Siguen los señalamientos contra el padre de Aristóteles

Antonio Alcaraz, El Zar de los Juegos de Azar, sigue alimentando los juzgados con asuntos turbios aun después de su fallecimiento, en este caso por cuenta de uno de sus hijos, Jaime Alfonso Alcaraz Aceves, quien pretende apoderarse de la casa que el finado le donó a su entonces mujer Magdalena Ramírez. Lo que hace este problema judicial del interés público es que la afectada ha señalado con insistencia que en el juicio han actuado irregularmente distintas autoridades, sobre todo el magistrado Leonel Sandoval Figueroa, padre del gobernador.

María Guadalupe Alcaraz Ramírez –hija de Magdalena Ramírez Aguirre, concubina del fallecido Antonio Alcaraz Ascencio, El Zar de los Juegos de Azar– teme que la intervención del magistrado Leonel Sandoval Figueroa, padre del gobernador priista, Aristóteles Sandoval Díaz, determine que no se actúe conforme a derecho en el caso del desalojo irregular de su madre.

La señora Ramírez Aguirre presentó el 12 de mayo de 2016 la denuncia 7508/2016B ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra el juez Décimo Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial, Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, y la secretaria ejecutora Ana Bertha Sierra. Los acusó de abuso de autoridad al determinar que debía abandonar la casa de Mar Egeo 1316, fraccionamiento Country Club, de Guadalajara, misma que le donó Alcaraz Ascencio.

Antonio Alcaraz donó a Magdalena Ramírez la casa donde ambos vivían el 24 de diciembre de 1985, pero desde su muerte en 2001 ella y su hija Guadalupe han enfrentado presiones y amenazas de otros familiares, quienes se valen de policías y jueces, pero especialmente presumen contar con el apoyo del magistrado Sandoval Figueroa.

Los interesados en quitarles la vivienda –una de cientos de propiedades de Alcaraz Ascencio– son Jaime Alfonso Alcaraz Aceves (medio hermano de Guadalupe Alcaraz Ramírez) y Marco Antonio Chávez Villaseñor. El primero, también conocido como Jaime Álvarez Aceves, fue acusado ante el Juzgado Décimo de lo Criminal por la muerte del italiano Massimo Paolosy el 24 de febrero de 1992 (expediente 275/92-D), pero no “ingresó a la penal”, señala Magdalena Ramírez.

A su vez, Chávez Villaseñor cuenta con un poder que emana de la resolución del Juzgado Décimo de lo Familiar, el cual declaró el 29 de marzo de 2013 la ausencia de su padre, José Antonio Chávez Cortés, quien supuestamente le compró la vivienda a María Elena Alcaraz, hermana del Zar de los Juegos de Azar.

El 18 de junio de 2013 el notario público 79, Guillermo Vallarta Plata, le dio a Chávez Villaseñor un poder general y éste nombró a Alcaraz Aceves como su apoderado. En esa calidad, Alcaraz Aceves interpuso un juicio para que Magdalena Ramírez y su hija entreguen la casa. El recurso se radicó en el Juzgado Décimo Tercero, encabezado por Miguel Ángel Cárdenas (expediente 234/2014).

“Mano negra” de Sandoval Figueroa

Al acudir al Registro Público de la Propiedad para aclarar sus dudas, las afectadas encontraron que el inmueble aparecía a nombre de Rosa Carranza Bolaños, a quien le fue vendido el 9 de mayo de 1989 según la escritura 635, levantada ante el fedatario público suplente número 48, Salvador Peguero Hernández.

Ellas presentaron el 8 de julio de 2004 una denuncia por la compraventa irregular de la propiedad (averiguación previa 280/04). “Ahí se desprendió que las firmas autógrafas de mi finado concubino no pertenecían al mismo (…) de acuerdo con el dictamen grafoscópico 27806/2004/12CE/01DC”, dice Ramírez Aguirre.

También comprobaron que Rosa Carranza le entregó a María Elena Alcaraz un poder general para pleitos y cobranzas sobre el inmueble de Mar Egeo, que tramitó ante el notario público número 15, Alejandro Navarro Flores. En su calidad de apoderada, María Elena vendió la casa el 14 de octubre de 2002 a José Antonio Chávez Cortés ante el notario público 99, José Mora Luna.

La denuncia 7508/2016B, de Ramírez Aguirre, quedó radicada en la agencia número 13 del Ministerio Público. En ella se menciona que el 29 de marzo de 2016 el juez 13, Cárdenas Rodríguez, desalojó de forma “ilegal” a la quejosa y a su nieta Ana Lilia Moreno de la vivienda.

En varias ocasiones y ante diferentes instancias Magdalena Ramírez Aguirre ha señalado la intervención de Leonel Sandoval en el litigio con número de expediente 234/2014.

La primera fue el 26 de abril de 2015, cuando le informó mediante un correo electrónico al exdirigente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, que el magistrado Sandoval Figueroa protege a Jaime Alfonso Alcaraz Aceves, “hijo del finado capo Antonio Alcaraz Ascencio, quien era conocido como El Zar de los Juegos de Azar en el estado de Jalisco, así como a Juan José Esparragoza Moreno, alias El Azul”.

En ese escrito Ramírez Aguirre menciona que el magistrado “ha metido mano negra” en el expediente 234/2014, que se encuentra en el Juzgado Décimo Tercero Civil, así como en el acta de hechos 426/2014, radicada en la Fiscalía Central (Proceso Jalisco 603).

El acta 426/16, levantada en la Agencia 9 de Delitos Varios, la presentó Guadalupe Alcaraz “debido a que tengo temor fundado de lo que pueda pasarme a mí, a mi familia y a mis bienes”, como menciona en la propia querella.

Esta inquietud surgió al reunirse el 23 de enero de 2014 con el entonces diputado federal Luis Armando Córdova Díaz –actual regidor de San Pedro Tlaquepaque–, quien es “amigo, socio y cómplice de Antonio Chávez”, refiere en su denuncia.

La señora Ramírez Aguirre también acusó al magistrado Sandoval Figueroa ante la delegación de la PGR Jalisco (averiguación previa 676/2015, por delincuencia organizada), pero la querella fue canalizada a la FGE y, a decir de su hija Guadalupe Alcaraz, nunca sucedió nada.

El 30 de junio de 2016 Ramírez Aguirre entregó un escrito al despacho del fiscal general en el cual asegura que Sandoval Figueroa ayuda a Jaime Alfonso Alcaraz Aceves.

En ese documento añade que el 21 de octubre de 2014, durante la audiencia conciliatoria en el Juzgado 13 de lo Civil, Alcaraz Aceves trató de intimidarla:

“Me ofreció unos pesos y, palabras textuales del antes mencionado, que más me vale que agarráramos ese dinero, ya que no íbamos a agarrar nada, porque él ya se había arreglado con el magistrado Leonel Sandoval.

“Eso nos causó sorpresa, ya que mi hija María Guadalupe Alcaraz Ramírez vio salir de la oficina del magistrado Leonel Sandoval a Jaime Alfonso Alcaraz y a su abogado Bernardo Manuel Sánchez Ávalos.

“Mi hija y la de la voz intentamos hablar con el magistrado dejando nuestros datos, y pasó el tiempo y nada. Fue entonces que mi hija volvió (en enero de 2015) a buscar al magistrado y su secretario particular le dijo que Leonel no le había dicho nada (…) y se le solicitó de manera verbal que el magistrado se abstuviera de intervenir en nuestros asuntos y que queríamos saber cuál era su interés, ya que con anterioridad ha estado ayudando a Jaime Alfonso Alcaraz.”

Para continuar el proceso legal, Guadalupe Alcaraz presentó ante la FGE un contrato de arrendamiento que firmó el empresario José Eduardo Urrea García Rulfo como propietario de la finca de Mar Egeo, con Ricardo Agustín Dolores, quien por 11 mil pesos mensuales puede hacer uso de la finca. Con eso, señala, se demuestra otra irregularidad en el manejo de la vivienda.

La queja

El 6 de abril de 2016, Magdalena Ramírez interpuso una queja ante el Consejo de la Judicatura del Estado contra Miguel Ángel Cárdenas y la secretaria ejecutora, Ana Bertha Sierra, por el desalojo irregular. Asimismo los responsabiliza por despojo, abuso de autoridad, el robo o extravío de sus bienes y por no inventariar tres cajas fuertes de diferentes tamaños con objetos valiosos, como joyas y dinero en efectivo, entre otras pertenencias.

En su escrito argumentan que Ana Lilia Moreno, quien vivía en Mar Egeo junto con Ramírez Aguirre, nunca fue llamada ni vencida en juicio.

La Dirección de Visitaduría, Disciplina y Responsabilidades admitió la queja administrativa, pero aún no ha sido resuelta por el Consejo.

En su defensa, el juez Miguel Ángel Cárdenas respondió el 14 de noviembre de 2016 al director de Visitaduría que esa queja no debió admitirse puesto que los delitos que se denuncian no son de su competencia, y no infringió ninguna de las disposiciones establecidas en el artículo 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado. Afirma haber actuado de manera imparcial y que no se llamó a Ana Lilia Moreno porque no forma parte del juicio.

De forma similar contestó Bertha Sierra el 3 de noviembre de 2016. Argumentó que no se debió admitir la queja, puesto que no “se sujeta a ninguna de las faltas establecidas en el artículo 198” y pide que se deseche.

También menciona que en la queja administrativa sólo se pide su comparecencia y señala que sí se inventarió cada pieza que se encontraba en la finca, además de que la quejosa no presentó ningún elemento probatorio de que le fueron robados objetos.

El Juzgado Décimo Tercero ordenó al abogado Bernardo Sánchez regresarle a Magdalena Ramírez los bienes que le fueron quitados durante el desalojo, pero el litigante respondió que los muebles fueron robados del domicilio donde estaban depositados. Para demostrar su dicho presentó copia fotostática de la carpeta de investigación 20168/2017, correspondiente a la Agencia 5 de la FGE.

El 10 de marzo, la secretaria de acuerdos del mismo juzgado, Susana Enciso Reyes, le respondió que “no ha lugar a suspender la diligencia de entrega de bienes” puesto que la apertura de la investigación del robo “no puede ser considerada como un elemento de prueba”.