El cuadrante del delito

Aunque las fuerzas de seguridad mantienen cercada una peligrosa zona en dos céntricos barrios tapatíos, los narcomenudistas abren tienditas y los ladrones practican sus especialidades en otros lugares de la ciudad. Quienes sí resienten las acciones policiacas son los comerciantes, cuyos negocios son violentados por agentes federales en busca de mercancía ilegal aun cuando tengan los documentos en regla.

Varias calles en las inmediaciones del mercado San Juan de Dios y de Analco –barrios céntricos antiguos de Guadalajara– llevan dos semanas cerradas por la Policía Municipal debido a una ola delictiva en la zona, por lo que desde el pasado 30 de marzo prevalece una especie de “toque de queda”.

Los vecinos consultados confirman que en esas calles proliferan las narcotienditas, las ejecuciones en vía pública, así como la prostitución de adultos y de infantes. Además, se distribuyen productos robados y mercancía pirata.

La psicóloga María Elena Ureña, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), atiende un comedor popular para ayudar a menores en situación de calle que deambulan por dichos barrios. Señala que ahí se encuentran más de 4 mil niños en riesgo de ser explotados en las cadenas de prostitución locales o de acabar enrolados en las bandas de narcotraficantes.

Sin embargo, señala que las autoridades estatales y municipales no solucionan el grave problema social.

Hasta el momento, el perímetro de la intervención policiaca se extiende desde la avenida 5 de Febrero hacia Gómez Farías, en el tramo que corresponde de la Calzada Independencia hacia el oriente, hasta topar con la avenida Belisario Domínguez. También, de las inmediaciones del mercado San Juan de Dios, las calles detrás del Instituto Cultural Cabañas y Medrano.

Los residentes señalan que la zona es manejada por la delincuencia desde hace mucho, por lo que en su opinión la presencia policiaca sólo inhibe temporalmente la actividad de las bandas.

“Cuando empezó ese operativo y la policía andaba por todos lados, los delincuentes aventaban bolsas cargadas con droga a las azoteas de las casas para no ser descubiertos y detenidos: ningún medio de comunicación dio la noticia”, dice un hombre que vive a pocas calles del mercado San Juan de Dios.

“En mayo de 2014, la policía descubrió en un bar los cuerpos de tres hombres que fueron deshechos en ácido, en el rumbo de la Calzada Independencia y la calle de Federación.”

Ese hecho ocurrió en el bar Las Vegas el 17 de mayo de 2014, cuando los vecinos empezaban a notar el incremento de la violencia en el área.

En la zona restringida hay poco movimiento de personas y de negocios. En el polígono de las calles Insurgentes, Gómez Farías, Aldama y Medrano permanece un camión de transporte de la Policía Municipal.

En lo que va del año, los medios han dado cuenta de numerosos hechos de violencia. Entre los más relevantes, el pasado 21 de enero, en Analco, unos desconocidos acribillaron a Víctor Torres, de 51 años, quien según fuentes policiacas vendía drogas. Y el 20 de marzo, en las calles Constitución y Calzada Independencia, fue baleado Ramón Alberto Moreno González, de 24 años y con antecedentes por robo. Sus asesinos dejaron un mensaje intimidatorio.

El 4 de abril un exintegrante de la Policía de Guadalajara fue asesinado en el cruce de la Calzada Independencia con la Avenida Revolución, en la colonia Analco. El 19 de ese mes fue acribillado un hombre en Matamoros y Aldama, en la misma colonia.

El 21 del mismo mes las autoridades reportaron la detención de siete vendedores o distribuidores de drogas, y el 28 un sujeto con más de ocho órdenes de aprehensión y presunto homicida de un policía se fugó de la delegación de la PGR en el estado, ubicada en 16 de Septiembre, cerca del cruce con la avenida La Paz, en el centro de Guadalajara.

Su fotografía y sus datos se difundieron por las redes sociales, donde pronto se multiplicaron los comentarios en el sentido de que autoridades superiores dejaban en libertad a delincuentes detenidos por los agentes tapatíos. Sin embargo, la PGR informó que el sujeto fue reaprehendido.

Tras la captura de los siete narcomenudistas el 21 de abril, el comisario de Seguridad de Guadalajara, Salvador Caro Cabrera, dijo que se trató de un operativo conjunto con autoridades federales y estatales, mismo que se prolongaría más de tres meses en las calles de Aldama, Abasolo, Núñez de Morquecho y Los Ángeles. Detalló:

“Estamos en este operativo con el apoyo de la V Región Militar, de la XV Zona Militar, con la Policía Federal, con la Policía del estado… El comisionado estatal, Raúl Alejandro Velázquez, desde el principio nos ha apoyado, nos ha proporcionado información, datos y respaldos para, a lo largo de este año, intervenir esta zona.

“Actuamos de esta manera en un operativo que tiene principalmente fines disuasivos porque no tenemos todavía las funciones de dominio concedidas por la Fiscalía del estado en este proceso que lleva ya más de un año.”

Sin embargo, los habitantes del área son escépticos acerca de esos presuntos avances en la lucha contra la delincuencia. Señalan que al sentir la presión policiaca, los narcomenudistas abren otra “tiendita” en una zona distinta de la ciudad, en tanto que si son detenidos consiguen su libertad sin complicaciones.

Su dominio es tal, aseguran los entrevistados, que antes de que las autoridades cerraran las calles los delincuentes las bloqueaban a su antojo y sus halcones les notificaban con llamadas de celular o simples silbidos cuando llegaban extraños o fuerzas policiacas.

En San Juan de Dios, a principios de noviembre de 2008, Eduardo Esquivias, agente de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), fue asesinado en el cruce de Dionisio Rodríguez y Vicente Guerrero por unos sujetos que iban en una motocicleta roja. Algunos de sus compañeros relataron que Esquivias solía quejarse por la falta de equipo adecuado para trabajar en aquella peligrosa zona.

En aquel tiempo la propia PGJE e investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG) reconocían que había más de 40 manzanas fuera de control en la capital del estado. En los últimos tres o cuatro años la zona de alto riesgo se extendió en los cuatro puntos cardinales, hacia Calzada Independencia sur y norte, al igual que de oriente a poniente en vialidades como Javier Mina, Álvaro Obregón y Medrano, entre otras.

De esa forma, dicen los habitantes de los barrios de Analco y San Juan de Dios, éstos se convirtieron en el paraíso de los ladrones –conocidos según su especialidad, como conejeros, cadeneros, de autopartes, de celulares, carteristas y motoladrones–, por lo cual muchos comerciantes ya decidieron hacer justicia por su cuenta.

“Ilegalidad” de la PGR

El operativo permanente se desplegó tres semanas después de uno de los mayores decomisos de “mercancía de dudosa procedencia” en el mercado Libertad, conocido popularmente como San Juan de Dios.

El abogado y fiscalista Antonio Sánchez Sierra, investigador de la UdeG, relata que la madrugada del 24 de marzo, cuando se realizó la incautación de mercancía por varios millones de pesos, hubo disparos y el enfrentamiento de agentes federales con civiles culminó con 50 de éstos detenidos y varios periodistas golpeados.

Señala que esa acción demuestra que la autoridad federal pretende combatir una supuesta violación a la ley con flagrantes violaciones al protocolo que establece el Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial (NSJPA), por lo que está obligado a devolver todo lo que incautó ilegalmente.

“Básicamente debía ser una revisión para tratar de ubicar mercancía apócrifa, tras una denuncia promovida por la marca de tenis Nike –puntualiza el litigante–. Se debería entender que la PGR o el juez que haya obsequiado esa orden de cateo, la habría sustentado con elementos suficientes para llevarlo a cabo, pero se comprobó que varios afectados adquirieron sus mercancías en forma legal y no se trata de productos pirata, ya que tienen sus facturas de compra y no existía ningún elemento para molestarlos.”

Por ejemplo, dice que a un comerciante le aseguraron mil 500 pares de tenis Nike con un valor superior a 1 millón de pesos, aunque se comprobó que los adquirió lícitamente y no eran apócrifos:

“Todavía no nos explican nada desde el punto de vista oficial. Palpamos que la carpeta de investigación sobre esa denuncia vino mal integrada.

“¿Cómo es que los peritos de la PGR saben que hay comercios que distribuyen mercancía original y cuentan con documentación que acredita su compra en el país con distribuidores autorizados, y aun así les hayan quitado sus productos?

“No constataron que en los locales afectados se estuvieran vendiendo artículos pirata, no expusieron pruebas periciales ni aportaron el elemento de certeza necesario para formalizar la orden de cateo, y, en consecuencia, para asegurar toda la mercancía, conforme lo exige el NSJPA. Al comprobarse la actuación ilegal de la autoridad, los afectados decidieron promover un amparo.”

Para él, esto sólo se explica por una circunstancia: “El problema es que ese operativo se organizó y se montó en la Ciudad de México, detuvieron personas sin ningún cargo y todos los decomisos de mercancía que se llevaron a cabo ese día fueron equivocados”.

La impunidad de la delincuencia y la presión contra los comerciantes establecidos se combinaron el 28 de abril en los hechos violentos del mercado San Juan de Dios. En las redes sociales circuló el video donde se ve a dos mujeres retenidas por los vendedores porque una de ellas presuntamente robó un par de tenis. A continuación se aprecia cómo a la inculpada se le corta el cabello de manera grotesca a manera de castigo.

Para el abogado Sánchez Sierra, desde hace años y ante la ineficiencia de la autoridad, los comerciantes de San Juan de Dios dejaron de llamar a la policía y ajustan cuentas por su propia mano:

“Se sabe de casos frecuentes en que los comerciantes de San Juan de Dios atrapan a ladrones y los agarran a patadas entre varios, los pasean por diferentes pasillos a puros golpes, como un escarmiento.”

Otro investigador de la UdeG, Bernardo Jaén Jiménez, observa que en los operativos ineficaces y los actos de justicia por cuenta de los comerciantes se manifiesta la falta de coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales contra la inseguridad.

Pone como ejemplo las mantas que aparecieron en un fraccionamiento de Tonalá, en las que se advierte a los delincuentes que los vecinos no van a llamar a la policía del municipio ni a la estatal, sino que van a linchar a los delincuentes.

Para colmo, comenta, el gobierno del estado y las autoridades fiscales procuran inhibir la venta de productos pirata, pero lo hacen con operativos que constantemente violentan a los comerciantes, sin que la Comisión Estatal de Derechos Humanos se pronuncie al respecto.