Un error estratégico

Los integrantes del Comité Salvemos a Temacapulín, Acasico y Palmarejo aseguran que continuarán en resistencia contra la presa El Zapotillo, más ahora que la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos Especiales avaló el proyecto gubernamental de elevar la cortina del embalse a 105 metros. Los integrantes de ese colectivo denuncian que el estudio del organismo internacional –por el cual el gobierno pagó 90 millones de pesos– es sesgado, y desmontan sus mentiras.

Los integrantes del Comité Salvemos a Temacapulín, Acasico y Palmarejo se sorprendieron cuando el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz presentó los resultados del estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos Especiales (UNOPS, por sus siglas en inglés) sobre la presa El Zapotillo, un proyecto al que se oponen los pobladores desde hace 10 años.

El documento solicitado por el mandatario a la UNOPS a finales de 2015 y por el cual pagó 90 millones de pesos sostiene que es factible elevar la cortina de la represa de 80 a 105 metros, lo que aumenta el riesgo de una inundación para las tres comunidades, dicen los lugareños.

Sin embargo, el pasado 30 de junio, cuando presumió el dictamen del organismo internacional, el mandatario insistió: “Este diagnóstico ratifica que no pondremos en riesgo una vida humana. Temaca no puede vivir bajo diques”.

Los integrantes del colectivo reaccionaron de inmediato. Dicen que los resultados del organismo internacional están basados en engaños, por lo que continuarán su lucha jurídica para evitar la inundación de sus tierras.

Incluso evidenciaron las contradicciones del mandatario en los últimos cuatro años y medio: el 29 de enero de 2013, semanas antes de asumir como gobernador, Sandoval escribió en su cuenta de Twitter: “No vamos a inundar a Temacapulín”. Sin embargo, con el anuncio del pasado 30 de junio, condena a Temacapulín, Acasico y Palmarejo, pues los riesgos de inundación son inminentes si se construye la cortina de 105 metros de altura.

Y aun cuando en la página 46 del informe titulado Análisis de actores los analistas de la UNOPS mencionan los continuos esfuerzos “para establecer relaciones de trabajo con el Colectivo Salvemos Temaca… las condiciones puestas por el colectivo dilataron esta posibilidad (de un encuentro), teniendo como únicos interlocutores a sus representantes, sin ser aceptada la visita del equipo de UNOPS”, Emma Juárez García, integrante del Colectivo, aclara:

“Les pedimos que nos informaran sobre los avances de su investigación. No queríamos que nos pusieran la soga en el cuello sin saber qué es lo que estaban planeando”. Insiste en que las afirmaciones de la UNOPS están fuera de la realidad.

Cuenta: El primer encuentro fue a mediados de diciembre de 2015 en un café de Guadalajara, al que acudieron la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Magdalena Ruiz Mejía, y Alejandro Rossi, asesor regional de Medio Ambiente para América Latina y el Caribe de la UNOPS.

Esa vez, las partes acordaron otro encuentro para instalar mesas de trabajo conforme fueran avanzando los estudios y definir las fechas. Sin embargo, al día siguiente los representantes de la UNOPS y personal de la Semadet se presentaron en Temacapulín para dar un aviso previo, lo que el Comité consideró una traición y los analistas del organismo internacional comenzaron su trabajo basado en engaños.

La comunidad determinó romper el diálogo con UNOPS, comenta Juárez García, pues las decisiones se hacen a través de una asamblea y no bajo el criterio de los organismos, como señala el organismo de Naciones Unidas en su informe.

El mismo texto de UNOPS rescata el hecho de que, luego del suceso en la comunidad, el Colectivo emitió una nota de prensa en la cual hicieron pública su ruptura señalando: “Ello reafirma su preferencia por los mecanismos de denuncia y campaña en medios, y poca disposición a establecer o facilitar un diálogo con la población de Temacapulín”.

Empero, el texto menciona que los miembros del colectivo no permitieron que el grupo de UNOPS pudiera llevar a cabo entrevistas, cuando desde las primeras reuniones hubo un acuerdo. Por lo cual su integrante defiende una primera posición de apertura que se rompió bajo la actuación discrecional de los funcionarios internacionales.

“Después de ese pronunciamiento no nos volvieron a buscar. La que siempre trataba de mediar (con los de la UNOPS) era Magdalena (Ruiz). Pero que quede claro: (ellos) ya no quisieron hablar con la comunidad, pero sí lo hicieron con los del Observatorio Ciudadano del Agua. Entonces, que no digan que no quisimos (hablar), pues en ese observatorio Temacapulín tampoco fue invitado”, expone Juárez García.

E insiste: “A las reuniones sólo asistían empresarios agropecuarios de la zona, pero no el grueso de la comunidad que integra el Colectivo Salvemos Temaca, pese a ser uno de los principales afectados”.

Además, desde 2011 se realizó una consulta interna sobre la construcción del embalse bajo el fundamento del artículo 69 de la Organización Internacional del Trabajo. El 98% mostró rechazo al proyecto.

Juárez García lamenta que en el estudio de la UNOPS no se cuestionara el proyecto de la presa, eso no se ponía en duda, sino la altura de la cortina, y se aludía sólo a mejorar las formas de comunicación y diálogo con los pobladores para su reubicación.

Firmas pirañas

Los vecinos de Tamacapulín, Acasico y Palmarejo se quejan también del gran negocio que representa el acueducto de 139 kilómetros para drenar el agua del embalse a los municipios de Los Altos de Jalisco hasta llegar a la ciudad de León, Guanajuato.

El consorcio encargado de la construcción del acueducto es Abengoa, una firma española que está a punto de quebrar, por lo que buscó una alianza financiera con la desarrolladora Prana Capital, división de Infraestructura y Energía de Artha.

Abengoa y Prana lograron esa alianza con apoyo de diversas instancias del gobierno, entre ellas la Comisión Nacional del Agua, Banobras, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León para la ejecución de la obra en la cual el Instituto de Pensiones de Jalisco invirtió 344 millones de pesos. Según el acuerdo, la empresa española conservará 20% de la propiedad. Cuando finalicen las obras, se encargará del suministro de líquido, así como de la operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura durante 25 años.

La fracción del PAN en el Congreso local se manifestó contra el trasvase.

“Ni en Los Altos, ni en Jalisco sobra el agua y el aberrante trasvase que se pretende hacer del vital líquido para nuestra región, en el aspecto productivo y para la vida cotidiana, llevarlo a un estado vecino para nosotros (los panistas) nos parece un error estratégico en el desarrollo del estado.

“Nuestra postura es muy clara: no al trasvase de nuestro estado hacia la ciudad de León, Guanajuato; y que se respete a las comunidades de Acasico, Palmarejo y Temacapulín”, dijo el diputado Felipe de Jesús Romo Cuéllar a nombre de sus correligionarios.

Y mientras se definen los pormenores de la obra, comunidades como San Pedro de Itzicán, Chalpicote, Agua Caliente y La Zapotera se quejan por la falta del líquido.

En el Congreso estatal las cosas tampoco están funcionando. La diputada Victoria Anahí Olguín Rojas –quien tomó protesta a finales de enero pasado como titular de la Comisión de Recursos Hidráulicos y Pesca, tras la muerte de su titular, la priista Cecilia González Gómez– se comprometió a velar por el rescate del agua de las comunidades rurales de nuestra entidad.

Lleva seis meses en el cargo y no ha promovido ni una sola iniciativa de ley sobre el rescate del recurso hidráulico de Jalisco.

Entrevistada por Proceso Jalisco el 15 de febrero, Olguín dijo que mantendría un diálogo abierto con la comunidad de Temacapulín. “Evidentemente, tendremos que sentarnos con los habitantes de Temacapulín, una vez que nos metamos a fondo en el tema de la presa de Zapotillo. Es un tema complicado, no podemos dejarlo de lado”, pero no ha cumplido, dicen los habitantes de ese poblado.

La comisión que preside Olguín Rojas está integrada por los priistas Oswaldo Bañales y Salvador Arellano Guzmán, así como por el independiente Hugo Rodríguez Díaz.

Desde que llegó Olguín, esa instancia ha recibido 177 mil 839 pesos, de los cuales 150 mil 231 fueron para la nómina de sus empleados temporales (asesores), 14 mil 625 para “primas vacacionales y gratificaciones”, 3 mil 822 para pagar la seguridad social de los empleados “temporales”, 6 mil 822 para “prestaciones contractuales” y 2 mil 767 se etiquetaron con la leyenda “estímulos”.

El diputado emecista Augusto Valencia López, quien recientemente organizó un evento sobre sustentabilidad del agua en el recinto legislativo, desconoce los temas.

“El tema del agua es un asunto grave. Nosotros, en Movimiento Ciudadano hemos presentado varias iniciativas para recuperar el ciclo del agua y hemos insistido en la necesidad de medición, no sólo en la zona metropolitana, sino en toda la entidad. Todos los diputados están invitados. Olguín verá si es conveniente o no sumarse”, comenta Valencia.