Peligroso “adeudo” del Poder Judicial

Sindicalistas del Poder Judicial denuncian que desde que Luis Carlos Vega Pámanes manda en el Consejo de la Judicatura del estado, dejaron de pagarse las aportaciones de los trabajadores al Instituto de Pensiones. Ese adeudo ha afectado los procedimientos de jubilación y los préstamos a los empleados. Lo único inamovible son los sueldos del magistrado presidente –superior al del gobernador– y de su círculo más cercano.

En su último año como presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) y del Consejo de la Judicatura de Jalisco (CJJ), Luis Carlos Vega Pámanes –quien asumió el cargo en 2013 pero fue reelecto por dos años más– dejó de pagar, sin justificación, las aportaciones de los trabajadores al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal). Ahora el Poder Judicial debe millones y corre el peligro de embargo.

El adeudo ya provocó que trabajadores de base del CJJ deban posponer su jubilación o reciban créditos por debajo de lo estimado. Denuncian que cada quincena se les sigue descontando más de 10% de su sueldo –dinero que debía acumularse en su cuenta individual del Ipejal– pero desconocen el destino de esos recursos desde 2013.

El líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial, Jesús Muñoz Dueñas, denuncia que la administración de Vega Pámanes adeuda millones de pesos al Ipejal por concepto de las aportaciones que hacen los trabajadores.

El pasado 15 de enero, el instituto envió al titular del Poder Judicial el oficio 034/2016 para que se ponga al corriente en el pago de las cuotas. En el documento –cuya copia tiene este semanario– se establece que se trata del segundo requerimiento y que si no hay una respuesta positiva, puede haber sanciones en contra de los responsables.

En el escrito, signado por Javier Wilmer Sagrero Jiménez, encargado del despacho de la Dirección de Finanzas del Ipejal; se le notifica al presidente del CJJ sobre los retrasos en las retenciones y los pagos a ese organismo en lo que corresponde a los periodos de las quincenas del 15 de agosto de 2014; 15 y 30 de septiembre de 2014, y 15 de diciembre de 2014.

En 2015 se registra otro periodo de 10 quincenas de retraso en el aporte al Ipejal, aunque nunca se aclara el total del adeudo del CJJ.

En entrevista, el líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial, Jesús Muñoz Dueñas, dice desconocer el escrito mencionado, pero indica que el problema se arrastra desde 2013. Ello obliga a muchos de los trabajadores a posponer su solicitud de jubilación, puesto que se les pretende obligar a recibir entre 60 y 70% del monto mensual que les corresponde.

“El otro asunto es que al momento de solicitar un préstamo personal los empleados que se ven afectados por esa falta de pagos ante el Ipejal, ven reducidos sus créditos en 35 o 40%”, supuestamente porque no están al corriente en sus aportaciones. “Eso no es cierto –enfatiza Muñoz Dueñas–, nosotros sí estamos al corriente pero el CJJ no está cumpliendo”.

Consultado al respecto, Javier Peralta Ramírez, representante del Sindicato del Poder Judicial, rechaza que exista ese adeudo y asegura que el CJJ está al corriente en sus pagos.

No obstante, Muñoz Dueñas insiste: “Alrededor de 70 u 80 personas ya cumplieron la edad para pensionarse pero no se van porque no se les concede el 100% de su pensión por ese problema; no le conviene al trabajador el actual escenario, porque lo mandan con el puro sueldo base”.

En el CJJ laboran más de mil 400 empleados administrativos y 100 jueces, por lo que se considera que adeuda al Ipejal varios millones en cuotas de empleados, pero no se ha dado una cifra oficial.

Tomás Ulises Pedroza, un disidente sindical y empleado del CJJ, afirma que muchas de las irregularidades cometidas en el Poder Judicial son solapadas por los tres sindicatos que se dicen representar a los trabajadores. Éstos son los que encabezan Muñoz Dueñas y Peralta Ramírez, así como “el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, que dirige Alan Gabriel Aldana; son organizaciones serviles a la representación patronal”, dice Pedroza.

Para él esas tres organizaciones “operan en calidad de sindicatos blancos y ajenos a las necesidades de los trabajadores. Se le está requiriendo al presidente del STJ y del CJJ que pague los adeudos a Pensiones, pues eso mismo se registró el año pasado”. De no ser así, alerta, “no se descarta que el Ipejal proceda a embargar a la Judicatura”.

Sueldos de ensueño

Mientras los trabajadores denuncian su precaria situación, Vega Pámanes recibe por sus dos cargos una percepción mensual de 251 mil 726 pesos (es decir, 3 millones de pesos anuales sin tomar en cuenta aguinaldo, prima vacacional y otros apoyos). Este sueldo supera casi en 86 mil pesos al del gobernador, Aristóteles Sandoval, quien gana 166 mil pesos al mes. Estos datos corresponden a 2015 y pueden confirmarse en el portal de Transparencia del Poder Judicial.

El año pasado, Vega Pámanes declaró a los medios que estaba dispuesto a bajar su salario a la mitad “si los industriales aumentan en 50% el de sus empleados”.

En el portal falta actualizar los salarios a enero y febrero de 2016. En cambio, se evidencia que el presidente del CJJ tiene en nómina a más de 30 personas, entre familiares directos, hijas de magistrados, amigos, recomendados y conocidos.

Desempeñan cargos como secretario relator, auxiliar de presidencia y secretario relator de consejero, con percepciones de 59 mil pesos cada uno; y hasta una auxiliar de intendencia que gana más de 15 mil pesos mensuales.

Destaca que César Alejandro Álvarez Aguirre, quien se desempeñaba como secretario relator y ahora es colaborador del recién nombrado consejero de la Judicatura Jorge García González, incrementó su sueldo de 59 mil pesos a más de 83 mil.

Llama la atención que la página de Transparencia del CJJ reporta que Ramón Regla Hurtado, secretario relator de la Unidad Departamental de Disciplina y Responsabilidades, tiene un sueldo de 174 mil pesos mensuales, 8 mil más que Aristóteles Sandoval.

Negocios privados

en la Ciudad Judicial

El presidente del Colegio de Abogados Independientes, Víctor Hugo Hernández Escobedo, encabeza la movilización contra la entrega en comodato del estacionamiento de la Ciudad Judicial.

Afirma que la inversión de la empresa DTC Soluciones Inmobiliarias se estima en 6 millones de pesos y le dejaría 12 millones anuales en ganancias porque se propone cobrar a 15 pesos la hora y el estacionamiento cuenta con 920 cajones.

El litigante denuncia que, en relación con ese problema, un guardia privado de la concesionaria del estacionamiento golpeó a Roberto Espinoza, notificador del Juzgado Tercero Mercantil.

Hernández Escobedo considera que dicho comodato es un atropello contra los abogados y los trabajadores del Poder Judicial.

–¿Se puede echar para atrás el comodato del estacionamiento? –se le pregunta.

–Yo creo que sí, de acuerdo con nuestro Código Civil… el CJJ no puede conceder a un tercero el uso del bien entregado. Y el artículo 2151 dice que el comodatario adquiere el uso, pero no los frutos y accesiones del bien prestado, es decir que debe existir una autorización del Ejecutivo para que el Poder Judicial pueda concesionar.

–La Ciudad Judicial se inauguró en 2013. Los primeros que cuestionaron el traslado de los juzgados fueron los jueces, en un desplegado publicado en 2012, porque las nuevas instalaciones no eran aptas para trabajar. ¿Qué ha pasado en tres años?

–Desde su construcción y compra, la Ciudad Judicial ha sido irregular. Lo señaló el presidente de la Judicatura, Luis Carlos Vega, pero no hizo nada. Hoy es en parte un elefante blanco. Tenemos instalaciones mal hechas y dañadas; el tercer piso tiene cuarteaduras y no funciona. Hay jardines secos, goteras y filtraciones de agua. En noviembre se abrieron cuatro salas de juicios orales y sólo funcionan dos, porque las otras tienen filtraciones de agua.

“No hay suficiente personal para atender la limpieza del inmueble, se están robando chapas y manijas de las puertas, el aire acondicionado en las oficinas de los funcionarios no sirve. Hay muchas irregularidades.”

–El tercer piso de la Ciudad Judicial está en obra gris. ¿Cuándo funcionará?

–Está en malas condiciones y con cuarteaduras. Ni siquiera tiene sistemas de alerta de sismos. En contraste, la judicial federal cuenta con esos aparatos en cada uno de sus edificios.

Añade que la Ciudad Judicial del estado no tiene capacidad de crecimiento y califica su construcción como un robo mayúsculo, pues se invirtieron más de mil 300 millones de pesos, cuando su homóloga federal, ubicada a un lado, costó 200 millones menos y cuenta con gimnasio, comedor, guardería, estacionamiento, además de un control de seguridad para que no ingresen armas.

En cambio, enfatiza, en la del estado “no tenemos lugar para desayunar o dónde estudiar algún asunto. No hay alguna área especializada. En los juzgados no hay mesas redondas, no hay sucursal bancaria, y lo peor es que no hay una recaudadora para ahorrar tiempo y dinero en los desplazamientos”. l