Despojo consentido por Sandoval Díaz

Los habitantes del ejido Santa Cruz de la Soledad, municipio de Chapala, acusan al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco de estar coludido con una empresa inmobiliaria de los hermanos Covarrubias Valenzuela para arrebatarles sus tierras y construir en ellas un megadesarrollo recreativo. En ese proyecto, al que no es ajeno el gobernador Aristóteles Sandoval, también participan autoridades agrarias, quienes incluso destituyeron en abril de 2016 a los representantes del comisariado ejidal

Martha Rodríguez García, quien fue destituida de manera ilegal como presidenta del ejido Santa Cruz de la Soledad, municipio de Chapala, en abril de 2016, admite: “Yo sí tengo miedo”.

Desde hace meses ella, su hija y varios representantes del ejido viven bajo acoso, incluso dicen haber recibido amenazas de muerte debido a su activismo en la defensa de la tierra comunitaria que funcionarios estatales y una inmobiliaria pretenden arrebatarles.

El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), en asociación con Santa Cruz Inmobiliaria de Chapala, cuyos socios son los hermanos Ricardo, Juan Arturo, Héctor y José Luis Covarrubias Valenzuela, pretenden apoderarse de por lo menos 450 hectáreas.

Su propósito es construir un campo de golf de 18 hoyos, un club campestre, un campo ecuestre, viviendas unifamiliares y dúplex, así como un asilo para la comunidad extranjera, sostienen los agraviados, quienes se enteraron del megaproyecto al presentar una solicitud de información mediante la Ley de Transparencia.

Los líderes del ejido Santa Cruz, entre ellos Martha, su hija María de Jesús López, así como el tesorero Ricardo Castellanos Álvarez, han sido amenazados y hostigados por los uniformados estatales y municipales.

Martha y su hija acudieron al Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), a la dirección del Centro de Atención y Protección a Ofendidos Víctimas y Testigos del Delito y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) a plantear su problema, pero no han recibido apoyo.

A principios de abril pasado, la directora del IMJ, Érika Adriana Loyo Beristáin, les respondió que no podía hacer nada pues el problema “era muy fuerte” y citó a un colaborador del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, precisamente el que está amedrentando a la comunidad, dice María de Jesús.

En Protección a Víctimas, que dirige María de Lourdes Carranza, “ni siquiera nos dieron atención psicológica”; mientras que en la CEDHJ, donde quedó arraigada la queja 11452/16, Aldo Iván Reynoso Cervantes, de la  Tercera Visitaduría, les propuso conciliar con las autoridades estatales y las de Chapala.

Ricardo Castellanos, quien también fue removido como tesorero del ejido Santa Cruz de la Soledad, sostiene que Mario Vladimir Avilés Márquez, director general de Asuntos Agrarios de la administración de Sandoval Díaz, es quien más los ha hostigado; “incluso nos ha ofrecido dinero para que abandonemos el caso. Él nos dice: ‘Ustedes no me sirven para mis planes, para mi proyecto… tengan 1 millón de pesos, no los quiero ver’”.

Castellanos rechazó “el ofrecimiento”, por lo que el funcionario le advirtió que se iba a quedar con las tierras, pues él era quien mandaba. Según el tesorero, las autoridades intentan pagar a los ejidatarios 25 pesos por metro cuadrado. También le dijo que a él, “por argüendero”, no le iba a dar nada.

Martha y su hija, quienes están incorporadas al programa de defensores de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, ya hicieron uso del mecanismo el 31 de mayo pasado, luego de que dos personas llegaron a su domicilio a intimidarlas. Creyeron que las iban a desaparecer, dicen.

Fideicomiso, patrimonio
con despojo

El 22 de agosto de 2012, durante la gestión del panista Emilio González Márquez, el Ipejal y Santa Cruz Inmobiliaria de Chapala constituyeron ante el fedatario público número 35 de Guadalajara, Manuel Bailón Cabrera, un fideicomiso que será administrado por Banamex.

Por el instituto firmó su entonces director Salvador Sánchez Guerrero, mientras que el español Manuel Ramón Asis Orta lo hizo como apoderado legal de la inmobiliaria. En esa ocasión las partes acordaron una aportación máxima de 390 millones de pesos –o 28 millones de dólares– por parte del Ipejal, según la escritura 39143.

Santa Cruz Inmobiliaria se constituyó el 17 de enero de 2012 ante el fedatario de Guadalajara, Manuel Bailón Cabrera (folio mercantil 68195), y sus socios son las empresas Covasis y Administradora JLC.

Los socios de Covasis son Ricardo Covarrubias Valenzuela y el español Asis Orta (folio mercantil 43309), en tanto que los de JLC son él, su padre, José Luis Covarrubias Covarrubias, y sus hermanos Juan Arturo, Héctor y José Luis (folio mercantil 8475).

Ricardo y Juan Arturo, a su vez, son dueños de la agencias de automóviles Motormexa.

De acuerdo con el contrato del fideicomiso –el número 106858-8–, el Ipejal “aportará el 50% del valor de la tierra aportada por la empresa, por lo que una vez recibido el predio inicial o los inmuebles que sucesivamente vaya aportando el desarrollador, registrará dichos inmuebles”.

En su sexta cláusula, el documento establece: para materializar la ejecución del Desarrollo Inmobiliario Integral es necesario integrar los predios que vaya adquiriendo la empresa para conseguir “una superficie de aproximadamente 450 hectáreas, que deberá ser aportada en un plazo máximo de seis meses, computados a partir de la firma del presente fideicomiso”.

El 10 de septiembre de 2014, los firmantes acudieron ante el notario público número 4 de Chapala, Juan José Rodríguez Avilés, para registrar el aumento del patrimonio (folios del 10518 al 10557). Ese día ingresaron al fideicomiso un predio de 130 hectáreas –correspondientes al cerro El Junco, área de uso común y de reserva ecológica–, con un valor de 267 millones 150 mil 844 pesos, tomando en cuenta el valor de 205 pesos el metro cuadrado, según el documento notarial.

Un dato relevante: la inmobiliaria compró las 130 hectáreas a 19 personas, quienes presuntamente  presentaron sus títulos de propiedad. Sin embargo, en la región nadie los conoce, por lo que se abrieron varios juicios por la posesión de la tierra.

Ismael Alejandro Gutiérrez de la Torre, quien se ostenta como el representante de los 19 presuntos avecindados, acude a las audiencias acompañado de los abogados que defienden a la contraparte en los otros procesos, sostiene María de Jesús.

Comenta que la supuesta compra es irregular. Por principio, las áreas comunes no pueden ser enajenadas; además, los presuntos vendedores debieron entregar  el dinero que les dio la inmobiliaria a los ejidatarios. Sin embargo, ellos sólo se enteraron que les darían un cheque por 39 millones de pesos para repartirlos a partes iguales entre los 164 ejidatarios.

El cheque fue entregado por el notario público 76 de Guadalajara, Pablo Prado Blagg, al entonces presidente del comisariado, José Asunción Lomelí Cortés, y el entonces tesorero Mónico Lomelí  López. Sin embargo, ambos se niegan a rendir cuentas, por lo que se presentó una denuncia en su contra, la número 278/2015.

Un predio de poco más de dos hectáreas perteneciente a Martha Rodríguez forma parte de ese fideicomiso. Su propiedad le fue arrebatada mediante un fraude en el que, dice, participó Prado Blagg. Incluso entregó a la reportera un presunto poder general judicial para actos de administración y para actos de dominio, irrevocable y sin rendición de cuentas –número 22219– a favor de “Porfirio Magaña Carrillo, Claudia Lorena Martín del Campo, Jaime Héctor Álvarez Suárez y Juan Carlos Contreras García con una duración de cinco años contados a partir del 8 de marzo de 2010″, fecha en que supuestamente ella compareció ante el notario 76.

La remoción, ilegal

El 17 de abril de 2016, funcionarios de la delegación de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional se presentaron en Santa Cruz de la Soledad presuntamente para respaldar el cambio de mesa directiva. Iban  escoltados por más de 50 agentes de la Fiscalía General del estado.

La presencia de esos funcionarios y agentes era ilegal, pues un año antes –el 12 de abril de 2015– Martha Rodríguez fue nombrada presidenta del ejido  por un periodo de tres años (Proceso Jalisco 598). Además, dice ella, la pretensión de la visitadora de la Procuraduría Agraria, María Selene Corichi Martínez, de convocar nuevas elecciones no procedía, pues esa facultad es exclusiva del consejo de vigilancia del comisariado ejidal.

Martha presentó un juicio contra su remoción, el cual recayó ante el magistrado titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito XV, Rafael Gómez Medina (expediente 328/2016), quien el 20 de octubre de 2016 ratificó la elección de los actuales integrantes de la mesa directiva del ejido Santa Cruz de la Soledad: Martha Rodríguez García, Norberto Hernández Morando y Ricardo Castellanos, presidenta, secretario y tesorero, respectivamente.

También se anuló el acta de la asamblea general de fecha 17 de abril de 2016, donde se acordó la remoción de Martha y los demás integrantes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia y de los representantes nombrados ese día.

Otros documentos que anuló el tribunal fueron el acta de “no verificativo de la asamblea general de ejidatarios del 28
de marzo de 2016”, “así como el ejemplar de segunda convocatoria emitido en la misma fecha, citando para celebrar asamblea general de ejidatarios el 17 de abril”.

La parte contraria se amparó (83/2016), pero el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó la sentencia del Tribunal Unitario XV el pasado 9 de marzo.

Sin embargo, el mismo magistrado
–Gómez Medina–, junto con el secretario de acuerdos, Jaime Rafael Morfín Corona–, “está sacando acuerdos a favor del gobierno del estado”, refiere María de Jesús. Según ella, ambos muestran su parcialidad al permitir que Avilés Márquez tome la voz durante el juicio cuando no es parte de él.

Martha y su hija presentaron también una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero la desechó, por considerar que la remoción de la presidenta y la actuación de la Fiscalía General del Estado “son meros actos administrativos”. María de Jesús aclara que recibieron esa información vía telefónica.

A su vez, el abogado del ejido, Pedro León Corrales, considera que además del delito de despojo, existe un fraude contra la comunidad de Santa Cruz de la Soledad cometido por el Ejecutivo estatal y la inmobiliaria, al utilizar actas de asamblea falsas y solicitudes alteradas.

Adelanta que impugnará en cadena “todos los actos de despojo y de fraude cometidos por personeros del ejido comprados, entre ellos los anteriores representantes ejidales, sus abogados y los funcionarios involucrados, encabezados por Avilés Márquez, implicados en el proyecto”.

Dice que detrás de todo está el gobernador Sandoval Díaz, aunque es Francisco Ayón, el consejero presidente del Ipejal, quien usó el dinero de Pensiones; también participa el senador Arturo Zamora Jiménez, porque él y Avilés Márquez presuntamente trabajan para los Covarrubias.