITESO

Ibarra, quien tiene un doctorado en derecho público y método jurídico por la Universidad de Alicante, España, recuerda que así como Ernesto Zedillo propuso una reforma al Poder Judicial de la Federación cuando era presidente, nada le impide al gobernador Sandoval Díaz hacer lo propio en el ámbito estatal, o incluso a los diputados.

Y mientras legisladores, académicos y partidos están a la expectativa por el probable nombramiento del panista Macías, el presidente del Comité Estatal del PAN, Miguel Ángel Martínez Espinosa, dice que el partido no postuló a su correligionario, sino que él atendió la convocatoria por “interés personal”. l