La retórica de Caro Cabrera

Para Cuauhtémoc Urbina Miranda, dirigente de Unión Diversa de Jalisco, el discurso del comisario de seguridad de Guadalajara, Salvador Caro Cabrera, no se refleja en la práctica cotidiana. El funcionario asegura que los policías municipales ya no catean ni intimidan a los ciudadanos tapatíos, sino que se entrevistan con ellos para obtener información; lo cierto, dice Urbina, es que él y sus compañeros de la comunidad lésbico-gay han sido intimidados una docena de veces por los uniformados en lo que va del año.


Cuando la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara dio a conocer que los policías municipales ya no someterían a la ciudadanía a las oprobiosas revisiones, cateos e intimidaciones durante sus rondines, muchos tapatíos respiraron tranquilos. Pero el efecto duró pocas semanas, pues las viejas prácticas retornaron desde principios de año.

De entonces a la fecha, Cuauhtémoc Urbina Miranda, el dirigente de Unión Diversa de Jalisco, una organización Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT) que desde hace dos años promueve la Marcha por el Orgullo GDL, y varios de sus organizadores han sido detenidos una docena de veces por los uniformados dentro y fuera de las oficinas de la organización.

Según el activista, dos de los policías motorizados que lo han intimidado supuestamente recibieron cursos sobre derechos humanos para atender las contingencias sin violentar a la ciudadanía. A principios del mes pasado Urbina Miranda envió un whatsapp al titular de la comisaría, Salvador Caro Cabrera, para pedirle que cesara el hostigamiento.

El funcionario le respondió que desde que él asumió el cargo, en octubre de 2015, la corporación tiene la encomienda de hacer “entrevistas” a los ciudadanos porque el índice delictivo en la colonia donde vive Urbina es “muy complejo”. Los delincuentes, le dijo Caro Cabrera, “suelen ser ciudadanos como tú y yo”, por eso los uniformados suelen entrevistarlos.

“La vigilancia en motos y las entrevistas a transeúntes son las tácticas más efectivas, pero no las revisiones”, aclaró el funcionario municipal y prometió a Urbina que ni él ni sus compañeros volverían a ser molestados.

Sin embargo, el 27 de abril, cuando acudió a la Dirección de Asuntos Internos a interponer una queja contra los uniformados, Urbina se enteró que un integrante de su organización había sido retenido por unos uniformados mientras hacía ejercicio cerca de su domicilio.

Urbina, quien en 2013 fue despedido del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos por su exjefa Silvia Zárate Cárdenas debido a su condición de seropositivo, denunció ese caso ante una comandante asignada a la zona, a quien sólo identifica con el nombre de Marcela.

Ella, dice, le pidió a sus subalternos acompañarla al domicilio del afectado, un extranjero avecindado en la ciudad, para que identificara a sus agresores, sin embargo, él se negó a hacerlo para evitar problemas migratorios.
Apoyos no correspondidos
Cuauhtémoc Urbina comenta que desde 2013 no tiene un empleo fijo. Lamenta la cerrazón de las autoridades, sobre todo porque, dice, durante la campaña de Sandoval Díaz a la gubernatura él aportó recursos (Proceso Jalisco 486) y ahora todos le cierran las puertas.

Como empresario de espectáculos, Urbina sufragó los gastos y la organización de un concierto de música electrónica en la explanada del Estadio Omnilife el 16 de junio de 2012, cuando el entonces candidato fue presentado ante un sector de la comunidad LGBT de Guadalajara.

Hasta ahora, Sandoval Díaz no ha correspondido a la comunidad lésbico-gay ninguna de sus demandas. En el caso del matrimonio igualitario, dice, llegó a Jalisco por una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin que el gobernador o los diputados del Congreso local intervinieran.

El agraviado hace un recuento de las detenciones a él y sus amigos. En enero, por ejemplo, fueron detenidos en puntos cercanos a su domicilio y menciona las calles Libertad y Progreso, Prisciliano Sánchez y Atenas, Avenida México y Chapultepec, Moscú y Prisciliano Sánchez, la Avenida Francisco Javier Gamboa.

El pasado 22 de abril, al filo de las 13:00 horas, uno de sus amigos fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado. Lo trasladaron a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en Avenida La Paz y 16 de Septiembre sólo por traer en su bolsillo un medicamento antidepresivo.

Durante tres horas lo interrogaron e incluso lo obligaron a desnudarse. Antes de soltarlo se burlaron de él y le dijeron que después de todo “le había ido bien”.

Urbina asegura que cuando los detienen, los uniformados los basculean y no son nada amables. No entiende por qué el comisionado Caro Cabrera dice que sus subalternos se “entrevistan” con los detenidos. “Te preguntan a dónde vas, qué haces, de dónde vienes, a qué te dedicas, dónde vives. Eso no es una entrevista”, dice.

El día que el reportero entrevistó a Urbina, Caro Cabrera presentó ante los medios de comunicación el Nuevo manual del sistema operativo de la policía de Guadalajara con el que pretende abatir los índices delictivos y obligar a los elementos de la corporación a rendir informes frecuentes de sus actividades.

Esa nueva estrategia, según el funcionario, “va a permitir conocer qué es lo que ha hecho cada elemento a través de los informes de unidad. Éstos se deberán realizar día con día, turno por turno”. A partir de ahora, agregó, todos los elementos de la corporación serán evaluados, desde el policía de calle hasta los supervisores y comandantes.

Uno de los objetivos del nuevo esquema es que los uniformados se conduzcan bajo una cultura de legalidad y respeto a los derechos humanos. Pero Urbina Miranda asevera que las prácticas policiacas siguen siendo las mismas, aunque cambien de nombre. Eso contraviene el artículo 16 de la Constitución Mexicana, según el cual “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

El representante de la comunidad LGBT señala que la Dirección de Asuntos Internos aún no levanta su queja, pues le pidieron que hablara antes con José Francisco Ornelas Morales, asesor del comisario Caro Cabrera, y le presentara algunas pruebas para procesar a los elementos que lo hostigan.

Urbina Miranda también ha buscado a Guadalupe Morfín Otero para plantearle los problemas que padece la comunidad lésbico-gay que él representa. Confía en que ella lo apoye, pues, dice, ha sido ómbudsman estatal y titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas y hoy funge como regidora de Movimiento Ciudadano en el ayuntamiento tapatío.

Morfín Otero pidió a su asistente Francisco Macías que atendiera al activista. Cuando lo recibió, le dijo que hay casos más graves de derechos humanos que el suyo. Proceso Jalisco solicitó entrevista a la regidora pero ella declinó.

Según informes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, las revisiones de rutina representan hasta 40% de quejas que recibe el organismo. Pese a ello, el ómbudsman Felipe de Jesús Álvarez Cibrián no ha hecho pronunciamientos al respecto desde febrero de 2014, cuando el organismo comprobó la responsabilidad de un policía municipal en la muerte del joven Érick Fernando Chávez Trejo, de 21 años, durante una revisión de rutina ocurrida en octubre de 2013.  l