Cómodos comodatos

Con la “novedad” de que las autoridades del ayuntamiento de Guadalajara, de manera desaprensiva y cuando no sospechosa, siguen haciendo donaciones o préstamos a perpetuidad (es decir, cómodos comodatos) de bienes públicos, bienes que son o fueron originalmente propiedad de los tapatíos. Y para colmo, los habitantes del municipio poco o nada han obtenido de la enajenación de esos haberes perdidos por la comuna y los cuales lo mismo han ido a parar a manos de particulares (asociaciones civiles e incluso grupos empresariales) que a organismos e instituciones oficiales.

El caso más reciente de esta añeja práctica municipal de perder bienes públicos es la donación del subsuelo de la plaza de Mexicaltzingo, un espacio que la cúpula padillista (el grupo político que regentea desde hace casi 30 años a la Universidad de Guadalajara) le pidió al Cabildo tapatío que le cediera gratuitamente, junto con el permiso correspondiente para construir un estacionamiento subterráneo de dos niveles, dizque para atender la falta de áreas de estacionamientos que de manera cotidiana padece la zona. Y a dicha petición, de forma sorpresivamente unánime los 21 integrantes del Cabildo municipal (con regidores de Movimiento Ciudadano, del PRI, del PAN y del Verde Ecologista) avalaron la donación, así como la construcción del mencionado estacionamiento.

Pero aun cuando en esa demarcación existe, en efecto, un remarcado déficit en las áreas de estacionamiento, las autoridades tapatías pasaron por alto varias consideraciones graves que, de haber reparado en ellas, lo más seguro es que habrían llegado fácilmente a la conclusión de que la donación de marras no procedía. Y ello porque, por principio de cuentas, a quien le corresponde resolver un problema urbano como el de estacionamientos insuficientes en un barrio tapatío es precisamente la autoridad tapatía y quizá también a la Secretaría de Vialidad, pero no a una institución de estudios superiores, por más que ésta sea la universidad pública de Jalisco y pueda tener alguna vela en el entierro, en el entendido de que alguna instalación suya se encuentre en la zona como, en efecto, es el caso, pues a un par de cuadras de la plaza de Mexicaltzingo se localiza el teatro Diana, un inmueble que es propiedad de la UdeG y es el mayor solicitante de espacios de estacionamiento en esa demarcación.

Y es aquí precisamente donde se encuentra el meollo del asunto, es decir, la causa de la solicitud hecha al ayuntamiento de Guadalajara por la cúpula udegeísta: como el teatro de marras fue construido a principios de la década pasada sin contar con área de estacionamiento para un inmueble de esas características. Dicho de otra manera, a toro pasado, ¡más de 15 años después!, los jeques universitarios pretenden que la autoridad municipal les saque las castañas del fuego, es decir, que les resuelva el problema de su teatro y además gratuitamente, sin pagar un centavo por el terreno, aun cuando otros (los vecinos de Mexicaltzingo y los tapatíos en general, dueños o más bien oficialmente exdueños del mencionado espacio) tengan que pagar el pato, al ver cómo un espacio público pasa a manos de la codiciosa camarilla que maneja a su arbitrio a la UdeG.

Porque, hablando claro, el proyectado estacionamiento subterráneo, enfrente del templo de Mexicaltzingo, habrá de servir fundamentalmente para que el teatro Diana –que el grupo político de la UdeG tiene convertido en uno de los santuarios tapatíos de la farándula y de espectáculos mayoritariamente frívolos– ya no tenga problemas de aparcamiento (perdón por el pochismo), pues como ya quedó consignado, cuando dicho inmueble se comenzó a construir, la autoridad municipal, encabezada entonces por los panistas Francisco Ramírez Acuña (1998-2000) y Fernando Garza Martínez (2000-2003), dio el permiso de factibilidad y de construcción sin que el promotor de la obra garantizara siquiera un mínimo de cajones de estacionamiento.

Lo más irónico de este caso fue que al poco tiempo, al propio Ramírez Acuña, ya convertido en gobernador de Jalisco (2001-2006), le tocaría atestiguar la inauguración del teatro Diana y, antes de ello, aportar recursos del erario estatal para la conclusión del encarecido inmueble, no obstante la evidente confrontación que su gobierno mantenía con el mandamás de la UdeG (¿ya eras tú, Raúl?), pues por ese entonces varios especialistas universitarios (con y sin comillas) y cabecillas ídem (entre ellos el finado Carlos Briseño y el actual rector Tonatiuh Bravo Padilla) habían venido cuestionando el proyecto de la presa de Arcediano, cuestionamientos que, de súbito, se convirtieron en aplausos (en un claro aval) para el descocado proyecto hídrico, a partir del momento en que el gobierno de Ramírez Acuña decidió cooperar para lo que hoy es el teatro Diana.

Así nació este inmueble, que desde entonces ha sido uno de los principales santuarios del show business en el occidente de México: se hizo con dinero público, dando habitualmente gato por liebre (al presentar como “cultura” muchas de las expresiones más vulgares de la industria del entretenimiento y que desde el principio han llevado mano en su cartelera) y sin siquiera haber podido cumplir con el requisito de “área de estacionamiento”, indispensable para cualquier otro solicitante, a fin de obtener la autorización municipal. Y la reciente donación del subsuelo de la plaza de Mexicaltzingo es la culminación de esa serie de anomalías “legales” u oficializadas en favor de –y quizá también por temor a– el grupo político que regentea a la UdeG.

Este mismo cacicazgo enquistado desde hace casi 30 años en la universidad pública de Jalisco ha obtenido toda clase de prebendas, ventajas y obsequios de los tres niveles de gobierno, dádivas extralógicas, en la medida en que ni siquiera se corresponden con lo que deberían ser los fines o la razón de ser de una institución educativa que se sostiene con el dinero de los contribuyentes.

Sin ningún ánimo de ser exhaustivos, entre esas donaciones están los casos de la renovación, ¡por 64 años!, del comodato del estacionamiento del Estadio Jalisco, avalada por la administración municipal que, hace nueve años, encabezaba el panista Alfonso Petersen Farah; la entrega, hace 12 años, de centenares de millones de pesos del erario estatal y zapopano para la construcción del Auditorio Telmex, cuya vocación farandulera es pública y manifiesta; el donativo anual, tasado en decenas de millones de pesos, que varios gobiernos metropolitanos y la Secretaría de Cultura de Jalisco entregan puntualmente para ese Hollywood totonaca llamado Festival Internacional de Cine en Guadalajara, y entre otras muchas dádivas, el hecho de que el gobierno de Jalisco le haya cedido el Teatro Experimental de Jalisco a la cúpula padillista hacia finales del sexenio del priista Enrique Álvarez del Castillo (1983-1989), cuando el ahora “cacique bueno” de la UdeG (¿eres tú, Raúl?) figuraba como el encargado de un membrete ampuloso llamado Departamento de Investigación Científica y Superación Académica.

Así que la donación del subsuelo de la plaza de Mexicaltzingo, que acaba de hacer el ayuntamiento de Guadalajara en favor de la cúpula padillista, se inscribe perfectamente en una práctica arraigada en la que han participado autoridades estatales y municipales emanadas de distintos partidos políticos. En este caso y, mal que le pese al presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, quien ha dicho y repetido presuntuosamente aquello de que “no todos somos iguales”, la actual administración municipal no se ha diferenciado de las anteriores, al ceder también a los business de la cúpula padillista, la cual ha engordado lo mismo con donaciones oficiales de toda clase que con cómodos comodatos.