La Fuerza Única en acción… contra ejidatarios

Un grupo de integrantes del ejido de José María Morelos, en Tomatlán, denuncia que el gobierno estatal apoya a autoridades espurias y revienta sus asambleas, a fin de impedir que los campesinos recuperen las mil 200 hectáreas donde la empresa Rasaland pretende construir el megaproyecto turístico Nuevo Cancún.

CHALACATEPEC.- El sábado 20, a las 11 de la mañana, una docena de patrullas de la Fuerza Única cortaron el paso de los integrantes del Ejido José María Morelos, quienes pretendían acudir a una asamblea convocada por los opositores al megadesarrollo turístico conocido como Nuevo Cancún.

Los uniformados argumentaron que ellos no eran parte de la comunidad, pues eso les dijo un grupo de campesinos que está de acuerdo con el plan del gobierno estatal y la empresa desarrolladora Rasaland.

El líder de los ejidatarios disidentes, José Guadalupe Valadez Parra, relata que el grupo contrario, encabezado por Jesús Larios Guzmán, convocó a una asamblea para el día siguiente, el domingo 21. Sin embargo, para el sábado los comuneros estaban citados por el Consejo de Vigilancia del ejido. Cuando se dirigían hacia la Casa Ejidal, las patrullas estatales les bloquearon el paso.

“Siendo de nosotros esa casa, no nos dejaron entrar. El que traía un documento es Cuauhtémoc (Peña, secretario general de la Federación General de trabajadores del Estado y Municipios), porque todo aquel de nosotros que se acercaba a la entrada, lo aventaban por ahí”. Al líder sindical, señala, “no le dijeron nada: llegó con fotógrafos”.

A los demás, los policías les impidieron entrar “por órdenes del subsecretario de Gobierno”. Ahí se enteraron del pretexto: “La queja que les pusieron a ellos (a la policía) es que nosotros no éramos ejidatarios, siendo que teníamos puestas convocatorias con más de 15 días de anticipación”.

En cambio, la Casa Ejidal se abrió el siguiente día a la misma hora, pero igualmente se le negó el acceso a los ejidatarios más críticos.

Según Valadez Parra, los ejidatarios que están a favor del desarrollo turístico  son, cuanto más, 40 de los 387 que fueron beneficiados por el decreto del 23 de mayo de 1960, en el que el gobierno de Adolfo López Mateos le expropió al general Roberto Fierro su hacienda La Nancy. De esta extensión, los comuneros recibieron 12 mil 400 hectáreas para crear la población agrícola José María Morelos en el municipio de Tomatlán.

El representante de los opositores al Nuevo Cancún reitera que la mayoría de los ejidatarios no reconoce como líder a Larios Guzmán, pues dice que fue elegido en un proceso ilegal y no alcanza el quórum necesario para tomar decisiones. Sin embargo, reconoce que cuentan con el apoyo gubernamental:

“El domingo hicieron ellos su asamblea, una asamblea dura, pero menos nos dejaron entrar, con la Procuraduría Agraria ahí adentro, como lo saben hacer ellos: encerrados.”

Eso es grave, agrega, pues “el gobierno del estado está haciendo con ellos lo que quiere. ¿Para qué? Para quitarnos las tierras, las lagunas y todo, por eso aspiraban a hacer la asamblea encerrados con el gobierno del estado y con un fedatario para hacer sus enjuagues. Ya hablamos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) porque al gobierno del estado le vale madre lo que nos hace aquí la Procuraduría Agraria”.

Una de las irregularidades que Valadez Parra le atribuye al grupo de Larios Guzmán es que castigó a la mayoría de los ejidatarios por oponerse al proyecto:

“En el acta de una asamblea que hicieron ellos hace dos o tres meses consta que nos castigaron según ellos a 337. Quieren llevar esto así, con una asamblea dura, metiendo a otros que no son ejidatarios porque no tienen parcelas –se las vendieron a Rasaland– y con quienes las vendieron hace unos 30 años. Los meten para tratar de tener quórum, pero no lo consiguen porque legalmente se necesitan tres cuartas partes o la mitad más uno, y no llegan a ese número.”

Autoridades enganchadas
con el proyecto

En su edición 610, este semanario informó que los comuneros están cerca de lograr que se les devuelvan las mil 200 hectáreas que les quitaron Rasaland y el gobierno del estado para construir el Nuevo Cancún. Si esto sucede, estará en riesgo la inversión de 89 millones de dólares que realizó el gobierno del estado con recursos del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.

En octubre de 2012, la Secretaría de la Reforma Agraria advirtió que no podía regularizar las tierras que el presidente López Mateos les cedió a los campesinos en 1960 y se negó a inscribirlas en el Registro Público de la Propiedad.

En una reunión realizada el pasado 19 de febrero en la Ciudad de México, Jesús Castillo Mendoza, representante legal del general Roberto Fierro, les recordó a los funcionarios de la Sedatu que nunca se le pagó la suma convenida hace 56 años, “por lo que entonces debían regresarle la propiedad (en donde está Rasaland)”.

Los campesinos confían en que el argumento de la falta de pago por las tierras al general Fierro determine que se les regrese la posesión de su parte.

El próximo 2 de septiembre habrá un desahogo de pruebas ante el Tribunal Superior Agrario del Distrito 13 (expediente 15/2016), al que están citados los que se ostentan como presidentes del comisariado ejidal, a fin de determinar quién representa legalmente a los campesinos.

Al respecto, Valadez Parra recuerda que existe un amparo por el cual no se puede iniciar con la construcción del complejo en las mil 200 hectáreas que están en poder de Rasaland, pues asegura que los terrenos son ejidales. Advierte que tampoco se puede trabajar en la zona donde se tiene proyectada la aeropista, para la cual se necesitan 136 hectáreas.

“Ya tienen en su poder 136 hectáreas de la aeropista y mil 200 de una supuesta compañía Rasaland –denuncia– y nos quieren quitar otras tres sin pago alguno. La aeropista la pagaron a cuatro pesos el metro cuadrado y últimamente Vladimir (Avilés Márquez), el director de Asuntos Agrarios del gobierno del estado, está dando otro poquito, está acomodando a 180 mil pesos la hectárea. Pero cuando ellos compraron se hizo el avalúo de 15 dólares y feria por metro, y lo escondieron” para que no se aplicara.

A decir de los ejidatarios opositores al Nuevo Cancún, aún se encuentra pendiente de resolución el amparo 711/2013, que presentaron en tanto se dirime la controversia agraria 15/2016 en el Tribunal Superior Agrario del Distrito 13. Ésta la interpusieron para impugnar la elección de Jesús Larios Guzmán como presidente del ejido de José María Morelos, ya que se llevó a cabo en una finca particular conocida como casa Sarita.

Por su parte, el representante de Rasaland, Ricardo Santa Cruz, afirma que el amparo al cual se refieren los ejidatarios fue sobreseído y que ya es caso juzgado: “Estamos enterados de un amparo que metieron hace como año y medio, pero ya se sobreseyó. Se demostró en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ellos no tenían la razón, pero son asuntos internos del ejido, en donde hay unos temas entre una mesa directiva y otra, no tanto (relacionados) con el desarrollo en sí.

“Nada del desarrollo es tierra ejidal. El 100% se va realizar en propiedad privada; tenemos todos los antecedentes, todas las escrituras y todo está debidamente conformado. Hemos estado incluso pagando impuestos prediales. ¿Cómo pagarías un impuesto predial si es un terreno ejidal? Esa parte no nos preocupa, cada quien tiene derecho de tener su punto de vista y para eso tenemos tribunales, donde se tomarán las determinaciones.”

Según explicó, aún falta elaborar los proyectos ejecutivos y solicitar el cambio de uso de suelo forestal:

“Obtuvimos la Manifestación del Impacto Ambiental; eso nos permite entrar a la etapa de planeación ejecutiva… La tramitología nos llevará aproximadamente entre un año y año y medio, para estar en condiciones de ir ante el municipio y solicitar las licencias de construcción.”

El miércoles 17, en rueda de prensa convocada por el presidente del Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del estado, Francisco Ayón, se anunció que el megaproyecto ya tenía autorizada la Manifestación de Impacto Ambiental SGPA/DGIRA/04452, otorgada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el 22 de junio pasado al proyecto Desarrollos Vistas de Chala Mar S. de R.L. de C.V.

Con dicho permiso los desarrolladores podrán edificar dos hoteles con 4 mil 650 cuartos, comercios y un “mercado del mar”. A la reunión no acudieron Ayón ni la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) del estado, Magdalena Ruiz Mejía.

El presidente municipal de Tomatlán, José Luis Tello, consultado al respecto dice que no se mete en asuntos ejidales, pero se propone contribuir al buen entendimiento de la empresa con los pobladores para que éstos en ningún momento dejen de realizar sus actividades, ya sean agricultores o pescadores.

“Se deben respetar los espacios de los pescadores. Quieren que no se les limite el acceso a las playas y mi compromiso es con todos. No se les va a limitar el acceso a las playas, este lugar va a ser libre para que vengan todos a disfrutar de Chalacatepec.”

Finalmente informa: “Hablé con el gobierno federal y se comprometió a que para 2017 van a poner los poco más de 70 millones de pesos que faltan para la aeropista”.