Las fiscalías general y anticorrupción, en el descrédito antes de nacer

En lo que constituye una más de las miles de maniobras que el PRI y sus aliados realizan en el Congreso para colocar incondicionales en puestos públicos que exigen imparcialidad e independencia, como en el ámbito de la impartición de justicia, el gobierno de Enrique Peña Nieto sigue obstinado no sólo en mantener como procurador general de la República a Raúl Cervantes Andrade, sino en asegurar que la futura Fiscalía General de la Nación, así como la Fiscalía Anticorrupción, nazcan con las manos atadas.

El 17 de septiembre pasado, semanas antes de terminar su gestión como gobernador  de Chihuahua, César Duarte Jáquez acudió a la Procuraduría General de la República para responder a una denuncia por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Según la querella, al entonces mandatario se le acusaba de haber adquirido 15% de las acciones de Banco Progreso Chihuahua, así como de colocar cerca de 834 millones de pesos de las arcas estatales a la misma institución crediticia a tasas de rendimiento preferenciales para el banco.

César Duarte se presentó acompañado por uno de sus abogados, el penalista Ricardo Sánchez Reyes Retana, quien defendió al general Tomás Ángeles Dauahare y a los familiares del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon en junio de 2012.

El abogado también tiene vínculos con el actual procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, según denunció en su portal informativo el activista chihuahuense Jaime García Chávez, quien inició las denuncias contra Duarte por haber transferido 65 millones de pesos de dinero público para tener participación accionaria en Banco Progreso Chihuahua.

El mismo día que Cervantes Andrade fue electo por la amplia mayoría de senadores como procurador y perfilado para ser fiscal general de la República por nueve años, García Chávez externó en su portal su preocupación “por la cercanía de Cervantes con el exgobernador (César Duarte), lo que en estricto rigor lo debería llevar a deslindarse del conocimiento del asunto por la relación estrecha que existe y es demostrable”.

Según García Chávez, “lo más grave es que probablemente en algún momento Cervantes Andrade pudo haber llegado a ser abogado asesor del mismo Duarte, lo que lo haría juez y parte al nuevo alto funcionario; y lo es mediante el abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana. Esto significa, ni más ni menos, que una noticia que Peña Nieto genera con el polémico nombramiento. Resulta una puñalada por la espalda al pueblo de Chihuahua”.

Y aunque no fue la primera ni la única denuncia por presunto conflicto de interés contra Cervantes, abogado del PRI, defensor del propio Enrique Peña Nieto durante la campaña electoral de 2012 frente a casos como Monex y Sorianagate, alcanzó un nivel de escándalo internacional cuando la revista británica The Economist publicó un editorial en el que le recomendó al presidente Peña Nieto que “rescatara su reputación” y removiera a Cervantes Andrade.

La oposición a que Cervantes se convirtiera en fiscal general de la República gracias al “pase automático” que estableció el 16 transitorio de la reforma al artículo 102 constitucional, promulgado en febrero de 2014, fue creciendo en el seno de las organizaciones civiles que consideraron su nombramiento “la mayor muestra de divorcio entre la Presidencia, el Senado y los sectores de la sociedad”, y durante las comparecencias de los 32 aspirantes a ser fiscal anticorrupción, una de las dos fiscalías especializadas que se crearían bajo la nueva reforma.

Con el lema #FiscalíaQueSirva el 28 y 29 de noviembre , se reunieron en la Ciudad de México representantes de 50 organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos con cuatro fiscales de América Latina que operan de manera autónoma.

Los representantes de esta red tuvieron un encuentro con senadores del PRD, PAN y PRI. En él les expresaron su oposición al modelo de Fiscalía General establecido en la reforma del artículo 102 constitucional y, sobre todo, a la posibilidad de que el actual procurador tenga el “pase automático” para permanecer nueve años en esta posición.

Discusión sobre el fiscal
anticorrupción

Las comparecencias de 32 aspirantes a fiscal anticorrupción se convirtieron también en otro foco rojo. Buena parte de ellos advirtieron que no se podrá lograr nada si no se reforma el artículo 102 constitucional para darle auténtica “autonomía e independencia política” al próximo fiscal especializado.

César Alejandro Chávez Flores, último visitador general de la PGR, excontralor de Petróleos Mexicanos y especialista en licitaciones públicas y contratos gubernamentales, afirmó en su comparecencia ante senadores para aspirar a la Fiscalía Anticorrupción:

“El modelo de fiscalía transitoria adolece de limitaciones graves, ya que si bien su titular será nombrado por el Senado, puede en cualquier momento ser removido por el procurador, o si lo hay, por el fiscal general, sin que se requiera causa justificada para ello, pues la Constitución estableció que esa facultad se ejerce libremente.”

Peor aún. Chávez Flores destacó que la Fiscalía Anticorrupción nacerá muerta sin una reforma constitucional, ya que el exprocurador general Jesús Murillo Karam emitió discrecionalmente el acuerdo administrativo A/011/14, que mutiló la posibilidad de la autonomía técnica, normativa y política del próximo fiscal anticorrupción.

Gracias a este acuerdo al margen del Congreso, el fiscal anticorrupción operará con la infraestructura de la actual Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia.

Esta unidad cuenta con sólo 35 agentes del Ministerio Público; carece de peritos especializados en contabilidad y finanzas para investigaciones de enriquecimientos ilícitos y lavado de dinero; no cuenta con especialistas en contrataciones gubernamentales, particularmente de obras públicas, y carece de peritos en tecnologías de la información para labores de inteligencia.

En otras palabras, en la peor crisis de corrupción que inunda a prácticamente todos los gobiernos estatales y a buena parte de la administración pública federal, el fiscal anticorrupción sería una simple simulación.

No tendrá recursos materiales ni capacidad técnica, jurídica ni política para realmente investigar y perseguir a las redes de las cleptocracias que han hundido al país en escándalos, como los de los exmandatarios de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge, respectivamente, más los que se sumen.

En seis años, esta Unidad Especializada sólo ha logrado 70 autos de formal prisión, ¡ninguno por enriquecimiento ilícito! En otras palabras, todos los “peces gordos” de la corrupción se ríen de esta unidad que será el germen de la Fiscalía Anticorrupción.

En el proceso de selección del próximo fiscal anticorrupción los “dados cargados” estaban a favor de la actual comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Ximena Puente, con amplio apoyo de la Secretaría de Gobernación, según confirmaron varios senadores que participaron en las comparecencias.

En el Senado comenzó a ventilarse la posibilidad de una alianza del PRD y del PAN para posponer la elección del fiscal anticorrupción hasta enero de 2017 y para reformar el artículo 102 constitucional con el objetivo de eliminar el “pase automático” del procurador actual hacia la Fiscalía General y perfilar otro modelo de Fiscalía Anticorrupción.

El coordinador de la bancada del PRD, Miguel Barbosa Huerta, acusó el lunes 27 al presidente Enrique Peña Nieto de presionar al Senado para elegir con urgencia al nuevo fiscal anticorrupción.

“Hay una clara instrucción de Los Pinos al PRI y al Partido Verde para urgir a la elección del fiscal anticorrupción… Hay presión de Peña Nieto porque ya hay candidato o candidata, de ahí la urgencia inexplicable”, afirmó Barbosa en rueda de prensa.

Su correligionario Armando Ríos Piter subrayó que “el discurso anticorrupción del PRI es una pantomima y el fiscal no puede formar parte de este show mediático”.

La iniciativa de Peña,
otra “simulación”

Ante las crecientes presiones y denuncias en contra del procurador en funciones, el 29 de noviembre el Ejecutivo federal sacó un as de la manga: envió al Senado una propuesta de reforma constitucional para eliminar el artículo 16 o “transitorio Gil Zuarth”, como se le conoce en el Senado en referencia al autor de esta propuesta, el panista Roberto Gil Zuarth.

La iniciativa de Peña Nieto modifica el “pase automático” de Cervantes Andrade, pero no lo veta para ser posible fiscal general ni cambia el modelo de designaciones que sigue dependiendo de las negociaciones cupulares entre las bancadas.

En un documento de sólo siete cuartillas enviado por la subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, la iniciativa de reforma del Ejecutivo federal defendió el modelo previsto en la Constitución para la Fiscalía General porque “constituye un avance sin precedentes en el fortalecimiento de la institución encargada de la procuración de justicia en nuestro país”.

Sin embargo, admitió que “en atención a distintas inquietudes relacionadas con el transitorio constitucional referido, que han sido manifestadas tanto por legisladores como por la propia sociedad y la academia”, propuso modificar “el multicitado artículo décimosexto transitorio”.

Este mismo día, el PAN y el PRD anunciaron otras dos iniciativas de reforma constitucional que no sólo eliminan el ­artículo transitorio, sino constituyen un nuevo diseño de la Fiscalía General, así como un fortalecimiento de las fiscalías especializadas, incluyendo la de anticorrupción.

Las iniciativas de ambos partidos prácticamente anulan la posibilidad de que Cervantes Andrade pueda contender como aspirante a la Fiscalía General, algo que aún sostienen las bancadas del PRI y del Partido Verde como una posibilidad.

La iniciativa del PAN, por ejemplo, advierte que para ser aspirante a fiscal general, no debe haber sido candidato a ocupar cargo de elección popular ni haber desempeñado cargo de dirección o representación de algún partido político “en los seis años anteriores a su designación”.

Al mismo tiempo, el PAN reduce de nueve a siete años el periodo para un fiscal general y establece que “podrá ser removido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores” y no por el titular del Ejecutivo federal.

También establece que la Fiscalía General tendrá tres fiscalías especializadas, con autonomía técnica y de gestión, que durarán cinco años en el cargo y no serán nombradas por el fiscal, sino por las dos terceras partes del Senado: la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía de Delitos Electorales y la Fiscalía de Derechos Humanos.

Crea una nueva figura llamada Inspectoría General “que funcionará como órgano interno de control y gozará, entre otras, de facultades para perseguir los delitos que cometan los servidores públicos de la institución”. La Fiscalía General tendrá también un Consejo Consultivo, integrado por cinco ciudadanos que podrán “opinar previamente a la emisión de los instrumentos normativos que regulen el funcionamiento de la Fiscalía General”.

Por su parte, el PRD propuso una reforma al artículo 102 constitucional y una nueva Ley General de la Fiscalía General; también “una auscultación” a la sociedad civil, realizada por el Senado para analizar los perfiles de los posibles candidatos.

Al ser cuestionado si la propuesta del PRD eliminaba a Cervantes Andrade como aspirante a fiscal general, Barbosa expuso: “Si lográramos cambiar el procedimiento, pues ahí también que participe Raúl Cervantes y que se evalúe”.

El coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón, insistió en conferencia de prensa que la iniciativa de reforma constitucional enviada por el Ejecutivo federal no elimina al actual procurador Cervantes Andrade.

“Se tomó la decisión de eliminar el pase automático porque esto generaba ruido aquí en el Senado. Por eso se mandó esta iniciativa”, afirmó Gamboa Patrón, presidente también de la Junta de Coordinación Política.

Gamboa Patrón les reprochó a los senadores del PRD y del PAN que antes habían apoyado la reforma al artículo 102 de la Constitución y que formó parte de la reforma política aprobada “por una amplia mayoría” el 3 de diciembre de 2013 por 106 votos a favor y sólo 15 en contra. La creación de la Fiscalía General, con todo y “pase automático”, fue aprobada el 13 de diciembre de 2013 por 94 votos a favor y 11 en contra.

En lo único que se pusieron de acuerdo las tres principales fuerzas políticas del Senado es en posponer para febrero de 2017 la discusión y dictaminación de una nueva reforma constitucional. Del resultado de esta reforma dependerá la elección del nuevo fiscal anticorrupción también. Las organizaciones que convocaron al seminario #FiscalíaQueSirva insistieron en que no era suficiente eliminar el transitorio si no se modificaba el método y el perfil para elegir al próximo fiscal general de la República.

“México necesita una fiscalía general #SinCuotasNiCuates”, afirmó México Unido Contra la Delincuencia, que exigió el 30 de noviembre “la renuncia o remoción de Raúl Cervantes como procurador general si quiere participar como candidato a la Fiscalía General, para que exista una competencia justa entre los posibles candidatos”.

En medio de esta disputa, Cervantes Andrade presumió del regreso de 421 millones de pesos del desfalco de Javier Duarte a Veracruz y prometió que “se podrían llegar a 700 millones de pesos”.

El procurador sonrió frente a los fotógrafos y prometió acabar con la impunidad, del otro Duarte, el exgobernador de Chihuahua, de quien aún no se sabe nada.