Delincuentes capturados… en video

El Escudo Urbano, la estrategia preventiva basada en videovigilancia que costará casi 900 millones de pesos al estado, tiene dos problemas de origen: la falta de transparencia y su cuestionable eficacia. Jalisco es la segunda entidad con más cámaras de ese tipo, pero eso no ha disminuido los índices delictivos.

En el tramo final de su administración, el gobernador priista Aristóteles Sandoval Díaz anuncia la instalación del Escudo Urbano o C5, en el que se invertirán 895 millones de pesos.

El proyecto, que consiste en instalar 6 mil 100 cámaras de vigilancia, es cuestionado por expertos debido a lo oneroso y porque ayudará a documentar hechos pero eso no implica una disminución de la inseguridad pública, puesto que con sus altos índices delictivos Jalisco es ya la segunda entidad del país con más de esos aparatos de video.

Se planea que Escudo Urbano C5 empiece a operar en septiembre de 2018. Por lo pronto inició la instalación de más de 500 postes donde se colocarán inicialmente más de 600 cámaras a fin de detectar disparos y personas de conducta sospechosa, además de ubicarlos mediante el GPS.

El martes 6, el Ejecutivo y los ayuntamientos metropolitanos firmaron un acuerdo de colaboración y participación en materia de seguridad para el desarrollo del nuevo programa de seguridad.

Sin embargo, el diario Mural publicó el 28 de mayo pasado que a Escudo Urbano le falta transparencia y que la asignación del contrato para proveer el equipo de video benefició a la empresa CIS Internacional Limited, cuyas oficinas se encuentran en Chipre y Uzbekistán, y sólo abrió oficinas en México para competir en esta licitación.

La Fiscalía General del Estado (FGE) aclaró que la adquisición de equipos de video se formalizó desde el 28 de marzo de 2016, con una inversión de 895 millones de pesos por la instalación de 8 mil 500 “dispositivos inteligentes”.

En un dossier fechado el 8 de febrero del año pasado, la administración de Sandoval Díaz informó de una inversión histórica en materia de seguridad para modernizar el sistema de videovigilancia instalado en la Base Palomar:

“El gobierno del estado de Jalisco otorgó la adjudicación del proyecto de la Plataforma Integral Inteligente para la Administración y Operación de Seguridad Pública denominada Escudo Urbano C5 a la empresa Communications Infrastructure Services (CIS International Limited).”

En esa documentación se indica que el plan es parte de una estrategia integral de seguridad pública que se desarrollará, en su primera etapa, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con el concepto de “Ciudad Segura”.

El programa incluye un sistema de monitoreo inteligente, un centro de comunicaciones, una plataforma y el soporte para brindar a la infraestructura y las herramientas tecnológicas que requieren las corporaciones de seguridad pública.

Pero los datos oficiales no concuerdan. En el dossier del año pasado se habla sólo de 5 mil 400 cámaras, 2 mil de ellas para videovigilancia y mil 500  inteligentes, en tanto que se repondrían mil 200 equipos viejos por nuevos. Igualmente dice que se surtirán 200 lectores de placas de autos, mil sensores de audio integrados en cámaras, 500 sensores de audio independientes, mil 500 botones de pánico y 100 tabletas electrónicas para patrullas.

Fiebre de videovigilancia

En prácticamente toda América Latina se incrementa la vigilancia policiaca mediante cámaras de video. El sociólogo Nelson Arteaga Botello, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y autor de un estudio sobre la materia, calcula que hasta 2020 se habrán invertido en la región más de 200 mil millones de pesos en ese rubro.

Explica que el negocio se basa en la tendencia mundial, comúnmente asociada con los requisitos internacionales para llevar a cabo competencias deportivas como juegos olímpicos o mundiales de futbol, cuyos organizadores exigen la máxima seguridad para los competidores y el público.

Así fue en el caso de Guadalajara. La compra de videocámaras de vigilancia está asociada con varios escándalos de presunta corrupción o compra a sobreprecio de esos equipos en 2011, cuando la capital jalisciense fue sede de los Juegos Panamericanos y comenzó a extenderse la red de monitoreo de la vía pública.

Hace seis años, mientras carreteras y municipios lejanos de la zona metropolitana eran olvidados en el presupuesto para construir o darle mantenimiento a obras públicas, el gobierno del panista Emilio González Márquez invirtió 470 millones de pesos para instalar 654 cámaras.

En ese tiempo, algunos medios de comunicación locales informaron de la compra a sobreprecio de las videocámaras, en más de 159% adquirido en el municipio de San Pedro Garza García, en el estado de  Nuevo León. Entrevistado vía telefónica desde la Ciudad de México, el investigador Arteaga Botello insiste en que la tendencia de los gobiernos para invertir en estos sistemas, va a la alza.

En la edición 66 de la revista académica Espiral (mayo-agosto de 2016), Arteaga Botello advirtió: “El crecimiento del mercado de la videovigilancia en América Latina se encuentra por encima de otras regiones del mundo, en parte apuntalado por Brasil como sede, en sólo 10 años, de dos eventos deportivos globales. Más allá del caso brasileño, Argentina, Colombia y México encabezan los mercados con mayor crecimiento”.

Sobre México, el académico precisa: “En el caso de este último país (…) la industria de cámaras de vigilancia incrementó sus ventas significativas entre 2011 y 2012 en un 60% y mantuvo un crecimiento moderado hasta 2014, cuando se detuvo sensiblemente por la introducción de las cámaras de vigilancia digital (…) Sin embargo, el mercado volvió a repuntar en el 2015, una vez que las entidades públicas y privadas ajustaron sus presupuestos para adquirir la nueva tecnología digital”.

Esas medidas fueron estimuladas por el gobierno federal, ya que “el Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios (Subsemun) contempla un rubro específico para la compra de videocámaras; las empresas esperan que en los próximos años se incremente nuevamente la venta de dichos artefactos”.

Los retos metropolitanos

El gobierno del estado anunció el convenio de colaboración para la operación de Escudo Urbano tras una serie de cuestionamientos al servicio de vigilancia con videocámaras en momentos de crisis, como los narcobloqueos de 2010, 2012, 2014 y 2015.

De acuerdo con información oficial, el C5 entrará en funciones en septiembre de 2018 y tendrá sede en la Base Palomar, de Zapopan, donde actualmente se concentran los servicios de emergencia.

Al respecto, el catedrático e investigador del Colegio de Jalisco Guillermo Zepeda Lecuona señala que después de varios meses en los que se notaba un descenso en los homicidios y otros ilícitos, ahora los números tienden al alza a pesar de cientos de cámaras de vigilancia colocadas en Guadalajara.

“Así se ve por ejemplo en robo de vehículos. En ese rubro había una baja de 50% pero hoy se ve el repunte y son los que más se denuncian, ahí no hay cifra negra. Es inquietante que aumenten esos delitos. También se detecta que la percepción de inseguridad se incrementó, según lo advierte el observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos.”

Aunque el Inegi muestra datos a la baja, comenta el académico, los indicadores sobre percepción de inseguridad y la incidencia de delitos, así como la impunidad, están creciendo. “Es una mala noticia, a la cual debemos agregarle el incremento en delitos patrimoniales… Esos datos son síntoma de que el propio gobierno percibe esa tendencia y está buscando una justificación en la que considera (que el fenómeno es causado por) fallas del sistema de justicia”.

A decir de Zepeda Lecuona, uno de los momentos más críticos del estado en materia de inseguridad ocurrió el 23 de septiembre de 2014, cuando un grupo de sicarios plagió en pleno día y en el Periférico Sur al diputado  federal priista Gabriel Gómez Michel, ya que a pesar de las cámaras de seguridad no se pudo evitar el delito. Los delincuentes tuvieron tiempo suficiente para salir de la zona metropolitana de Guadalajara y fueron grabados por las cámaras en varios puntos sin que fueran detenidos. Finalmente los cuerpos del legislador y su chofer se localizaron al día siguiente en los límites de Jalisco y Zacatecas. Fueron calcinados en una camioneta Suburban azul, propiedad de Gómez Michel.

No obstante, el investigador considera positiva la propuesta de Escudo Urbano: “La videovigilancia ha demostrado ser un instrumento poderoso para la prevención, pero sobre todo para dar seguimiento y para la investigación criminal de los delitos. Creo que antes la ciudad tenía pocos esquemas; lo importante es desarrollar un modelo de gestión para darle utilidad a la información de estas cámaras, porque lamentablemente, en el asesinato del diputado (…) no se reaccionó oportunamente”.

Comenta que, para romper sus vicios, a la Base Palomar le urge un modelo de gestión metropolitano que reúna en una sola mesa a Protección Civil y las policías municipales, de modo que se coordinen ante algunos sucesos importantes, como se hace en Hermosillo, Silao y la Ciudad de México.

Señalan las autoridades que, además de la vigilancia en la vía pública en tiempo real, este sistema de Escudo Urbano permitirá ubicar zonas de riesgo, modus operandi de los delincuentes, identificar placas de vehículos utilizados en la comisión de delitos o la posibilidad de reconocer rostros de personas relacionadas con ilícitos.

Desde su punto de vista, además de usar de forma eficiente la videovigilancia, las autoridades deben garantizar la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial para sancionar a los culpables de los ilícitos y potencializar los métodos de justicia alternativa:  “En Jalisco sólo se mandan a justicia alternativa 2 mil 200 casos al año, mientras que en Guanajuato son 26 mil; lo que pasa es que el Ministerio Público canaliza esos casos”.

Por su parte, Nelson Arteaga reconoce que la instalación de miles de cámaras de vigilancia no soluciona la inseguridad, sino que es una herramienta para usarse en acciones conjuntas surgidas de políticas públicas con mayor alcance:

“Las videocámaras funcionan para grabar, pero no tienen la capacidad para prevenir actos de violencia o criminales; lo que puede hacer es registrarla y permitir la coordinación de esfuerzos de las policías y otras instancias para resolver un problema que es altamente visible en un momento determinado, pero no puede prevenir actos como los que tú señalas. Esos aparatos permiten reconstruir hechos para generar medidas preventivas a futuro y para señalar a los responsables.”

Cita más ejemplos para reforzar su argumento: “Es muy difícil que las cámaras de vigilancia puedan prevenir bloqueos como los registrados (de bandas del narcotráfico) en Jalisco. De hecho, no pudieron prevenir las revueltas de Londres, la ciudad que tiene el mayor número de cámaras por persona a escala global. Pero permitieron reconstruir los hechos y dar con los responsables de saqueos a tiendas y espacios públicos.

–¿Cuan atrasada está Guadalajara en el uso de esta tecnología? –se le plantea al investigador de Flacso.

–México es un país considerado con un alto crecimiento en la instalación de estas cámaras. Yo no hablaría de atraso en la instalación, más bien, aunque desconozco el caso particular de Guadalajara, no creo que esté tan atrasado. En todo caso habría que ver dónde están las cámaras, cuál es su función: cuáles están instaladas para leer placas de automóviles y cuáles para prevenir delitos.