El juego de las licitaciones amañadas

El sistema de prepago con tarjeta electrónica para el transporte urbano puede descarrilarse por las irregularidades en el proceso de licitación. Una de las 20 empresas concursantes –IQ Energy– enumera las anomalías presuntamente solapadas por el gobierno de Aristóteles Sandoval y pide que se reponga el proceso. En febrero de 2016 los representantes de esa firma promovieron un amparo; hasta ahora los han ignorado.

La firma tapatía IQ Energy acusa a la administración de Aristóteles Sandoval Díaz de amarrar en forma irregular un negocio que podría dejar ganancias por más de mil millones de pesos.

Se trata de la operación del sistema de prepago con tarjeta electrónica para el servicio del transporte urbano por medio de un contrato firmado por más de 15 años y entregado en forma “mañosa” a BEA y Grupo ETRA, dos empresas presuntamente tuteladas o resguardadas desde la administración del priista Sandoval Díaz.

De acuerdo con el apoderado legal Erick Gabriel Cantú Sosa y el abogado de IQ Energy, Luis Adrián Jáuregui, la licitación del 28 de diciembre de 2015 no se apegó a los preceptos de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el uso de los recursos públicos, como establece la Carta Magna.

Y aunque se estableció un periodo de cuando menos cinco días para recoger las bases –del 28 de diciembre y el 3 de enero de 2016–, en tiempo real fue de sólo dos días –el 2 y 3 de enero–, pues la convocatoria se lanzó en un periodo vacacional, sostienen los representantes de IQ Energy, una de las 20 empresas concursantes.

Según ellos, las autoridades omitieron la entrega de anexos que contenían información clave para el concurso, entre ellos el de las especificaciones del sistema de recaudo del prepago y otro relativo a los datos técnicos de la operación de ese sistema de pago electrónico.

Lo que sí informaron los organizadores a las firmas interesadas en el concurso es que el 6 de enero se realizaría una visita obligada a las instalaciones del convocante. Quienes no acudieran, advirtieron las autoridades, perderían “el derecho a seguir participando”, comenta el defensor legal de IQ Energy.

Asimismo, los organizadores establecieron el 15 de enero de 2016 como fecha límite para la entrega por escrito de las preguntas y las dudas que tuvieran las empresas interesadas en participar.

El 5 de febrero posterior, las autoridades pidieron a los interesados abrir la página web del Tren Eléctrico y consultar el manual de procesos para la implementación del sistema de pago electrónico del transporte público para las áreas metropolitanas de Jalisco a fin de aclarar sus dudas. Ninguno obtuvo respuestas satisfactorias. Después supieron que “los detalles finos” fueron entregados al presunto ganador de la adjudicación.

El abogado Jáuregui se queja porque, dice, la convocatoria se lanzó en plenas vacaciones decembrinas y no apareció publicada en ninguna parte, ni siquiera en la plataforma de Compranet, a pesar de que se trataba de una convocatoria de índole nacional.

Según el contrato, firmado a 15 años, las empresas concursantes tenían que invertir al menos 150 millones de pesos. La ganadora se llevaría 5.1% de ganancia por cada pasaje vendido bajo el sistema de prepago, con lo que, según los cálculos, sus entradas serían superiores a 87 mil pesos diarios por el manejo de ese sistema en las líneas 1 y 2 del Tren Eléctrico, así como de las rutas del Sistema Integral del Tren Ligero (Sitren) y el trolebús.

La forma en que se manejó el contrato signado entre el gobierno estatal y las empresas BEA y Grupo ETRA –también conocido como Electronic Trafic de México, con domicilio en la calle de Melchor Ocampo 193, torre C-14D, colonia Anzures, en la Ciudad de México– deja dudas sobre la transparencia de la licitación, comentan a Proceso Jalisco los apoderados legales de IQ Energy.

Debido a las irregularidades, la firma promovió un amparo en febrero de 2016 en el que pide anular el contrato y reponer todo el concurso. Su petición quedó registrada con el número 560/2016 en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo.

Las irregularidades

No obstante la inconformidad de IQ Energy, nueve meses después, el 21 de noviembre de 2016, las autoridades dieron a conocer el nombre de la empresa ganadora sin notificar a las otras participantes. Sólo el periódico El Informador publicó una nota alusiva al tema.

Los representantes de IQ Energy enviaron un escrito a El Informador en el que asientan: “Tanto el resto de las empresas que participaron en ese proceso, así como la sociedad civil exigen que se transparente el estado actual de la licitación pública nacional LPN-CC-001-2015 concesión del sistema de recaudo electrónico para Siteur, pues se están manejando de manera turbia cantidades que podrían rebasar los mil millones de pesos de utilidad para el ganador en el periodo de 15 años, según lo planteado en las bases. Además de que las irregularidades que existieron hacen evidente un tráfico de influencias y un contubernio entre autoridades y empresarios”.

El Informador fue el periódico que el 7 de junio de 2014 publicó una nota sobre la convocatoria a las empresas interesadas en participar en el sistema de prepago para el Siteur. Según IQ Energy, ese acto es una “filtración”, pues la licitación se realizó 15 meses después, el 28 de diciembre de 2015 y el anuncio de ese concurso se publicó sólo en algunos diarios de baja circulación.

Además, dicen los abogados de IQ Energy, una de las empresas vencedoras –la firma BEA, también conocida como Idear Electrónica, con domicilio en Periférico Norte 7261, en Zapopan– fue señalada en 2013 por la Contraloría Interna del Siteur por su deficiente labor en el control del sistema de prepago en la Línea 1 del Tren Ligero, pues fue contratada desde la administración del panista Emilio González Márquez.

El 23 de junio de 2014, el contralor interno del Siteur informó a BEA sobre una auditoría efectuada en 2013 en la cual se le hicieron 16 observaciones y se le informó de 17 fallas, así como errores en contabilidad en la Línea 1.

En esa ruta, una de las máquinas de venta de prepago de la estación Juárez (la V2-1202) reportó el 13 de mayo una lectura electrónica de 8 millones 196 mil 879 pesos, pero el conteo directo en bóveda marcaba sólo 854.50; el 18 de mayo siguiente, la misma máquina reportaba un conteo electrónico de 57 mil 717 pesos, mientras la contabilidad en bóveda era de sólo 3 mil 225. 50 pesos.

Los representantes de IQ Energy sostienen que en ese momento –junio de 2014– BEA debió ser sancionada e impedírsele participar en la licitación del 28 de diciembre de 2015. Sin embargo, la Contraloría Interna sólo pidió a BEA dar un mejor mantenimiento a la máquina; no hubo sanción.

IQ Energy se queja también porque hace más de un año de la puesta en marcha del sistema de prepago de transporte urbano se anunciaron las tarjetas Innova Card, pero no aparecen por ningún lado. La Siteur y la Secretaría de Movilidad (Semov) no han dicho nada sobre esa anomalía.

El abogado Cantú Sosa asegura: “Conforme a la ley ellos están impedidos para ganar. Hay causales de descalificación, y una de ellas es que se tenga un contrato anterior que se está incumpliendo; pero no hubo sanción.

“Según la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco, una de las causales de descalificación es tener problemas de cumplimiento con el gobierno, que se haya incumplido un contrato.”

Complicidades y negligencia

Pese a esas anomalías legales y administrativas, en lo que va del año, Rodolfo Guadalajara, del Siteur, y Servando Sepúlveda, titular de la Semov, han declarado que continúan los planes para implementar el pago electrónico en todos los servicios de transporte del estado, pero se niegan a admitir que hay un juicio de amparo interpuesto por IQ Energy, sostienen los representantes de la empresa.

Cantú Sosa asegura que no se sabe si las empresas que fueron declaradas ganadoras, BEA y Grupo ETRA, se encargarán de habilitar ese sistema de prepago en todos los autobuses de transporte público (que incluye las tres líneas de Tren Ligero y el Macrobús), debido a que eso no se incluyó en la convocatoria del 28 de diciembre de 2015.

E insiste: ante los vicios ocultos y visibles de la licitación del sistema de prepago, urge reponer todo el concurso. Y agrega: “Queremos que el procedimiento sea claro y transparente (que se respete) el artículo 134 de la Constitución Federal, que dice que todos los recursos deberán ser administrados con eficiencia, eficacia, honradez y transparencia”.

BEA y Grupo ETRA fueron las beneficiarias de la referida licitación, según una noticia “filtrada” a El Informador, que la publicó el 21 de noviembre de 2016, semanas antes de que el gobierno del estado diera a conocer el resultado en forma oficial a todos los participantes.

Cantú Sosa insiste en que el ocultamiento amañando de información para competir en igualdad de posibilidades, así como la simulación de actos tanto de la representación gubernamental como de una de las empresas ganadoras, son prueba inequívoca de la falta de transparencia en la asignación de un contrato.

El fundamento de la solicitud de amparo de IQ Energy se sustenta en el contenido del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo referente a la necesidad de velar –desde el punto de vista institucional– por la debida administración de los recursos públicos, reitera Cantú Sosa.

Lamenta que el contrato aprobado por el gobernador Sandoval Díaz –quien fue electo para gobernar y administrar las finanzas de la entidad hasta el 28 de febrero de 2019 y beneficia a BEA y Grupo ETRA– se prorrogará durante dos sexenios y medio más, pese a las anomalías detectadas.