Contubernio urbanizador

A Santa Cruz de la Soledad arribó un fuerte contingente policiaco y un convoy de funcionarios agrarios para garantizar la renovación de la mesa directiva del ejido. Un grupo de comuneros inconformes y la anterior dirigente denuncian que fue un acto ilegal, cometido por autoridades estatales y una empresa inmobiliaria que pretende urbanizar la zona agrícola.

La localidad de Santa Cruz de la Soledad, en el municipio de Chapala, se caracteriza por ser una población tranquila en la que aún se mantienen vivas las fiestas de pueblo, las tardeadas con música de banda en la plaza y corridas de toros los fines de semana.

Rara vez hay vigilancia, dicen los lugareños, pero el domingo 17 el pueblo amaneció con su plaza sitiada por más de 50 efectivos de la Fiscalía General del Estado (FGE), que arribaron al lugar desde las 00:30 horas. Después la gente vio llegar aproximadamente 20 patrullas –algunas sin placas y con vidrios polarizados–, varios sedanes y camionetas con funcionarios de la delegación Jalisco de la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional.

Los uniformados cercaron la plaza y calles contiguas con vallas metálicas, de manera que los habitantes ni siquiera pudieron entrar a la iglesia para escuchar la misa del párroco Ricardo Javier Ramírez. El despliegue policiaco obedeció al cambio de mesa directiva del Ejido de Santa Cruz de la Soledad, que hasta ese día encabezó la señora Martha Rodríguez García, electa el 12 de abril de 2015 por un periodo de tres años que finaliza en 2018.

Sin embargo la Procuraduría Agraria no la dejó terminar su encargo y convocó a nuevas elecciones, aunque esa es una facultad exclusiva del Consejo de Vigilancia del Comisariado Ejidal. Para ello solicitó que el grupo antimotines bloqueara el acceso a los ejidatarios inconformes.

Algunos de éstos intentaron entrar cuando los efectivos abrieron una de las vallas para dar paso a funcionarios de la dependencia y ejidatarios que votaron en la renovación de la mesa directiva, pero los uniformados cerraron de golpe el cerco y despejaron el punto de control con algunos golpes a los manifestantes, entre ellos a María de Jesús, hija de la expresidenta del Comisariado Ejidal.

También había policías vestidos de civil que amedrentaron a un joven del lugar porque anotó las placas de las patrullas donde arribaron los efectivos de la FGE.

El personal de la Procuraduría Agraria dispuso que únicamente podían pasar los ejidatarios inscritos en una lista. El resto se quedó tras el cerco vociferando contra los que votaron por la renovación de la mesa directiva. Además, expresaron su repudio al párroco porque prestó el salón anexo de la iglesia a las autoridades para que ahí efectuaran la asamblea en la que se dio el relevo.

La expresidenta del comisariado, Rodríguez García, expresa que su destitución la orquestó el director general de Asuntos Agrarios del Gobierno del Estado, Mario Vladimir Avilés Márquez, quien durante una reunión en la Procuraduría Agraria le dijo: “Usted no me sirve, a mí me sirve la anterior mesa directiva, usted se va a salir”.

Comenta que no era la primera ocasión en que trataron de destituirla, pues al tomar las riendas del ejido en abril del año pasado lo primero que hizo fue solicitar rendición de cuentas a su antecesor, José Asunción Lomelí Cortés, por la venta de 164 hectáreas del cerro El Junco a la desarrolladora Santa Cruz Inmobiliaria de Chapala S.A. de C.V.

Dice que un año después de haber asumido el encargo, Lomelí Cortés no ha rendido informes de esa transacción que los ejidatarios consideran ilegal, pues El Junco tiene decreto de reserva ecológica, al igual que la montaña El Cántaro, la cual también es objeto de presión inmobiliaria.

La señora menciona que no esperaba ser electa presidenta del Comisariado Ejidal, pues la mesa directiva que la antecedió manipuló el padrón del ejido para evitar que llegara. Aun así la votación fue reñida y Rodríguez García obtuvo el triunfo con un solo voto. No obstante, dice, la Procuraduría Agraria se negó a reconocerla, por lo que tuvo que meter una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario 15 (expediente 240/2015).

Precisa que el 3 de noviembre del año pasado ese órgano judicial dictó sentencia a favor de ella, pero la Procuraduría Agraria se negó a expedirle las credenciales correspondientes.

Intimidación gubernamental

La exdirigente ejidal señala que Santa Cruz de la Soledad es un pueblo eminentemente agrícola, y en esas extensiones que ahora son propiedad del fraccionador la gente sembraba su propio alimento y llevaba su ganado a pastar. Su localización es estratégica porque facilita tomar un atajo hacia el vecino municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos y la delegación de San Nicolás de Ibarra. También lo usan como puente los estadunidenses y canadienses que viven en el fraccionamiento residencial Vista del Lago.

Considera que a esto obedece la presión que ejercen las empresas inmobiliarias en toda la ribera del Lago de Chapala con la complacencia de la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, cuyos funcionarios ingresan a los ejidos únicamente para dividirlos y sacar provecho. Precisa que en San Nicolás de Ibarra ya se concretó el despojo de sus tierras y sus ejidatarios viven en la incertidumbre.

Añade que en una sesión ordinaria el presidente municipal de Chapala, Javier Degollado González, modificó el uso de suelo para permitir la urbanización sin considerar los decretos de reserva ecológica que existen.

Según Rodríguez García, la venta de esas hectáreas se fue fraguando mediante intimidaciones de los representantes de la Procuraduría Agraria contra los ejidatarios durante una visita al poblado en 2014. Dice que la visitadora de la dependencia, María Selene Corichi Martínez, les advirtió que si no vendían el gobierno procedería a quitarles sus tierras.

Todavía en febrero pasado, apunta Rodríguez García, fue a la localidad el titular de Asuntos Agrarios para informar a la población que el gobierno de Jalisco planea desarrollar un corredor turístico desde Ajijic a Santa Cruz de la Soledad, en el que se incluye la construcción de nuevas vialidades, hoteles, hospitales, invernaderos y proyectos agropecuarios.

A decir de la exdirigente ejidal, el funcionario les explicó que una parte de la inversión –cercana a 390 millones de pesos– correría por cuenta del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), pero nunca presentó copia del presunto plan.

De acuerdo con lo que el servidor público les dijo a los pobladores, el proyecto arrancará hasta que completen 460 hectáreas, lo cual no ha ocurrido.

María de Jesús, hija de la expresidenta del Comisariado Ejidal, menciona que la oferta económica por la compra del cerro El Junco llegó a través del notario público 76 de Guadalajara, Pablo Prado Blagg, quien hizo entrega de un cheque por 39 millones de pesos para que la mesa directiva que presidió Lomelí Cortés lo repartiera a partes iguales entre los 64 ejidatarios que estaban registrados oficialmente ante la Procuraduría Agraria.

Precisa que en realidad el ejido tiene 169 integrantes, pero el resto fue separado por un reglamento que Lomelí Cortés diseñó en marzo de 2014 exprofeso para sancionar a los miembros que tuvieran tres faltas consecutivas en las asambleas.

Considera que Lomelí Cortés actuó con premeditación, pues alrededor de 44 ejidatarios viven en Estados Unidos y no podían volver cada vez que se reuniera la mesa directiva. Mediante ese recurso redujo el padrón para manejar a su conveniencia el ejido.

En mayo del mismo año, explica, el entonces dirigente ejidal convocó a asamblea para anunciar que cambiaría el destino de las tierras de uso común a asentamiento humano para hacer posible la urbanización.

El poder del dinero

A decir de María de Jesús, los 39 millones de pesos no llegaron completos a todos los ejidatarios, pues aún hay personas que reclaman su pago individual de aproximadamente 240 mil pesos. Además, dice, los inconformes se enteraron de que la venta de El Junco ascendió a más de 267 millones de pesos, que se depositaron en un fideicomiso de Banamex.

Revela que a su madre le hicieron una oferta de 3 millones de pesos de parte del notario Prado Blagg, pero se negó a aceptarlos y prosiguió con las demandas contra los anteriores integrantes de la mesa directiva por presuntos manejos ilegales en el ejido. Dice que la mayoría de sus miembros rebasan los 80 años y se vieron forzados a aceptar lo que ofreció la inmobiliaria.

Hasta el corte de esta edición, el grupo de inconformes desconocía los nombres del nuevo titular del Comisariado Ejidal, su secretario general y el tesorero.

Rodríguez García manifiesta que la conformación de la nueva mesa directiva es ilegal porque no siguió los cauces conducentes. Aún más, asevera que el personal de Asuntos Agrarios recolectó firmas entre los ejidatarios supuestamente para notificarles de una ayuda social, pero las empleó para promover su destitución.

Menciona que si querían separarla de la titularidad del ejido, la Procuraduría Agraria debía entregarle un acta de remoción con las firmas del grupo inconforme, y si ella todavía se mostraba renuente debieron turnar el asunto al Consejo de Vigilancia del Comisariado Ejidal para que emitiera la convocatoria a una asamblea y allí pudieran removerla.

Los habitantes de Santa Cruz de la Soledad desconocen quiénes son los socios de la inmobiliaria, sin embargo Proceso Jalisco indagó en el Registro Público de la Propiedad (RPP) y encontró que detrás de esa empresa se encuentran los hermanos José Luis, Juan Arturo, Héctor y Ricardo Covarrubias Valenzuela, dueños de la agencia de automóviles Motormexa, además de José Luis Covarrubias Covarrubias, quienes participan como accionistas mediante la Administradora JLC, S.A. de C.V.

Según los documentos del RPP, esta empresa se constituyó formalmente el 23 de octubre de 1990 mediante la escritura pública 29686. También se registra como socio de la inmobiliaria a la empresa Covasis S de RL de CV, cuyo apoderado legal es Manuel Ramón de Asís Orta, originario de Huelva, España.

Asís Orta es a la vez representante y socio de Covasis, S. de R.L. de C.V., al igual que Ricardo Covarrubias Valenzuela, su principal accionista. Dicha empresa se constituyó el 3 de abril de 2008 con la escritura pública 38083, ante el notario Manuel Bailón Cabrera.

Asimismo, según los datos del RPP, la desarrolladora Santa Cruz Inmobiliaria de Chapala S.A. de C.V. se constituyó formalmente el 17 de enero del 2012 con el folio mercantil 68195 ante el mismo notario, y su apoderada legal es Adriana Gómez Maciel. l