Millones para la publicidad… y sin contrato

Dos meses antes de que Aristóteles Sandoval llegara a Casa Jalisco, se modificó una frase del Manual de normas y lineamientos presupuestales para la administración pública, con lo cual se exentó de firmar contratos a las compañías que proporcionan sus servicios de publicidad al gobierno. Eso impide que se sepa el monto de los gastos de difusión. La información consultada por Proceso Jalisco indica que de marzo de 2013 a la fecha las erogaciones han sido superiores a 838 millones de pesos, pero la cifra puede ser mayor.

Desde 2013 –cuando asumió como gobernador– a la fecha, Aristóteles Sandoval Díaz ha erogado 838 millones 744 pesos en difusión. En poco más de cuatro años, la Dirección General de Comunicación Social del Estado ha gastado 83% de esa suma a través de sus Unidades Administrativas de Apoyo.

Y aun cuando las acciones de todas las dependencias y entidades jaliscienses deben sujetarse al Manual de normas y lineamientos presupuestales para la administración pública, ese documento se “actualizó” en enero de 2013, dos meses antes de la llegada de Sandoval Díaz a Casa Jalisco, en lo relativo a los “gastos de difusión”.

Al principio de su gestión, el panista Emilio González Márquez (2008-2013), antecesor de Sandoval Díaz, se ciñó a las directrices de los mandatarios anteriores. Sin embargo, en 2010 se expidieron nuevas normas y él se ajustó a ellas; en 2011 cambiaron las directrices, y en 2012 González Márquez se basó en las del ejercicio anterior, según la información consultada por la reportera en el portal oficial del gobierno estatal.

En el apartado “Partidas especiales”, los manuales del gobierno panista indicaban que para la comprobación de las erogaciones de la partida 3601, correspondientes a “Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno”, las autoridades pedían una documentación mínima a las empresas con las que firmaba convenios de manera regular o periódica.

Las normas de la administración del panista estipulaban: “Se requiere de contratación a excepción de los (contratos o adjudicaciones) que se efectúan en forma esporádica”. Sin embargo, en el manual utilizado desde 2013, cuando Sandoval Díaz inició su gobierno, las líneas se mutilaron y sólo quedó la frase “se requiere de contratación a excepción”.

Es decir, ahora los proveedores de publicidad están exentos de signar un contrato legal con la administración estatal. Ello ha permitido que empresas como Heurística Comunicación haya recibido 30.3 millones de pesos de 2013 a 2016 mediante adjudicación directa.

La reportera solicitó a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) la documentación para saber las fechas de los cambios a la redacción del Manual de normas y lineamientos presupuestales para la administración pública.

La dependencia respondió mediante el oficio SEPAF/DGJ/01964/2017, en el cual afirma que los ajustes “son informados o dados a conocer al inicio de cada ejercicio fiscal a través de sesiones informativas con los directores generales y directores administrativos de las dependencias y entidades públicas”. Nada más.

La información de la Sepaf es sesgada, pues contraviene el artículo 3 del Manual, según el cual en caso de existir alteraciones, éstas “serán dadas a conocer por la secretaría “mediante la emisión de oficios, circulares o cualquier otro comunicado; cambiando la estructura del documento, siempre y cuando no se rebase el ámbito de la ley”.

Las partidas especiales

Entre 2013 y 2016 las principales empresas beneficiadas durante la gestión de Sandoval Díaz fueron Televisora de Occidente, TV Azteca y Heurística Comunicación, con 61.1 millones de pesos, 76.7 millones y 30.3 millones, respectivamente .

En lo que va de este año, Heurística Comunicación ha obtenido 1 millón 970 mil pesos más. En total, según la información consultada, esta firma ha trabajado durante 28 meses –no continuos– de los 51 que lleva la administración de Sandoval Díaz.

Si nos ceñimos al criterio “frecuencia de servicios o relaciones remuneradas”, Heurística supera incluso al duopolio televisivo.

El director administrativo del despacho del gobernador, Marco Antonio Carvajal Guedea, respondió a la solicitud de información con el oficio DA/0171/2017, en el cual sostiene que no hay ningún contrato firmado. Las erogaciones se pagan “con partidas especiales”. Y apunta que sólo se realizan órdenes de publicidad a favor del proveedor.

Heurística Comunicación es una agencia constituida en sus inicios por José Luis Valencia Valencia, Iván Manuel Silva Yanomé, Alfredo Rico Chávez, Éric Oswaldo Villegas Aguayo, Salvador García Arenas y Rafael Valenzuela Cardona.

Valencia Valencia ha sido jefe de la Unidad de Programas de Atención Social en la Universidad de Guadalajara (UdeG), así como coordinador de Extensión del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y coordinador general de Servicios a Universitarios. Silva Yanomé fue coordinador de Comunicación del Auditorio Telmex, mientras Rico Chávez se desempeñó como coordinador y académico de la carrera de Sociología en la UdeG.

Valenzuela Cardona, por su parte, constituyó en 2010 la empresa Eu Zen Consultores, una de las proveedoras de Movimiento Ciudadano y de los ayuntamientos que encabeza ese partido.

De acuerdo con el Folio Mercantil Electrónico (FME) N-2017012985, que Heurística Comunicación mantiene ante el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, el último acto realizado por la sociedad fue el 16 de febrero pasado. El propósito fue otorgar el poder de suscribir títulos de crédito a los socios Valencia Valencia, Silva Yanomé, García Arenas y a Valenzuela Cardona.

 

La “buena fe” de Aristóteles

La práctica de expedir cheques sin contrato a favor de Heurística Comunicación data desde que Sandoval Díaz estuvo al frente del ayuntamiento de Guadalajara.

En marzo de 2010, el entonces alcalde tapatío contrató los servicios de la empresa. Este semanario solicitó una copia del contrato celebrado con Heurística en aquella ocasión.

Y aunque la Unidad de Transparencia respondió que era imposible proporcionarlo, pues estaba en marcha el proceso de recolección de las firmas de las autoridades competentes (Proceso Jalisco 316), todo indica que el documento no existe.

En su respuesta (oficio DTB/3497/2016) la dependencia arguye: “No se localizó ningún contrato con el proveedor mencionado, así como tampoco se encontró que se haya entregado documento alguno al respecto a la Dirección de la Jurídico Consultivo (sic) al momento de la entrega-recepción por la Administración pasada”.

En el oficio DTB/3498/2016, la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas de la Administración municipal sostiene que sí mantiene el registro de una serie de cheques emitidos por tesorería a favor de Heurística Comunicación que suman 8 millones 700 mil pesos. Esa suma fue pagada entre abril de 2010 y abril de 2012.

El último de los cheques –de 2 millones 610 mil pesos– fue por el “servicio de campañas publicitarias” para el ayuntamiento tapatío y fechado el 2 de abril de 2012, día que ya se encontraba dentro del calendario de “veda electoral” señalado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (acuerdo IEPC-ACG-026/12) y emitido por el Consejo General de ese organismo.

El jefe de Departamento de Estudios Regionales del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la UdeG, Antonio Sánchez Bernal, sostiene que la entrega de recursos públicos a compañías de comunicación o mercadotecnia sin que exista un concurso de por medio es una práctica tradicional en los entes públicos.

“A los consultores los han metido como proveedores únicos”, dice. Y en el caso de las empresas de publicidad –muchas de las cuales no pasarían los concursos de licitación– las autoridades argumentan que los servicios por los que se les contrata son “estratégicos”. Pero eso no necesariamente es así.

Y agrega: “La adjudicación directa implica un contrato, pero que no lo haya, nos habla de poca transparencia (por parte del gobierno estatal). La pregunta es: ¿qué está ofreciendo esta empresa? No sabemos. Nadie lo puede cuantificar, excepto quien recibe el servicio. Si nosotros, como ciudadanos, queremos saber qué productos específicos generó la empresa, no tenemos punto de comparación porque no hay un contrato que respalde los servicios prestados”.

Así, insiste Sánchez Bernal, ningún ciudadano sabe cuáles son los alcances y beneficios. Más bien se trata de una gran irregularidad. Lo verdaderamente grave es que no haya documentación que justifique los pagos. Eso complica la fiscalización del dinero público. l