Feria de despilfarros

Unas de las mayores taras de nuestra vida pública, de esas que no acaban de ser reconocidas como tales, es el uso dispendioso del dinero de los contribuyentes por parte de muchas personas que llegan a figurar como “servidores públicos” en las más altas esferas de un municipio, de un estado de la República o del gobierno federal, incluidos los otros poderes públicos (el Legislativo y el Judicial, aparte del Ejecutivo), así como toda la gama de instituciones y organismos oficiales que operan con el dinero de los contribuyentes.

Está de más decir que este dinero, por ser de todos, siempre debería ser manejado con pulcritud e inteligencia para atender las necesidades sociales, preferentemente de los grupos menos favorecidos o más vulnerables, y para buscar la prosperidad colectiva. Sin embargo, es algo de lo más común ver cómo se dispone de manera abusiva de los fondos públicos para otro tipo de cosas. Aparte de los incontables latrocinios y actos de corrupción, que rara vez llegan a ser castigados, el dinero de los contribuyentes va a parar a sueldos y prestaciones principescas de la alta burocracia; a favorecer a muchos contratistas y proveedores que resultan ser cuates y aliados de equis funcionarios, cuando no sus socios o prestanombres; a planes y proyectos que no se concretan, o a iniciativas tan innecesarias como costosas.

En Jalisco, tanto en el ámbito estatal como en el municipal, son muchos los ejemplos de esta última categoría que se han tenido en fechas recientes, aparte de otros casos que están anunciados para fechas próximas, con el consecuente despilfarro de dinero público, de un dinero que, con un poco más de seso y un mínimo sentido de responsabilidad, podría haberse empleado en aliviar rezagos sociales y aplicado en la solución de diversos problemas colectivos. Pero como nuestros manirrotos “servidores públicos” saben que ese dinero ociosamente gastado no afecta su economía personal y que ningún tribunal va a llamarlos a cuentas por ello, una y otra vez incurren actos dispendiosos.

Y aun cuando esta práctica anómala se ha venido dando, en mayor o menor medida, en numerosos organismos e instituciones que operan con fondos públicos, hay quienes llevan mano en esta feria del despilfarro. Es el caso de la administración de Aristóteles Sandoval, que no tuvo empacho en pagarle 90 millones de pesos a una entidad comercial de la ONU por un redundante estudio sobre la subcuenca del río Verde ni tampoco en estropear, a un costo de 23 millones de pesos, un edificio patrimonial (el de la otrora “Quinceava Zona Militar”) para acondicionarlo como área de oficinas de la Secretaría de Cultura de Jalisco (SCJ) y de la quimérica Ciudad Creativa Digital. Ese estilo derrochador de gobernar se ha visto también en la compra a sobreprecio de obras presuntamente artísticas hasta el extremo de haber llegado a pagar 10 veces la cotización de mercado por un óleo del pintor Jorge Martínez.

Otro caso, con consecuencias no menos lesivas para el erario y hasta para la vida política de la comarca, fue la reciente consulta ciudadana que organizó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), a un costo de 1.7 millones de pesos, en una decena de colonias del Sector Reforma para sondear el parecer de la población sobre la aceptación o no de una ciclovía que ya está construida (la del Boulevard a Tlaquepaque), con el absurdo de que, aun cuando el resultado de dicho sondeo hubiera sido adverso (el cómputo final fue que el 78% de los participantes votó por la permanencia de esa infraestructura vial), la obra de todas formas hubiese permanecido intocada. Y ello porque, aun cuando la consulta fue aplicada por el organismo electoral del estado (el mencionado IEPC) el resultado no era legalmente vinculatorio, lo que significa que se despilfarraron más de millón y medio de pesos en jugar a la democracia.

También se va a jugar a la democracia –y a un costo todavía mayor– con la “voluntaria ratificación de mandato” anunciada por los alcaldes de Movimiento Ciudadano (MC) para el último domingo del mes entrante (27 de agosto). Para empezar, dicha consulta tampoco tiene validez legal. Y esto aun cuando los munícipes que por su cuenta, aunque a costa del erario, insistan en dos cosas: que se van a someter a esa consulta por convicción propia, aun cuando ninguna ley o reglamento los obligue a ello, y que en caso de que su desempeño público no fuere calificado positivamente por la mayoría de quienes decidan participar en la consulta, aceptaría (n) el dictamen reprobatorio separándose del cargo. El problema con esta “voluntaria”, aunque extralegal ratificación de mandato es que los alcaldes de marras van a gastar en ellos (léase en su futuro político) recursos públicos que podrían ser empleados de un modo verdaderamente provechoso.

En el municipio de Guadalajara se estima que la consulta va a tener un costo cercano a 3 millones de pesos, un dinero que mucha falta les hace, por ejemplo, a las desguarnecidas unidades de la Cruz Verde, donde hay escasez de casi todo: de medicamentos, de equipo, de personal especializado… Por otra parte, en el caso específico del primer municipio del estado esa consulta ciudadana es algo más que ociosa, en el entendido de que pocas semanas después de realizada el alcalde Enrique Alfaro estaría pidiendo licencia al cargo para presentarse como precandidato a la gubernatura de Jalisco. ¿Qué caso tiene entonces que los tapatíos que acudan a participar en la mencionada consulta y eventualmente ratifiquen en su cargo al actual alcalde de Guadalajara, si éste de todas maneras se separaría del mismo? ¿Por qué no ahorrarles a los contribuyentes tapatíos y a los zapopanos y a los tlaquepaquenses y los tlajomulcas y demás municipios gobernados por MC un dinero que buena falta hace para subsanar algunas de las múltiples carencias municipales, máxime cuando dichas consultas no tienen validez legal? ¿Cómo justificar entonces este innegable despilfarro?

Pero si de dispendios mayúsculos se trata, nada se compara con lo que acaba de hacer el gobierno de Aristóteles Sandoval: pagarle 90 millones de pesos a la Agencia de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) por un estudio ocioso sobre la subcuenca del río Verde y sobre el “mejor” aprovechamiento que se podría hacer del caudal de dicho afluente. Si en Jalisco hay un río sobre el que ya existían estudios de todo tipo, ése es precisamente el Verde, de suerte que el trabajo que se comisionó a la UNOPS no aporta ninguna novedad relevante.

A partir de lo anterior, cabría preguntarse ¿cuál fue el verdadero sentido de este descomunal gasto por parte de la actual administración estatal? Muy simple: tratar de justificar con un estudio técnico realizado por un organismo internacional –aun cuando se trate de una entidad comercial, por no decir rentable, asociada a la ONU– una aplazada decisión política contraria a los intereses de Jalisco y los jaliscienses: la construcción de la presa de El Zapotillo a 105 metros de altura, tal y como lo han venido exigiendo, desde hace 10 años, tanto el gobierno federal como las últimas administraciones estatales de Guanajuato.

Con esta medida, Aristóteles Sandoval acabó avalando una pérdida por partida múltiple para el estado que gobierna: la inundación de tres pueblos de la zona de los Altos; el transvase masivo de agua de una de las zonas más resecas en Jalisco (precisamente la zona de los Altos) al centro urbano más poblado del vecino estado de Guanajuato, y por si lo anterior fuera poco, el despilfarro de 90 millones de pesos del dinero de los jaliscienses para tratar de justificar tamaño despropósito.