El cochinero priista, “reservado”

Al arranque de las actuales administraciones de Guadalajara y Zapopan, los alcaldes Enrique Alfaro y Pablo Lemus anunciaron que se habían encontrado graves irregularidades que ameritarían denuncias penales contra los responsables. Sin embargo, hasta ahora no se conoce de sanción alguna contra exfuncionarios y el equipo jurídico de Alfaro reservó los datos, por lo que su dicho no puede corroborarse.

Los datos que ha usado en ruedas de prensa el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, para señalar presuntos delitos de su antecesor, Ramiro Hernández García, no pueden verificarse porque están vedados a los medios de comunicación que los solicitan mediante la Ley de Transparencia.

El pasado 29 de diciembre, Alfaro Ramírez detalló que había propiedades municipales invadidas por presuntos paracaidistas y asociaciones civiles que aseguran tener los predios en comodato, aunque no existe contrato ni acuerdo por parte del pleno del ayuntamiento.

“No me explico nada de lo que pasó en Guadalajara. Podría tener explicación si estuviéramos en una especie de película de ciencia ficción”, declaró el alcalde en rueda de prensa (Diario NTR 30 de diciembre de 2015).

También informó del presunto robo de 35 vehículos Tsuru modelo 2015, de los cuales 18 fueron sustraídos aparentemente de enfrente de los domicilios de los empleados públicos que los tenían en resguardo. “Estamos armando expedientes que involucran a todo tipo de funcionarios de la anterior administración, desde el presidente (municipal) hasta trabajadores de base”, afirmó.

Al día siguiente, en conferencia de prensa el contralor Ignacio Lapuente Rodarte detalló que de los 3 mil 168 inmuebles de patrimonio municipal, 568 no tienen escrituras y 220 están invadidos.

Proceso Jalisco pidió una copia de esa lista de bienes inmuebles y su situación a través de la solicitud de información con número de expediente DTB/062/2016, pero el municipio tapatío respondió mediante el contralor que existen procedimientos de investigación administrativos en curso, por lo que no puede proporcionar esos datos.

“La divulgación de la información, que es parte de una auditoría, causaría prejuicio grave en el desempeño de las funciones de la contraloría municipal, ya que… está siendo utilizada en un proceso deliberativo del cual pudieran derivarse responsabilidades para los servidores públicos involucrados, por lo que es necesario mantener la reserva hasta que dicho procedimiento concluya”, argumenta Lapuente Rodarte en la respuesta.

No obstante, en el mismo documento el funcionario reconoce que con el contenido de esas carpetas todavía “no es posible determinar la culpabilidad o inocencia de los servidores públicos que participaron en los hechos en proceso de investigación”.

Esto contradice lo que aseguró el alcalde de Guadalajara en su rueda de prensa de diciembre pasado: que los funcionarios involucrados deberían estar en la cárcel.

“Habrá que terminar nuestra investigación, documentarla bien. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que quien se haya pasado de listo con este tema y otros muchos termine donde creo que debe de estar, en la cárcel”, señaló Alfaro.

Uso discrecional de datos

Proceso Jalisco solicitó también una copia simple de la primera fase del proceso de entrega-recepción que se llevó a cabo en octubre de 2015, entre el equipo de Alfaro Ramírez y la administración saliente para cotejar el patrimonio municipal, pues según aseveraciones de la síndico Bárbara Casillas, dicha fase había concluido.

También se le requirió al ayuntamiento tapatío la lista de los nombres de los servidores públicos que tenían bajo su resguardo los automóviles Tsuru que después se reportaron como robados. El contralor ofreció dos respuestas: que la información es “inexistente” y que es de acceso restringido.

Según Lapuente Rodarte, la información que solicitó este semanario está reservada. Pero el contralor ordenó que se clasificara así apenas el 13 de enero pasado, en la primera sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del ayuntamiento, encabezado por Alfaro Ramírez.

Antes de esa fecha, el alcalde divulgó a su conveniencia parte del contenido de esos documentos, presuntamente reservados. Por ejemplo, el 9 de septiembre de 2015 –casi un mes antes de tomar las riendas de la administración– aseguró que en el proceso de entrega-recepción se detectó un “alarmante” desfalco de “cientos de millones de pesos”, que podía involucrar a funcionarios estatales, municipales y judiciales.

“Es una vergüenza lo que yo me he encontrado ahí. Vamos a hacer públicos varios de ellos, porque son verdaderamente escandalosos. Encontramos personajes… ladrones, vivales, cínicos, queriendo desfalcar a la ciudad con la complicidad de las autoridades judiciales. A ellos los vamos a evidenciar”, dijo.

Agregó: “Hay una mezcla y un modus operandi… pero lo vamos a hacer público. Eso sí, vamos a poner literalmente en la Plaza Liberación los nombres de quienes están desfalcando a la ciudad. Desde el primer día vamos a hacerlo público… da coraje tanto cinismo”.

El 2 de octubre de 2015, ya en funciones, el presidente municipal denunció que la anterior administración tenía 681 policías comisionados a la protección de empresarios, líderes sindicales, religiosos, expresidentes municipales y gobernadores de otros estados, pero evitó mencionar los nombres de los beneficiados.

Por esas razones Proceso Jalisco impugnó la respuesta del contralor ante el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (Itei) mediante el recurso de revisión 051/2016, el cual resultó parcialmente favorable a este semanario. En la respuesta que envió a este reportero la titular de la Unidad de Transparencia de Guadalajara, Aranzazú Méndez González, señala que las actas de entrega-recepción estaban en reserva porque eran objeto de investigación de la Contraloría.

“No obstante –asegura la funcionaria– siempre fue intención del presente sujeto obligado el desclasificar la información y publicarla en versión pública en el portal de Transparencia para la consulta de toda la ciudadanía y como información proactiva.”

La funcionaria adjuntó el link del portal de Transparencia del municipio en el que pueden consultarse las actas de entrega-recepción (transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/contraloria-actas-circunstanciadas-entrega-recepcion). Sin embargo, confirma que el inventario de bienes inmuebles invadidos y sin escrituración no puede ser entregado porque es información reservada.

Trabajadores del ayuntamiento tapatío, consultados por este semanario, comentan que los señalamientos del alcalde hacia la administración pasada no alcanzan para ganar una denuncia penal, aunque ya se han interpuesto más de una decena ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que haga las averiguaciones correspondientes. Atribuyen esas declaraciones a la necesidad que tiene Alfaro de desmarcarse de su antecesor priista y enviar la señal de que combatirá la corrupción.

Proceso Jalisco solicitó a la Dirección de Comunicación Social del municipio una entrevista con el contralor Lapuente Rodarte al respecto, pero la dependencia no respondió.

El 30 de diciembre de 2015, el ayuntamiento de Guadalajara publicó en la Gaceta Municipal el “acuerdo que remite el resultado del cotejo realizado al inventario pormenorizado de los bienes, derechos y obligaciones que integran el patrimonio municipal”.

En el documento se advierte que en la administración anterior desaparecieron muchos muebles y que al día de hoy no se han solventado las observaciones respectivas. Entre esos bienes se encuentran computadoras, radios, ventiladores, mamparas, sillones, memorias USB, cuatrimotos, refacciones y teléfonos.

Se advierte que, aun si se da por terminado el cotejo, eso no exime de responsabilidades a ningún servidor público de “las posibles irregularidades que en un momento dado pudieran resultar”.

Zapopan

Este semanario solicitó, también mediante la Ley de Transparencia (folio 00127116), una copia simple de la primera fase del proceso de entrega-recepción en Zapopan. Sin embargo, la Unidad de Transparencia respondió que la solicitud no procede porque carece de especificidad.

El ayuntamiento de Zapopan, encabezado por el emecista y empresario Pablo Lemus, también manifestó en noviembre de 2015 que detectó irregularidades en el manejo de los recursos públicos de la pasada administración priista, cuyo presidente municipal fue Héctor Robles Peiro.

El síndico municipal, José Luis Tostado, dijo que estas irregularidades ascendían a 40 millones de pesos. Tras una revisión en el proceso de entrega-recepción en el Organismo Público Descentralizado de los Servicios Médicos, Tostado dijo que encontraron irregularidades en el pago de aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado, además de que se retuvieron aportaciones de trabajadores. El municipio presentó una querella ante la FGE y otra ante la Procuraduría General de la República contra quien resulte responsable por esos presuntos delitos.

En enero pasado el ayuntamiento zapopano presentó otra denuncia penal por falsificación de recibos de transmisiones patrimoniales por 10 millones de pesos. El síndico dijo que las irregularidades se cometieron en la pasada administración, en dependencias como Catastro y Tesorería, por lo que se dio aviso a la fiscalía para que determine quiénes son los responsables. (Con información de Anna Lozano.) l