Revés conservador a la norma oficial

Uno de los claros, aunque insuficientes avances de la legislación federal para proteger la salud de las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violación  –la interrupción legal del embarazo– no se aplica conforme a derecho en el estado. Aquí no se tipifican las agresiones sexuales a menores como violación y, por lo tanto, funcionarios y médicos de la Secretaría de Salud pueden poner reparos al aborto, por más que sea legal en esos casos.

A lina tiene 17 años y su vida no es como la del resto de la gente, no porque tenga síndrome de Down sino por su condición de víctima de violación. Actualmente la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) atiende su segundo embarazo sin darle la posibilidad de interrumpirlo legalmente, pese a que este y el anterior vástago, de dos años, fueron producto de agresiones sexuales del padre de Alina.

Las autoridades estatales de salud contravienen así la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046 sobre criterios para la atención médica de la violencia familiar, ya que el caso de Alina cumple con las causales contempladas en el artículo 229, referente al acceso legal del aborto.

El 24 de marzo del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación que la modificación a la NOM 046 permitía que mujeres mayores de 12 años y menores de 18 interrumpan legalmente un embarazo sin autorización de su padre o tutor.

Sin embargo, en Jalisco existen varios obstáculos para la aplicación de esta norma, que brinda herramientas jurídicas a los prestadores de servicios de salud en casos de interrupción del embarazo por violación.

Uno es la presión social de los grupos conservadores. Otro, su influencia en las políticas públicas de la entidad, ya sea a través de la oposición de los diputados locales a leyes que permitan el acceso rápido a estos mecanismos, o bien mediante la reticencia de los médicos y funcionarios de la SSJ a aplicar los lineamientos de la NOM 046.

A pesar de ello las organizaciones feministas han pugnado para que el grueso de la sociedad conozca bien la ley.

El pasado 28 de mayo, organizaciones como el Centro Feminista de Defensa de los Derechos de las Mujeres Leticia Galarza Campos (Cefem, A.C.), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), el Colectivo Lésbico Tapatío (Coleta) y la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) se reunieron en el andador Chapultepec para compartir información al respecto en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

La conmemoración se creó después de que la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos, en una reunión que realizó en Costa Rica en 1987, propusiera que ese día se reconocieran y crearan iniciativas nacionales, regionales e internacionales sobre salud reproductiva, sexual y mental de las mujeres. El Estado mexicano la oficializó después de que el Congreso de la Unión la aprobara el 30 de diciembre de 2015.

En Jalisco la fecha tiene un énfasis coyuntural, pues al menos desde hace un año las autoridades han omitido atender a menores de edad que, aun con evidentes muestras de violación, no han tenido acceso al aborto legal.

Desde el anuncio de la instauración de la Alerta de Violencia contra las Mujeres, en febrero de 2016, el gobierno del estado se dijo abierto a la posibilidad de que quienes se encontraran en un caso previsto en el Código Penal para abortar legalmente, podrían acceder al mismo sin ser juzgadas por los prestadores de servicio.

Incluso las expertas y activistas llegaron a mencionar que fue el gobernador Aristóteles Sandoval quien expresó que Jalisco “ya no sería un estado mojigato”, en referencia a la doble moral que imperó en las instituciones en los sexenios panistas.

La realidad ha sido distinta. Dependencias como la SSJ se han negado a acatar las recomendaciones de las expertas y de las instancias federales para proporcionar información y atención adecuada a las víctimas de violación.

De hecho, a principios de mayo –el mes de la conmemoración del mencionado día internacional de Acción por la Salud de las Mujeres– se retiró de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Jalisco una iniciativa del gobernador que pretendía tipificar el delito de violación sexual de menores en el Código Penal.

Dicha iniciativa fue presentada en marzo pasado y es crucial para que la NOM 046 pueda ser aplicada plenamente en la entidad, ya que sus lineamientos dicen que “en caso de embarazo por violación, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley”.

No obstante, en Jalisco las violaciones de menores no están tipificadas como tales sino como “abuso sexual infantil”.

Al respecto, la legisladora local priista Rocío Corona Nakamura argumentó el pasado 3 de mayo, durante la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales del Legislativo local:

“Violación es una palabra fuerte, que existe. Lamentablemente queremos hacer un eufemismo, lo encubrimos para tamizarlo, suavizarlo con la denominación de ‘abuso sexual infantil’ en la norma vigente. El abuso  sexual infantil tipifica el delito, desde tocamiento y caricias lascivas hasta las más aberrantes violaciones sexuales contra niños, niñas y adolescentes. No se le da la magnitud, la gravedad que tiene la violación; se minimiza la realidad.”

En vez de pasar al pleno para su votación, la iniciativa se retiró a petición de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, cuyo vocero en la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado local Felipe Romo Cuéllar, argumentó que se trataba de una nueva forma de legalizar el aborto y facilitar su acceso general a los menores.

Nula capacitación

La aplicación del ILE (Interrupción Legal del Embarazo) es posible en cualquier persona que haya sido víctima de violación y no desee gestar el producto. En caso de menores de 12 años se requiere la autorización de los padres o tutores.

A fin de agilizar el acceso a la justicia para las niñas y adolescentes entre los 12 y 18 años, la reforma a la NOM 046 publicada el 24 de marzo de 2016 establece que esa autorización ya no es necesaria.

Las estadísticas aportadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) a Proceso Jalisco indican que las violaciones se han incrementado considerablemente. De 2015 a 2016 las carpetas de investigación por abuso sexual pasaron de mil 571 a 2 mil 344.

De las víctimas registradas en 2016, mil 458 son menores de 18 años. En el expediente 048/2017, obtenido por la Ley de Transparencia, la SSJ indica que ese mismo año 115 niñas y adolescentes violentadas quedaron embarazadas a consecuencia de la agresión. No obstante, hasta la fecha se han llevado a cabo sólo cuatro interrupciones legales del embarazo.

En tanto, se acumulan las solicitudes para acceder a este procedimiento médico, aunque hasta el momento la SSJ reconoce siete: una de 2015, cinco en 2016 y otra para 2017.

El acceso al aborto legal es crucial para la aplicación de la justicia y la falta de sanciones penales no incentiva su libre práctica. Según la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, sólo 420 jaliscienses han recurrido al ILE en la capital del país desde que fue aprobado en 2007.

Quienes lo han realizado son, en su mayoría, mujeres entre los 21 y 24 años. El año pasado 14 jaliscienses se practicaron un aborto seguro en la Ciudad de México, de las cuales sólo una era menor de 18 años.

De todas formas, los grupos que defienden los derechos de las mujeres siguen empujando las reformas correspondientes, pues el costo de este servicio en los estados está aumentando.

La mayor reticencia para que las víctimas de violación ejerzan su derecho proviene de la SSJ y de su titular, Antonio Cruces Mada, quien al asumir el cargo se mostró abierto y criticó a su antecesor por oponerse al ILE, e incluso atribuyó tal postura a su avanzada edad.

Posteriormente el secretario alegó que la objeción de conciencia es un aspecto importante de la NOM 046, sin mencionar que, según ésta, debe haber personal que no sea objetor.

“Evidentemente, ante esta situación, tanto organizaciones pro-vida como los propios ginecólogos tienen el derecho de objeción de conciencia. ¿Qué es la objeción de conciencia? Es el derecho a la vida y a no realizar interrupciones del embarazo, así sean consecuencia de una violación”, declaró Cruces Mada el pasado 9 de marzo, en rueda de prensa.

Tan grave es la omisión del gobierno jalisciense, que el 30 de marzo pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación a un convenio firmado entre la Secretaría de Salud federal y el Ejecutivo estatal en materia de ministración de subsidios para el fortalecimiento de acciones de salud pública.

En el documento se contempla una meta federal de 3 mil 225 profesionales médicos de Jalisco capacitados en la aplicación de la NOM 046, en tanto que en la misma gráfica la meta estatal refiere que se capacitará un porcentaje marcado con la cifra 138, sin que se explique si es un número de personas o un monto superior al de la meta federal.

En el citado oficio obtenido por transparencia, la SSJ menciona que sólo 41 profesionales de áreas médicas, enfermería y psicología han tomado un taller de 20 horas de sensibilización y actualización en la interrupción voluntaria del embarazo.

De acuerdo con las académicas y activistas por los derechos de las mujeres, esta situación desincentiva a las víctimas, a quienes se les niega el servicio.

Señalan que los objetores deben comunicar a sus superiores que lo son,  para que no se les considere en estos procedimientos y estén disponibles profesionales que no tengan problema con la aplicación de la ley.

Así lo señala la Guía de Interrupción Legal del Embarazo, elaborada por la mesa de trabajo que se estableció en el marco de la Alerta de Violencia contra las Mujeres, pero la SSJ no cuenta con un registro de médicos y demás personal de salud que no sean objetores de conciencia.

El Informe de Trabajo realizado por la autoridad federal para atender la solicitud de la Alerta de Violencia de Género 09/2016 de la Secretaría de Gobernación, presentado el 21 de marzo pasado, señala que el personal que atiende el servicio de gineco-obstetricia y de urgencias no se encuentra adecuadamente capacitado para el cumplimiento de la NOM 046.

Al respecto, la académica de la Universidad de Guadalajara Patricia Ortega Medellín explica que la postura del titular de la SSJ influye en el conservadurismo del resto del personal de salud, como lo expresó en su escrito integrado al Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos de Jalisco en 2016, publicado por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y que se dio a conocer el pasado 30 de marzo.

“Evidentemente, el secretario de Salud tiene una posición individual en contra del aborto y esto induce al resto del personal a asumir la misma postura, ya que no se les brinda la certeza de contar con el respaldo institucional ante un tema polémico, aun cuando la ley sea clara al respecto”, escribió Ortega Medellín en su recuento.