FGE: propaganda engañosa

Una revisión del Presupuesto de Egresos de este año preelectoral muestra claramente las prioridades del gobernador priista Aristóteles Sandoval: mientras que destinará 3 millones y medio de pesos a la búsqueda de cientos de desaparecidos, la Fiscalía General, severamente cuestionada por los altos índices delictivos de la entidad, podrá gastar más de 74 millones para la “difusión de logros”.

Ajuzgar por la diferencia de montos entre el presupuesto para difundir los resultados de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el destinado a la investigación y búsqueda de los desaparecidos en la entidad, para la administración de Aristóteles Sandoval Díaz no hay duda de que lo primero es más importante.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2017, este año preelectoral la FGE dispondrá de 74 millones 548 mil 495 pesos para pregonar que ha realizado un buen trabajo, mientras que sólo canalizará 3 millones 561 mil 145 pesos a la localización de personas, asignatura pendiente que le han reclamado distintos sectores de la sociedad.

En 2014 el presupuesto para comunicación social fue de 2 millones 412 mil 592 pesos y en 2015 se disparó a 13 millones 507 mil pesos. Para el siguiente año la partida 501 cambió de nombre a “Difusión de logros y resultados de la FGE” y su monto ascendió a 14 millones 374 mil 564 pesos.

Este semanario solicitó a la FGE, mediante la Ley de Transparencia, el motivo de ese enorme salto presupuestal a más de 74 millones y la dependencia contestó que no localizó registro alguno del motivo del aumento porque el anteproyecto de presupuesto para 2017 lo realiza la Dirección General de Comunicación Social del despacho del gobernador.

Llama la atención que en 2015 se le asignó un presupuesto de 151 millones 278 mil 105 pesos para la investigación y persecución de la trata de personas, de los cuales se ejercieron 141 millones 660 mil 905 (93.4%), pero en los siguientes dos años no se asignaron recursos a ese rubro. La FGE respondió así a la solicitud de información con folio 02244217:

“No se encontró registro de presupuesto asignado o etiquetado en específico para Investigación y persecución contra la trata de personas en los ejercicios presupuestales 2016 y 2017.”

De los más de 151 millones canalizados a la investigación contra la trata de personas en 2015, 79 millones 879 mil 533 pesos (56%) se gastaron en los sueldos del personal. Adicionalmente la FGE asignó 22 millones 440 mil pesos a las gratificaciones del personal de control y confianza, que consumieron 17 millones 262 mil 500 pesos.

Jalisco fue el primer estado en presentar una iniciativa para crear la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Los diputados locales aprobaron la propuesta sólo ocho días después de que el gobernador la enviara y el mandatario tiene hasta octubre para asignarle recursos a la nueva dependencia.

Proceso Jalisco solicitó conocer dicho presupuesto por la misma vía legal. La respuesta fue la misma:

“Después de una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos, electrónicos, bases de datos, en el Sistema integral de información financiera, además del Sistema integral de administración de nómina, no se encontró información referente al presupuesto destinado a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas para el ejercicio 2017, ni datos sobre la plantilla a cargo.”

Según la Unidad de Transparencia de la FGE, la falta de datos se debe a que su nuevo organismo está en proceso de formación, y confirma que está vigente desde el 5 de abril, cuando se publicó el decreto de su creación. A partir de entonces el gobernador tiene 90 días hábiles para realizar las adecuaciones reglamentarias y 180 para las gestiones y cambios presupuestales necesarios.

El peso recae en las familias

María Guadalupe Aguilar Jáuregui es madre de José Luis Arana Aguilar, quien desapareció el 17 de enero de 2011. Ella encabeza el colectivo Familias Unidas de Desaparecidos en Jalisco (Fundej), con 439 personas registradas.

Para sufragar los gastos que implica la búsqueda de José Luis, vendió la casa que iba a ser su patrimonio para el retiro. Ahora renta, vive de su pensión y se convirtió en investigadora empírica ante las constantes fallas que advirtió en la labor de las autoridades del estado.

Pero no se queja; entre sus compañeros hay casos en que “la persona que desaparece es el sostén de la familia y muchos dejan hijos; mi nuera tuvo que ponerse a trabajar para mantener a los niños”.

Expone en entrevista que la cifra de desaparecidos en la entidad es de 3 mil 794, aunque el reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de abril pasado reconoció 2 mil 523 casos, lo cual de todas formas ubica a Jalisco en el tercer lugar nacional. Además, dice que se han reportado 17 fosas clandestinas.

Si se dividen los 3 millones 561 mil 145 pesos que el gobierno estatal dispuso para la búsqueda de personas entre el número de desaparecidos, el monto para investigar el paradero de cada una es de 938 pesos.

Por otro lado, si se destinara a este propósito el presupuesto que se le otorgó a la DGE para la “difusión de logros y resultados” (74 millones 548 mil 495 pesos), el gobierno aportaría 19 mil 649 pesos por cada uno de los 3 mil 794 desaparecidos.

En su Cuarto Informe de Gobierno, Sandoval Díaz afirmó que se crearon estrategias comunes para atender a familiares y víctimas de desaparición, además de que “la Fiscalía General ha llevado a cabo 48 audiencias públicas, atendiendo a más de 3 mil ciudadanos a través de la asesoría, derivación, canalización y acompañamiento”.

Destacó que se llevaron a cabo reuniones con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, en las cuales se determinó que las familias participarían en las investigaciones para aportar información que ayudara a mejorar los resultados, además de la toma de muestras de ADN por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) a familiares de los desaparecidos, para su rápida localización.

Añadió que varias dependencias del Ejecutivo proporcionaron “atención jurídica, psicológica, psiquiátrica, médica, de trabajo social a las víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos”.

Según el propio informe, fue instalada una Agencia del Ministerio Público especializada en búsqueda de personas en Puerto Vallarta y, al ser un estado con voz y voto en las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia y de Seguridad Pública, Jalisco fue seleccionado para coordinar la Mesa de Normatividad de la Conferencia de Secretarios de Seguridad.

Sin embargo, el gobernador no aclaró a cuántas personas asciende la lista de desaparecidos y cuántas fueron localizadas en 2016, periodo que abarca su informe.

El optimismo oficial no refleja la situación de las familias afectadas. Algunas que solicitaron su expediente “confirmamos lo que ya sabíamos: que desde un principio hubo muchísimas fallas en el proceso. No se actuó con prontitud, no se entregaron los documentos pertinentes para solicitar por ejemplo las sábanas (de las llamadas telefónicas) para lo del C4… Hicimos que incluyeran lo que no estaba integrado en el expediente. O sea, nos dimos cuenta de que éste era una cochinada”, dice Leticia Vázquez, madre de Érika Berenice Cueto Vázquez, quien desapareció hace dos años y siete meses.

Aguilar Jáuregui, de Fundej, lamenta: “El nuevo sistema de justicia penal está en pañales y todo eso a nosotros nos perjudica”. En casos como el de Berenice, los familiares hacen la investigación, presentan pruebas y escritos para que la autoridad detenga a los presuntos culpables, pero con el Nuevo Sistema de Justicia Penal “no los pueden agarrar”. Las autoridades los citan y los dejan ir porque para retenerlos tendría que haber un testigo que presenciara el delito, explica la mamá de Érika.

Obstáculos oficiales 

Si el familiar de una víctima solicita la reparación del daño es necesario que el culpable esté sentenciado u obtener la recomendación de un organismo de derechos humanos.

“Al menos en el colectivo (Fundej), que yo sepa a nadie de los desaparecidos se le ha hecho reparación del daño porque pusieron unas trabas que difícilmente superaremos”, señala Aguilar Jáuregui.

El artículo 48 de la Ley de Atención a Víctimas del estado señala que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas ordenará la compensación, para lo cual el solicitante entregará, entre otros documentos, las constancias del agente del MP sobre el impedimento para consignar al presunto delincuente que hace imposible el ejercicio de la acción penal.

También se pide la sentencia de la autoridad en la que se señalan los conceptos a reparar y la resolución de un organismo público de protección de derechos humanos donde se desprenda que no hubo reparación del daño por parte de la persona directamente responsable de hacerlo.

“Si nosotros queremos hacer una búsqueda exhaustiva entre los desaparecidos y encontrados muertos, no se va a poder”, añade la madre de José Luis. Por eso, después de seis años y seis meses, la nuera de Aguilar Jáuregui aún espera que la CNDH resuelva la reparación del daño.

En 2014, funcionarios del área de desa­parecidos de la FGE le pidieron a la representante de Fundej que acompañara a una familia a recibir un cuerpo, pero les entregaron una bolsita de plástico con cenizas. Después se enteró de que se incineraron cientos de restos humanos, pero, aclara, “en ningún momento nos dijeron que eran cenizas… La mamá del difunto agarró su bolsita, la abrazó y ya no la soltó. ¿Tú crees que yo, como colectivo, le voy a decir que les aviente la bolsa en la cara?”.

Este semanario publicó en su edición 577 la denuncia de Fundej sobre las violaciones a la ley, los protocolos internacionales y los derechos humanos que comete la FGE al incinerar cadáveres rescatados por el Servicio Médico Forense y entregar a familiares cuerpos que no les corresponden.

Parece que el problema actual es del IJCF, que se queja de la falta de reactivos para hacer las pruebas de ADN y de la escasez de personal, agrega la activista.

Los familiares de desaparecidos saben que el IJCF tiene cuerpos sin identificar. Son más de mil 200 fotografías. “Nos consta. Nosotros sufrimos porque vamos con muchos trabajos al IJCF, donde nos tratan muy mal y no nos enseñan las fotos”, añade Aguilar Jáuregui.

Entonces lo que hay que hacer es excavar uno mismo porque en el IJCF no tienen capacidad para hacerlo, dice Aguilar Jáuregui. A un año de las elecciones federales, ella y los otros familiares de desaparecidos agrupados en Fundej ya no esperan nada de los siguientes funcionarios, pues su caso ya pasó por dos gobernadores, dos presidentes, múltiples procuradores, sin que obtengan resultados sólidos.

A pesar de eso sigue lidiando con los funcionarios porque para excavar es necesaria la autorización oficial. Actualmente realiza su investigación en Colima, donde apareció la camioneta de su hijo, pero continúa buscando en jalisco porque no deja de pensar que sus restos pueden estar en una fosa común por negligencia