Presa El Órgano Ahora, la amenaza de las lluvias

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguraron cinco de las 14 hectáreas del predio en el que se ubica la presa El Órgano y que se disputan pobladores de los ejidos Las Pintas y San Martín de las Flores, en San Pedro Tlaquepaque.

Juan David García Camarena, responsable de la sindicatura del ayuntamiento, comenta que a raíz de las denuncias ciudadanas por la desaparición del embalse, la autoridad comenzó a trabajar en dos frentes para evitar probables inundaciones en la parte sur del municipio.

La investigación incluye a los funcionarios de administraciones que, de manera ilegal, autorizaron el cambio de uso de suelo para permitir la construcción de viviendas sin considerar los riesgos que ello implicaba.

“El cambio de uso de suelo inició hace cuatro o cinco años en un área de orden natural que es un vaso regulador de las concentraciones de agua provenientes de diversos municipios”, aclara el funcionario.

Algunos particulares reclaman esas tierras como suyas y presentan documentos apócrifos, por lo que el ayuntamiento comenzó a recabar información del Registro Público de la Propiedad y del Registro Agrario Nacional. El propósito es cruzar la información con la de la Dirección General de Asuntos Agrarios del gobierno de Jalisco y de Catastro de Tlaquepaque para determinar las irregularidades.

Por lo pronto, no se permitirá la construcción de fincas sobre ese terreno que durante siglos fue un vaso regulador de los escurrimientos de aguas de los municipios de Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y Guadalajara.

Cuando se conozca de quién es esa propiedad, si es del gobierno municipal o estatal, se interpondrán las denuncias penales contra los particulares que se disputan el área. “Lo importante es detener la urbanización sobre las tierras ganadas a la presa “ante las condiciones de riesgo de inundaciones”, comenta García Camarena.

Y agrega: “Vemos con preocupación el relleno en el vaso natural que data de hace más de un siglo, según los mapas y los croquis que tiene a disposición la autoridad municipal.

“El propio gobierno del estado, el Registro Agrario Nacional y otras autoridades reconocen el vocacionamiento natural de esa área. Evidentemente, el agua tenderá a buscar su cauce natural y el vital líquido llegará de nueva cuenta a su nicho natural.

“El agua no va a desaparecer por arte de magia, se tiene que acumular en algún lugar a pesar de la desaparición de la presa; por desgracia la zona aledaña a ese vaso ya está habitada, como ocurre con las colonias El Órgano, Las Liebres, La Duraznera o Solidaridad.”

SOS legislativo

Por el momento, dice García Camarena, se han presentado dos denuncias ciudadanas relacionadas con ese predio, lo que motivó una investigación que incluye la parte jurídica y la parte técnica en la que colaboran Obras Publicas del ayuntamiento y Protección Civil, así como representantes del gobierno estatal.

La disputa por la zona ganada a la presa no es legal, advierte la diputada Lourdes Martínez Pizano, del partido Movimiento Ciudadano, de ahí la intervención de la FGE para asegurar las cinco hectáreas.

Detrás de todo esto, dice, hay un gran negocio calculado entre 60 y 80 millones de pesos, una vez que la zona sea fraccionada, como informó Proceso Jalisco en su edición 649.

La fiscalía atiende una denuncia por invasión de tierras entre particulares (expediente 618/2012) vía la Dirección de Delitos Patrimoniales Violentos, sostiene la legisladora emecista. Y aunque la querella fue promovida por José de Jesús Escobedo en 2012 contra otro particular, en el fondo se trata de un pleito entre el ejido de San Martín de las Flores y el de Las Juntitas.

Según ella, el predio en disputa –aledaño a la presa– no pertenece a ninguna de las dos comunidades, por lo tanto, debe ser considerado como propiedad de la nación.

Los problemas del vaso lacustre se reavivaron tras el reportaje publicado por Proceso Jalisco el mes pasado. Desde la tribuna del Congreso local “mandamos un exhorto a autoridades municipales, estatales y federales para que eviten las inundaciones que probablemente se registren en toda la zona con la afectación mínima a 16 mil personas”, subraya la legisladora.

Y agrega: “El Ministerio Público aseguró esa parte de la presa, cinco de las 14 hectáreas, y ahora está esperando de la Comisión Nacional Agraria una respuesta para saber si la presa pertenecía a alguno de los dos núcleos ejidales.

“Según la documentación que tenemos, ninguno de los ejidos fue beneficiado con la presa; ahora toca al ayuntamiento y al síndico defenderla.”

Hasta ahora, agrega la legisladora, ninguna de las instituciones a las que se ha acercado para dirimir el problema ha ofrecido una respuesta. Lo grave es que se avecina el temporal de lluvias 2017 y no se está haciendo ningún trabajo efectivo para evitar las inundaciones en el terreno de relleno, que comenzó en 2013.

Hoy, a cuatro años de distancia, el fondo del embalse –que antes almacenaba el agua proveniente de los municipios aledaños a Tlaquepaque– está cubierto por una capa de más de tres metros de tierra y escombro.

Bajo las actuales condiciones de taponamiento, sostiene la legisladora, hay una población superior a los 16 mil habitantes que están en riesgo de inundaciones en colonias como La Duraznera, Las Liebres y Solidaridad, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

“La gente que probablemente sea afectada está preocupada; yo también. Ya hemos tenido cuatro reuniones con la Comisión Nacional del Agua, con la Comisión Estatal del Agua, con el ayuntamiento y con la Unidad de Protección Civil y Bomberos y no comienzan los trabajos para retirar la tierra y el cascajo y reabrir los canales”, insiste Martínez Pizano.

–¿Cómo ha respondido Protección Civil? –se le cuestiona.

–En la cuarta reunión le pedí al mayor Trinidad López Rivas, director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, así como a los representantes de los municipios aledaños e instituciones involucradas desocupar el espacio y que actualizaran su Atlas de Riesgo.

Si ellos no toman cartas en el asunto y se inunda la zona, el ayuntamiento de Tlaquepaque, el gobierno estatal y Protección Civil serán los responsables. Hasta ahora, el ayuntamiento respondió que ya les autorizaron una máquina para rehabilitar el lecho de esas aguas, pero si no se actúa en los próximos 15 días es probable que ocurra una tragedia, sentencia la legisladora.