Aristóteles quebrantó al erario

Al contratar a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, en la que le pide “asistencia técnica para la sostenibilidad del proceso de planeación de obras de infraestructura en la cuenca del río Verde, Estado de Jalisco”, la administración de Aristóteles Sandoval no sólo contravino diversos ordenamientos estatales, sino que causó un quebranto millonario al erario, sostienen las organizaciones civiles defensoras del agua en una queja presentada ante el auditor Juan José Bañuelos Guardado

Organizaciones y colectivos de protección al agua consideran que el gobierno de Jalisco infringió diversos ordenamientos legales al contratar a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) y al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Hay motivos suficientes para cancelar el convenio suscrito entre ambas partes a finales de 2014, aseguran, por lo que presentaron una denuncia de hechos al titular de la Contraloría, Juan José Bañuelos Guardado, en la que le solicitan investigar el caso.

Entre los firmantes de la querella destacan el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco, dirigido por el ingeniero Juan Guillermo Márquez; la Fundación Cuenca Lerma–Lago Chapala–Santiago, que representa el empresario Manuel Benito Villagómez Rodríguez; y el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmajero, cuyos habitantes han sido presionados por el gobierno de Jalisco para abandonar sus comunidades.

Entre las normas quebrantadas mencionan las leyes de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, la del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, la de Obra Pública del Estado de Jalisco, pero sobre todo la de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El gobierno que encabeza Aristóteles Sandoval Díaz derrochó millones de pesos para “justificar” la inundación de tres poblaciones alteñas con la construcción de la presa El Zapotillo: Temacapulín, Acasico y Palmarejo, indica el documento consultado por Proceso Jalisco.

Los inconformes obtuvieron información por medio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco para documentar las ilegalidades del gobernador al contratar a la UNOPS. En particular aluden al apéndice II del addendum.

Ese apartado se desprende del Acuerdo de Contribución, firmado el 27 de noviembre de 2014 entre el organismo internacional y el gobierno estatal, que consiste en la “asistencia técnica para la sostenibilidad del proceso de planeación de obras de infraestructura en la cuenca del Río Verde, Estado de Jalisco, México”.

Según las organizaciones civiles inconformes, se deriva del estudio que ordenó Sandoval Díaz para validar la altura de la cortina de la presa El Zapotillo a 105 metros, aun cuando la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantiene vigente desde 2015 una suspensión para que no rebase los 80 metros.

Insisten en que el monto inicial pactado por Sandoval Díaz con la UNOPS fue por un millón 862 mil 260 dólares (33 millones 520 mil 680 pesos, según la paridad actual) para la asesoría en la compra de vagones del tren ligero, así como para la evaluación del desempeño de tres dependencias del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, con la firma del apéndice II la cantidad se elevó a 4.6 millones de dólares (82 millones 800 mil pesos) para el diagnóstico de la disponibilidad de agua en el río Verde.

Esta última contratación, subrayan los inconformes, rompe con los principios de austeridad que se marcó el propio mandatario, pues cuatro meses y medio antes –el 1 de julio de 2014– la Comisión Estatal de Agua (CEA) pagó 3.5 millones de pesos al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) para que hiciera el mismo estudio que las autoridades estatales encargaron posteriormente a la UNOPS.

Convenio ilícito

En su denuncia de hechos, las organizaciones sostienen que en ambas contrataciones existe un posible quebranto al erario estatal, así como violaciones flagrantes a las leyes mencionadas anteriormente, pues el gobierno de Jalisco debió verificar, previo a la firma del convenio con la UNOPS, la existencia de trabajos sobre la misma materia.

El titular del Ejecutivo quebrantó ordenamientos de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, reiteran, y mencionan el artículo 6 del reglamento de esa ley, que dice “el ejercicio del gasto se realizará bajo principios de austeridad, racionalidad y optimización de los recursos, ajustándose a los objetivos y metas de desarrollo, cumpliendo un fin determinado y sujetándose a los montos autorizados en el presupuesto de egresos”.

Ese artículo, dicen, también indica que “cualquier planeación, solicitud o ejercicio del gasto deberá efectuarse de forma oportuna, imparcial, austera, racionada y disciplinada”.

Además, el 17 establece que “los servicios de consultoría, asesoría, estudios e investigaciones quedarán sujetos a la inexistencia de trabajos sobre la materia que se trate”, lo cual no sucede en este caso, puesto que la CEA ya había ordenado un estudio al IMTA, abundan los promoventes de la demanda.

La información obtenida por las organizaciones revela la forma en que la UNOPS empleará los 4.6 millones de dólares del convenio que firmó con el gobierno de Jalisco: 790 mil 800 dólares están clasificados como costos de operaciones y se dividen en gasto de viáticos, pasajes, equipamiento y servicios; 2 millones 581 mil serán para pagar al personal; 463 mil están marcados como costos de soporte operacional, y 810 mil 901 para “costos indirectos”.

Además, la UNOPS advierte sobre la posibilidad de que durante el desarrollo del proyecto se incremente el financiamiento en algunos rubros, especialmente los costos de operación y personal especializado “frente a algún aspecto que pudiera exceder las previsiones de estudio”.

De ser así, la UNOPS “solicitará al gobierno de Jalisco un incremento justificado del presupuesto de las operaciones que resulten necesarias y el gobierno de Jalisco tomará decisión autónomamente sobre esta solicitud”, dice el documento consultado por Proceso Jalisco.

Con respecto a la Ley de Obra Pública, dicen los demandantes, se violentó el artículo 18, según el cual “las dependencias o entidades que requieran contratar o realizar estudios o proyectos, previamente verificarán en sus archivos la existencia de trabajos sobre la materia que se trate”.

Subrayan que Sandoval Díaz conculcó también la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones, pues la Secretaría General de Gobierno nunca autorizó la contratación de la UNOPS como lo establece el artículo 8 de ese ordenamiento; además, rebasa el 20% permitido del monto total de la adjudicación.

Infracciones en cascada

Las organizaciones inconformes se enteraron por medio de la Ley de Transparencia de que, para pagarle a la UNOPS, el titular del Ejecutivo empleó recursos de la partida 4246, identificada como Programas y Conceptos Complementarios.

Eso, dicen constituye otra infracción, pues el artículo 53 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco precisa que ningún gasto podrá efectuarse sin partida presupuestal expresa. Para que proceda una erogación, “deberá de sujetarse al texto de la partida contenida en el Clasificador por Objeto del Gasto que lo autorice y a la suficiencia presupuestal”.

E insisten que tampoco hay actas constitutivas ni oficios que acrediten la intervención de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones en la contratación de los servicios de la UNOPS.

Se quejan también porque, aunque la UNOPS no ha terminado el estudio de factibilidad que el gobierno le encargó, ya autorizó el llenado parcial de la presa El Zapotillo durante la próxima temporada de lluvias, según el reporte denominado “producto temprano”. Su argumento es que las conclusiones estarán en un lapso mayor a los 12 meses y que la obra “se encuentra avanzada”.

“El propósito de este producto temprano consiste en permitir el aprovechamiento de la próxima estación lluviosa para el llenado parcial de la presa y generación de beneficios asociados a la ejecución de la obra, conforme a su cronograma original, sin que ello implique adelantar pronunciamiento alguno en torno a la conveniencia de elevar la altura de la cortina hasta los 105 metros”, dice la UNOPS en su reporte.

Las organizaciones civiles mencionan que con esa recomendación, la UNOPS desconoce la situación jurídica del embalse que incluye permisos, licencias, y una suspensión por parte de la SCJN. Resaltan que esa recomendación constituye una afrenta a las comunidades alteñas de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que han librado una batalla integral contra la presa El Zapotillo –legal, social, ambiental, cultural y política– para resistir el desalojo de sus comunidades.

Además, recalcan, el llenado parcial del embalse no se sustenta jurídicamente, pues la subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, a través de su Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos desechó el 4 de febrero de 2014 la solicitud de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales por una superficie de 133.66 hectáreas con la finalidad de emprender el desarrollo del proyecto denominado Estudio Técnico Justificativo para el Cambio del Uso de Suelo en Terrenos Forestales de la Zona Federal del Río Verde en el embalse de la presa El Zapotillo.

La Conagua “no tiene la autorización de la autoridad ambiental para iniciar el llenado del embalse. ¿De dónde se justifica lo que la UNOPS ofrece como producto temprano al Ejecutivo del estado?”, le preguntan los inconformes al contralor Bañuelos Guardado.

Explican que el análisis de la UNOPS tampoco ha tomado en cuenta la construcción del acueducto que presuntamente llevará el agua de El Zapotillo a la ciudad de León, Guanajuato, cuya obra está a cargo de la constructora española Abengoa, la cual enfrenta una crisis financiera desde mediados de 2015 que podría llevarla a la bancarrota, según han reportado diversos medios hispanos.

El 14 de octubre de 2011, Abengoa firmó el contrato con la Conagua para desarrollar la obra en un plazo de 36 meses, que se vencieron en octubre de 2014. En aquella ocasión se habló de un costo aproximado de 640 millones de dólares (11 mil 520 millones de pesos). El Fondo Nacional de Infraestructura aportaría 48.44% y el resto sería obtenido mediante un crédito internacional de 177 millones de dólares (2 mil 106 millones de pesos) y la contribución directa de la firma española.

Pronunciamientos civiles

En un comunicado que hizo llegar la redacción de Proceso Jalisco, el titular de la Fundación Cuenca Lerma–Lago Chapala–Santiago, Manuel Benito Villagómez, asegura que la contratación de la UNOPS la recomendó el ingeniero Enrique Dau Flores, actual consejero de Sandoval Díaz, con la finalidad de que el organismo internacional diga que sí se pueden inundar las tres poblaciones ya citadas y que la altura de la cortina de la presa se debe elevar a 105 metros.

Según Villagómez, detrás de El Zapotillo se encuentra Dau Flores, titular de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) durante la administración del panista Francisco Ramírez Acuña. Desde entonces, dice, él ha asumido el control de los proyectos hidráulicos en Jalisco.

Precisa que el asesor de Sandoval Díaz aún se aferra a la construcción de la presa Arcediano y la presa derivadora El Purgatorio, en las que se han invertido alrededor de 11 mil 600 millones de pesos.

Villagómez se dice extrañado de que la UNOPS no incluyera en su estudio de factibilidad el proyecto de la presa derivadora y el sistema de bombeo El Purgatorio, pues forma parte de la misma cuenca del río Verde.

Y añade que la oposición al trasvase de agua de El Zapotillo hacia la ciudad de León, Guanajuato, está plenamente justificada porque la disponibilidad de agua del río Verde no ha sido modificada oficialmente desde 1997; es decir, no existe un decreto presidencial o acuerdo gubernamental respecto a los volúmenes actuales del afluente, a pesar de que las autoridades aseguran lo contrario.

El 9 de febrero último, el Movimiento Mexicano de Afectados/as por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) emitió un pronunciamiento en el que asevera que la propuesta de la UNOPS y el PNUMA resulta incompleta y lejana a los estándares internacionales sobre el derecho a la consulta y la participación que Naciones Unidas está obligada a respetar, pues las autoridades y el organismo actúan como juez y parte.

Y cuestiona: “¿Quién monitoreará y vigilará que durante la realización y las recomendaciones del estudio no se vulneren los derechos de las comunidades afectadas?, ¿dónde queda la voz de las comunidades afectadas, de las organizaciones, especialistas y académicos/as en defensa del agua y los derechos humanos del estado de Jalisco?

“Pareciera que las instancias de participación y contraloría ciudadana para la toma de decisiones no se conformarán, en aras de garantizar el cumplimiento de los términos y tiempos del estudio; es decir, garantizar el negocio no menor a 4.6 millones de dólares.”

El martes 12, al contralor Bañuelos Guardado comentó a Proceso Jalisco que no podía hacer ninguna declaración respecto a la denuncia de hechos porque la recibió el 17 de marzo, un día antes de que se abriera el periodo de vacaciones de Semana Santa. Dijo que apenas entró a su análisis y manejará con discreción el asunto porque así se lo exige la ley.  l