Los fedatarios jaliscienses intentan reposicionarse

Desde que asumió la presidencia del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, el 21 de enero pasado, Adrián Talamantes Lobato comenzó a cabildear ante representantes de los tres poderes para reposicionar a su gremio, sin menoscabo del poder de los jueces y magistrados. Sus propuestas recibieron apoyo de inmediato; ahora toca al Legislativo analizarlas e instrumentar los cambios necesarios.

El Colegio de Notarios del Estado de Jalisco impulsa ante el Congreso local modificaciones al Código de Procedimientos Civiles y a la Ley del Registro Civil para que su gremio tenga un papel más activo en los trámites de divorcio o rectificaciones en actas de nacimiento; de manera simultánea promueve ajustes en la Ley del Notariado encaminados a simplificar trámites y reducir los fraudes patrimoniales.

Según Adrián Talamantes Lobato, presidente del colegio, el propósito es convertir a los notarios en una opción para los ciudadanos mediante la agilización de ese tipo de procedimientos y de paso reducir las cargas de trabajo en los órganos jurisdiccionales, que actualmente trabajan a 300 o 400% de su capacidad.

Antes del miércoles 15, el colegio entregará a los legisladores un proyecto de reformas al Código de Procedimientos Civiles y a la Ley del Registro Civil. En él se prevé la intervención del notario a elección de los interesados sólo en la agilización de algunos trámites, no en juicios propiamente dichos, pues eso es atribución de los jueces, sostiene Talamantes.

Y pone como ejemplo el divorcio por mutuo consentimiento. Es un trámite, insiste, en el cual desde el escrito inicial los cónyuges saben que deben ir al juzgado a ratificarlo. Por lo general, esa diligencia la hace un auxiliar judicial en horas hábiles, por lo que a veces las personas deben pedir permiso en su trabajo para ajustarse a los horarios del juzgado.

“Yo no veo absolutamente ningún problema para que, quien así lo desee, presente su escrito ya ratificado ante notario; mejor aún, el notario puede atender los casos por las tardes, cuando los juzgados esté cerrados”, así como los fines de semana.

Según Talamantes, “con ello no estamos quitándole la potestad a la autoridad judicial, sino que estamos proponiendo que el particular tenga otras opciones”. Lejos de afectar la seguridad jurídica, ese mecanismo serviría de apoyo a los jueces.

Con respecto a los actos del Registro Civil, los notarios buscan ser auxiliares para ciertos procedimientos, como el de la rectificación de actas del Registro Civil. La Ley del Notariado, dice, prevé la intervención del notario como un auxiliar del órgano jurisdiccional. Lo que ahora se pretende es ampliar esas facultades”, refiere Talamantes.

De manera similar, el trámite de divorcio administrativo, que actualmente se hace en el juzgado, podría hacerse en una notaría. Eso aligeraría las cargas en los juzgados y los casos se resolverían con mayor celeridad, insiste Talamantes Lobato.

Cuando asumió la presidencia del colegio, el 21 de enero pasado, él hizo sus propuestas a los legisladores, al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz; al secretario de Gobierno, Roberto López Lara, y al titular del Poder Judicial, Luis Carlos Vega Pámanes. Su propuesta fue bien recibida, comenta.

Todos vieron bien las propuestas, aun sin conocer el texto. Y aunque se está cabildeando, hay que preparar muy bien el documento. “Hay que ponerlo en manos de todos los actores y sentarnos en mesas de trabajo para ajustarlo. Estamos convencidos de que los cambios beneficiarán a la sociedad”, dice Talamantes.

La Ley del Notariado

Los fedatarios también intentan modificar varios artículos de la Ley del Notariado para hacer más eficiente el trabajo del gremio y bajar los fraudes patrimoniales.

“Estamos trabajando en un proyecto para reformar alrededor de 20 artículos de esa norma. Se trata de cuestiones meramente operativas, que van a simplificar la labor del notario y ayudar a las autoridades”, explica Talamantes.

Dice que cuando hacemos una escritura en la cual se relacionan varios instrumentos como antecedentes, es obligatorio agregar al libro de documentos cada una de las escrituras que forman parte de los antecedentes.

Hay ocasiones en las que una sociedad mercantil o un banco, por ejemplo, otorga un poder, por lo que cada escritura, desde la creación del banco, tiene que poner una copia al libro de documentos, cuando todas esas escrituras están en el Registro Público, al alcance de cualquier particular.

“Me parece ocioso que el notario tenga que agregar al libro de documentos instrumentos que están en el Registro Público. Creo que, de entrada, eso va en contra de normas ecológicas. Este tema lo está viviendo el Poder Ejecutivo.

“El día que el notario concluye su función por muerte o por renuncia, todos sus libros van al archivo de instrumentos públicos y se convierten en libros de un volumen y no hay capacidad para recibir tanto libro. Creo que pudiéramos ahorrar mucho papel, por lo que voy a proponer que simplemente se citen sus datos de registro y cualquier persona tenga acceso a ellos”, resume Talamantes.

Con respecto al mecanismo que se utilizaría para reducir la incidencia de fraudes patrimoniales, la propuesta es el envío de avisos preventivos electrónicos de venta en el Registro Público de la Propiedad y que haya un mecanismo transparente para observar cuando se avecine un cambio de estatus en determinada propiedad.

Este punto ya se platicó con el director del Registro Público de la Propiedad. Si se aprueba, se abatirán de manera sustantiva las falsificaciones que ocurren con frecuencia. Hoy, muchos de los defraudadores se quedan con los bienes inmuebles de los ciudadanos y los notarios avalan esos movimientos. Ello se debe a que no tienen herramientas para conjurar esos fraudes, pues no tienen acceso a una base de datos para corroborar si las acciones son lícitas.

Quienes se dedican a eso forman una mafia. Por lo general rentan una casa e investigan quién es su dueño y van y sacan un acta de nacimiento; luego presentan ese documento ante Instituto Nacional Electoral (INE) y solicitan una credencial de elector a nombre del dueño con la cara del falsificador.

“A la hora que llegan al notario, si usted ve el rasgo físico, la credencial pertenece a la persona que tiene enfrente: tiene su fotografía, trae el nombre del dueño, la escritura del inmueble y cuadra con la identificación. Usted entra en la página del INE y corrobora que el documento es válido. El tema es muy complejo”, explica Talamantes.

Los temas pendientes

En las discusiones, los legisladores deberán poner énfasis en dos puntos: la edad de retiro de los notarios y sobre un mecanismo punitivo para el fedatario que no cumpla cabalmente con su función o se involucre en actos de corrupción.

Sobre el primero, el Congreso intentará establecer una edad límite de 70 años para el retiro de los notarios, de manera similar al caso de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. Con ello se evitará que otras las personas administren las notarías cuando su titular sufra alguna enfermedad, como sucedió en el caso de la Notaría 99 de Guadalajara, cuyo titular, José Mora Luna, murió en 2014 a los 77 años.

Una década atrás, según sus colegas, Mora Luna sufrió una embolia que lo incapacitó para el trabajo, por lo que otras personas atendían la notaría. En 2010, esa notaría certificó a Juan Coker, una persona inexistente, que “regaló” cuatro terrenos en Valle Real al entonces secretario del Congreso, Alfredo Argüelles.

Asimismo, dio fe de la existencia de Sergio Juárez Rivera, un apoderado legal del Despacho López Castro, que reclamaba al Congreso 58 millones de pesos. Sin embargo, se pudo observar que había dos personas con el mismo nombre –un obrero y un mecánico– ajenos totalmente a esa empresa.

Tras una petición de información a la Secretaría General de Gobierno vía Transparencia, Reporte Índigo informó el 18 de mayo pasado que de 2007 a principios de 2015 esa dependencia recibió 227 quejas de ciudadanos afectados por anomalías de notarios de Jalisco.

El 59% de las inconformidades las concentran 11 fedatarios, entre ellos Sergio Alejandro López Rivera, de la Notaría 64 en Guadalajara, con 23 señalamientos, y Javier Herrera Anaya, de la Notaría 29 de Guadalajara, con 22; José Luis Organista Macías y José Horacio de la Salud Ramos Ramos, de las notarías 2 de Tlajomulco y 100 de Guadalajara, respectivamente, tenían 17 cada uno.

Pese a esas anomalías, los notarios mencionados siguen laborando.