Una nómina muy abultada

En el Congreso estatal el presupuesto es cada vez más elevado. En 2015, cuando los actuales diputados iniciaron sus actividades, ejercieron 688 millones de pesos; la suma se elevó a 823.6 millones este año. De esa cantidad, la mayor parte –729.8 millones–, según la información consultada en su portal, se destina al pago de nómina, cada vez más abultada… Sin embargo hablan de austeridad.

La nómina del Poder Legislativo estatal se incrementa de manera sustantiva cada trienio. Hace 12 años costaba a los contribuyentes alrededor de 164 millones de pesos. La actual Legislatura –la LXI– maneja 729.8 millones, un aumento superior a 445%.

Uno de los factores es el incremento de personal, pues la mayoría de los diputados salientes suelen dejar a sus recomendados en el Congreso. En 2005 su plantilla era de 704 empleados, entre legisladores, empleados de base, supernumerarios y los de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ).

Hoy, la LXI Legislatura tiene mil 364, de los cuales 990 están dentro del recinto parlamentario e incluyen a los 39 diputados –14 de Movimiento Ciudadano, 13 del Revolucionario Institucional, cinco de Acción Nacional, tres del Verde Ecologista, dos de la Revolución Democrática, uno de Nueva Alianza y otro independiente–, mientras el resto están en la auditoría.

El Congreso cuenta también con nueve órganos técnicos: de Asuntos Metropolitanos; Familia, Desarrollo Humano e Integración Social; Educación; Hacienda; Puntos Constitucionales; Responsabilidades; Seguridad Pública y de Unidad de Vigilancia.

Según Guadalupe Ledezma Ramírez, director de Administración y Recursos Humanos durante la LVII Legislatura (2004-2007), “no es justificable tal cantidad de órganos técnicos”.

En un intento por evitar la creación de nuevas plazas, el martes 13 el Congreso local nombró como contralor a Raúl Bermúdez Camarena, quien hasta el día anterior fungió como asesor en la coordinación de la fracción del Partido Verde Ecologista. Ledezma Ramírez confía en que Bermúdez analice con rigor “los perfiles de puestos” y “la homologación del personal”.

Según su portal de Transparencia, el Congreso estatal maneja este 2017 un presupuesto de 823.6 millones de pesos, la mayor parte de los cuales se destinan al pago de sueldos.

El 25 de octubre de 2015, cuando tomó protesta la actual Legislatura, el diputado del Verde Ecologista Enrique Aubry, quien presidió la primera mesa directiva –hoy a cargo del emecista Ismael del Toro–, prometió austeridad, que resultó sólo una expresión de deseos.

Ese año, el Congreso obtuvo casi 688 millones de pesos de presupuesto; hoy maneja 823.6 millones y, según el punto IV del acuerdo legislativo 988-LXI-17, corresponde “al compromiso de austeridad, transparencia, racionalidad, eficacia y honradez de los recursos públicos para cuidar y ejercer de la manera más eficiente y saludable posible los recursos de todos los jaliscienses”.

En octubre de 2015, cuando se inició la LXI Legislatura, según las nóminas publicadas en el portal de Transparencia había 610 empleados de base en el Congreso y 364 en la ASEJ. Al mes siguiente ya eran 619 de base y 213 supernumerarios, mientras que en la auditoría hubo sólo dos contrataciones más. Al cumplir su primer año tenía 647 empleados con nombramiento y 316 de confianza, mientras que en la ASEJ sumaban 374.

Funesto pasado

Ledezma Ramírez recuerda que cuando asumió como director de Administración y Recursos Humanos en la LVII Legislatura (2004-2007), los diputados salientes expidieron 40 nombramientos de asesor.

A él le tocó evaluar a los nuevos “asesores”, dice. Cuando lo hizo, descubrió que “algunos no iban, por lo que los dio de baja”; a otros les cambió (su nombramiento), según su perfil.

Durante su gestión, dice, la nómina no creció. Sin embargo, se hizo una clasificación de los perfiles del personal que requería cada dirección y se homologaron sueldos.

–Eso generó un desequilibrio al trabajo –se le comenta al exfuncionario.

–Totalmente. Se hizo un trabajo para hacer el servicio civil de carrera, estrictamente para separar lo político de las necesidades reales de la Legislatura.

“Se pensó que era innecesario, pues en aquel tiempo sólo había el órgano de Responsabilidades y de Derecho. Que hubiera órganos técnicos, no tenía razón de ser. El órgano de Responsabilidades era lo que en su momento fue la Contraloría.”

Ledezma Ramírez admite que la homologación no sirvió para nada. Y pone un ejemplo: en una revisión a la nómina de mayo pasado la secretaria de dirección Amada Irene Trejo Acosta, quien fue líder sindical del Congreso y es la mejor cotizada, gana 45 mil 218 pesos brutos al mes.

En contraste, Xóchitl Yolanda Carvajal Jiménez, quien tiene un nombramiento similar, sólo cobra 17 mil 176 pesos; María de Jesús Covarrubias Pinto, 28 mil 934; María del Refugio González Hernández, 35 mil 524; Leticia Martínez Galván, 39 mil 480, y Bertha Alicia Chávez Aceves, 40 mil 362. Todas ellas son secretarias de dirección, insiste Ledezma Ramírez.

Al final de la LVII Legislatura se compró el edificio de seis pisos de la calle Juárez 237 para albergar oficinas del personal que no cabía en el palacio legislativo. El costo fue de 50 millones de pesos, que pagó la siguiente administración.

Los legisladores desembolsaron 60 millones de pesos más por dos elevadores para el inmueble y por la instalación del sistema de aire acondicionado en el inmueble; asimismo, se remodelaron los baños del Congreso, que costaron más de 3 millones; también pusieron a la venta 19 vehículos oficiales que compraron los propios diputados, quienes pagaron 200 mil pesos en total.

Y fue precisamente en la LVIII Legislatura (2007-2010) cuando se agudizaron las irregularidades y los escándalos financieros en el Congreso estatal. En ese periodo, los legisladores contrataron a la Consultora López Castro para recuperar los impuestos que presuntamente pagó de manera indebida a las autoridades hacendarias.

Y aun cuando no se contaba con ninguna prueba de que ese dinero se hubiera recuperado, el mencionado despacho intentó cobrar 58 millones de pesos por sus servicios, lo que generó un escándalo.

Luego, a finales de la LIX Legislatura que terminó en octubre de 2012, hubo otro desencuentro cuando se basificó a 219 trabajadores que, en su mayoría, no cumplían con el perfil profesional. En realidad se les dio la plaza sólo por ser gente cercana a los diputados salientes. Sus sucesores presentaron 204 juicios laborales; luego, en la LXI Legislatura, los diputados se desistieron en 162 casos.

Nómina abultada

Ledezma Ramírez recuerda que cuando fue administrador del Congreso local, había “bolsa para pagos extraordinarios”. El dinero equivalente a cuatro o cinco salarios mínimos se distribuía por fracción, de acuerdo al número de diputados, para que pudiera contratar a un asesor. El propósito era buscar un equilibrio, aunque no daban los recursos a las otras bancadas, dice el entrevistado.

En la actual Legislatura –la LXI–, en la nómina del Congreso aparecen 49 asesores basificados, aunque con variantes en su nombramiento: de Administración, de diputado, en jefe y contable. Estos últimos cargos son los que perciben los sueldos más altos, que oscilan entre 62 mil y 52 mil pesos, respectivamente.

Cuando Ledezma Ramírez llegó a la LVII Legislatura “muchos servidores públicos no conocían cuál era la función del Congreso”. Y aun cuando se les dio una capacitación institucional, un curso de desarrollo personal y se abrió un expediente de su estatus de salud y uno laboral para evitar “la incompatibilidad de horarios o los dobleteos, pues algunas personas cobraban incluso en tres dependencias, esa situación, creo, todavía sigue”.

Lamenta que el Poder Legislativo no respete la Ley de Austeridad que se aprobó en octubre de 2014. Los diputados, dice, son “omisos hacia el interior”.

Y añade: “Quienes ya han sido diputados conocen el problema, pero no han hecho una aportación para mejorar la situación laboral, pero sobre todo la productividad de los servidores públicos del Congreso, que son los mejor pagados”.

El diputado emecista Augusto Valencia asegura que sí se aplica la Ley de Austeridad en el Poder Legislativo: “Ha habido un ajuste impresionante. Hace unos meses, cuando fui al Estado de México a representar al Congreso local, resolver el problema del pasaje de avión y una noche de hospedaje en un hotel fue una odisea, pues se canceló el rubro de viáticos”.

Con relación al aumento de empleados legislativos, eso “corresponde a las área administrativas, de manera específica a Recursos Humanos”.

Hoy, dice, hay más empleados de base “por resoluciones judiciales, pero yo he podido percibir una autorización para incrementar al personal de estructura y a los supernumerarios”

–¿Es necesario todo ese personal?

–Hay muchas personas que no se han podido mover o quitar por la situación jurídica en la que laboran. Basta ver a las personas del sindicato que se la pasan paseándose en los pasillos y no hay un monitoreo de sus actividades.

–Prácticamente todo el presupuesto del Congreso se va a la nómina.

–Sí, pero las áreas que han hecho las incorporaciones tendrían que verificar cuáles son los argumentos para esas incorporaciones. Esa información no la tengo, pero puedo preguntar qué está pasando.