El gran negocio del agua

En el municipio de Yahualica de González Gallo, los usuarios del agua de la presa El Estribón están hartos de sus autoridades, que desde la administración pasada les cerraron la llave y les impiden regar sus tierras con el líquido que ellos tienen en concesión desde 1994. El representante de los inconformes, Ramón Gómez Castañeda, enumera las irregularidades y destaca que el exalcalde Luis Íñiguez Gámez y su sucesor, Alejandro Macías Velasco, ya han sido denunciados, pero el problema no se soluciona.

Desde hace varios años, los integrantes de la asociación civil Usuarios Presa El Estribón de Yahualica de González Gallo están enfrentados con las autoridades municipales. Acusan al exalcade Luis Íñiguez Gámez y a su sucesor, Alejandro Macías Velasco, de impedirles usar el agua de la represa, a la que por ley tienen derecho, por lo que presentaron dos denuncias contra ellos.

Una de ellas está radicada en la Procuraduría General de la República (PGR) con el número AP/PGR/JAL/TEPA/1325/2013 y la otra en el Congreso local, en la modalidad de juicio político.

En enero de 2013, el entonces alcalde Luis Íñiguez Gámez –un panista que ahora milita en Movimiento Ciudadano– ordenó a los policías municipales impedir el ingreso al túnel donde está la llave que controla la salida de agua de la presa, lo que impide a la asociación extraer el líquido para el riego de una superficie de más de 571.2 hectáreas.

Íñiguez Gámez no sólo tuvo el control de la llave a lo largo de su trienio (2012-2015), también cobró por el líquido de la presa que canalizó a la población, sin pagar ningún peso a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Ramón Gómez Castañeda, presidente de la asociación, sostiene que esa medida es ilegal, pues el 16 de marzo de 2000 la Conagua les otorgó una prórroga del título de concesión –número 08JAL401304/12ATGC00– para extraer 1 millón 630 mil metros cúbicos anuales de la presa durante 20 años, contados a partir del 17 de enero de 1994, para regar sus cultivos.

Sin embargo, dice, Íñiguez Gámez (quien llegó al ayuntamiento el 1 de octubre de 2012) desconoció los acuerdos tomados por su antecesor Anastacio Mercado Martínez y comenzó a difamar a la asociación.

Íñiguez Gámez dio a los medios de comunicación una versión alterada de los hechos para perjudicar a los usuarios, asegura Gómez Castañeda.

“Se le exigían 4 millones de pesos cada año por usar el agua de El Estribón, construida en 1947”, dijo. Según él, queríamos dejar al pueblo sin agua y aseguró que “el ayuntamiento tenía la concesión de la presa y que el proyecto de modernización era un desorden”.

Incluso Gómez Castañeda muestra a este semanario el presupuesto por la operación, conservación y administración de la presa para el año agrícola 2014-2015, que ascendió a 337 mil 752 pesos. Los tuvo que pagar la asociación, puntualiza, mientras el municipio sigue cobrando por el agua, la cual presuntamente está contaminada.

También exhibe una nota publicada por El Informador el 25 de octubre de 2013, según la cual el director de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco, Celso Montiel Hernández, explicó que el máximo nivel permitido de arsénico en el agua es de 0.025 miligramos por litro, pero en Yahualica y otros cinco municipios se encontraron niveles de 15 a 200 veces más altos.

Gómez Castañeda comenta que cuando su asociación acudió a las oficinas de Íñiguez Gámez para recordarle el pago del servicio del agua que consumía el pueblo y no los agricultores, él respondió que sólo cumpliría “con una orden judicial”.

El 10 de marzo de 2013 la asociación denunció ante la Conagua los actos ilegales de Íñiguez Gámez. Y cuando los funcionarios de la dependencia federal acudieron a sus oficinas para pedirle respeto a los derechos de la asociación, él comentó: “La seguridad del pueblo la conseguí en 15 días, me costó 18 kilos (millones de pesos)”, según comentó el trabajador de la dependencsia federal Ricardo González Arana a Gómez Castañeda.

Los problemas se agudizaron. Uno de los integrantes de la asociación incluso fue levantado por personas que tenían información errónea sobre el problema del agua.

Ante la negativa del alcalde, la asociación presentó varias denuncias ante la PGR, la Conagua, la Presidencia de la República, la Secretaría de la Función Pública y envió un escrito al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz.

La PGR está a punto de resolver la denuncia por despojo que se presentó en contra de ambos políticos, indica Gómez Castañeda. En tanto, el 4 de octubre de 2013, la Conagua impuso una sanción administrativa de 97 mil 140 pesos al ayuntamiento por explotar la presa sin contar con título de concesión. La multa debió pagarse 15 días después de la notificación. Hasta el cierre de edición no ha pagado.

Asimismo, se le ordenó al municipio clausurar la toma de donde extrae el agua para abastecer a la población, según el oficio BOO.00CLSP/DAA/SCIAE.-7668, firmado por la directora de Administración del Agua, María Oyuka Romero Echavarría.

El 11 de noviembre de 2013, el síndico municipal Carlos Yair Anguiano Lozada presentó un recurso de revisión contra la decisión de la Conagua de multar al ayuntamiento y de clausurar la toma.

Los orígenes

El 4 de junio de 2010, cuando era el alcalde de Yahualica de González Gallo, Anastacio Mercado Martínez emitió un oficio en el cual admite que la asociación tiene la concesión del agua de la presa.

Al ayuntamiento le correspondía asumir los gastos que generara el abastecimiento del líquido a sus usuarios y a los pobladores. En total, la administración de Mercado Martínez aportó 516 mil 352 pesos, según el documento. Menciona que el ayuntamiento tiene suficiente “agua concesionada” de la Conagua para la población, pero por “debidas circunstancias no usa o no explota”.

Mercado Martínez se comprometió a que una vez que la asociación termine el proyecto “de rehabilitación y modernización del sistema de riego El Estribón” (el cual consiste en entubar el agua de la presa para que cada terreno de cultivo cuente con un módulo de filtrado y tecnificación) realizaría los trabajos necesarios para abastecer a los pobladores sólo con el agua de los pozos.

Con el proyecto de rehabilitación y modernización del sistema de riego, cuyo costo aproximado es de 60 millones de pesos, la asociación buscaba recuperar el cultivo de 627 hectáreas –había bajado a 70 anuales–, puesto que con la cantidad anterior era suficiente para “ocupar y mantener a la población actual del municipio”.

En su oficio Mercado Martínez aceptó que el ayuntamiento pagaría por el servicio del agua mientras se realizaba el proyecto. El 8 de agosto de 2011, él y sus regidores firmaron una carta compromiso –359/2011– para que, conforme avanzara el proyecto, aportaran 2 millones de pesos para la modernización del sistema de riego.

De acuerdo con la Conagua, Yahualica cuenta con ocho pozos –uno no opera– que proporcionan 43 litros por segundo. “Para una población de 13 mil 554 habitantes se requiere 35 litros por segundo”, aclara.

Además, según la dependencia federal, el municipio cuenta con 5 mil 708 tomas de agua, 24 de ellas de uso comercial. Sin embargo, ninguna cuenta con medidor. Además, tiene dos manantiales de los que la presa capta agua.

En 2011, el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado reportó a la Conagua que obtenía una recaudación anual por la cuota de agua potable de 2 millones 48 mil 578 pesos.

El 5 de agosto de 2015 la Dirección General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Conagua –oficio BOO.812.-00994– expuso que “se confirma en todas y cada una de sus partes la resolución contenida en el oficio BOO.00CLSP/DAA/SCIAE.-7668 de 4 de octubre de 2013, emitida por la Dirección de Administración del Agua”.

La dependencia federal asegura que sí ha actuado para terminar con la irregularidad en el abastecimiento. El 27 de junio de 2013, por ejemplo, su Dirección de Asuntos Jurídicos presentó ante la PGR una denuncia contra quien resulte responsable por “uso, explotación y aprovechamiento indebido de aguas nacionales por realizarse sin concesión, en las aguas que se almacenan en la presa El Estribón”.

Trece meses después, el 12 de julio de 2014, la Gerencia Nacional de Distritos de Conagua envió a Íñiguez Gámez el oficio BOO.04.158 para informarle que “la cabecera municipal a su cargo cuenta con agua concesionada suficiente para garantizar el derecho humano al agua”.

Pero sobre todo le precisó al entonces alcalde que el organismo no ha otorgado ninguna concesión a la Presidencia Municipal de Yahualica para que explote la presa El Estribón “para uso doméstico o público urbano”, por lo que le pidió respetar el derecho de la asociación que encabeza Gómez Castañeda.

El silencio de Aristóteles

La asociación Usuarios Presa El Estribón de Yahualica de González Gallo ha enviado al gobernador Aristóteles Sandoval cuatro peticiones para encontrar una solución al problema de abastecimiento de agua. En la última, enviada el 4 de febrero de 2016, la asociación le dijo al mandatario estatal que existe una solicitud de juicio político contra el exalcade Íñiguez Gámez desde el 17 de octubre de 2014, ratificada tres días después, según el expediente 32/2014.

En junio de 2015, la petición iba a ser sometida a votación, pero el diputado panista Elías Octavio Íñiguez Mejía, originario de Yahualica, pidió que se retirara del orden del día.

Gómez Castañeda asegura que algunos políticos le informaron que “el juicio permanecerá dormido indefinidamente” y le recomendaron buscar otros medios”. Eso llevó a su asociación a pedir al gobernador Sandoval que intervenga para que el juicio político “siga con el trámite” en el Congreso.

El 4 de agosto de 2015, en sesión extraordinaria, el pleno del Poder Legislativo no aprobó el dictamen de juicio político. Por lo que se volvió a presentar una nueva solicitud bajo los mismos términos, ahora en contra de Íñiguez Gámez y su sucesor, Macías Velasco.

El 4 de julio pasado, la asociación entregó un oficio a los dirigentes nacional y local de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado y Guillermo Medrano, respectivamente, en el que denuncia la conducta mendaz, deshonesta y malvada de Íñiguez Gámez, recién acomodado en el partido.

Yahualica tiene concesionada agua de pozos “suficiente en cantidad y calidad para uso doméstico, pero por corrupción –argumenta la asociación–, la Presidencia Municipal dispone del agua de la presa para la población, áreas verdes, etcétera, abandonando sus pozos y mantenimiento de sus redes de distribución con el subsecuente desperdicio”.

Y añadió: “También permitió la construcción en los canales de riego que se encuentran en terrenos federales que atraviesan 11 kilómetros de la población de norte a sur”.

La asociación se queja de que paga a la Conagua por el agua de la presa que consume el pueblo, pero la Presidencia Municipal es la que cobra.

Actualmente, el proyecto de rehabilitación y modernización del sistema de riego está concluido, pero hay un adeudo de 3 millones de pesos. Los usuarios lamentan que el sistema no pueda ser utilizado, porque el alcalde Macías Velasco, quien tiene el control de la llave, no permite que salga agua de la presa para el cultivo y no realiza ninguna acción para abastecer a los habitantes con los pozos.