Historia de la tortura videograbada

Durante meses permaneció oculto. Pero la semana antepasada, cuando se difundió, el explosivo video en el que se observa a militares y policías federales cuando torturaban a Elvira Santibáñez detonó un escándalo y el propio titular de la Sedena tuvo que salir a pedir perdón por los abusos contra una ciudadana. Hoy, varios de los implicados en ese oprobioso caso, en particular la soldado María Dulce Elena Reyes Ramos, están presos. Esta es la historia de cómo ocurrieron los hechos.

Poco después de las 08:00 horas del 4 de febrero de 2015, una llamada de la Policía Federal (PF) movilizó a la base de operaciones del Ejército que se había establecido semanas atrás en el poblado de Ajuchitlán del Progreso, en la región de Tierra Caliente, Guerrero.

Los federales pedían apoyo para detener a un grupo armado que había sido ubicado a las afueras de la población. Cuando el capitán Juan Carlos Limón Portillo tuvo el reporte completo, ordenó a su equipo –una treintena de soldados– salir en vehículos divididos en células de ocho para patrullar la zona.

Al paso de las horas, después de que uno de los grupos apoyó a la corporación federal en la captura de tres personas –dos hombres y una mujer–, los militares regresaron a su base.

Los soldados pertenecían al 12 Batallón de Policía Militar enviado por esos días a Guerrero desde San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México, donde tienen su cuartel. Al mando estaba el coronel Francisco Javier Mandujano Acevedo, quien ascendió a este grado en 2012, comisionado con sus tropas al operativo especial que en diciembre de 2014 el gobierno federal lanzó en esa región del estado.

Había un considerable número de vehículos de la PF cuando regresaron. La primera orden que recibieron los soldados fue dividirse para formar un perímetro de seguridad alrededor de la base. A los detenidos les habían asegurado cuatro armas largas, cartuchos, dinero en efectivo, celulares y un radio de comunicación. Por este aparato, los militares y los agentes federales escucharon una voz que decía que fueran a recoger unas armas al panteón del poblado para ir a “rescatar” a los detenidos.

Se activó la alerta de un posible ataque, se emplazaron ametralladoras y colocaron los vehículos para formar barricadas, según testimonios recopilados en el expediente 406/2015 abierto en el Juzgado Quinto Militar. Existían antecedentes de que en la zona miembros del crimen organizado solían emboscar a policías y a miembros del Ejército. Además de cometer secuestros frecuentemente, amedrentaban de manera violenta a la población, sacándola de sus viviendas para apoderarse de sus propiedades.

Momentos más tarde arribó a la base el mayor Ricardo Lara Aguilar, comandante del sector de Ajuchitlán, y ordenó al capitán Limón Portillo que sacara de la base a los tres civiles detenidos. Los subieron a unas camionetas de la PF y se los llevaron hacia la salida del poblado. Al llegar a una glorieta el oficial ordenó a sus hombres formar una valla de seguridad mientras los federales los bajaban para meterlos a una casona que estaba en obra negra.

Los detenidos eran José Villalobos Díaz, de 32 años, originario de Arcelia; Juan Hernández Villa, de 35, también de Arcelia, y Elvira Santibáñez Margarito, de 21, oriunda de Ajuchitlán. A los militares les llamó la atención que la mujer no paraba de llorar mientras pedía que la dejaran en libertad. Estaba muy nerviosa tras encontrarle escondidos en sus ropas fajos de billetes que sumaban más de 11 mil pesos, según el expediente.

Alrededor del interrogatorio

Del 26 de diciembre de 2014 al 26 de febrero de 2015, el 12 Batallón de Policía Militar encabezado por el coronel Mandujano Acevedo formó parte del operativo especial “Iguala”. Los soldados que pertenecían a las unidades que venían de San Miguel de los Jagüeyes estaban bajo el mando del general Alejandro Badillo Trueba, quien por esas fechas era el comandante de la Cuarta Brigada de Policía Militar con sede en ese municipio del Estado de México.

Uno de los días más críticos fue aquel 4 de febrero, cuando detuvieron a los dos hombres y a la mujer en posesión de todo un arsenal. El sargento Ignacio Javier Jiménez Peña, miembro del 12 Batallón de Policía Militar, declaró que los detenidos fueron llevados a la base de operaciones de Ajuchitlán, donde se registró por escrito el tipo de armamento y se especificó lo incautado. Tras las indicaciones del mayor Lara Aguilar al capitán Limón Portillo, se llevaron a los detenidos del lugar hacia una casa en construcción a las afueras del pueblo.

Ahí, el capitán Limón “le ordenó a la soldado Dulce Elena Reyes Ramos que interrogara a la mujer detenida por la PF; también le pidió tomar nota de la información que obtuviera del interrogatorio”. El sargento Jiménez recordó, de acuerdo con copia de su declaración consultada por este semanario, que observó cuando la mujer soldado “en compañía de una agente de la PF estuvo interrogando y asfixiando con una bolsa a la detenida, la cual no aportó ningún dato relevante. En el lugar también estaba el cabo de Policía Militar Francisco Dámaso Aragón Luna”. Entre todos los presentes, añadió, no supo quién realizó el video.

Otro testigo señaló que vio cuando el capitán Limón y la soldado Reyes Ramos se dirigieron hacia el lugar donde se encontraba un grupo de aproximadamente cinco uniformados de la PF en las inmediaciones de una construcción a donde habían llevado a los tres detenidos. El cabo Francisco Dámaso Aragón Luna recordó que alrededor de aquella vivienda en obra negra establecieron un cordón de seguridad para custodiar al grupo de federales y soldados que tenía a los tres civiles.

“Momentos después escuchó gritos de una mujer que provenían del interior de la construcción en obra negra, por lo que se ordenó que la tropa agilizara el tránsito de vehículos que pasaban por la zona”, declaró.

El video donde aparece la soldado Reyes Ramos interrogando a Elvira Santibáñez, comentó Aragón Luna, lo vio por primera vez en septiembre de 2015. Le hizo un comentario a su colega y ésta no dijo nada. Un día de diciembre pasado se le acercó y le dijo: “Ya valió”, refiriéndose al video donde aparecía Reyes.

El día del interrogatorio el mayor Lara Aguilar, al percatarse de que estaban maltratando a la mujer, ordenó que la soltaran. Asumió el papel de “policía bueno”, en tono calmado le hizo algunas preguntas al mismo tiempo que la tranquilizaba.

El oficial iba acompañado de la soldado Lluviana Vargas Truché, quien también hizo algunas preguntas a la detenida. En principio se presumió que esa mujer militar pudo ser la autora del video, pero los indicios señalaron a un soldado identificado sólo por su apodo.

Un anónimo para el secretario

La investigación por lo ocurrido en aquella casona en obra negra a las afueras de Ajuchitlán, comenzó en diciembre pasado, cuando un sobre que contenía un escrito y un video llegó a la Procuraduría de Justicia Militar. El remitente firmó como Luis Hernández Hernández, y escribió “Avenida Ilusiones 2001, colonia Juárez, delegación Venustiano Carranza”, un lugar en la Ciudad de México inexistente.

El anónimo decía que se encontraba “indignado con el contenido del video”, pues los actos que ahí se mostraban no eran “dignos de una persona”, señalando a la soldado Reyes Ramos, quien ahí aparecía interrogando a Elvira Santibáñez, mientras una agente de la PF le colocaba una bolsa en la cabeza para intentar provocarle asfixia.

El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, se enteró por esos días de la existencia del anónimo y giró instrucciones para que se investigara. El video circuló entre efectivos de la Policía Militar a su regreso de Guerrero durante varios meses, pero no fue sino hasta finales del 2015 que el alto mando militar supo del contenido. Durante este lapso, los órganos de información e inteligencia militar nunca lo detectaron.

El autor hasta mediados de abril no estaba del todo identificado, pero entre las hipótesis de la fiscalía militar y los abogados de la soldado Reyes Ramos, se apuntaba que pertenece al 12 Batallón de Policía Militar. Uno de los motivos para que se grabara el interrogatorio y se difundiera, probablemente fue para perjudicarla en la promoción e impedir que ascendiera a cabo el año pasado, según los abogados defensores.

Presión mediática

El 5 de enero pasado, cuando Reyes Ramos fue detenida acusada en el fuero de guerra de desobediencia, ingresó al penal castrense del Campo Militar Número Uno junto a su coacusado, el capitán Limón Portillo, su superior inmediato.

El viernes 22, en el juzgado Quinto de Distrito en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México se les tomó su declaración preparatoria en el juicio donde la PGR los acusó de tortura junto a tres elementos de la PF.

En la audiencia, Reyes Ramos dijo que no conocía el contenido del video, que no sabía de qué se le acusaba y que todo lo que realizó durante el operativo especial en la Tierra Caliente de Guerrero, siempre fue por órdenes de sus superiores jerárquicos. “Quiero agregar que no me mando sola, soy soldado raso”, dijo ante el juez que lleva el caso.

En un escrito que dará a conocer en los próximos días y cuyo contenido adelantó a este semanario, Reyes asegura que las acusaciones en su contra son falsas además de que la condenaron de manera pública, el día que el secretario de la Defensa leyó un mensaje y pidió perdón por el contenido del video, violando su derecho al debido proceso.

“Me permito mencionarles que la serie de acusaciones que me imputan son totalmente falsas, ya que yo soy soldado de Policía Militar y por tanto nunca estoy sola, siempre hay algún compañero, algún superior que me supervisa, ya que soy el último en el escalafón de jerarquías. Hasta ahorita no ha habido persona alguna que me denuncie directamente, ni la civil probablemente afectada ni ningún compañero de trabajo, ya que en el momento de los hechos estuve en todo momento acompañada. Como lo dije en mi declaración, esta mujer (Santibáñez) fue detenida por portación de arma, ahora que sale el supuesto video se quiere hacer víctima, cuando ella anteriormente era victimaria.”

Para que el delito de desobediencia se justifique, debe existir una orden, en este caso se le conoce como orden general de operaciones, la cual deberá estar firmada por el mando responsable, el general Ernesto Alejandro Badillo Trueba, comandante de la Cuarta Brigada de Policía Militar durante el operativo especial en Guerrero.

Al existir una orden para que respetaran los derechos humanos de los civiles, y no hacerlo, de ahí surge el delito de deso­bediencia. “Pero resulta que no existe al momento una orden general de operaciones, que es donde el comandante, el mando especial en Iguala, debió plasmar las indicaciones”, dice uno de los abogados defensores de la militar detenida.

En la cadena de mando por arriba de Reyes Ramos estaba el capitán Limón Portillo, coacusado, quien reportaba al mayor Lara Aguilar –en 2010 su nombre apareció mencionado en un cable de Wikileaks como sospechoso de violar derechos humanos–; él seguía instrucciones del coronel Francisco Javier Mandujano Acevedo, comandante del 12 Batallón de Policía Militar. Este oficial, siguiendo la línea de mando, recibía instrucciones del general Badillo Trueba, quien se trasladó a Guerrero por órdenes del Estado Mayor de la Defensa.

Los abogados defensores de la soldado denunciaron que ha recibido demasiadas presiones de varios mandos superiores del Ejército. Van varios días, desde que se difundió el video, en que la visitan en la prisión militar para interrogarla. Son oficiales enviados por la Procuraduría de Justicia Militar, por la Dirección de Derechos Humanos y el área jurídica de la Defensa. A eso se le suman las declaraciones a los medios de comunicación de funcionarios de la Secretaría de la Defensa que pasan por alto su presunción de inocencia. l