Magistrados con salarios intocables

En el Poder Judicial existen privilegiados incluso dentro de la élite de los magistrados. Si bien los del Supremo Tribunal de Justicia ganan aproximadamente lo mismo que los del Tribunal Administrativo del Estado y los del Consejo de la Judicatura, a los primeros se les retiene un porcentaje por concepto de Impuesto Sobre la Renta, por lo que, en los hechos, su sueldo es más elevado.

En el Poder Judicial existe una élite que recibe trato de privilegio: los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), que no tributan como corresponde por ley.

Proceso Jalisco obtuvo copias de los recibos de pago de un consejero del Consejo de la Judicatura (CJ), un magistrado del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) y uno del STJ, en los que se confirma que la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) se aplica con criterios diferentes, lo que en la práctica representa un sobresueldo para los integrantes del máximo tribunal del estado.

Asimismo, este semanario comprobó que los magistrados del TAE están rezagados respecto de los consejeros y magistrados del STJ, ya que los primeros reciben alrededor de 116 mil pesos mensuales menos deducciones, en tanto que los consejeros de la Judicatura y los magistrados del STJ ganan poco más de 180 mil pesos brutos al mes.

Desde el sexenio del panista Emilio González Márquez, los magistrados del TAE no han recibido el 4.5% mensual de incremento salarial que obtuvieron sus pares de otros órganos de justicia.

Un magistrado del TAE tiene una percepción mensual de 115 mil 504.88 pesos, más 474 pesos para ayuda de despensa y estímulos a la acreditación profesional y a la antigüedad. Su retención mensual por concepto de ISR asciende a 36 mil 520.11 pesos. Las deducciones están conformadas, además del ISR, por la aportación al fondo de pensiones y los descuentos por préstamos (hipotecario, de corto plazo y de liquidez, de mediano plazo), si los tienen. A los magistrados les aplica la mayor tasa de retención, como corresponde, de 34%. Igualmente ocurre con los consejeros del CJ, no así con los el STJ, donde se maneja un esquema de excepción.

Este semanario revisó los descuentos a los trabajadores del TAE y comprobó que sí se aplica la tabla del ISR, y a menor ingreso salarial corresponde menor porcentaje de descuento. En el caso de los auxiliares A, el ingreso mensual asciende a 8 mil 811.90 pesos y por concepto de ISR se les retienen mil 327.66. Los auxiliares B perciben 7 mil 494.04 y se les retienen mil 46.16 pesos mensuales por ISR.

A su vez, un actuario o notificador percibe 13 mil 368.45 pesos mensuales de sueldo base y se le retienen 2 mil 588.69 de ISR.

A los consejeros de la Judicatura, cuyas percepciones mensuales ascienden a cerca de 180 mil pesos, se les retienen 54 mil 833.94 pesos por ISR, con descuentos quincenales de 27 mil 416.97.

No obstante, a los magistrados del STJ, que tienen percepciones similares (sueldo base de 81 mil 968 pesos quincenales más 8 mil 578 de “compensación por servicios” más despensa), únicamente se les retienen 11 mil 994.41 pesos quincenales, por lo que su pago de ISR consiste en 23 mil 988.82 pesos al mes, cuando según el tabulador fiscal deberían retenérseles 55 mil 510.15 pesos mensuales.

En resumen, los magistrados del STJ reciben 31 mil 221.34 pesos de su sueldo bruto, que el patrón deja de retenerles para enterar al fisco.

Especialistas consultados por este semanario explican que, por el dinero que se les deja de retener, los magistrados del STJ reciben más que el resto de los funcionarios en términos reales, aunque la ley marca que deben ganar igual que ellos, lo mismo que los consejeros de la Judicatura, el ómbudsman estatal y el titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

Las percepciones de los integrantes del STJ después de aplicar el ISR equivalen a las que les quedarían normalmente si ganaran más de 215 mil pesos.

Llama la atención que en los recibos de los magistrados del STJ el ingreso se desglosa en salario base, con 81 mil 968.56 pesos, y compensación por servicios, con 8 mil 578.47 pesos quincenales.

Los contadores consultados explican que este desglose está relacionado directamente con la forma en que aplican la deducción, ya que no integran la suma al sueldo base.

Sin embargo, personal del área de Administración y Finanzas del STJ confirma que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus recientes fallos de materia fiscal, ha establecido que se graven todos los conceptos de percepción.

El expresidente del STJ y el CJ, Luis Carlos Vega Pámanes, quien tuvo que renunciar a ambos cargos tras sucesivos escándalos, reconoció que los recursos que no se les descuentan a los magistrados para el pago del ISR se cubren al final del ejercicio fiscal, pero no de su bolsa.

Ante funcionarios y líderes de los trabajadores del Poder Judicial, Vega justificó la actuación del STJ con base en una jurisprudencia que se utiliza para ajustar cuentas al final del año con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda.

Jesús Muñoz Dueñas, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial, indica que en la Judicatura había rezago en el pago de impuestos porque no se descontaba el ISR y se hicieron esfuerzos para regularizarlo.

Se negoció con el SAT para poner al corriente a todos los trabajadores del consejo, que son más de mil 900 incluyendo a los consejeros, de forma que actualmente tributan conforme a las reglas del SAT. Sin embargo, los magistrados del STJ esperan a fin de año para reponer el faltante de la bolsa del presupuesto general, especifica Muñoz Dueñas.

“Ilegalidad”

En el TAE también se negoció para que el tribunal se adhiriera al decreto emitido en diciembre de 2008 por la Secretaría de Hacienda, en el que la dependencia otorgó facilidades para cubrir el pago omitido.

El 14 de octubre de 2013, Francisco Cortina Fosas, director general adjunto jurídico de Recaudación Fiscal, envió el oficio 351-A-EOS- 1475-S al magistrado Armando García Estrada, entonces presidente del TAE, para comunicarle su aceptación a la solicitud de adherir el TAE al decreto.

Según los términos de éste, para que el TAE obtuviera los beneficios fiscales en materia de ISR difundidos en el Diario Oficial de la Federación en ese año, se debía celebrar un convenio de pago para compensar todo tipo de adeudos y sus accesorios por el ISR omitido, siempre y cuando se tratara de créditos fiscales firmes.

García Estrada hizo los trámites para que el TAE se acogiera al beneficio fiscal y hasta ahora la totalidad de los trabajadores cumplen con su pago puntualmente.

En el informe de actividades presentado en junio pasado por el exconsejero Alfonso Partida Caballero, quien fue presidente de la Comisión de Hacienda del CJ, se asienta que el organismo tenía adeudos con el SAT por más de 100 millones de pesos, pues arrastraba un incumplimiento de cinco años en los pagos del ISR.

Según el documento, para regularizar al CJ ante el SAT se destinaron 102 millones 15 mil 869 pesos. Esta cantidad es la suma del impuesto omitido, que fue de 33 millones 720 mil 981 pesos; los recargos, que ascendieron a 21 millones 662 mil 934 pesos, y la multa, por 26 millones 632 mil 71 pesos.

Además, se indica que en 2012 a los consejeros se les retenían por concepto de ISR únicamente 3 mil 248 pesos, cuando su ingreso bruto era de 120 mil 884 pesos. Ahora, con casi 180 mil mensuales de sueldo bruto, la retención es de 54 mil 832, con lo que resta un sueldo libre del orden de 125 mil pesos, menos su aportación a Pensiones.

Para ilustrar los dos ejemplos, en el informe se exhibe la copia de un talón de pago del exconsejero Partida Caballero correspondiente a la segunda quincena de septiembre de 2012, cuando inició su periodo en la Judicatura, y uno de la primera quincena de junio de 2016, cuando concluyó.

El Congreso asignó una partida especial de 85 millones de pesos para regularizar la deuda del CJ con el SAT por concepto del ISR. Al respecto, el exconsejero Partida Caballero reconoce que a su llegada a la Judicatura los trabajadores le pidieron cotizar ante Pensiones del Estado sobre 100% de sus percepciones y regularizarse ante el SAT.

Asimismo, el exconsejero admite que en el STJ no se retiene el ISR sobre la totalidad del ingreso y que se emplea como argumento la supuesta jurisprudencia con base en la cual, ante un mal cálculo, el patrón tiene que aportar lo que corresponda: “Cuando no retiene la propia institución, el SAT lo carga, pero de sus recursos constantes”.

–¿Eso no es un robo? –plantea la reportera.

–No…

–…A nosotros, los contribuyentes, porque de nuestros impuestos se pagan los de ellos.

–No, el robo es el apoderamiento; pero es una ilegalidad que no se retenga impuestos a los magistrados correctamente. (…) Hay un boquete de 33 mil pesos cada mes y es una irregularidad grave. Súmale por año y por cinco años.

–La hacen legal con la supuesta jurisprudencia.

–No, ojo, no se vayan con la finta: lo de la jurisprudencia es lo que dijo Vega Pámanes, pero después el SAT le aclaró que es para cuestiones de error, es decir: “Chin, se me pasó y no pagué”.

–Y aquí es premeditado, hay dolo.

–Es premeditado.

–¿Habría que esperar que el SAT diga algo, porque esto es cada año?

–No, porque al final de cuentas a ellos les pagan completo de los recursos de la institución. Ese es el punto.

–¿Quién lo tiene que hacer?

–La Auditoría Superior del Estado.

En tanto, Muñoz Dueñas sostiene que en el STJ prevalece un paraíso fiscal y habla de la confesión del expresidente del Poder Judicial:

“Vega Pámanes nos dijo que ellos al final del ejercicio pagan como una multa al SAT, y entonces felices y contentos, pero realmente el que paga los impuestos es el STJ de la bolsa general.”

Coincide en que los magistrados se benefician de que la autoridad fiscal no los molesta debido a la supuesta jurisprudencia que hace responsable al patrón de cualquier mal cálculo en la retención del impuesto.

Para Muñoz Dueñas eso implica una desigualdad. Recuerda que es el presidente del Poder Judicial el que hace la negociación para los presupuestos de egresos del CJ, el TAE y el STJ, “pero este último, que ante sus ojos es el ente más importante, es el que está incumpliendo al pagar el ISR. No es posible que a los trabajadores del consejo y a los que dependen del TAE se les retiene, en el caso de los que menos ganan, mil 46 pesos de impuesto, mientras en el STJ se hace una retención mínima de ISR. Si nosotros estuviéramos como ellos tendríamos mejor salario, porque esos mil 400 pesos que les descuentan a los trabajadores los tendrían como salario en lugar de que se los dieran al SAT”, explica el dirigente sindical.

Privilegios indebidos

Muñoz Dueñas denuncia que 10% de los trabajadores del Poder Judicial ya cumplieron 30 años de servicio, pero no se jubilan porque su cotización al fondo de Pensiones del Estado no es sobre 100% de sus percepciones: si dejan de trabajar, su ingreso mermaría significativamente.

Refiere que en el pasado hubo recursos para una homologación salarial que no repercute en los aguinaldos ni en las jubilaciones: “Nos dan una partida que no se indexa al salario ni va para Pensiones, por lo tanto estamos igual”.

Ante este panorama, el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial impulsa ante los diputados que se analice su situación en el marco de la reforma al Poder Judicial a fin de que se les dé acceso a recursos para su retiro, como se les otorgan a magistrados y jueces:

“No es posible que a ellos, que se retiran con 17 años de servicio, sí les dan un haber de retiro, y al trabajador con 30 años de servicio ni siquiera le dan las gracias”, argumenta el líder.

Sin embargo, entre las coincidencias de las propuestas para reformar el Poder Judicial está la intención de regresarle al Congreso el manejo de la hacienda judicial y eliminar el haber de retiro igual que el llamado mes 13.

A pregunta expresa, indica que el mes 13 sólo se podrá cancelar si se prorratea y que se deberán etiquetar los fondos de la hacienda judicial para que se empleen sólo para equipar los juzgados y dotarlos de insumos.

El pasado 30 de noviembre, el periódico El Informador publicó que exmagistrados del STJ se han amparado para exigir al gobierno del estado su bono jubilatorio, y que desde 2007 el tribunal le ha solicitado al Congreso la aprobación de una partida para pagar el haber de retiro a los juzgadores que ya cumplieron su ciclo. Tan sólo este año se destinaron 15 millones de pesos para pagarles a tres exmagistrados.

En cuanto a las observaciones por 22 millones de pesos que se hicieron a la cuenta pública de Vega Pámanes por el manejo del presupuesto del STJ en 2015, precisa que la auditoría aún está en etapa de solventación y no se incluyen aspectos de carácter fiscal.

El líder sindical lamenta que los altos funcionarios judiciales gocen de prestaciones y beneficios de los que carecen los empleados, como el seguro de gastos médicos mayores: el de la Judicatura cuesta 13 millones de pesos.