San Sebastián Teponahuaxtlán Donde la justicia no llega

Integrantes de la LXI Legislatura local admiten que no cuentan con un censo acerca de las poblaciones originarias de Jalisco ni del número de indígenas residentes en la entidad. Lo único que saben es que la violencia que se cierne sobre las comunidades wixárika, coca y nahua es cada vez más ostentosa, como se vio en el caso de los hermanos Miguel y Agustín Vázquez Torres, los dos ejidatarios wixárikas ejecutados el pasado 20 de mayo.

Las comunidades precolombinas wixárika, nahua y coca llevan lustros defendiéndose de autoridades y grupos criminales que pretenden arrebatarles sus tierras para explotar sus recursos naturales, construir megadesarrollos o destinarlas al cultivo de estupefacientes.

Nadie escucha sus reclamos, dicen los dirigentes indígenas. Se sienten abandonados por las autoridades porque, insisten, ni siquiera saben cuántas poblaciones originarias hay en Jalisco ni cuántos pobladores tienen; menos aún les dan el estatus de sujetos jurídicos ni se enteran de sus problemas cotidianos.

La abulia oficial los llevó a presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los expedientes judiciales en los que demuestran ser los auténticos propietarios de las tierras que habitan, reconocidas incluso por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Hoy, comentan, pretenden despojarlos de 442 mil 87 hectáreas, una superficie equivalente al área metropolitana de Guadalajara. Ahí, en esas comunidades prehispánicas, la violencia armada no cesa; las autoridades tampoco hacen nada por detener la tala, así como la explotación de minerales y del agua.

El expediente interpuesto por los wixárikas, que actualmente analiza la SCJN, es el número 249/07, e indica que su comunidad está asentada en los límites de Jalisco con Nayarit; el de los cocas, residentes en la zona del Lago de Chapala, es el 318/2011-C, mientras el de los nahuas, distribuidos entre Jalisco y Colima, es el 3/98.

Antes de los juicios, las comunidades presentaron de manera reiterada pruebas del acoso judicial y físico por reclamar sus tierras y recursos naturales. Nunca fueron escuchados.

Al presentar su informe anual 2016, el Centro de Justicia para la Paz (Cepad) destacó que el despojo a las comunidades de esos tres grupos étnicos es uno de los cinco casos de violación a los derechos humanos más frecuentes en Jalisco.

Según el documento, “Mezcala, Temacapulín, El Mameyito y Puertecito, el Rincón de Manantlán y Peña Colorada, entre otros pueblos, han sido violentados. Su derecho al territorio y a vivir en paz es una utopía. En 2015 sus habitantes se vieron obligados a desplazarse, a abandonar sus tierras a causa de la violencia y las presiones del crimen organizado y los grupos de poder.

“No recibieron –no han recibido– el soporte y la protección de autoridades, que ni siquiera han hecho las investigaciones pertinentes en torno a los perennes abusos de poder y el consecuente despojo de su territorio.”

Comunidades abandonadas

En noviembre de 2015, al iniciar sus trabajos, los integrantes de la LXI Legislatura local admitieron que no cuentan con un padrón o un sistema de identificación de comunidades, por lo tanto desconocen cuántos pueblos de origen precolombino hay en Jalisco, así como el estatus jurídico de sus habitantes.

Lo que los legisladores no desconocen es la presencia de grupos armados en las comunidades indígenas, pues los afectados han acudido a ellos en demanda de apoyo por lo menos en dos ocasiones durante los últimos meses. En ninguna fueron escuchados.

La diputada de Movimiento Ciudadano Fela Patricia Pelayo López, quien preside la Comisión de Asuntos Indígenas en el Congreso local, es la única que ha intentado impulsar la creación de un Consejo Consultivo para que auxilie a la comisión y esté conformada por indígenas, expertos en la materia y académicos para instrumentar las modificaciones a la Ley sobre los Derechos y Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas de Jalisco.

La legisladora emecista comenta a Proceso Jalisco: “Una cosa es reconocerlos – a los indígenas– como sujetos de derecho y otra cosa es reconocerlos como comunidades indígenas”.

Y expone: Cuando se reconoce a una comunidad indígena, sus habitantes se convierten en sujetos de derecho y así tienen la posibilidad de defender sus lugares sagrados, sus bienes culturales y, en caso de tenerlas –lo que es altamente probable–, sus tierras.

“Pero si no tienes el reconocimiento como comunidad indígena y tampoco te reconocen como sujeto de derecho, entonces estás muy alejado de poder tener una defensa jurídica. Uno de los temas más recurrentes en este recorrido de nueve meses fue precisamente el tema del despojo.

“Al no ser sujetos de derecho, los indígenas no pueden entrar al padrón, que es un instrumento importantísimo, pues les permite hacer defensas jurídicas”, puntualiza Pelayo López.

El propósito del Congreso, dice, es levantar un censo poblacional en esas comunidades, le servirá a los legisladores como herramienta jurídica ante las amenazas de las autoridades. Han sido muchos meses de trabajo, dice, y actualmente ella y sus compañeros están elaborando el “mapa de despojo” para localizar el problema y atenderlo.

“He insistido al gobierno estatal, a través de la Comisión (de Asuntos Indígenas), para que se firme el convenio. Hasta ahora no se ha podido. ¿Cuál es el interés de fondo? Lo desconozco. No obstante, están las cartas sobre la mesa, y sería un proyecto que necesita la aprobación del Ejecutivo estatal”, comenta Pelayo López.

Indignación wixárika

En la zona wixárika, en el norte de Jalisco, los lugareños están indignados por el asesinato de los hermanos Miguel y Agustín Vázquez Torres, ocurrido el pasado 20 de mayo en la Delegación de Tuxpan de Bolaños, del municipio de Bolaños, por unos presuntos pistoleros de un grupo delictivo que opera en los límites de Jalisco con Zacatecas.

La comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán –demarcación indígena que incluye Tuxpan de Bolaños–, de la que Miguel fue presidente del comisariado ejidal, exige justicia por el doble asesinato y reivindica las tierras que habita.

Rubén Ávila Tena, el abogado que lleva los casos judiciales de los wixárikas, los cocas y la comunidad de Atzqueltán, comenta al reportero que es prácticamente imposible saber por qué los delincuentes atacan a los indígenas en la zona wixárika.

“Obviamente puede interpretarse de mil maneras –dice–. Quizá los están criminalizando o fue una represalia por la ejecución judicial (con la que recuperaron parte de su tierra, un trabajo en el que participó Miguel). Sin embargo corresponde a la autoridad investigar esos crímenes.”

Sobre el reclamo de tierras en San Sebastián, el abogado dice que las autoridades estatales son las que bloquean la ejecución de justicia para las comunidades indígenas.

“Hay conflictos significativos por su trascendencia social, económica y ambiental que implican. Está el caso del ejido de Ayotitlán, en conflicto con la minera Peña Colorada desde hace años; el de San Juan de Ocotán, con la industria inmobiliaria”, dice.

En el caso de los wixárikas en el norte del estado, ellos “luchan contra los ganaderos que pretenden apropiarse de sus tierras, contra la ocupación de sus lugares sagrados y la explotación de sus bosques. No existe un solo expediente por las 10 mil hectáreas de la zona wixárika. ¿Por qué? Porque esa superficie no la tiene una sola persona, sino 46 posesionarios. También está la invasión en Mezcala, donde se pretende erigir un complejo turístico e inmobiliario”.

Según el abogado, el caso más violento es el de la comunidad nahua ubicada en la colindancia de Jalisco y Colima. Durante los últimos 37 años, los pobladores de la zona han cuantificado más de 90 bajas, entre desaparecidos y asesinados, derivadas de la lucha por preservar la riqueza natural y mantener la integridad del pueblo.

Se trata del segundo conflicto territorial más grande de Jalisco. A los nahuas de Ayotitlán se les invalidó un decreto virreinal de la Corona Española que les otorgó 446 mil 762 hectáreas. Hoy, sólo poseen mil 200 hectáreas –menos de 10% de la superficie–, que les disputan empresas madereras y mineras.

Hoy, parte de Manzanillo, la laguna de Cuyutlán, cuyo límite era el río Armería y la desembocadura al mar –a través de la playa de Boca de Pascuales, en Tecomán, Colima–, así como los municipios jaliscienses de Tuxcacuesco, El Grullo, Autlán, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Villa Purificación y Tequesquitlán son codiciadas por las mineras que buscan apropiarse de sus minerales, sobre todo el oro.

Sin embargo, la comunidad coca de Jalisco es la más afectada por los sistemas de repartición de recursos naturales y despojo. Las normativas locales optaron por desacreditar su origen indígena con tal de lograr la explotación de recursos que invade la zona.

Además de sufrir discriminación por parte de las autoridades investigadoras y categorizadoras, los cocas llevan 18 años luchando por recuperar sus tierras. Ellos poseen 12 hectáreas, de las cuales nueve están en conflicto con un desarrollador inmobiliario identificado como Club Enduro, cuyo propietario es Guillermo Moreno.

La comunidad coca está pasando por uno de los casos más injustos y, además, según Ávila Tena, inconstitucional. En 2011, la SCJN emitió un criterio con el cual se otorga la garantía de la identidad étnica exclusivamente a los pueblos originarios; por ello, que el estado no los reconozca como tal –como es el caso de Jalisco– violenta su derecho a la identidad.

El expolio

El sociólogo Rubén Martín Martín, de la Universidad de Guadalajara, hizo su tesis doctoral sobre el tema de las comunidades indígenas del estado. Dice que el acoso judicial contra los pueblos originarios sólo es posible con la complicidad del gobierno estatal.

Quienes intentan quedarse con esas tierras y usufructuar sus recursos naturales siempre recurren a estratagemas jurídico legales para despojar a los indígenas, quienes tardan en reaccionar. Y cuando buscan apoyo, nadie se los da.

“Tengo registrados 60 casos (de despojo), que van desde pueblos indígenas que defienden el campo, el agua, las playas, hasta quienes padecen a los desarrolladores inmobiliarios, o el capital industrial en el caso de las ciudades, dice el especialista.

Lo importante, dice, es identificar en qué etapa del conflicto se sitúan, para poder trabajar con su defensa civil organizada y efectiva.

Las estrategias del Estado o del capital, dependiendo de quién lo esté orquestando, por lo general compran a las autoridades. Si eso no les funciona, recurren a la compra de parcelas. Y cuando les falla la estrategia, generan conflictos internos en las comunidades.

Lo que sigue, comenta el académico de la UdeG, es el hostigamiento, la fabricación de delitos y los asesinatos.