Lomas de Tesistán Invasores protegidos

La invasión masiva de tierras en Lomas de Tesistán, Zapopan, no se ha solucionado desde 2010. Pese a que los colonos afectados han recurrido a demandas penales y expuesto el problema ante varias instancias gubernamentales, los funcionarios no ofrecen soluciones y los abogados abandonan el caso con la advertencia de que hay políticos detrás del despojo. Eso sí, se les sigue cobrando puntualmente el impuesto predial.

La disputa por un predio de más de 30 hectáreas y cotizado en 256 millones de pesos en la colonia Lomas de Tesistán, Zapopan, sobre el que se informó en la edición 514 de este semanario, resurgió convertido en un conflicto social, pero las autoridades han actuado con una sospechosa tibieza.

En entrevista, quienes se dicen dueños de lotes desde hace más de 20 años denuncian que el conflicto se reavivó con la presunta invasión de terrenos por la asociación Comunidad Indígena de La Magdalena, cuyos integrantes los amenazan de muerte con armas de fuego y machetes cuando intentan entrar a sus propiedades.

Recuerdan que el conflicto data de febrero de 2012, cuando dicha asociación, que se ha mantenido al amparo del PRI, invadió predios masivamente.

Una de las afectadas dice que las amenazas son frecuentes, “con pistola de por medio y hasta con machetes, pero ninguna autoridad quiere intervenir. A un vecino lo corretearon para tratar de machetearlo porque quiso sacar a los invasores”.

Otra propietaria consultada, Ofelia Gallegos Pérez, comenta: “Me pregunto por qué el gobierno se presta a tanto… Nos queda la duda de que quizás el gobierno de Aristóteles Sandoval tenga que ver en este despojo. No sé si el gobernador y sus familiares vengan junto con los paracaidistas, porque de lo contrario podrían decir: ‘A ver, traigan el caso y estúdienlo para ver qué está pasado y qué posible solución se puede dar’… Pero no dicen nada”.

Más aún, varios quejosos afirman que en Lomas de Tesistán se defienden intereses de algunos integrantes de la familia del gobernador, a través de la madre del mandatario, María Sagrario Díaz Torres, y de sus hermanas Griselda y Consuelo. Gallegos Pérez relata:

“No tenemos las pruebas para decir que es la familia de Aristóteles Sandoval la que está atrás de los paracaidistas, pero tuvimos una entrevista con la tía del gobernador, Griselda Díaz Torres, y le pedimos que nos apoyara ante el problema que vivimos y a sabiendas de que ellos tienen más influencias que uno, por su cercanía con el gobernador, pero nos dijo que ella no sabía nada y que nosotros contratáramos los servicios de un bufete de abogados.”

Señala que esa tía del mandatario estatal tiene una finca en la zona y llama la atención que ninguno de los invasores tocó su propiedad, que tiene un alto valor a pesar de que la zona es en general de escasos recursos y se tuvo que solicitar al ayuntamiento apoyo para sacar las escrituras de los terrenos.

“Lo que sí parece muy raro es que los paracaidistas van en contra de los dueños –insiste la entrevistada–, pero a la señora Griselda nunca la molestan a pesar de que su propiedad está justo en el lugar donde estamos siendo afectados cientos de personas, quienes no podemos sacar a los invasores, ni siquiera con juicios penales o civiles de por medio, y a pesar de que entre los invasores luego se andan matando entre ellos.”

A los colonos inconformes también les parece raro que la llamada Comunidad Indígena de La Magdalena se haya dado a conocer con el despojo de predios en Lomas de Tesistán, no antes.

Además, quien representa los intereses de los 271 propietarios despojados es Eduardo Rodríguez Rivera, presidente de la Asociación Civil Lomas de Tesistán, quien hace varias décadas se dedicó a cuidar al niño Aristóteles Sandoval.

“Ahora a pesar de sus supuestas influencias, él sólo encuentra oídos sordos de parte del mandatario; del padre del propio gobernador, Leonel Sandoval Figueroa, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, y de los otros familiares del gobernador”, comenta uno de los colonos.

Gallegos Pérez recuerda: “Fuimos hace cinco años para pedirle su ayuda (a Leonel Sandoval), igual hicimos hace dos años y nos dijo exactamente lo mismo que la hermana de la mamá del gobernador: que buscáramos un buen abogado. Eso nos hizo entender que en el gobierno de Jalisco todos están del mismo lado, porque es muy curioso que todos nos dijeron lo mismo”.

Los quejosos informan que en más de cinco años han contratado al menos a cinco abogados para defender sus terrenos, pero todos han abandonado el caso y les advierten que hay gente muy poderosa de la política estatal metida ahí. “Nosotros de inmediato pensamos en la situación en que se encuentran los familiares del gobernador”, comenta un colono.

Otro vecino consultado de plano indica que tiene la impresión de que los integrantes de la Comunidad Indígena de La Magdalena sólo cuidan el territorio invadido por gente ligada a alguna autoridad.

Sospechosa complacencia

El 10 de marzo de 2014, la entonces Comunidad de Propietarios del Predio la Loma, encabezados por Eduardo Rodríguez Rivera –que después se convirtió en Asociación Civil de Vecinos de Lomas de Tesistán–, denunciaron penalmente por la invasión de predios a Efrén Villalobos Pérez, Teresita y Margarita Cobián Rangel, Mateo Orozco López y José de Jesús Loera Vela, sin mayores resultados.

A decir de la señora Gallegos Pérez, hace dos años los afectados acudieron al Palacio de Gobierno y les dieron la misma respuesta: que buscaran un abogado. Pero se percataron de que antes de exponer su queja, los funcionarios estatales ya sabían a qué iban y conocían al exdirigente de La Magdalena, Eliud Durán Alvarado y a José Luis Orozco, otro cabecilla de los invasores.

En su edición 569, Proceso Jalisco informó que el 24 de septiembre de 2015 se desató una fuerte discusión entre Juan Manuel Fernández Hernández y los medios hermanos Eliud Durán Alvarado –supuestamente bombero y chofer en Zapopan– y José Luis Orozco Alvarado.

Fernández, frente a Durán, le reclamó a Orozco su parte del dinero obtenido en la venta de un terreno, pero éste se negó a entregárselo, por lo que se enfrentaron. Orozco le dio un navajazo a Fernández y el hijo de éste mató a balazos a los medios hermanos, mientras que su padre falleció cuando era trasladado al hospital.

La entrevistada comenta que con el fallecimiento del líder de la “Comunidad Indígena”, Eliud Durán, se esperaba que les devolvieran sus predios, pero las autoridades de la Procuraduría Agraria consintieron que María Pérez, viuda de Durán, se ostentara como heredera.

Además lamentan que las autoridades estatales, en vez de dar cauce a los procedimientos penales por invasión a propiedad privada, permiten que la viuda y otro hermano del dirigente fallecido cobren cuotas mensuales a los paracaidistas, de modo que ahora son los colonos quienes deben acreditar legalmente la posesión de las tierras.

Los afectados reconocen que el reclamo de 30 hectáreas por parte de la Comunidad Indígena de la Magdalena, que involucra a 43 personas, se sustenta en una demanda de restitución de tierras ante la delegación estatal de la Procuraduría Agraria. Sin embargo, señalan que el recurso jurídico está plagado de errores y omisiones:

“No coinciden los nombres, en algunos casos no existen los domicilios que dan los involucrados o incluso llegan a identificarse con documentos falsos. Ellos dicen que se presentaron en el ayuntamiento en pasadas administraciones y que ahí Xavier Macorni Montero –quien fuera director de Planeación para el Desarrollo en el periodo de Héctor Vielma en Zapopan– los reconocía como personas que tenían una antigüedad de más de 18 años de habitar en los terrenos invadidos, que es una versión fuera de la realidad.”

Aclara que desde finales de 1854 la zona era considerada pequeña propiedad y se regularizó hasta 2008. La propietaria original era la señora María, viuda de Orozco, quien pertenecía a una de las familias más reconocidas de Zapopan. Ella vendió a Saúl y Erasmo Castro, quienes subdividieron y vendieron lotes de entre 470 y mil metros para construir casas de campo.

El representante de los colonos afectados, Eduardo Rodríguez, asegura que él compró en 1990 y que su propiedad está amparada en la escritura 12183. Por eso promovió la demanda de 2014 por invasión de propiedad contra el bombero Efrén Villalobos, así como Teresita y Mariana Cobián Rangel, Mateo Orozco López y José de Jesús Loera Vela.

A raíz de esa querella (averiguación previa 1393/2014-D) Villalobos fue detenido. En su defensa declaró que su nombre había sido utilizado en forma fraudulenta contra personas engañadas en Lomas de Tesistán.

A su vez, la compra del predio por Gallegos Pérez se remonta a hace 20 años. Ahora, la zona se ha vuelto peligrosa por las constantes agresiones de los invasores, quienes cuentan con un grupo de “choque” para evitar que los legítimos propietarios pasen a sus terrenos. Y afirma que “muchos de los invasores habitan en Santa Lucía, El Húmedo y otras colonias de escasos recursos de Zapopan; muchos de ellos ni idea tienen del verdadero problema jurídico que existe en materia de posesión legal de esa propiedad”.

Ambiciones inmobiliarias

Otros colonos consultados dicen que se proyecta construir una aeropista cerca de Lomas de Tesistán y que una constructora pretende edificar un desarrollo inmobiliario en el área.

Al respecto, Gallegos Pérez dice que antes de la entrada a la colonia se construyeron fincas o villas de descanso de gran costo, lo cual elevó su plusvalía. Esto se puede comprobar, dice, con los recibos prediales que deben pagar los dueños: hasta 2 mil 500 pesos por cada mil metros cuadrados.

Indica que también existe una constructora que reclama por la invasión de 14 hectáreas, contiguas a las 30 que pertenecen a Lomas de Tesistán:

“Los de la constructora nos dijeron que quizás el gobierno sólo se hacía tarugo, porque daba la impresión de que estaba con ellos (los invasores). Nosotros vamos al ayuntamiento o al gobierno del estado, presentamos escrituras y pagos de impuesto predial; resulta bastante extraño que nos ignoren.”

Apenas en mayo pasado los inconformes presentaron en el ayuntamiento un escrito a las autoridades de Zapopan, encabezadas por el alcalde emecista Pablo Lemus Navarro, en el cual exponen que el predio en disputa no puede considerarse legalmente un terreno ejidal. Anexaron su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el número de cuentas catastrales.

“¿Cómo puede ser posible que el ayuntamiento que encabezan las nuevas autoridades se diga de acuerdo en cobrarnos impuestos y a la vez niegue nuestro derecho a la legítima posesión que se le demuestra?”,  cuestiona Gallegos Pérez.

Destaca que en el mencionado escrito se incluyó una copia simple del pago del impuesto predial de la mayoría de los 271 integrantes de la Asociación de Colonos Lomas de Tesistán.

Los afectados demandan en forma urgente que se suspenda todo tipo de construcción en el área, que la Dirección de Inspección y Vigilancia de Zapopan revise cada finca que se levante en la zona de conflicto y que se aplique sin restricciones el reglamento de Obras Públicas para no beneficiar a nadie.

En un recorrido por Lomas de Tesistán se comprueba que las calles carecen de banquetas, no están empedradas ni asfaltadas, y el suministro de energía eléctrica se sostiene en postes de madera improvisados por los vecinos para colocar “diablitos”. No se observan tubos de agua potable y en algunos lotes se acumulan cerros de escombro que se utiliza para rellenar y emparejar terrenos.

Para colmo, los invasores quitaron el letrero que identificaba la colonia como Lomas de Tesistán y no hay señalización con los nombres de las calles. Incluso el trazo de calles presentado ante el ayuntamiento de Zapopan ahora carece de validez porque los invasores alteraron toda la zona, indica Gallegos Pérez.